Isaac Ibáñez García: La arbitraria sustitución impositiva

En el post de hoy publicamos una interesante reflexión de Isaac Ibáñez García sobre  la figura del sustituto en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y obras. Muchas gracias, querido Isaac, por esta nueva contribución.

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La arbitraria sustitución impositiva

Isaac Ibáñez García

Abogado

En el lejano año 1995 (el 3 de octubre) publiqué en el diario Expansión un artículo bajo el mismo título que este y con relación al Impuesto municipal sobre construcciones. En términos generales, señalaba que con la figura del sustituto del contribuyente se incorporaba al proceso tributario a quien nada tiene que ver con la realización del hecho imponible; se le obliga al cumplimiento de gravosas obligaciones materiales y formales y, caso de incumplimiento, se le aplica la correspondiente sanción. En el caso de citado impuesto, el sustituto (generalmente el contratista de las obras) debe echarse la mano al bolsillo y pagar un impuesto que no le corresponde soportar, pues grava la realización de una obra, cuyo titular es el dueño o promotor, que es quien manifiesta la capacidad económica gravable. Continue reading “Isaac Ibáñez García: La arbitraria sustitución impositiva”

Juan Ignacio Gomar Sánchez: La nueva declaración de inconstitucionalidad de la “plusvalía municipal” (comentario a la STC 126/2019, de 31 de octubre)

En el post de hoy publicamos un valioso comentario a la STC 126/2019, de 31 de octubre, que vuelve a declarar la inconstitucionalidad (parcial) de la “plusvalía municipal”.

El autor, don Juan Ignacio Gomar Sánchez, conjuga un riguroso análisis jurídico con su inigualable sentido del humor. Muchas gracias, querido Juan Ignacio, por esta aportación.


Se cuenta de un paciente que al entrar en la consulta del médico exclama “doctor, me muero de curiosidad por conocer los resultados de las pruebas”, ante lo cual el galeno, circunspecto, le contesta “pues mire, de curiosidad no va a ser”.  Es difícil saber si el impuesto municipal de plusvalía va a fallecer próximamente, aunque no cabe duda de que los doctores que lo están tratando ni parecen atinar con el diagnóstico ni tampoco acaban de matarlo, haciéndole sufrir lo indecible tanto a él como a sus amigos (entre los que confieso encontrarme).

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¡Feliz Navidad!

«Hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador: el Mesías, el Señor» (Lc 2, 11).  Muy  feliz  y  santa  Navidad  a  todos  los  lectores  del  Blog.

Isaac Ibáñez García: La interpretación hiperformalista de las normas tributarias

Publicamos en el post de hoy un interesante trabajo de don Isaac Ibáñez García. Muchas gracias, Isaac, por esta valiosa contribución.

Se ha conocido en estos días la Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central de 22 de mayo de 2019 (Rec. 7624/2015), en la que se dice que no todos los requerimientos notariales son hábiles para minorar la base imponible del IVA devengado por créditos incobrables. Para el TEAC, el requerimiento notarial debe revestir una determinada forma para ser equivalente en cuanto a su efecto conminatorio a la presentación de una demanda judicial dirigida al cobro de una deuda; la flexibilización del requisito, indica el TEAC, no debe menoscabar el resultado buscado de su cumplimiento, que es precisamente la constancia de ese efecto conminatorio dirigido a obtener el cobro. Para este órgano, no es hábil para cumplir con el requisito formal establecido por la Ley del IVA requerir al deudor mediante un acta de remisión de carta por correo. Continue reading “Isaac Ibáñez García: La interpretación hiperformalista de las normas tributarias”

Lunes 9 de diciembre COP25 FINANCIAL ACTIVITY FOR GLOBAL SUSTAINABILITY

Mañana, lunes 9 de diciembre, se celebrará en Madrid, en el seno de la COP25 una interesante sesión sobre “Actividad financiera para la sostenibilidad global” en la que intervienen, entre otras destacadas ponentes, varias profesoras españolas de Derecho Financiero y Tributario. Enhorabuena a los organizadores y participantes por esta iniciativa. Espero que sea de vuestro interés y reproduzco a continuación el programa.

Pedro Herrera

FINANCIAL ACTIVITY FOR GLOBAL SUSTAINABILITY

Foro acción sectorial e innovación Monday, 9 th of December, 2019 Venue: IFEMA – Zona Verde Madrid, 17:15 – 18:00 h

17:15 h. Welcome and overview María Amparo Grau Ruiz. Tax Law Professor, Complutense University of Madrid – Visiting Professor, Northwestern University

17:20 h. Key messages

The shift towards SDGs in the public approach Pilar Moreno Cabrera. Leader of Audit team, Spanish Court of Auditors Belén García Carretero. Head of Research Studies, Institute of Fiscal Studies, Spanish Ministry of Finance

The social economy agents’ boost Isabel Peñalosa Esteban. Director of Institutional Relations and Legal Dpt., Spanish Association of Foundations Pilar Alguacil Marí. Tax Law Professor, University of Valencia – UCM Cooperative Studies School

Solutions proposed through academic research projects Marta Villar Ezcurra, Tax Law Professor, University San Pablo-CEU Carmen Avilés, PhD Economics, School of Forest Engineering & Natural Resources, Technical University of Madrid

17:55 h Wrap-up

Vídeos de la Jornada “Consecuencias de la Sentencia del Tribunal Supremo 1246/2019: Interpretación integradora y desajustes de la normativa penal y administrativa en materia de delito fiscal”

El pasado lunes 25 de noviembre se celebró en la Facultad de Derecho de la UNED el seminario “Consecuencias de la Sentencia del Tribunal Supremo 1246/2019: Interpretación integradora y desajustes de la normativa penal y administrativa en materia de delito fiscal”, coordinado por el Profesor don Rafael Sanz Gómez, Ayudante Doctor de la UNED.

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Isaac Ibáñez García: Los nocivos efectos, para el contribuyente, de la Ley 40/2015 (Responsabilidad patrimonial por leyes inconstitucionales o contrarias al Derecho de la UE)

Publicamos hoy una valiosa contribución de Isaac Ibáñez García elaborada con ocasión de la anunciada sentencia del Tribunal Constitucional sobre los efectos confiscatorios de la “plusvalía municipal” en determinados supuestos.

Muchas gracias, querido Isaac, por tu interesante reflexión.

Pedro Herrera

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Los nocivos efectos, para el contribuyente, de la Ley 40/2015 (Responsabilidad patrimonial por leyes inconstitucionales o contrarias al Derecho de la UE)

Isaac Ibáñez García

La Sentencia del Tribunal Constitucional 59/2017, de 11 de mayo, declaró que los artículos 107.1, 107.2 a) y 110.4, todos ellos del texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, son inconstitucionales y nulos, pero únicamente en la medida que someten a tributación (Impuesto municipal “de plusvalía”) situaciones de inexistencia de incrementos de valor.

Esta Sentencia no hizo declaración alguna sobre las situaciones susceptibles de ser revisadas.

Según la Nota Informativa nº 123/2019, de 31 de octubre, del Tribunal Constitucional, el mismo ha estimado por unanimidad la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Juzgado Contencioso-administrativo número 32 de Madrid y, en consecuencia, ha declarado que el art. 107.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado el 5 de marzo de 2004, es inconstitucional, en los términos referidos en el Fundamento jurídico quinto apartado a). La sentencia, argumenta que cuando existe un incremento de la transmisión y la cuota que sale a pagar es mayor al incremento realmente obtenido por el ciudadano, se estaría tributando por una renta inexistente, virtual o ficticia, produciendo un exceso de tributación contrario a los principios constitucionales de capacidad económica y no confiscatoriedad (art. 31.1 CE).

Según la Nota de Prensa (a diferencia de la STC 59/2017), “el Tribunal limita las situaciones susceptibles de ser revisadas exclusivamente a aquellas que no hayan adquirido firmeza a la fecha de su publicación”.

Como ha señalado Esclapez Escudero1 comentando esta sentencia, la misma “evita situaciones verdaderamente ‘kafkianas‘, como la de un supuesto en el que el Tribunal Supremo suspendió el recurso -y elevó cuestión de inconstitucionalidad-, en el que el beneficio era próximo al millón de euros y la cuota de plusvalía de más de ocho millones. También resulta significativo que, esta vez (a diferencia de lo que estableció en su sentencia de 11 de mayo de 2017), fija, de forma clara, una limitación al alcance de los efectos del fallo, permitiendo la revisión “exclusivamente a aquellas que no hayan adquirido firmeza a la fecha de su publicación”.

Antes de la entrada en vigor (el 2 de octubre de 2016) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la jurisprudencia constante del Tribunal Supremo venía reconociendo con plenos efectos retroactivos la responsabilidad patrimonial del Estado por leyes declaradas inconstitucionales o contrarias al Derecho de la Unión Europea, con independencia de que el Tribunal Constitucional hubiera o no limitado las situaciones susceptibles de revisión; pues tenía establecido que una cosa es la revisión de los actos administrativos que posteriormente devinieran inconstitucionales o contrarios al Derecho de la UE y otra la acción de responsabilidad patrimonial por actos firmes, que no es otra cosa que el derecho a ser indemnizado por situaciones que el contribuyente no está obligado a soportar (actos inconstitucionales o contrarios al Derecho de la UE).

Para cargarse esta jurisprudencia se pergeñó el artículo 32 de la Ley 40/2015, que establece:

Artículo 32. Principios de la responsabilidad.

1. Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley.

La anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso administrativo de los actos o disposiciones administrativas no presupone, por sí misma, derecho a la indemnización.

2. En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas.

3. Asimismo, los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas de toda lesión que sufran en sus bienes y derechos como consecuencia de la aplicación de actos legislativos de naturaleza no expropiatoria de derechos que no tengan el deber jurídico de soportar cuando así se establezca en los propios actos legislativos y en los términos que en ellos se especifiquen.

La responsabilidad del Estado legislador podrá surgir también en los siguientes supuestos, siempre que concurran los requisitos previstos en los apartados anteriores:

a) Cuando los daños deriven de la aplicación de una norma con rango de ley declarada inconstitucional, siempre que concurran los requisitos del apartado 4.

b) Cuando los daños deriven de la aplicación de una norma contraria al Derecho de la Unión Europea, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 5.

4. Si la lesión es consecuencia de la aplicación de una norma con rango de ley declarada inconstitucional, procederá su indemnización cuando el particular haya obtenido, en cualquier instancia, sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que se hubiera alegado la inconstitucionalidad posteriormente declarada.

5. Si la lesión es consecuencia de la aplicación de una norma declarada contraria al Derecho de la Unión Europea, procederá su indemnización cuando el particular haya obtenido, en cualquier instancia, sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que se hubiera alegado la infracción del Derecho de la Unión Europea posteriormente declarada. Asimismo, deberán cumplirse todos los requisitos siguientes:

a) La norma ha de tener por objeto conferir derechos a los particulares.

b) El incumplimiento ha de estar suficientemente caracterizado.

c) Ha de existir una relación de causalidad directa entre el incumplimiento de la obligación impuesta a la Administración responsable por el Derecho de la Unión Europea y el daño sufrido por los particulares.

6. La sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o declare el carácter de norma contraria al Derecho de la Unión Europea producirá efectos desde la fecha de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» o en el «Diario Oficial de la Unión Europea», según el caso, salvo que en ella se establezca otra cosa.

7. La responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia se regirá por la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

8. El Consejo de Ministros fijará el importe de las indemnizaciones que proceda abonar cuando el Tribunal Constitucional haya declarado, a instancia de parte interesada, la existencia de un funcionamiento anormal en la tramitación de los recursos de amparo o de las cuestiones de inconstitucionalidad.

El procedimiento para fijar el importe de las indemnizaciones se tramitará por el Ministerio de Justicia, con audiencia al Consejo de Estado.

9. Se seguirá el procedimiento previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas para determinar la responsabilidad de las Administraciones Públicas por los daños y perjuicios causados a terceros durante la ejecución de contratos cuando sean consecuencia de una orden inmediata y directa de la Administración o de los vicios del proyecto elaborado por ella misma sin perjuicio de las especialidades que, en su caso establezca el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público”.

Es decir, en el caso que nos ocupa, no surge dicha responsabilidad patrimonial si el sufrido contribuyente (al que se le suponen dotes adivinatorias) no haya obtenido, en cualquier instancia, sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que se hubiera alegado la inconstitucionalidad posteriormente declarada.

En lo que concierne a la responsabilidad patrimonial derivada de la aplicación de una norma declarada contraria al Derecho de la Unión Europea, la Comisión Europea tiene abierto un procedimiento de infracción2 contra el Reino de España al entender que la Ley 40/2015 incumple los principios de equivalencia y/o de efectividad. “Las actuales disposiciones nacionales sobre el régimen jurídico y sobre los procedimientos administrativos comunes para el sector público limitan la autonomía procesal y material de los Estados miembros en relación con las condiciones que rigen las indemnizaciones por daños causados por actos legislativos. La legislación española ha establecido condiciones menos favorables en lo relativo a la responsabilidad por una infracción de la legislación de la UE que por la responsabilidad debida a una infracción de la Constitución española. Además, contiene condiciones de procedimiento que no son acordes con la jurisprudencia consolidada del Tribunal de Justicia de la UE. Las disposiciones nacionales en cuestión hacen que sea excesivamente difícil comprometer la responsabilidad del Estado por una infracción de la legislación de la UE, lo que tiene una repercusión negativa en la efectividad del Derecho de la UE”.

 

 

 


1  “El Constitucional amplía la inconstitucionalidad del impuesto de plusvalías a las liquidaciones que resulten confiscatorias”. https://periscopiofiscalylegal.pwc.es/el-constitucional-amplia-la-inconstitucionalidad-del-impuesto-de-plusvalias-a-las-liquidaciones-que-resulten-confiscatorias/

 

2  “La Comisión Europea advierte a España que debe reformar el régimen de responsabilidad patrimonial del Estado cuando se incumple el Derecho de la UE”. http://www.legaltoday.com/practica-juridica/supranacional/d_ue/la-comision-europea-advierte-a-espana-que-debe-reformar-el-regimen-de-responsabilidad-patrimonial-del-estado-cuando-se-incumple-el-derecho-de-la-union-europea

 

Vídeos del seminario “Las explotaciones económicas de entidades no lucrativas ante la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre ayudas de Estado (28.10.2019)”

El pasado 28 de octubre se celebró en la Facultad de Derecho de la UNED el primer seminario de Derecho Financiero de este curso. La sesión trató de Las explotaciones económicas de entidades no lucrativas ante la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre ayudas de Estado.

El seminario fue presentado y moderado por el Profesor don Isidoro Martín Dégano, Titular de Derecho Financiero y Tributario de la UNED. Actuaron como ponentes don Oscar del Amo Galán, Subdirector General de Tributos Locales y don Antonio Puentes Moreno, Socio responsable del área Contencioso Tributario de PwC. Tras las presentaciones tuvo lugar un animado debate que permite escuchar posturas muy diversas y los argumentos en que se sustentan.

Mi resumen personal es el siguiente:

  1. La Sentencia del Tribunal de Justicia de 27 de junio de 2017 ( C-74/16 – Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania, ECLI:EU:C:2017:496) considera ayuda de Estado la exención del ICIO prevista en la Orden EHA/2814/2009, de 15 de octubre (que interpreta el Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos, de 3 de enero de 1979) en la proporción en que la obra se destine al desarrollo de actividades económicas y siempre que se excedan los límites de la regla de minimis (200 000 € durante cualquier período de tres ejercicios fiscales, según el art. 3.2 del Reglamento (UE) No 1407/2013 de la Comisión). La enseñanza concertada no se considera actividad económica.
  2. A raíz de esta sentencia algunos ayuntamientos han decidido inaplicar las exenciones previstas en el art. 15 de la Ley Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos, cuando esté presente alguna actividad económica, en el sentido que atribuye a este término la citada sentencia.
  3. Después de escuchar a los ponentes y los diversos argumentos -en un sentido y en otro- planteados en el debate, llego a la conclusión personal de que la práctica antes mencionada quebranta la ley y la propia normativa europea sobre ayudas de Estado.
  4. Es probable que la doctrina sentada por la STJUE de 27 de junio de 2017 tenga consecuencias sobre el régimen fiscal de las entidades sin fin de lucro, pero la calificación de un beneficio fiscal como ayuda de Estado es una cuestión compleja y sometida a constante evolución. La competencia para realizar esta delicada apreciación corresponde a la Comisión y al Tribunal de Justicia, no de modo unilateral a los ayuntamientos.
  5. Las entidades sin fin de lucro presentan notables peculiaridades de modo que -como señaló Antonio Puentes- sería deseable una armonización fiscal que precisara los términos en que los Estados miembros pueden concederles beneficios fiscales.

Aconsejo al lector ver directamente las ponencias y el debate para llegar a sus propias conclusiones. Además deseo agradecer a los participantes en el seminario y a las personas que intervinieron desde el público por sus interesantes intervenciones.

Presentación de don Isidoro Martín y ponencia de don Oscar del Amo (vídeo).

Ponencia de don Antonio Puentes (vídeo).

Debate (vídeo).

Presentación de don Antonio Puentes (PDF).

 

Isaac Ibáñez García: Tribunales económico-administrativos y cuestión prejudicial europea

Publicamos una valiosa aportación de don Isaac Ibáñez García, abogado, sobre las conclusiones del Abogado General Hogan en el asunto Banco de Santander, sobre la posibilidad de que los tribunales económico-administrativos interpongan cuestiones prejudiciales.

Muchas gracias, Isaac, por esta nueva contribución al blog.

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Desafíos Fiscales en la Nueva Legislatura (Jornada en la Universidad de Alcalá el 20 de septiembre)

Queridos amigos:

El próximo 20 de septiembre se celebrará una interesantísima jornada en la Universidad de Alcalá sobre DESAFÍOS FISCALES EN LA NUEVA LEGISLATURA.

Os transmito la información que ha tenido la amabilidad de facilitarme el profesor Lucas Duran. Muchas gracias, querido Manuel, por contar con el Blog.

La inscripción es gratuita hasta completar el aforo. Las solicitudes de inscripción, que serán atendidas en orden de llegada, pueden dirigirse al siguiente correo: andres.garcia@uam.es

La Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá se ubica en el antiguo Colegio Máximo de Jesuitas, situado en la calle Libreros, 27.

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