Juan Ignacio Gomar Sánchez: “Un par de reflexiones sobre la STS 138/2021, el IIVTNU y el refranero español”

Publicamos en el post de hoy una certera y divertida reflexión de de don Juan Ignacio Gomar Sánchez, Inspector de Tributos del Ayuntamiento de Madrid, sobre la STS 138/2021. Muchas gracias, querido Juan Ignacio por esta valiosa colaboración. Ojalá contribuya a que el legislador despierte de su “bloqueo emocional”.

Uno de los problemas más complejos que plantea en este momento el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana es el de discernir si el suelo ha incrementado su valor cuando en el momento de adquisición, en el de transmisión, o en ambos, existe edificación sobre el suelo y no se individualizan sus valores. El que suscribe confiesa que nunca ha leído una escritura en la que tal diferenciación se efectúe, lo que no significa que no pueda encontrarse a partir de ahora, al fin y al cabo, últimamente se ven cosas muy raras.    

En torno a esta cuestión, la reciente sentencia del Tribunal Supremo 138/2021, de 4 de febrero (Id Cendoj: 28079130022021100050) analiza la validez del método que intenta averiguar la existencia de minusvalía/plusvalía del suelo calculando la proporción que representa el valor catastral del terreno respecto del valor catastral total del bien inmueble para proyectarlo después sobre los precios escriturados “aun cuando en la escritura se refleje un precio que pueda diferir del valor catastral asignado”. Adelantemos para que nadie se ponga nervioso que el Tribunal admite la validez como prueba del método indicado, pero no le da especial prioridad si concurre con otras pruebas, dejando su valoración conjunta a criterio de cada juzgador.

Cabe indicar que los argumentos del recurrente, muy razonables, apuntaron que el método enjuiciado es ampliamente utilizado en nuestro derecho tributario, está presente en la normativa del IRPF y del Impuesto de Sociedades a efectos del cálculo de las amortizaciones de inmuebles, y se incorporó en la Proposición de Ley por la que se quería modificar el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, admitida a trámite por la Mesa de la Cámara del Congreso de los Diputados en fecha 6 de marzo de 2018 (“en el caso en que el valor del suelo no se encuentre desglosado, se calculará aplicando la proporción que represente en la fecha de la transmisión el valor catastral del terreno respecto del valor catastral total del bien inmueble”), argumentos a los que cabría añadir que esta regla fue introducida en las normas forales dictadas para el IIVTNU tras la STC 59/2017. Procede también recalcar que la determinación del porcentaje que representa el valor del suelo sobre el valor catastral total se deduce de los datos calculados por los técnicos del Catastro para cada finca tras estudios complejos basados en estrictos criterios técnicos. 

¿Qué trae a primer plano esta sentencia? La realidad a la que se enfrenta el IIVTNU desde que el Tribunal Constitucional dictase sus sentencias 59/2017 y 126/2019, que no es otra que la distorsión introducida por el TC en la mecánica del impuesto, una auténtica bomba de relojería, al identificar/confundir el concepto valor con el concepto precio, siendo así que el uno y el otro con frecuencia coinciden y a menudo no lo hacen. Un tributo local, el IIVTNU, diseñado para navegar en el apacible mar de los valores catastrales, establecidos por la Administración estatal (Catastro), se ve abocado a surcar el proceloso océano de los valores/precios de mercado. 

Analizar lo que valen las cosas excede en mucho el objeto de esta reflexión, pero podemos asumir o presumir razonablemente que precio y valor son similares en todas aquellas ocasiones en las que, como dice el Tribunal Supremo, el precio se pacta entre sujetos independientes en condiciones de libre mercado. En estos casos puede aceptarse como principio que los objetos valen lo que se está dispuesto a pagar por ellos. No tenemos más que poner a la venta cualquier cosa por un precio excesivo para poder apreciar que nadie llamará para preguntar, y ajustarlo posteriormente para que los potenciales compradores se hagan inmediatamente presentes (al margen de supuestos patológicos o singulares). 

Del mismo modo, allí donde no exista concurrencia de voluntades libres e independientes, valor y precio tenderán a distanciarse. Es el ejemplo de las donaciones entre familiares o las sucesiones, en las que solo el hecho de que las Comunidades Autónomas ofrezcan valores de referencia da cierta seguridad jurídica a los contribuyentes para, acogiéndose a ellos, marcar un importe que pueda considerarse objetivamente el valor de un inmueble, con las lógicas consecuencias a la hora de analizar si hubo o no plusvalía en el IIVTNU. 

Como es evidente toda esta sistemática se establece sobre unas premisas tan básicas que la alta litigiosidad es inevitable. 

Se llega entonces a la sentencia del Tribunal Supremo objeto de este breve comentario. Si el IIVTNU grava el incremento del valor del suelo es obvio que en todos aquellos supuestos en los que se transmita o adquiera suelo y construcción será necesario deslindar el valor de uno y otro, y por tanto precio y valor podrán encontrarse o no hacerlo. La fórmula que llamaremos proyectiva es la única que permite con cierta seguridad jurídica la posibilidad de enlazar ambos, si es preciso en dos momentos distintos, el de adquisición y el de transmisión. 

En el actual contexto, este método representa una regla objetiva que no depende ni de contribuyentes ni de entes locales, basada en los estudios técnicos efectuados por el Catastro. Permite operar sobre los precios declarados por los sujetos, en la medida en según el apuntado criterio del TS puedan gozar de credibilidad, y averiguar si hubo o no plusvalía del suelo. Es además una regla que puede aplicarse si se adquiere y transmite suelo y construcción, si se adquiere suelo y se transmite suelo y construcción y también si se adquirió suelo y construcción y ahora solo se transmite suelo. Ante la cuestión de si se puede considerar este método un medio de prueba prevalente, el Tribunal, aun negando ese carácter afirma en su fundamento jurídico cuarto que “solo si no hay prueba apta del valor atribuible al suelo (esto es, si no se conoce ese valor), se impondrá el método que se discute en autos”. 

¿Por qué entonces tantas dudas ante su aplicación? La explicación es doble, la resistencia a considerar que el suelo puede haber incrementado su valor si en la transmisión globalmente observada se aprecia minusvalía, y el súbito fervor por aplicar al tributo el principio de capacidad económica en su versión más simplista.

Sobre la primera cuestión cabe reflexionar que nadie discute que la declaración del IRPF pueda salir positiva, aunque hayamos tenido fuertes pérdidas patrimoniales, o negativa, aunque hayamos tenido generosas rentas en algún concepto. La integración de unas y otras partidas puede dar en el IRPF ese resultado. Parece sin embargo que en el IIVTNU tal cosa no es posible, no cabe que suelo y construcción sigan sendas diferentes, con un resultado global que sea distinto al resultado parcial de los elementos que lo componen. La solución solo puede ser blanca o negra. No hay otra cosa tras algunas interpretaciones de la sentencia 126/2019. Se excluye también así la posibilidad de que tras una operación con aparente plusvalía pueda haber una minusvalía del suelo. Por la simplificación hacia la gloria. Al fin y al cabo solo se trata de  entidades locales. El tratamiento fiscal de la plusvalía municipal y la de la renta dan un paso más hacia el abrazo final, el del oso, en el que no serán las entidades locales las que ocupen el papel del plantígrado. 

Se ignora así también que el tributo solo pretende gravar el incremento del valor del suelo, del que cualquier otro elemento debe quedar excluido. En la determinación de las rentas inmobiliarias a efectos de Renta y Sociedades el legislador está muy atento a la hora de excluir la posibilidad de amortizar suelo, en la consideración lógica de que el suelo no se deteriora, aplicando al efecto esta fórmula proyectiva. Sin embargo, si procede gravar solo el incremento del valor del suelo, esa fórmula, que serviría para excluir la variación del valor de la edificación ya no gusta tanto. Si el IRPF pudiera hablar es probable que considerase al IIVTNU un auténtico “pringao”, con razón. 

Si en la determinación de los incrementos de patrimonio de los inmuebles en el IRPF se calcula la diferencia entre el valor de adquisición y el de transmisión, de modo que si se adquirió suelo y se transmite suelo y construcción puede añadirse al valor de adquisición el de las mejoras/construcciones ¿Por qué no ha de tenerse en cuenta en el IIVTNU que el valor al final del periodo impositivo en un supuesto similar tendrá que excluir lo que la edificación representa para poder comparar solo el suelo? 

En cuanto a la capacidad económica puesta de manifiesto ¿es la representada por el beneficio obtenido por el sujeto (la diferencia entre el precio de adquisición y transmisión) o es la puesta de relieve con el incremento del valor del suelo? Si estamos al simple cálculo de valor de compra menos valor de venta asimilamos capacidad económica a beneficio económico. Esta asimilación se compadece mal con múltiples supuestos de manifestación de riqueza inmobiliaria reconocidos como tales en nuestro sistema tributario, por ejemplo, en el IBI o en la imputación de rentas de los bienes inmuebles a nuestra disposición que no sean la vivienda habitual.

Otro ejemplo, si el suelo incrementó su valor se habrá producido una manifestación de riqueza susceptible de gravamen aun cuando una pérdida del valor de la construcción que ya estuviera sobre aquel haya absorbido la primera, o incluso la haya superado, dando lugar a una  reducción del precio de transmisión del conjunto representado por ambos. Pongamos que adquirimos en la mejor zona de la ciudad una casa de extraordinario valor con tan mala fortuna que poco después un incendio la arrasa. El suelo aumentó su valor, pero el resultado final es en términos globales desastroso, una auténtica ruina. ¿Dejamos de aplicar el IIVTNU porque el sujeto tuvo una pérdida económica ajena al suelo? En tal caso ¿estamos hablando del IIVTNU o de la pérdida patrimonial en Renta? 

La sentencia del Tribunal Supremo ofrece un resultado equilibrado que pone de manifiesto la validez jurídica del método proyectivo, al que no puede dar carácter prioritario en la medida en que tal cosa exigiría un respaldo legal del que este método no goza actualmente en los territorios de régimen común. Deja abierta además en un tema tan complejo la posibilidad de que cada juez valore las pruebas aportadas permitiendo su análisis y consideración. Así, por ejemplo, en el caso planteado ante el TS se da la razón al contribuyente aun admitiendo la fórmula proyectiva, precisamente porque este efectuó un intenso esfuerzo probatorio que desvirtuó ante el magistrado de instancia los resultados que se deducían de aquella fórmula. 

Manifiesta además el Tribunal con claridad que el método proyectivo debe tener carácter preferente en defecto de otro medio de prueba. De este modo, el principio de prueba  de una posible minusvalía representado por los precios/valores que se reflejen en escritura pública pierde entidad si concurre en el momento inicial, final o en ambos, una edificación. La fórmula proyectiva respeta los precios declarados en cuanto suscritos entre sujetos libres e independientes para dar a continuación paso a la proyección sobre los mismos de las proporciones catastrales permitiendo un análisis específico sobre si el suelo, considerado aisladamente, incrementó o perdió valor.

Sospecho que esta no será la última vez que el Tribunal Supremo tenga que analizar los matices del método proyectivo. También que habrá juzgados que harán poco o nada de caso a lo indicado por el Supremo, algo a lo que algunos se están aficionando bastante en estos tiempos convulsos. Al final es más sencillo quedarse en el importe total de la operación que entrar a desglosar sus elementos. 

Estamos pues en presencia de otra de las consecuencias lógicas de la intensa preocupación que al legislador y al ejecutivo les suscita la situación normativa en que se encuentra el IIVTNU,  intensidad que les tiene emocionalmente bloqueados. Lo mismo que le debió pasar al primer oficial del Titanic al distinguir en medio de la noche la proximidad de un iceberg. 

Llegados a este punto cabe preguntarse qué rábanos tendrán que ver estas breves reflexiones con el refranero español. Muy sencillo. Pregúntense ustedes a que tributo de nuestro sistema se le podría aplicar ahora el dicho “del árbol caído, todos hacen leña”. Una pista, el IVA no es.

Sponsored Post Learn from the experts: Create a successful blog with our brand new courseThe WordPress.com Blog

WordPress.com is excited to announce our newest offering: a course just for beginning bloggers where you’ll learn everything you need to know about blogging from the most trusted experts in the industry. We have helped millions of blogs get up and running, we know what works, and we want you to to know everything we know. This course provides all the fundamental skills and inspiration you need to get your blog started, an interactive community forum, and content updated annually.

Carlo Soncini: Electric energy, nuclear power, State aid and democratic representation: how can the EU combine diverse environmental tax principles

Publicamos una profunda reflexión del Profesor don Carlo Soncini (Università degli studi di Parma) sobre las conclusiones del Abogado General Hogan de 7 de mayo de 2020 en el asunto C-594/18P, República de Austria v. Comisión Europea. En el centro de la cuestión se encuentra la legitimidad de las ayudas de Estado a la construcción de centrales nucleares.

Muchas gracias, querido Carlo, por esta valiosa contribución.

Isaac Ibáñez García: La Comisión Europea debe defender la “potestas” del Tribunal de Justicia de la UE

Publicamos un interesante trabajo de don Isaac Ibáñez García, Abogado, comentando la Sentencia del Tribunal Constitucional alemán del 5 de mayo de 2020 y sus repercusiones sobre el Derecho Europeo.

Muchas gracias, Isaac, por esta nueva aportación.

Clases en línea: una experiencia en la UNED

Estos días de reclusión han potenciado las conferencias y clases en línea y nos han servido a muchos para descubrir la utilidad de diversas aplicaciones informáticas que las hacen posibles.

En la Universidad Nacional de Educación a Distancia la informática es esencial. Sin embargo, en la “antigua normalidad”, las clases en línea venían representando un papel limitado.

La enseñanza de la UNED se basa en un modelo mixto: atención telemática al Estudiante por los profesores de la Sede Central (el llamado equipo docente) y atención presencial por parte de los tutores en los 60 centros asociados distribuidos por todo el territorio español. La atención presencial se desarrolla mediante “tutorías” que, al menos en el ámbito del Derecho, consisten generalmente en clases presenciales.

Los tutores pueden ser profesionales sin otra vinculación con el mundo universitario, así como profesores de la propia UNED o de otras universidades publicas o privadas.

¿Qué papel desempeñan las vídeoclases? La función principal del equipo docente está en grabarlas para que estén a disposición de todos los estudiantes. Por regla general, en el caso de los tutores las clases se imparten presencialmente, aunque -en función de los medios técnicos disponibles- pueden ofrecerse también en streaming a través de una aplicación específica de la UNED (Webconferencia). En este caso, el tutor tiene la opción de grabar las clases que imparte.

En defintiva, con carácter general, en la Facultad de Derecho de la UNED apenas utilizábamos las clases en línea en sentido estricto. Sí resultaban frecuentes, en cambio, la grabación de clases sin asistentes y la transmisión en directo de tutorías presenciales (que, en algunos casos, se grababan).

Sin embargo, con motivo del estado de alarma, las tutorías presenciales tuvieron que desaparecer y se vieron sustituidas por clases en línea, que el tutor podía grabar o no.

La aplicación de la UNED utilizada (Webconferencia) tiene una funcionalidad parecida a las plataformas comerciales. La parte principal de la pantalla se ocupa por un documento que el profesor puede marcar o anotar. Además los alumnos pueden ver al profesor. La aplicación se ha configurado de modo que el profesor no ve a los estudiantes (sí el listado de los que atienden la sesión) y estos solo pueden comunicarse a través de un chat. Desde el punto de vista técnico la aplicación de la UNED ofrece otras posibilidades, pero este es el modelo que se ha seguido durante el estado de alarma (al menos en el Centro Asociado de Madrid). 

Los estudiantes no pueden conectarse en directo a las vídeoclases de cualquier tutor, sino solo a la de aquellos que les corresponden según criterios geográficos y otras reglas de distribución por grupos. En mi caso, el seguimiento en directo de las tutorías ha rondado los 30 estudiantes.

Mi experiencia durante estos tres meses ha sido la siguiente: la técnica de las clases en línea es muy distinta de la correspondiente a la grabación de clases presenciales y también a la de las clases grabadas sin púbico.

Estas últimas se desarrollan sin interrupciones ni preguntas. Por tanto resulta especialmente importante la preparación de un guión, de modo que se explique todo lo esencial con especial claridad. Los ejemplos son útiles, pero debe prescindirse de las anécdotas, las referencias a la actualidad y otras cuestiones colaterales.

Las clases presenciales no se prestan bien a la grabación. Aunque también deban desarrollarse a partir de un guión, conviene reservar un margen suficiente a la espontaneidad del profesor en función de la actualidad y las preguntas de los asistentes. La grabación de estas clases tiene una utilidad secundaria: permitir a los asistentes repasarlas o bien hacer posibles que las sigan aquellos estudiantes que no hayan podido hacerlo en directo. 

En cambio, las clases impartidas exclusivamente en streaming se dirigen principalmente a los estudiantes conectados en directo (aunque también puedan grabarse). El profesor se enfrenta en ellas a una dificultad especial para captar si los estudiantes están comprendiendo correctamente las explicaciones. 

En las clases presenciales el lenguaje corporal de los alumnos constituye un indicio útil que se complementa con el planteamiento de preguntas rápidas por parte del profesor o de los estudiantes para determinar si existe o no “sintonía”. Además, el profesor puede subrayar su explicación con gestos que no se reflejan correctamente en la ventana de una pantalla de ordenador.

Por consiguiente, las clases en streaming requieren un esfuerzo suplementario para comprobar que los estudiantes van entendiendo la explicación. En mi experiencia, esto requiere interpelar a los alumnos cada vez que se ha concluido de explicar cualquier cuestión que presente cierta dificultad. Dado que los estudiantes contestan a través del chat, y que la explicación adicional se realiza sin poder ver las reacciones de los estudiantes, se ralentiza el ritmo de la clase. Una posible solución estaría en dedicar más tiempo. Si esto no es posible, deberán seleccionarse previamente los puntos de la materia que requieren una especial explicación, mencionando los demás de modo esquemático.

En definitiva, esto supone que la misma materia se puede explicar en menos tiempo en una clase pregrabada, requiere una duración superior en una clase presencial (se grabe o no) y aún más tiempo (o una selección más estricta de los puntos a tratar) en una clase impartida en streaming. Claro que esta experiencia se limita a las asignaturas del grado en Derecho y no me parece trasladable a las sesiones especializadas.

Pedro Herrera Molina

Catedrático de Derecho Financiero y Tributario, UNED

Evangelina Verónica de la Tejera: La responsabilidad patrimonial del Estado Juez en España y México

En el post de hoy publicamos un valioso artículo científico de la doctora Evangelina Verónica De la Tejerera Hernández sobre “La responsabilidad patrimonial del Estado Juez en España y México”. La autora, a quien agradecemos su relevante contribución de Derecho compardo, es Profesora de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y Doctora en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Escuela de verano de la Universidad Federico II de Nápoles sobre Fiscalidad Ambiental

La Università Federico II de Nápoles organiza una Escuela de verano, entre el 22-28 de junio, especialmente concebida para investigadores en formación, sobre un tema de particular interés en el marco de las iniciativas políticas y normativas de prevención frente al cambio climático: La fiscalidad ambiental. Toda la información y procedimiento de inscripción está disponible en el siguiente enlace: https://www.suseet.eu/

Nueva era de la revista Crónica Tributaria: call for papers

Estimados amigos:

Comienza una “nueva era” de la Crónica Tributaria, que introduce importantes novedades dirigidas a reforzar la calidad de la Revista. Adjunto un call for papers  y os animo a enviar originales a la redacción.

Muchas gracias y un saludo,

Pedro Herrera

Vídeoclase sobre la “segunda” inconstitucionalidad de la “plusvalía municipal” (STC 126/2019)

En el post de hoy publicamos un enlace a la vídeoclase de Canal UNED en la que los profesores Pedro Herrera y Ada Tandazo analizan la nueva declaración de inconstitucionalidad de la plusvalía municipal por la STC 126/2019.

La vídeoclase puede consultarse en este enlace.

 

Belén García Carretero: ¿De nuevo la Ley Beckham para el caso Trippier?

En el post de hoy publicamos una valiosa contribución de la profesora Belén García Carretero, Titular de Derecho Financiero y Tributario en la UCM, sobre el régimen fiscal de la celebración de la final de la «UEFA Champions League 2019» y «UEFA EURO 2020» aplicable a algunos futbolistas y su incidencia sobre el “caso Trippier”.

Muchas gracias, Belén, por esta rigurosa y oportuna aportación.

——————————————————————————

¿De nuevo la Ley Beckham para el caso Trippier?

Hace sólo unos meses, mediante la aprobación del Real Decreto-ley 27/2018, de 28 de diciembre, por el que se adoptan determinadas medidas en materia tributaria y catastral, se introdujo en nuestra normativa un nuevo régimen fiscal aplicable a la final de la “UEFA Champions League 2019” y “UEFA EURO 2020”. En concreto, en el apartado segundo de la disposición adicional primera de la norma indicada, se recoge un régimen fiscal aplicable a las personas físicas que presten servicios a la entidad organizadora de la “UEFA Champions League 2019” y “UEFA EURO 2020” a los equipos participantes en las mismas.

Los elementos fundamentales a destacar respecto de este régimen especial son:

-No se considerarán obtenidas en España las rentas que perciban las personas físicas que no sean residentes en España, por los servicios que presten a la entidad organizadora o a los equipos participantes, generadas con motivo de la celebración de la final de la «UEFA Champions League 2019» y «UEFA EURO 2020» y en la medida en que estén directamente relacionadas con su participación en aquella.

-Las personas físicas que adquieran la condición de contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas como consecuencia de su desplazamiento a territorio español con motivo de la final de la «UEFA Champions League 2019» y «UEFA EURO 2020» podrán optar por tributar por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, en los términos y condiciones previstos en el artículo 93 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.

 

Inicialmente, con independencia de las críticas que se puedan realizar respecto a esta medida como consecuencia del vehículo normativo utilizado, lo cierto es que en la práctica, centrándonos en el segundo de los elementos indicados del régimen, podríamos pensar que tendría una nula aplicación ya que será harto complicado que una persona física que preste servicios a la entidad organizadora de la “UEFA Champions League 2019” y “UEFA EURO 2020”o a los equipos participantes, adquiera su residencia en nuestro país como consecuencia de su desplazamiento a España con motivo de alguno de esos partidos. Sin embargo, seguramente la relevancia y calidad del futbol español ha originado que aquello que indicábamos como harto difícil sí se haya producido. Nos referimos a Kieran Trippier, actual jugador del Atlético de Madrid (equipo de mis amores).

 

Kieran Trippier se desplazó a finales de mayo a nuestro país como jugador del Tottenham para disputar la final de la “UEFA Champions League 2019” frente a otro equipo inglés, el Liverpool. Aproximadamente, un mes después de la celebración del partido, se traslada definitivamente a España como motivo de su fichaje por el Atlético de Madrid. En consecuencia, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 9.1 a) de la LIRPF respecto al cómputo de las ausencias esporádicas así como el criterio del centro de intereses económicos recogido en el artículo 9.1 b) LIRPF, sí podemos considerar que nos encontramos ante un caso al que será objeto de aplicación lo dispuesto en la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 27/2018, de 28 de diciembre y, en particular el régimen especial relativo a la aplicación del también régimen fiscal especial aplicable a los trabajadores desplazados a territorio español del artículo 93 de la LIRPF, conocido como régimen de impatriados o Ley Beckham.

 

Los efectos derivados de todo lo indicado son importantes. Así, no podemos olvidar que, tras la reforma operada por la ley 26/2014, de 27 de noviembre, se excluyó expresamente del ámbito de aplicación de este régimen especial a la relación laboral especial de los deportistas profesionales regulada por el Real Decreto 1006/1985, de 26 de junio. Sin embargo, en el caso indicado de un futbolista profesional, sí sería aplicable por lo que, de nuevo, pueden resurgir las críticas relativas al carácter selectivo y discriminatorio de la medida (Vid en este sentido GARCÍA PRATS, A.: “La reforma fiscal y el mundo del fútbol”. Revista Aranzadi de derecho de deporte y entretenimiento, núm. 47, págs. 47-85, 2015).

 

Finalmente, el análisis del nuevo régimen especial, también pone sobre la mesa otra de las críticas tradicionales hacía el régimen de impatriados, la relativa a su aplicación sólo con relación a trabajadores por cuenta ajena. Sin embargo, el régimen especial aprobado por Real Decreto-ley 27/2018, no exige que el desplazamiento sea consecuencia de un contrato de trabajo, por lo que tal y como indica BERNÁRDEZ TORIBIO “no queda claro si pudiera resultarle de aplicación a trabajadores por cuenta propia e incluso a sujetos que tras su intervención en el evento decidan permanecer en España sin realizar ningún tipo de prestación laboral. (BERNÁRDEZ TORIBIO, L.: “La recuperación de la “Ley Beckham” para los futbolistas en el IRPF con motivo de la reciente final de la Champions League disputada en Madrid”, La Ley, núm. 7529, 2019.)

 

Sin duda, este nuevo régimen especial analizado puede ser considerado como la excusa perfecta para valorar la necesidad de introducir algunas modificaciones en el actual régimen fiscal especial aplicable a los trabajadores desplazados a territorio español, con el objeto de acoger en su ámbito de aplicación a los trabajadores por cuenta propia al igual que se hace en otros países como Portugal, dónde las rentas del trabajo por cuenta ajena y por cuenta propia derivadas de “actividades de alto valor añadido de carácter científico, artístico o técnico” que sean obtenidas por no residentes habituales en Portugal estarán sujetas a un tipo impositivo del 20% o Italia, donde desde el año 2017 ya se recoge un régimen favorable tanto para los empleados como para los trabajadores por cuenta ajena, el cual desde el 1 de enero de este año se ha hecho aún más atractivo y consiste en una exención del 70% a los ingresos tanto por cuenta ajena como por cuenta propia, pudiéndose incrementar hasta el 90% en determinados casos. Incluso también encontramos un ejemplo en nuestra normativa interna, en concreto en la norma Foral 13/2013, de 5 de diciembre, de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, cuyo artículo 56 bis fija entre sus condiciones de aplicación que el desplazamiento a territorio español se produzca para el desempeño de trabajos especialmente cualificados, relacionados, directa y principalmente, con actividades de investigación y desarrollo, científicas o de carácter técnico o financiero con los requisitos y condiciones que se establezcan reglamentariamente.

Belén García Carretero

Profesora Titular de Derecho Financiero y Tributario UCM

Isaac Ibáñez García: La arbitraria sustitución impositiva

En el post de hoy publicamos una interesante reflexión de Isaac Ibáñez García sobre  la figura del sustituto en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y obras. Muchas gracias, querido Isaac, por esta nueva contribución.

—–

La arbitraria sustitución impositiva

Isaac Ibáñez García

Abogado

En el lejano año 1995 (el 3 de octubre) publiqué en el diario Expansión un artículo bajo el mismo título que este y con relación al Impuesto municipal sobre construcciones. En términos generales, señalaba que con la figura del sustituto del contribuyente se incorporaba al proceso tributario a quien nada tiene que ver con la realización del hecho imponible; se le obliga al cumplimiento de gravosas obligaciones materiales y formales y, caso de incumplimiento, se le aplica la correspondiente sanción. En el caso de citado impuesto, el sustituto (generalmente el contratista de las obras) debe echarse la mano al bolsillo y pagar un impuesto que no le corresponde soportar, pues grava la realización de una obra, cuyo titular es el dueño o promotor, que es quien manifiesta la capacidad económica gravable. Continue reading “Isaac Ibáñez García: La arbitraria sustitución impositiva”