J.A. Rozas: In memoriam Isabel Espejo

In memoriam Isabel Espejo

José A. Rozas

El pasado 10 de enero nos dejó Isabel Espejo Poyato. La deuda infinita que nos deja devenga, al menos y por ahora, el pago de un tan infinitesimal como irrenunciable tributo a su imborrable memoria, en forma de apresurado obituario a vuelapluma. El espacio más inmediato y apropiado para rendirlo no podía ser otro sino el del blog jurídico que dirige su, mi, buen amigo Pedro M. Herrera Molina. ¡Ahí vamos!

Isabel, no cabe duda y hay acuerdo unánime en la doctrina al respecto, de que eras una rara avis en un mundo predominantemente gallináceo. Lo que, necesariamente, te acarreó padecer el sonoro cacareo, cuando no graznido, propio de las distintas ciénagas por las que te tocó bregar. Y lo hiciste siempre con una entereza ejemplar, un carácter indómito, una honestidad incómoda y una sonrisa franca, inmensa, que inundaba de cordialidad todo tu rostro. El contraste de tu personalidad era, así, como el fulgor impetuoso de la luz en un claroscuro barroco. Llamabas poderosamente la atención; despertabas tanto la admiración y encandilamiento de quien acogía el privilegio de tu grandeza, como la prevención y desprecio de quien, en su miseria, se sentía amenazado por tan apabullante despliegue de saber y querer.

Gustabas de definirte a ti misma como “modesta chica de pueblo”. En realidad, eras una mujer ciclópea, tan plenamente consciente de tus gracias e inteligencia como donante de una humanidad desbordada que derramabas a manos llenas en todas direcciones, con una lógica predilección hacia tus “lobitos”, Juan y Luis, y hacia tu “lobitín”, Álvaro, que esponjó de ternura tu último año con nosotros. Expresabas las profundas heridas que habían dejado en tu alma los desengaños del existir con una naturalidad fascinante, aun sin espacio para la amargura, y vivías con una desconcertante e intensa relación con la naturaleza.

De hecho, tu energía infinita probablemente mostraba su mayor esplendor cuando se dirigía a tus pasiones dominantes por la construcción y la agricultura, que tan sabia y gozosamente compaginaste en tus adorados paisajes de Gredos y Castellón. ¡Cómo disfrutabas y participabas del sabor de una avellana o del olor del hinojo salvaje en un apacible paseo por, como decías con sentido regusto de simplicidad, “el campo”!

Tu alma era de envergadura pareja a la de tu cerebro. Entre tus muchas y jugosas ideas, dejaste en el tintero todo un sistema filosófico en el que incluías, con tu gracejo andaluz, que puestos a creer en Dios se habría de optar por la Iglesia verdadera, a cuyo sostenimiento contribuías desde el pleno convencimiento de que pocos destinos mejores podían merecer tus esfuerzos contributivos; y en cuyo depósito doctrinal reconocías un armazón moral del que apreciabas su idoneidad para sostener erguidos a los seres humanos en sociedades, a su vez, sostenibles.

Otra dimensión señalada de tu personalidad era una aguda tensión por la realización de la justicia a través del Derecho, con mayúscula. Lo que te condujo en tu juventud a un febril comunismo para que la convivencia con los que siempre denominabas “los progres” –de los que la parte peor, decías, eran los del PP- te alejó irremediablemente de la política y, con ello, de cualquier manifestación del poder.

El Derecho fue, sin duda, tu gran amor profesional. Tu sólida formación en Filosofía del Derecho –en cuyo cultivo estuviste a punto de recalar, de no haber huido de su dimensión académica para refugiarte en la Inspección de Hacienda- alimentó tu casi intuitivo sentido de cómo construirlo y aplicarlo, lo que te habría de conducir, naturalmente, a Alemania. Allí, a la vera de tu querido Profesor Tipke y traduciendo la teoría de la argumentación jurídica del Profesor Alexy completaste tu formación. También te sumergiste en sus manifestaciones anglosajonas -en Harvard y con Víctor Turony en el FMI- de las que, sobre todo, apreciabas su genio particular para encauzar la resolución de las controversias.

Insistías hasta la saciedad, y con conocimiento de causa, en que el drama de los sistemas tributarios contemporáneos radicaba, justamente, en que en su construcción se habían abandonado por completo los más elementales rudimentos de la técnica jurídica. El más claro ejemplo de todo ello lo veías en el esperpéntico devenir del Derecho fiscal internacional. El mismo organismo, la OCDE, que inspiró el germen de cultivo de lo que ahora abomina –la llamada “planificación fiscal agresiva” (concepto, por cierto, moralista y carente del más mínimo rigor jurídico)- pretende poner coto al monstruo que ha criado en su seno mediante el uso de las mismas herramientas/artilugios que le dieron forma, con las iniciativas BEPS. Idéntica huida del Derecho -como único modo verdaderamente eficiente y justo de regir las relaciones sociales y, entre ellas, las tributarias- reconocías en la moda de los sistemas “alternativos” de gestión de conflictos (nada mejor que un buen sistema jurídico de prevención y resolución de recursos, decías) o en el último grito de las relaciones cooperativas con grandes empresas (cooperación sí, pero con todos los contribuyentes y desde la configuración del sistema hasta su dimensión litigiosa, apuntabas).

De tu dilatada experiencia con la Administración de Justicia, desde la tributaria, y de tu profundo conocimiento del Derecho, del alemán en particular, nació tu tesis doctoral que, dirigida por el Profesor Palao, se editó en Marcial Pons con el sugestivo título Administración tributaria y jurisdicción penal en el delito fiscal, en memoria, por cierto, de otro gigante de la Hacienda pública española, Alfonso Mantero. Tuve la satisfacción de organizar su presentación formal en Barcelona, en el Colegio de Abogados, en un acto académico de entre los más enriquecedores, nutritivos y placenteros de los que he vivido. No es casual que te sumergieras, Isabel, en tan intrincadas y procelosas aguas como objeto de tu tesis y, verdaderamente, fue providencial que lo hicieras. Diste a la luz un trabajo absolutamente excepcional que debería de haber inspirado lo que ha sido el título sexto de la vigente Ley General Tributaria. Lamentablemente no ha sido así, por la cortedad de miras de quienes pudiendo recurrir a lo mejor y más granado de su gente sistemáticamente rechazan su desinteresada y leal colaboración.

Tu insaciable apetito intelectual te llevó al estudio del árabe, a la inmersión en su cultura -¡hasta adquirir un terrenito en Marruecos!- como a leer “Anna Karenina” en ruso y disponerte a pasar una larga temporada en Azerbaiyán, ejecutando un proyecto de cooperación internacional que acariciabas con fruición cuando el zarpazo cruel del cáncer te alcanzó.

En todas las instituciones en las que te prodigaste, desde el Instituto de Estudios Fiscales –donde tuve la fortuna de conocerte y advertir por primera vez tu insólita frescura de criterio propio- hasta la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, pasando por la Universidad Autónoma de Madrid o las distintas dependencias del Ministerio de Hacienda por las que transitaste dejaste una huella imborrable de buen hacer, sabiduría y afecto. En todas las personas que nos dejamos conquistar por tu bondad -señaladamente tus discípulos de oposición, que orgullosamente afirmabas “se han criado en mis pechos”- has dejado, Isabel, un recuerdo y un patrimonio de humanidad y profesionalidad que constituye tu legado y presencia intangible en este mundo que con tanta pasión has bendecido con tus colosales dones y que con dolorosa precipitación has abandonado. Descansas ya en paz, también, en el corazón eternamente agradecido de quienes te queremos.

 

 

EATLP: European Academic Tax Thesis Award – Poster Program for doctoral students

Queridos amigos:

Os recuerdo que hasta el 31 de diciembre de este año está abierto el plazo para concurrir al “European Academic Tax Thesis Award (EATTA)” convocado conjuntamente por la EATLP y la Comisión Europea.

Además, en el próximo congreso de la EATLP, que se celebrará en Łódź (Polonia) se organizará una sesión de posters para estudiantes de doctorado. La fecha límite para el envío es el 28 de febrero de 2017.

Animo a todos los doctorandos en Derecho Tributario a participar.

Un cordial saludo,

Pedro Herrera

Jornada Nacional Los valores catastrales y el IBI, IEF, 24 y 25 de Noviembre

Los días 25 y 25 de noviembre se celebrará en el Instituto de Estudios Fiscales una Jornada Nacional sobre “Los valores catastrales y el IBI”, dirigidas por el profesor don Juan Enrique Varona Alabern. Podéis consultar aquí el programa y los datos relacionados con la inscripción:

Agradezco a Álvaro del Blanco que me haya facilitado esta interesante información.

Pedro Herrera

Isaac Ibáñez García – El carácter preceptivo de los recursos administrativos previos a la vía jurisdiccional: una cuestión abierta

En el post de hoy publicamos un interesante artículo de Isaac Ibáñez García, Abogado, con reflexiones y propuestas sobre “El carácter preceptivo de los recursos administrativos previos a la vía jurisdiccional: una cuestión abierta”.

Muchas gracias, querido Isaac, por esta valiosa aportación.

Pedro Herrera

Alvaro, del Blanco – El IBI y las ayudas de Estado: a la espera de la sentencia del Tribunal Supremo

En el post de hoy presentamos un artículo  de Alvaro del Blanco. Agradecemos su generosa colaboración titulada “El IBI y las ayudas de Estado: a la espera de la sentencia del Tribunal Supremo“.

Muchas gracias,

Pedro Herrera

Isaac Ibañez García: “La Suspensión de otros procesos basada en la prejudicialidad comunitaria o constitucional”

Presentamos en el post de hoy una valiosa contribución de  Isaac Ibáñez García. Agradecemos su generosidad al compartir con nosotros su aportación titulada: “La suspensión de otros procesos basada en la prejudicialidad comunitaria o constitucional”.

En la página web del Consejo General del Poder Judicial aparece publicado el siguiente comunicado de 14 de abril de 2016:

“El Tribunal Supremo pospone un recurso de cláusulas suelo hasta que el TJUE sentencie sobre el alcance de la retroactividad de su nulidad.

El TJUE ha fijado para el próximo 26 de abril la vista de una cuestión prejudicial sobre este asunto planteada por un Juzgado de Granada.

Autor: Comunicación Poder Judicial.

La Sala Primera del Tribunal Supremo ha suspendido la tramitación del recurso de una entidad bancaria en materia de cláusula suelo de una hipoteca hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronuncie sobre los efectos de la declaración de nulidad de dichas cláusulas, en concreto sobre el alcance de la retroactividad de dicha nulidad.

El recurso suspendido fue interpuesto por Unicaja contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Jaén, de 10 de julio de 2014, que dio la razón a dos clientes anulando su cláusula suelo con la citada entidad, y condenando a ésta a devolver lo indebidamente cobrado sin tener como tope la fecha de mayo de 2013, señalada por el Tribunal Supremo en su sentencia sobre este asunto.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene fijada para el próximo 26 de abril la vista de una cuestión prejudicial planteada por un Juzgado de lo Mercantil de Granada para conocer si se ajusta a la normativa comunitaria moderar los efectos retroactivos de la nulidad de una cláusula suelo.

Los dos clientes de Unicaja a los que dio la razón la Audiencia de Jaén pidieron al Supremo que suspendiese el recurso de la entidad bancaria -cuya deliberación se fijó inicialmente para el próximo 4 de mayo- hasta que se pronuncie sobre la retroactividad el Tribunal de Justicia de la UE. Tanto el banco como la Fiscalía se opusieron a dicha petición.

Sin embargo, el alto tribunal accede a la suspensión porque la cuestión jurídica planteada en el recurso interpuesto por Unicaja Banco S.A. está directamente relacionada con la cuestión prejudicial que debe resolver el alto tribunal europeo, “pues en el recurso se solicita la aplicación de la doctrina de esta Sala sobre efectos de la declaración de nulidad de la cláusula suelo, interpretación que está siendo cuestionada a la luz de la normativa comunitaria ante el TJUE”.

Además, el Supremo recuerda que contra la sentencia que debe dictar no cabe interponer recurso alguno en vía judicial, y subraya la cercanía de la fecha señalada para la vista ante el tribunal europeo y, consiguientemente, de la sentencia que haya de dictarse, por lo que la suspensión temporal del proceso no se prevé extensa, y no se causa un perjuicio relevante a las partes”.

La decisión de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo se adopta con algunas cautelas, como la relativa a la cercanía de la fecha señalada para la vista ante el tribunal europeo (“por lo que la suspensión temporal del proceso no se prevé extensa, y no causa un perjuicio relevante a las partes”).

Hace escasos meses, el Magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, Don DIEGO CÓRDOBA CASTROVERDE, suscitó un oportuno debate sobre “La suspensión de otros procesos basada en la prejudicialidad comunitaria”. Foro que se publicó en la “Revista de Jurisprudencia”, número 2, del 31 de enero de 2015 y también en http://www.elderecho.com/foro_legal/administrativo/suspension-procesos-basada-prejudicialidad-comunitaria_12_779685001.html

De las distintas e interesantes aportaciones vertidas en dicho foro se pone de manifiesto, sobre la cuestión debatida, que no existe (entre las distintas Salas del Tribunal Supremo y otros pronunciamientos judiciales) unanimidad sobre la posibilidad o no de suspensión de procesos jurisdiccionales basados en la existencia previa de una cuestión prejudicial planteada ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. No es, por tanto, una cuestión pacífica, aunque sí elevante.

En mi opinión, el mismo debate debe extenderse a la cuestión de si es posible suspender procesos similares cuando se ha planteado previamente en otro asunto una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Recordemos que actualmente se están planteando por órganos jurisdiccionales españoles cuestiones de inconstitucionalidad sobre el Impuesto municipal sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana (Así, Auto de 5 de febrero de 2015 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Donostia-San Sebastián y Auto de 22 de diciembre de 2015 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Vitoria-Gasteiz)

El artículo 35 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional es del siguiente tenor:

 

“1. Cuando un Juez o Tribunal, de oficio o a instancia de parte, considere que una norma con rango de Ley aplicable al caso y de cuya validez dependa el fallo pueda ser contraria a la Constitución, planteará la cuestión al Tribunal Constitucional con sujeción a lo dispuesto en esta Ley.

  1. El órgano judicial sólo podrá plantear la cuestión una vez concluso el procedimiento y dentro del plazo para dictar sentencia, o la resolución jurisdiccional que procediese, y deberá concretar la ley o norma con fuerza de ley cuya constitucionalidad se cuestiona, el precepto constitucional que se supone infringido y especificar o justificar en qué medida la decisión del proceso depende de la validez de la norma en cuestión. Antes de adoptar mediante auto su decisión definitiva, el órgano judicial oirá a las partes y al Ministerio Fiscal para que en el plazo común e improrrogable de 10 días puedan alegar lo que deseen sobre la pertinencia de plantear la cuestión de inconstitucionalidad, o sobre el fondo de ésta; seguidamente y sin más trámite, el juez resolverá en el plazo de tres días. Dicho auto no será susceptible de recurso de ninguna clase. No obstante, la cuestión de inconstitucionalidad podrá ser intentada de nuevo en las sucesivas instancias o grados en tanto no se llegue a sentencia firme”.

 

Sin embargo, en el ámbito de la cuestión prejudicial comunitaria no está tan contundentemente definida la necesidad (a nuestro juicio de lo más pertinente) de oír a las partes antes de plantear o no la cuestión prejudicial.

Así, las “RECOMENDACIONES (del Tribunal de Justicia de la Unión Europea) a los órganos jurisdiccionales nacionales, relativas al planteamiento de cuestiones prejudiciales (2012/C 338/01)”[1], dicen lo siguiente:

 

“9. En virtud del artículo 267 TFUE, cualquier órgano jurisdiccional de un Estado miembro, cuando tenga que pronunciarse en un procedimiento a cuyo término se dicte una resolución de naturaleza jurisdiccional, puede, en principio, remitir al Tribunal de Justicia una petición de decisión prejudicial. El Tribunal de Justicia ha interpretado la condición de órgano jurisdiccional como un concepto autónomo del Derecho de la Unión, teniendo en cuenta, a este respecto, un conjunto de factores, como son el origen legal del órgano que le remite la petición, su permanencia, el carácter obligatorio de su jurisdicción, el carácter contradictorio del procedimiento, la aplicación por parte de dicho órgano de normas jurídicas, y su independencia.

  1. La decisión de plantear al Tribunal de Justicia una cuestión prejudicial corresponde únicamente al órgano jurisdiccional nacional, independientemente de que las partes del litigio principal lo hayan o no solicitado”.

 

…/…

El momento adecuado para plantear una cuestión prejudicial.

  1. El órgano jurisdiccional nacional puede remitir al Tribunal de Justicia una petición de decisión prejudicial tan pronto como estime que, para poder emitir su fallo, resulta necesaria una decisión sobre la interpretación o la validez del Derecho de la Unión. En efecto, el órgano jurisdiccional nacional es el mejor situado para apreciar la fase del procedimiento en que procede remitir tal petición.
  2. Es preferible, no obstante, que la decisión de plantear una cuestión prejudicial se adopte en una fase del procedimiento nacional en la que el órgano jurisdiccional remitente esté en condiciones de definir el marco jurídico y fáctico del asunto, para que el Tribunal de Justicia disponga de todos los elementos necesarios para comprobar, en su caso, que el Derecho de la Unión es aplicable al litigio principal. También puede resultar deseable para la recta administración de la justicia que la cuestión prejudicial se plantee después de un debate contradictorio”.

Desde el punto de vista del Derecho nacional (español) y sobre el juicio de relevancia en la cuestión prejudicial comunitaria ya me manifesté hace tiempo[2], defendiendo que las partes intervinientes en un proceso ante los tribunales nacionales gozan del derecho procesal a solicitar al órgano jurisdiccional nacional el planteamiento de la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea; y que este derecho no tiene valor de simple sugerencia sin efectos jurídicos[3], sino que tiene el valor de pretensión procesal con el consiguiente efecto de la obligación de motivación del sentido de la decisión judicial al respecto, esto es, la obligación del juez nacional de efectuar un juicio de relevancia dirigido a motivar si el planteamiento de la cuestión es o no pertinente. Señalé que el objeto del juicio de relevancia es fundamentar si la cuestión prejudicial solicitada es o no pertinente o necesaria para la solución del litigio.

En el recurso contencioso-administrativo nº 331/2007 ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, el reclamante señaló la necesidad de plantear cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, dada la relevancia de la normativa comunitaria en la materia. La Sentencia de 25 de noviembre de 2010 que resuelve dicho recurso dedica el fundamento jurídico cuarto a la petición del demandante:

“Como quiera que esta Sala ha abierto, en el curso de este litigio, un específico trámite de audiencia a las partes y al Ministerio Fiscal en relación con la necesidad o pertinencia de plantear al Tribunal de Justicia de la Unión Europea cuestión prejudicial, en los términos contenidos en la providencia que más arriba se ha transcrito, resulta preceptivo, por razones de congruencia y de respeto a la buena práctica procesal, convergentes ambas en la exigibilidad del deber de motivación, que expliquemos suficientemente las razones por virtud de las cuales hemos decidido, finalmente, resolver por sentencia el recurso contencioso-administrativo, prescindiendo del previo reenvío aludido y, obviamente, de la eventual respuesta que el mencionado Tribunal hubiera podido efectuar a nuestros interrogantes.

No es preciso recordar, por tratarse prácticamente de un lugar común en la comprensión de esta institución comunitaria, sustancial para la construcción jurisprudencial del Derecho Comunitario, que los órganos judiciales nacionales cuyas sentencias no son definitivas, como es nuestro caso en este particular asunto -para cuya constatación basta apercibirse de la cuantía del asunto y, por ende, de la recurribilidad en casación que, en principio, tendría la sentencia final de este litigio- tienen la potestad, pero no la obligación, del planteamiento de dicha cuestión prejudicial, al contrario de lo que sucede con el órgano jurisdiccional que, en cada Estado miembro, agotase las instancias judiciales, en cuyo caso esa facultad se torna deber, siempre que concurran los requisitos procesales exigibles para la viabilidad formal de la cuestión prejudicial artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, correlativo con el antiguo artículo 234 TCE, a cuyo tenor:

“El Tribunal de Justicia de la Unión Europea será competente para pronunciarse, con carácter prejudicial:

  1. sobre la interpretación de los Tratados;
  2. sobre la validez e interpretación de los actos adoptados por las instituciones, órganos u organismos de la Unión;

Cuando se plantee una cuestión de esta naturaleza ante un órgano jurisdiccional de uno de los Estados miembros, dicho órgano podrá pedir al Tribunal que se pronuncie sobre la misma, si estima necesaria una decisión al respecto para poder emitir su fallo.

Cuando se plantee una cuestión de este tipo en un asunto pendiente ante un órgano jurisdiccional nacional, cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno, dicho órgano estará obligado a someter la cuestión al Tribunal…”.

Sin embargo, esa explicación, que en parte podría ser admisible -en el sentido de que con nuestra abstención se relegaría a la apreciación del Tribunal Supremo, en el curso de una hipotética impugnación casacional, la decisión última acerca de la procedencia del planteamiento de la cuestión prejudicial, no es completamente satisfactoria para explicar la decisión tomada por esta Sala si se tiene en cuenta, de un lado, que la parte recurrente ha postulado positivamente, a lo largo de todos sus escritos procesales, la conveniencia de adoptar dicha iniciativa prejudicial; y, de otro, que la propia Sala ha abierto por iniciativa propia el preceptivo trámite previo de audiencia que la hace posible, encaminado en principio a conocer la opinión de las partes y del Ministerio Fiscal acerca de la conveniencia de promover la cuestión prejudicial devolutiva al TJUE.

A tal respecto, debe considerarse que para acudir al reenvío prejudicial europeo no basta con que el tribunal nacional que conozca de un asunto albergue dudas interpretativas sobre nociones de Derecho comunitario directamente relacionadas con los litigios sometidos a su conocimiento, las cuales pueden, por lo demás, versar tanto sobre el sentido y finalidad de las normas comunitarias, en los diferentes rangos de su jerarquía, como también respecto a la adecuación y conformidad del ordenamiento interno con dichas normas.

Decimos que no es suficiente con que existan tales dudas en la exégesis de los preceptos de Derecho Comunitario europeo (en el presente asunto, centradas en el alcance y límites estructurales tanto del art. 1.2 -configuradora de una cláusula antiabuso- como del art. 5 de la Directiva-) sino es preciso que también concurra el denominado juicio de relevancia, esto es, la consideración por parte del Tribunal competente, en el seno de un proceso judicial en curso, de que la decisión jurisdiccional que le corresponda adoptar en el ejercicio de la potestad que tiene constitucionalmente encomendada depende de modo directo e inmediato de la resolución por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea acerca de esa prejudicialidad comunitaria (vid. al respecto, el art. 4.1 de la LJCA.

Sin embargo, aún cuando la ley directamente aplicable al caso, la LIRNR, es el resultado, al menos en parte de su contenido, de la adaptación e integración en nuestro ordenamiento interno de la Directiva matriz-filial a que se ha hecho continua referencia, la Sala considera que en la aplicación, por parte de la Administración, de la citada ley, puede advertirse en principio la existencia de infracciones jurídicas autónomas que suponen contravenciones de la propia ley y de otras normas de nuestro Derecho interno, las cuales pueden reputarse determinantes, caso de apreciarse como tales, de la nulidad de los actos objeto de impugnación, lo que desvanece la transcendencia para la decisión del caso del resultado que eventualmente podría contener dicha cuestión prejudicial.

Dicho en otras palabras, aún cuando, desde el punto de vista meramente dialéctico, aceptáramos que la ley española y, más en particular, el art. 13.1.g) LIRNR, respeta escrupulosamente los principios y reglas contenidos tanto en la Directiva como, por elevación, de los Tratados que constituyen el Derecho primario comunitario y las libertades básicas en ellos proclamadas -lo cual, es de reiterar, únicamente admitimos como hipótesis de trabajo- existen razones jurídicas suficientes como para abordar el enjuiciamiento y fallo del presente recurso contencioso-administrativo desde la perspectiva, que se desenvuelve en el ámbito del Derecho nacional, de la conformidad a éste de la liquidación practicada en concepto de retenciones del IRNR, así como de los actos que en vía revisora lo confirman.

Obrar de otro modo implicaría por parte de esta Sala postergar innecesariamente la resolución del litigio -pese a la existencia de dudas interpretativas que transcienden el interés ventilado en el presente litigio, basadas en la acomodación de la norma nacional al Derecho Comunitario-, debido a la posibilidad de fallar el asunto sobre la base de la interpretación efectuada por la Administración de la propia norma con rango de ley en que supuestamente se basa la obligación liquidada. Ante la duda sobre la oportunidad de ese planteamiento y valorando las circunstancias expresadas, la Sala entiende que el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas (art. 24.2 CE) permite acometer el examen de fondo prescindiendo de la mencionada cuestión prejudicial.

En definitiva, la promoción de la cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de Luxemburgo queda sometida a un juicio de relevancia, nacido de la ponderación de la influencia que el Derecho comunitario en la resolución del litigio, y de ese juicio resulta que no ha quedado establecido con la exigible claridad que la discriminación eventualmente sufrida por la aquí recurrente, entidad residente en España, en relación con la retención e ingreso de las cantidades a cuenta de los dividendos abonados a su sociedad matriz DUTCH, residente en los Países Bajos, así como la que haya podido experimentar ésta última con ocasión del gravamen padecido sobre tales beneficios obtenidos y, en otros términos, la eventual infracción de la Directiva y del Derecho primario en que se sustenta ordinamentalmente, puesta de manifiesto como consecuencia de tales retención y gravamen, tengan su causa directa y eficiente en la falta de acomodo de la ley nacional a la Directiva que debía trasponer y no pueda, en consecuencia, resolverse de otro modo el litigio, aplicando preponderantemente normas de Derecho nacional que hagan al caso debatido. En síntesis, el juicio de relevancia deviene negativo y procede examinar la pretensión ejercitada sin acudir al procedimiento prejudicial previo.”

Es evidente que desde el punto de vista de la economía procesal resulta de lo más sugerente la posibilidad –no contemplada en nuestro Ordenamiento Jurídico- de que existiendo una cuestión prejudicial en trámite ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (o un recurso por incumplimiento); o una cuestión de inconstitucionalidad pendiente ante el Tribunal Constitucional (o, por qué no, un recurso de inconstitucionalidad) el Juez que conoce de un litigio en el que se susciten las mismas cuestiones pueda suspender el procedimiento hasta que el Tribunal de Justicia de la UE o el Tribunal Constitucional se pronuncien.

En principio, la decisión es del Juez que conoce el asunto, sin perjuicio de que pueda actuar por petición de las partes del litigio.

 

El juez o alguna de las partes puede tener “iguales dudas” a las que se han planteado en la cuestión prejudicial pendiente de resolución, por lo que la suspensión sería, en principio, una posibilidad idónea por economía procesal.

Puede que una de las partes, estando de acuerdo con el tenor de la cuestión prejudicial ya planteada por otro tribunal esté de acuerdo completamente con ella y solicite al juez o tribunal que conoce de su asunto que acuerde la suspensión.

Pero puede que el mismo Juez o alguna de las partes considere que la cuestión prejudicial o de inconstitucionalidad no sea pertinente o que adolezca de defectos o carencias en su planteamiento (argumentativos, en el planteamiento de la propia pregunta prejudicial, etcétera) y considere que debe plantearse una nueva cuestión independiente de la que se esté tramitando (o, simplemente, que siendo impertinente la planteada no deba suspenderse el procedimiento).

Por ello, es de interés el debate planteado y considero que, con independencia de que se estime que es posible la suspensión sin que las leyes procesales así lo prevean, es ABSOLUTAMENTE NECESARIO que la decisión (de oficio o a instancia de parte) se adopte oyendo previamente a las partes para que puedan alegar lo que deseen sobre la pertinencia de plantear la cuestión, o sobre el fondo de ésta y el juzgador realice el juicio de relevancia exigible.

[1] Diario Oficial de la Unión Europea. C 338. 6.11.2012. “El siguiente texto se enmarca en el contexto de la adopción, el 25 de septiembre de 2012, en Luxemburgo, del nuevo Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia (DO L 265 de 29.9.2012, p. 1). El texto, que reemplaza a la nota informativa sobre el planteamiento de cuestiones prejudiciales por los órganos jurisdiccionales nacionales (DO C 160 de 28.5.2011, p. 1), tiene por objeto recoger las innovaciones introducidas por el referido Reglamento que puedan incidir tanto en el propio principio de la remisión prejudicial al Tribunal de Justicia como en las modalidades de tales remisiones”.

 

[2] IBÁÑEZ GARCÍA: “El juicio de relevancia previo al planteamiento de una cuestión prejudicial”. Noticias de la Unión Europea, nº 85, febrero de 1992. “Sobre la decisión de plantear una cuestión prejudicial”. Gaceta Jurídica de la CE y de la Competencia, Boletín 125, julio/agosto 1997. “Tres notas de actualidad sobre la cuestión prejudicial comunitaria”. Diario La Ley, nº 7591, 17 de marzo de 2011.

 

[3] En contra, RUIZ-JARABO COLOMER: “El Juez nacional como Juez comunitario”. Civitas, 1993.

 

International Conference ‘State aids, taxation and the energy sector: looking for a better coordination and efficiency’

Los días 13 y 14 de junio se celebrará en la Universidad CEU-San Pablo el Congreso internacional ‘State aids, taxation and the energy sector: looking for a better coordination and efficiency’. Esta importante actividad forma parte del Proyecto Jean Monnet ETSA-CE ‘Energy Taxation and State Aid Control: looking for a better coordination and efficiency’. Impulsado desde el Instituto Universitario de Estudios Europeos de la USP-CEU y financiado por la Dirección General de Educación y Cultura de la Comisión Europea, este proyecto se centra en la relación entre fiscalidad de la energía, protección medioambiental y ayudas de Estado.

El proyecto ha sido coordinado por la Prof. Dra. Marta Villar Ezcurra y pretende contribuir a los objetivos prioritarios de la Unión Europea dando un nuevo enfoque a la fiscalidad medioambiental.

Os animo a participar en este relevante evento y agradezco a la Profesora Marta Villar el que me haya facilitado la información.

Pedro Herrera

Víctor M. Sánchez  Blázquez: “¿Auténtica jurisprudencia del Tribunal Supremo?: un ejemplo en la Reserva para Inversiones en Canarias” (Artículo Científico)

Aprovechando la alegría y el impulso de la Pascua, en el post de hoy publicamos un relevante artículo del profesor Víctor M. Sánchez Blázquez (Titular de Derecho Financiero en la Universidad de Las Palmas) titulado “¿Auténtica jurisprudencia del Tribunal Supremo?: un ejemplo en la Reserva para Inversiones en Canarias”.

Muchas gracias, querido Víctor, por tu valiosa contribución.

Isaac Ibáñez García:  “¿Regeneración democrática? Algunas propuestas” (Artículo Científico)

Tras una larga ausencia, retomamos el blog con un valioso artículo científico de don Isaac Ibáñez García sobre “¿Regeneración democrática? Algunas propuestas”.

Muchas gracias, querido Isaac por tu relevante colaboración y mil disculpas por el retraso en su publicación.

Álvaro del Blanco García, “La carga de la prueba en el Catastro Inmobiliario: la STS de 5 de octubre de 2015” (Artículo Científico)

El post de hoy nos ofrece un interesante artículo científico de Álvaro del Blanco García, sobre “La carga de la prueba en el Catastro Inmobiliario: la STS de 5 de octubre de 2015”.

Muchas gracias, querido Álvaro, por esta valiosa y generosa aportación.

Pedro Herrera