En el post de hoy publicamos un interesante artículo de Isaac Ibáñez García, Abogado, con reflexiones y propuestas sobre “El carácter preceptivo de los recursos administrativos previos a la vía jurisdiccional: una cuestión abierta”.
Muchas gracias, querido Isaac, por esta valiosa aportación.
Pedro Herrera
En el post de hoy presentamos un artículo de Alvaro del Blanco. Agradecemos su generosa colaboración titulada “El IBI y las ayudas de Estado: a la espera de la sentencia del Tribunal Supremo“.
Muchas gracias,
Pedro Herrera
Presentamos en el post de hoy una valiosa contribución de Isaac Ibáñez García. Agradecemos su generosidad al compartir con nosotros su aportación titulada: “La suspensión de otros procesos basada en la prejudicialidad comunitaria o constitucional”.
En la página web del Consejo General del Poder Judicial aparece publicado el siguiente comunicado de 14 de abril de 2016:
El TJUE ha fijado para el próximo 26 de abril la vista de una cuestión prejudicial sobre este asunto planteada por un Juzgado de Granada.
Autor: Comunicación Poder Judicial.
La Sala Primera del Tribunal Supremo ha suspendido la tramitación del recurso de una entidad bancaria en materia de cláusula suelo de una hipoteca hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronuncie sobre los efectos de la declaración de nulidad de dichas cláusulas, en concreto sobre el alcance de la retroactividad de dicha nulidad.
El recurso suspendido fue interpuesto por Unicaja contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Jaén, de 10 de julio de 2014, que dio la razón a dos clientes anulando su cláusula suelo con la citada entidad, y condenando a ésta a devolver lo indebidamente cobrado sin tener como tope la fecha de mayo de 2013, señalada por el Tribunal Supremo en su sentencia sobre este asunto.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene fijada para el próximo 26 de abril la vista de una cuestión prejudicial planteada por un Juzgado de lo Mercantil de Granada para conocer si se ajusta a la normativa comunitaria moderar los efectos retroactivos de la nulidad de una cláusula suelo.
Los dos clientes de Unicaja a los que dio la razón la Audiencia de Jaén pidieron al Supremo que suspendiese el recurso de la entidad bancaria -cuya deliberación se fijó inicialmente para el próximo 4 de mayo- hasta que se pronuncie sobre la retroactividad el Tribunal de Justicia de la UE. Tanto el banco como la Fiscalía se opusieron a dicha petición.
Sin embargo, el alto tribunal accede a la suspensión porque la cuestión jurídica planteada en el recurso interpuesto por Unicaja Banco S.A. está directamente relacionada con la cuestión prejudicial que debe resolver el alto tribunal europeo, “pues en el recurso se solicita la aplicación de la doctrina de esta Sala sobre efectos de la declaración de nulidad de la cláusula suelo, interpretación que está siendo cuestionada a la luz de la normativa comunitaria ante el TJUE”.
Además, el Supremo recuerda que contra la sentencia que debe dictar no cabe interponer recurso alguno en vía judicial, y subraya la cercanía de la fecha señalada para la vista ante el tribunal europeo y, consiguientemente, de la sentencia que haya de dictarse, por lo que la suspensión temporal del proceso no se prevé extensa, y no se causa un perjuicio relevante a las partes”.
La decisión de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo se adopta con algunas cautelas, como la relativa a la cercanía de la fecha señalada para la vista ante el tribunal europeo (“por lo que la suspensión temporal del proceso no se prevé extensa, y no causa un perjuicio relevante a las partes”).
Hace escasos meses, el Magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, Don DIEGO CÓRDOBA CASTROVERDE, suscitó un oportuno debate sobre “La suspensión de otros procesos basada en la prejudicialidad comunitaria”. Foro que se publicó en la “Revista de Jurisprudencia”, número 2, del 31 de enero de 2015 y también en http://www.elderecho.com/foro_legal/administrativo/suspension-procesos-basada-prejudicialidad-comunitaria_12_779685001.html
De las distintas e interesantes aportaciones vertidas en dicho foro se pone de manifiesto, sobre la cuestión debatida, que no existe (entre las distintas Salas del Tribunal Supremo y otros pronunciamientos judiciales) unanimidad sobre la posibilidad o no de suspensión de procesos jurisdiccionales basados en la existencia previa de una cuestión prejudicial planteada ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. No es, por tanto, una cuestión pacífica, aunque sí elevante.
En mi opinión, el mismo debate debe extenderse a la cuestión de si es posible suspender procesos similares cuando se ha planteado previamente en otro asunto una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Recordemos que actualmente se están planteando por órganos jurisdiccionales españoles cuestiones de inconstitucionalidad sobre el Impuesto municipal sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana (Así, Auto de 5 de febrero de 2015 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Donostia-San Sebastián y Auto de 22 de diciembre de 2015 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Vitoria-Gasteiz)
El artículo 35 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional es del siguiente tenor:
“1. Cuando un Juez o Tribunal, de oficio o a instancia de parte, considere que una norma con rango de Ley aplicable al caso y de cuya validez dependa el fallo pueda ser contraria a la Constitución, planteará la cuestión al Tribunal Constitucional con sujeción a lo dispuesto en esta Ley.
Sin embargo, en el ámbito de la cuestión prejudicial comunitaria no está tan contundentemente definida la necesidad (a nuestro juicio de lo más pertinente) de oír a las partes antes de plantear o no la cuestión prejudicial.
Así, las “RECOMENDACIONES (del Tribunal de Justicia de la Unión Europea) a los órganos jurisdiccionales nacionales, relativas al planteamiento de cuestiones prejudiciales (2012/C 338/01)”[1], dicen lo siguiente:
“9. En virtud del artículo 267 TFUE, cualquier órgano jurisdiccional de un Estado miembro, cuando tenga que pronunciarse en un procedimiento a cuyo término se dicte una resolución de naturaleza jurisdiccional, puede, en principio, remitir al Tribunal de Justicia una petición de decisión prejudicial. El Tribunal de Justicia ha interpretado la condición de órgano jurisdiccional como un concepto autónomo del Derecho de la Unión, teniendo en cuenta, a este respecto, un conjunto de factores, como son el origen legal del órgano que le remite la petición, su permanencia, el carácter obligatorio de su jurisdicción, el carácter contradictorio del procedimiento, la aplicación por parte de dicho órgano de normas jurídicas, y su independencia.
…/…
El momento adecuado para plantear una cuestión prejudicial.
Desde el punto de vista del Derecho nacional (español) y sobre el juicio de relevancia en la cuestión prejudicial comunitaria ya me manifesté hace tiempo[2], defendiendo que las partes intervinientes en un proceso ante los tribunales nacionales gozan del derecho procesal a solicitar al órgano jurisdiccional nacional el planteamiento de la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea; y que este derecho no tiene valor de simple sugerencia sin efectos jurídicos[3], sino que tiene el valor de pretensión procesal con el consiguiente efecto de la obligación de motivación del sentido de la decisión judicial al respecto, esto es, la obligación del juez nacional de efectuar un juicio de relevancia dirigido a motivar si el planteamiento de la cuestión es o no pertinente. Señalé que el objeto del juicio de relevancia es fundamentar si la cuestión prejudicial solicitada es o no pertinente o necesaria para la solución del litigio.
En el recurso contencioso-administrativo nº 331/2007 ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, el reclamante señaló la necesidad de plantear cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, dada la relevancia de la normativa comunitaria en la materia. La Sentencia de 25 de noviembre de 2010 que resuelve dicho recurso dedica el fundamento jurídico cuarto a la petición del demandante:
“Como quiera que esta Sala ha abierto, en el curso de este litigio, un específico trámite de audiencia a las partes y al Ministerio Fiscal en relación con la necesidad o pertinencia de plantear al Tribunal de Justicia de la Unión Europea cuestión prejudicial, en los términos contenidos en la providencia que más arriba se ha transcrito, resulta preceptivo, por razones de congruencia y de respeto a la buena práctica procesal, convergentes ambas en la exigibilidad del deber de motivación, que expliquemos suficientemente las razones por virtud de las cuales hemos decidido, finalmente, resolver por sentencia el recurso contencioso-administrativo, prescindiendo del previo reenvío aludido y, obviamente, de la eventual respuesta que el mencionado Tribunal hubiera podido efectuar a nuestros interrogantes.
No es preciso recordar, por tratarse prácticamente de un lugar común en la comprensión de esta institución comunitaria, sustancial para la construcción jurisprudencial del Derecho Comunitario, que los órganos judiciales nacionales cuyas sentencias no son definitivas, como es nuestro caso en este particular asunto -para cuya constatación basta apercibirse de la cuantía del asunto y, por ende, de la recurribilidad en casación que, en principio, tendría la sentencia final de este litigio- tienen la potestad, pero no la obligación, del planteamiento de dicha cuestión prejudicial, al contrario de lo que sucede con el órgano jurisdiccional que, en cada Estado miembro, agotase las instancias judiciales, en cuyo caso esa facultad se torna deber, siempre que concurran los requisitos procesales exigibles para la viabilidad formal de la cuestión prejudicial artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, correlativo con el antiguo artículo 234 TCE, a cuyo tenor:
“El Tribunal de Justicia de la Unión Europea será competente para pronunciarse, con carácter prejudicial:
Cuando se plantee una cuestión de esta naturaleza ante un órgano jurisdiccional de uno de los Estados miembros, dicho órgano podrá pedir al Tribunal que se pronuncie sobre la misma, si estima necesaria una decisión al respecto para poder emitir su fallo.
Cuando se plantee una cuestión de este tipo en un asunto pendiente ante un órgano jurisdiccional nacional, cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno, dicho órgano estará obligado a someter la cuestión al Tribunal…”.
Sin embargo, esa explicación, que en parte podría ser admisible -en el sentido de que con nuestra abstención se relegaría a la apreciación del Tribunal Supremo, en el curso de una hipotética impugnación casacional, la decisión última acerca de la procedencia del planteamiento de la cuestión prejudicial, no es completamente satisfactoria para explicar la decisión tomada por esta Sala si se tiene en cuenta, de un lado, que la parte recurrente ha postulado positivamente, a lo largo de todos sus escritos procesales, la conveniencia de adoptar dicha iniciativa prejudicial; y, de otro, que la propia Sala ha abierto por iniciativa propia el preceptivo trámite previo de audiencia que la hace posible, encaminado en principio a conocer la opinión de las partes y del Ministerio Fiscal acerca de la conveniencia de promover la cuestión prejudicial devolutiva al TJUE.
A tal respecto, debe considerarse que para acudir al reenvío prejudicial europeo no basta con que el tribunal nacional que conozca de un asunto albergue dudas interpretativas sobre nociones de Derecho comunitario directamente relacionadas con los litigios sometidos a su conocimiento, las cuales pueden, por lo demás, versar tanto sobre el sentido y finalidad de las normas comunitarias, en los diferentes rangos de su jerarquía, como también respecto a la adecuación y conformidad del ordenamiento interno con dichas normas.
Decimos que no es suficiente con que existan tales dudas en la exégesis de los preceptos de Derecho Comunitario europeo (en el presente asunto, centradas en el alcance y límites estructurales tanto del art. 1.2 -configuradora de una cláusula antiabuso- como del art. 5 de la Directiva-) sino es preciso que también concurra el denominado juicio de relevancia, esto es, la consideración por parte del Tribunal competente, en el seno de un proceso judicial en curso, de que la decisión jurisdiccional que le corresponda adoptar en el ejercicio de la potestad que tiene constitucionalmente encomendada depende de modo directo e inmediato de la resolución por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea acerca de esa prejudicialidad comunitaria (vid. al respecto, el art. 4.1 de la LJCA.
Sin embargo, aún cuando la ley directamente aplicable al caso, la LIRNR, es el resultado, al menos en parte de su contenido, de la adaptación e integración en nuestro ordenamiento interno de la Directiva matriz-filial a que se ha hecho continua referencia, la Sala considera que en la aplicación, por parte de la Administración, de la citada ley, puede advertirse en principio la existencia de infracciones jurídicas autónomas que suponen contravenciones de la propia ley y de otras normas de nuestro Derecho interno, las cuales pueden reputarse determinantes, caso de apreciarse como tales, de la nulidad de los actos objeto de impugnación, lo que desvanece la transcendencia para la decisión del caso del resultado que eventualmente podría contener dicha cuestión prejudicial.
Dicho en otras palabras, aún cuando, desde el punto de vista meramente dialéctico, aceptáramos que la ley española y, más en particular, el art. 13.1.g) LIRNR, respeta escrupulosamente los principios y reglas contenidos tanto en la Directiva como, por elevación, de los Tratados que constituyen el Derecho primario comunitario y las libertades básicas en ellos proclamadas -lo cual, es de reiterar, únicamente admitimos como hipótesis de trabajo- existen razones jurídicas suficientes como para abordar el enjuiciamiento y fallo del presente recurso contencioso-administrativo desde la perspectiva, que se desenvuelve en el ámbito del Derecho nacional, de la conformidad a éste de la liquidación practicada en concepto de retenciones del IRNR, así como de los actos que en vía revisora lo confirman.
Obrar de otro modo implicaría por parte de esta Sala postergar innecesariamente la resolución del litigio -pese a la existencia de dudas interpretativas que transcienden el interés ventilado en el presente litigio, basadas en la acomodación de la norma nacional al Derecho Comunitario-, debido a la posibilidad de fallar el asunto sobre la base de la interpretación efectuada por la Administración de la propia norma con rango de ley en que supuestamente se basa la obligación liquidada. Ante la duda sobre la oportunidad de ese planteamiento y valorando las circunstancias expresadas, la Sala entiende que el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas (art. 24.2 CE) permite acometer el examen de fondo prescindiendo de la mencionada cuestión prejudicial.
En definitiva, la promoción de la cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de Luxemburgo queda sometida a un juicio de relevancia, nacido de la ponderación de la influencia que el Derecho comunitario en la resolución del litigio, y de ese juicio resulta que no ha quedado establecido con la exigible claridad que la discriminación eventualmente sufrida por la aquí recurrente, entidad residente en España, en relación con la retención e ingreso de las cantidades a cuenta de los dividendos abonados a su sociedad matriz DUTCH, residente en los Países Bajos, así como la que haya podido experimentar ésta última con ocasión del gravamen padecido sobre tales beneficios obtenidos y, en otros términos, la eventual infracción de la Directiva y del Derecho primario en que se sustenta ordinamentalmente, puesta de manifiesto como consecuencia de tales retención y gravamen, tengan su causa directa y eficiente en la falta de acomodo de la ley nacional a la Directiva que debía trasponer y no pueda, en consecuencia, resolverse de otro modo el litigio, aplicando preponderantemente normas de Derecho nacional que hagan al caso debatido. En síntesis, el juicio de relevancia deviene negativo y procede examinar la pretensión ejercitada sin acudir al procedimiento prejudicial previo.”
Es evidente que desde el punto de vista de la economía procesal resulta de lo más sugerente la posibilidad –no contemplada en nuestro Ordenamiento Jurídico- de que existiendo una cuestión prejudicial en trámite ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (o un recurso por incumplimiento); o una cuestión de inconstitucionalidad pendiente ante el Tribunal Constitucional (o, por qué no, un recurso de inconstitucionalidad) el Juez que conoce de un litigio en el que se susciten las mismas cuestiones pueda suspender el procedimiento hasta que el Tribunal de Justicia de la UE o el Tribunal Constitucional se pronuncien.
En principio, la decisión es del Juez que conoce el asunto, sin perjuicio de que pueda actuar por petición de las partes del litigio.
El juez o alguna de las partes puede tener “iguales dudas” a las que se han planteado en la cuestión prejudicial pendiente de resolución, por lo que la suspensión sería, en principio, una posibilidad idónea por economía procesal.
Puede que una de las partes, estando de acuerdo con el tenor de la cuestión prejudicial ya planteada por otro tribunal esté de acuerdo completamente con ella y solicite al juez o tribunal que conoce de su asunto que acuerde la suspensión.
Pero puede que el mismo Juez o alguna de las partes considere que la cuestión prejudicial o de inconstitucionalidad no sea pertinente o que adolezca de defectos o carencias en su planteamiento (argumentativos, en el planteamiento de la propia pregunta prejudicial, etcétera) y considere que debe plantearse una nueva cuestión independiente de la que se esté tramitando (o, simplemente, que siendo impertinente la planteada no deba suspenderse el procedimiento).
Por ello, es de interés el debate planteado y considero que, con independencia de que se estime que es posible la suspensión sin que las leyes procesales así lo prevean, es ABSOLUTAMENTE NECESARIO que la decisión (de oficio o a instancia de parte) se adopte oyendo previamente a las partes para que puedan alegar lo que deseen sobre la pertinencia de plantear la cuestión, o sobre el fondo de ésta y el juzgador realice el juicio de relevancia exigible.
[1] Diario Oficial de la Unión Europea. C 338. 6.11.2012. “El siguiente texto se enmarca en el contexto de la adopción, el 25 de septiembre de 2012, en Luxemburgo, del nuevo Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia (DO L 265 de 29.9.2012, p. 1). El texto, que reemplaza a la nota informativa sobre el planteamiento de cuestiones prejudiciales por los órganos jurisdiccionales nacionales (DO C 160 de 28.5.2011, p. 1), tiene por objeto recoger las innovaciones introducidas por el referido Reglamento que puedan incidir tanto en el propio principio de la remisión prejudicial al Tribunal de Justicia como en las modalidades de tales remisiones”.
[2] IBÁÑEZ GARCÍA: “El juicio de relevancia previo al planteamiento de una cuestión prejudicial”. Noticias de la Unión Europea, nº 85, febrero de 1992. “Sobre la decisión de plantear una cuestión prejudicial”. Gaceta Jurídica de la CE y de la Competencia, Boletín 125, julio/agosto 1997. “Tres notas de actualidad sobre la cuestión prejudicial comunitaria”. Diario La Ley, nº 7591, 17 de marzo de 2011.
[3] En contra, RUIZ-JARABO COLOMER: “El Juez nacional como Juez comunitario”. Civitas, 1993.
Los días 13 y 14 de junio se celebrará en la Universidad CEU-San Pablo el Congreso internacional ‘State aids, taxation and the energy sector: looking for a better coordination and efficiency’. Esta importante actividad forma parte del Proyecto Jean Monnet ETSA-CE ‘Energy Taxation and State Aid Control: looking for a better coordination and efficiency’. Impulsado desde el Instituto Universitario de Estudios Europeos de la USP-CEU y financiado por la Dirección General de Educación y Cultura de la Comisión Europea, este proyecto se centra en la relación entre fiscalidad de la energía, protección medioambiental y ayudas de Estado.
El proyecto ha sido coordinado por la Prof. Dra. Marta Villar Ezcurra y pretende contribuir a los objetivos prioritarios de la Unión Europea dando un nuevo enfoque a la fiscalidad medioambiental.
Os animo a participar en este relevante evento y agradezco a la Profesora Marta Villar el que me haya facilitado la información.
Pedro Herrera
Aprovechando la alegría y el impulso de la Pascua, en el post de hoy publicamos un relevante artículo del profesor Víctor M. Sánchez Blázquez (Titular de Derecho Financiero en la Universidad de Las Palmas) titulado “¿Auténtica jurisprudencia del Tribunal Supremo?: un ejemplo en la Reserva para Inversiones en Canarias”.
Muchas gracias, querido Víctor, por tu valiosa contribución.
Tras una larga ausencia, retomamos el blog con un valioso artículo científico de don Isaac Ibáñez García sobre “¿Regeneración democrática? Algunas propuestas”.
Muchas gracias, querido Isaac por tu relevante colaboración y mil disculpas por el retraso en su publicación.
El post de hoy nos ofrece un interesante artículo científico de Álvaro del Blanco García, sobre “La carga de la prueba en el Catastro Inmobiliario: la STS de 5 de octubre de 2015”.
Muchas gracias, querido Álvaro, por esta valiosa y generosa aportación.
Pedro Herrera
Presentamos en el post de hoy una valiosa contribución de Marina Serrat Romaní, Becaria FI de la Universidad de Barcelona
Desde el 6 de octubre de 2015, los Estados Unidos han dejado de ser considerados un puerto seguro (Safe Harbour) por la Unión Europea para la salvaguarda de los datos personales de los ciudadanos y usuarios de la “Red de redes” del viejo continente. Así de claro ha sido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea –en adelante TJUE- cuando en la sentencia del caso C-362/14 Maximillian Schrems vs Data Protection Commissioner ha invalidado la Decisión 2000/520, por la que la Comisión Europea declaró a los Estados Unidos un país cuya legislación y praxis se adecuaba a los principios de puerto seguro para la protección de la vida privada establecidos con arreglo a la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.
El ciudadano austríaco Maximilian Scrhrems, usuario de Facebook, tras escuchar las declaraciones de Edward Snowden, sobre las prácticas que ejercían los servicios de seguridad y demás autoridades públicas de los Estados Unidos con los datos que se encontraban en este territorio, presentó una reclamación ante el Comisario para la protección de datos solicitándole que prohibiera la transferencia de sus datos personales a los Estados Unidos. La razón de esta petición se basa en la propia estructura de Facebook. Los ciudadanos de la UE que abren una cuenta en la red social firman un contrato con Facebook Irlanda, filial de la compañía en Europa, la cual transfiere todo o parte de los datos personales de los usuarios inscritos a los servidores de la matriz, situada en Estados Unidos, para realizar el denominado data mining o tratamiento de los datos, cuyo fin no es otro que extraer conocimiento a partir de grandes volúmenes de datos.
Sin embargo, el Comisario europeo justificaba la plena protección de datos con base en la Decisión 2000/520 por la que la Comisión europea “constataba” o “certificaba” el nivel adecuado de protección del país americano. Así, pues, ante la negativa del Comisario a investigar los hechos, Schrems decidió acudir a los tribunales hasta llegar ante la High Court irlandesa. Ante las revelaciones del caso Snowden, sobre los “excesos” cometidos por las autoridades estadounidenses y la negativa de revisar el caso por parte del comisario, quien escudó su omisión tras la declaración de “puerto seguro” que conllevaba la Decisión 2000/520, la High Court suspendió el procedimiento y planteó cuestiones prejudiciales al TJUE, que pueden resumirse con la siguiente pregunta: ¿Debe una autoridad examinar la petición de un ciudadano de la Unión, cuando éste le pregunta sobre si un tercer Estado realmente cumple con los principios de puerto seguro para la protección de la vida privada, aunque exista una Decisión de la propia Comisión que “teóricamente” garantiza un nivel adecuado de protección?
En respuesta a las cuestiones prejudiciales, el TJUE argumenta que aun existiendo una Decisión adoptada en virtud del cumplimiento de los principios para la protección de datos de carácter personal y respeto a la vida privada y familiar, como es el caso de la Decisión 2000/520, esto no es impedimento para que “una autoridad de control de un Estado miembro […] examine la solicitud de una persona relativa a la protección de sus derechos y libertades frente al tratamiento de los datos personales que la conciernen que se hayan transferido desde un Estado miembro a ese tercer país, cuando esa persona alega que el Derecho y las prácticas en vigor en éste no garantizan un nivel de protección adecuado. ” (ap. 66).
A partir de esta afirmación, el Tribunal analiza la adecuación de dicha Decisión a los principios y derechos de la Directiva 95/46/CE y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En vista del análisis del articulado de la Decisión 2000/520, el TJUE alerta de que se está reconociendo “la primacía de las «exigencias de seguridad nacional, interés público y cumplimiento de la ley [de Estados Unidos]” (ap. 86), pero que, además, esta Decisión no contiene constatación alguna sobre la existencia de reglas internas en Estados Unidos “destinadas a limitar las posibles injerencias en los derechos fundamentales de las personas cuyos datos se transfieran desde la Unión a Estados Unidos, injerencias que estuvieran autorizadas a llevar a cabo entidades estatales de ese país cuando persigan fines legítimos, como la seguridad nacional.” (ap. 89).
Ante este hecho, el TJUE considera que “una normativa que permite a las autoridades públicas acceder de forma generalizada al contenido de las comunicaciones electrónicas lesiona el contenido esencial del derecho fundamental al respeto de la vida privada garantizado por el artículo 7 de la Carta. ” (ap. 94). Además, el Tribunal carga contra la Comisión Europea al sentenciar que ésta no manifestó en la Decisión 2000/520 que Estados Unidos garantizara efectivamente un nivel de protección adecuado en razón de su legislación interna o sus compromisos internacionales, incumpliendo, así, la Directiva 95/46/CE.
Para que las interceptaciones de comunicaciones electrónicas puedan ser consideradas conformes a Derecho, debe justificarse y aportarse prueba de que tales “intercepciones tienen un carácter selectivo, de que la vigilancia de determinadas personas o de determinados grupos de personas está objetivamente justificada en interés de la seguridad nacional o de la represión de la delincuencia y de que existen garantías adecuadas y comprobables” (ap. 33), de lo contrario, el “acceso masivo e indiferenciado a los datos personales es manifiestamente contrario al principio de proporcionalidad y a los valores fundamentales” (ap. 33). Como también es contrario a estos valores fundamentales una normativa que no prevé posibilidad alguna de acceder a los datos personales para obtener su rectificación o cancelación, ya que pueden vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva prevista en el art. 47 de la Carta (ver. Aps. 99 a 104).
A raíz de este fallo la pregunta que cabe plantearse es ¿qué ocurre con los intercambios de información tributaria con Estados Unidos? Todos los Estados miembro de la Unión han firmado acuerdos FATCA para el intercambio automático de información financiera y tributaria con Estados Unidos que empezarán a entrar en vigor en los próximos años, fechas en las cuales el modelo de Acuerdo multilateral para el intercambio automático de información financiera elaborado por la OCDE también empezará a aplicarse para las jurisdicciones firmantes. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha reconocido tácitamente –se puede decir más alto, pero no más claro, jurídicamente hablando– que el país norteamericano es un tercer Estado que no respeta los niveles de protección de datos y de privacidad exigidos en la Unión Europea. Con todo, los acuerdos y convenios de intercambio de información financiera con Estados Unidos siguen vigentes, ya que, supuestamente, también cumplen las garantías necesarias de protección de datos y de la esfera íntima, como las cumplía la ya invalidada Decisión 2000/520.
Para terminar, cabe añadirse que existe un debate en torno a la inclusión de los datos de carácter económico dentro de la esfera íntima de la persona. Sin embargo, para el Derecho europeo, los datos económicos sí se integran en esta amplia noción de intimidad personal (art. 8.1 de la Carta). Consecuentemente, una breve reflexión: ¿se consideran los datos financieros como parte de estos derechos económicos integrantes de la esfera íntima? Si así es, y estos acuerdos internacionales –e incluso el propio TJUE en su pronunciamiento sobre el caso C-276/12 Sabou– niegan el acceso, rectificación o cancelación de los datos tributarios; y, además, si existe un acceso masivo e indiferenciado en el tratamiento de los datos por parte de organismos públicos de Estados Unidos –e incluso no cabe descartar a otros terceros Estados- la pregunta que cabe formularse es ¿realmente se está garantizando un respeto a los derechos de los contribuyentes?
Iniciamos el curso académico con un interesantísimo artículo de don Isaac Ibáñez García, Abogado sobre el Alcance de la inaplicación judicial del Derecho nacional contrario al Derecho de la Unión Europea. En él se analiza de modo crítico la reciente Sentencia del TJUE, de 8 de septiembre de 2015 (Asunto C-105/14: Ivo Taricco y otros).
Muchas gracias, Isaac, por esta valiosa y original contribución.
Pedro Herrera
El BOE del pasado sábado 15 de agosto publica la Ley catalana 14/2015, de 21 de julio, del impuesto sobre las viviendas vacías, y de modificación de normas tributarias. Sin duda se trata de una lectura interesante para la segunda quincena del mes de agosto.
Muchas gracias, una vez más, a Federico Garau (Conflictus Legum) por facilitarme la información.
Pedro Herrera
Un blog sobre derecho tributario, el Derecho y la Economía en general, la práctica profesional y algunas reflexiones más.
Tributos, gasto público y la crisis del Estado de Derecho
Tributos, gasto público y la crisis del Estado de Derecho
