Más sobre la delimitación de componentes: rendimientos derivados de cursos y publicaciones (Mejoras Técnicas del IRPF, VIII)

Analicemos, a continuación, otro ejemplo en el que podría realizarse una mejor delimitación entre los componentes de la renta: los rendimientos derivados de cursos y publicaciones. Agradezco al profesor don Isidoro Martín que me lo haya sugerido.

El art. 17.1 LIRPF presenta una definición de “rendimientos del trabajo” muy imprecisa: “se considerarán rendimientos íntegros del trabajo todas las contraprestaciones o utilidades, cualquiera que sea su denominación o naturaleza, dinerarias o en especie, que deriven, directa o indirectamente, del trabajo personal o de la relación laboral o estatutaria y no tengan el carácter de rendimientos de actividades económicas.

La definición contiene dos elementos: que los rendimientos deriven directa o indirectamente “del trabajo personal” y que “no tengan el carácter de rendimientos de actividades económicas” ¿A qué “trabajo personal” se refiere el precepto? ¿A todo? Parece que no, pues, en tal caso, debería tributar -en concepto de retribución en especie- la persona que trabaja atendiendo su propio hogar y cuidando a los hijos.

Si atendemos a los ejemplos que menciona la ley (“se incluirán, en particular…”) puede llegarse a la conclusión de que la ley se refiere al trabajo desarrollado mediante una relación dependiente (sueldos, salarios…)

El párrafo segundo del art. 17 hace perder valor a la definición, pues se refiere a determinadas prestaciones que “en todo caso” tributarán como rendimientos del trabajo. En buena medida, este precepto recoge supuestos que no responden a la definición general del párrafo primero: “prestaciones percibidas por los beneficiarios de planes de pensiones” (especialmente en el caso de que el propio contribuyente haya realizado las aportaciones está claro que los rendimientos no derivan del “trabajo personal”); prestaciones percibidas por los beneficiarios de contratos de seguros concertados con mutualidades de previsión social, cuyas aportaciones hayan podido ser, al menos en parte, gasto deducible para la determinación del rendimiento neto de actividades económicas…”; “prestaciones percibidas por los beneficiarios de los seguros de dependencia“; “pensiones compensatorias recibidas del cónyuge y las anualidades por alimentos“; “aportaciones realizadas al patrimonio protegido de las personas con discapacidad en los términos previstos en la disposición adicional decimoctava de esta Ley“.

En cambio, otros supuestos también mencionados en el art. 17.2 si responden a la definición del art. 17.1:

Esto sucede -salvo que se afirmase, con un criticable humor negro, que, en realidad, “no trabajan”- con “las cantidades que se abonen, por razón de su cargo, a los diputados españoles en el Parlamento Europeo, a los diputados y senadores de las Cortes Generales, a los miembros de las asambleas legislativas autonómicas, concejales de ayuntamiento y miembros de las diputaciones provinciales, cabildos insulares u otras entidades locales, con exclusión, en todo caso, de la parte de aquellas que dichas instituciones asignen para gastos de viaje y desplazamiento.

En realidad este precepto sería superfluo, salvo por el establecimiento de un beneficio fiscal: no tributan las cantidades que las mencionadas instituciones “asignen para gastos de viaje y desplazamiento”, sin que resulten aplicables las restricciones aplicables a las dietas no sujetas para la generalidad de los contribuyentes.

También se contempla algún supuesto dudoso o fronterizo, que la ley decide considerar “en todo caso” rendimiento del trabajo. Es el caso de “las retribuciones de los administradores y miembros de los Consejos de Administración, de las Juntas que hagan sus veces y demás miembros de otros órganos representativos“.

En el supuesto de los rendimientos derivados de cursos y publicaciones (si se nos permite tomar la parte por el todo) la ley utiliza una técnica más confusa:

El art. 17.2 LIRPF establece que “En todo caso, tendrán la consideración de rendimientos del trabajo (…)

c) Los rendimientos derivados de impartir cursos, conferencias, coloquios, seminarios y similares.

d) Los rendimientos derivados de la elaboración de obras literarias, artísticas o científicas, siempre que se ceda el derecho a su explotación.”

“No obstante, [añade el apartado tercero del citado artículo] cuando los rendimientos a que se refieren los párrafos c) y d) del apartado anterior (…) supongan la ordenación por cuenta propia de medios de producción y de recursos humanos o de uno de ambos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios, se calificarán como rendimientos de actividades económicas.

En otras palabras: el art. 17.1 LIRPF afirma que son rendimientos del trabajo los que derivan del trabajo personal (término que no define), salvo que constituyan rendimientos de actividades económicas.

Por su parte, el párrafo segundo del citado precepto, afirma que los rendimientos derivados de cursos y de la elaboración de obras literarias, artísticas o científicas, constituirán “en todo caso”, rendimientos del trabajo.

Y el párrafo tercero puntualiza que no sucederá así cuando “supongan la ordenación por cuenta propia de medios de producción y de recursos humanos o de uno de ambos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios”, en cuyo caso “se calificarán como rendimientos de actividades económicas”.

Ahora bien, el criterio de delimitación del párrafo tercero no hace sino reproducir, casi literalmente, la definición de rendimientos de actividades económicas prevista en el art. 27.1 LIRPF: “Se considerarán rendimientos íntegros de actividades económicas aquellos que, procediendo del trabajo personal y del capital conjuntamente, o de uno solo de estos factores, supongan por parte del contribuyente la ordenación por cuenta propia de medios de producción y de recursos humanos o de uno de ambos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios). La única diferencia es de “estilo”: el art. 17.3 se refiere a la ordenación de “medios de producción y de recursos humanos o de uno de ambos”, mientras que el art. 27.1 menciona la ordenación “del trabajo personal y del capital conjuntamente o de uno solo de estos factores”. Parece evidente que las expresiones “capital” y “medios de producción” son idénticas.

Así pues, la mención de las conferencias y publicaciones en el art. 17.2 matizada por el art. 17.3 no añade nada al art. 17.1 ni establece ningún criterio de delimitación adicional a la propia definición de rendimientos de actividades económicas.

Podría pensarse que la mención expresa de las conferencias y publicaciones en el art. 17.2 quiere establecer una preferencia de la tributación como rendimientos del trabajo de las conferencias y publicaciones frente a la posible tributación como rendimientos de actividades económicas. Este parece ser el criterio de la Dirección General de Tributos (vid. infra). Ahora bien, esta idea debe rechazarse: siempre que las retribuciones derivadas de conferencias y publicaciones respondan al concepto de rendimiento de actividades económicas (organización de medios para intervenir en la producción de bienes y servicios) estaremos ante rendimientos de actividades económicas, sin que la ley exija algún requisito adicional.

En definitiva, estamos ante un ejemplo de mala delimitación. El problema práctico estará en determinar cuando estamos ante tal organización de medios.

Esta se da claramente cuando el conferenciante imparte sus clases en un “establecimiento propio” o cuando el autor edite su propia obra. En estos casos estaremos ante “actividades empresariales”, según dispone el art. 95.2.b) RIRPF.

“En particular, tendrán la consideración de rendimientos profesionales los obtenidos por:

1.º Los autores o traductores de obras, provenientes de la propiedad intelectual o industrial. Cuando los autores o traductores editen directamente sus obras, sus rendimientos se comprenderán entre los correspondientes a las actividades empresariales.

3.º Los profesores, cualquiera que sea la naturaleza de las enseñanzas, que ejerzan la actividad, bien en su domicilio, casas particulares o en academia o establecimiento abierto. La enseñanza en academias o establecimientos propios tendrá la consideración de actividad empresarial.”

Ahora bien, de este mismo artículo se deduce que no es necesario “editar” la propia obra ni disponer de un “establecimiento propio” para que estemos ante rendimientos de actividades económicas. Cuando no concurran dichos requisitos no estaremos ante actividades empresariales, pero sí podrá tratarse de actividades profesionales.

Tampoco cabe afirmar que sea necesario disponer de una persona contratada (por ejemplo, una secretaria) para que estemos ante rendimientos de actividades económicas. Este requisito se exige solo en el caso del alquiler de bienes inmuebles y no cabe extenderlo a otros supuestos. Además del argumento basado en el tenor literal de la ley, parece claro que no existe identidad de razón entre la actividad de alquilar inmuebles (que supone una tarea de pura gestión) y el trabajo creativo propio de un autor.

Es evidente que no puede exigirse la existencia de un local para que estemos ante rendimientos profesionales. La falta de necesidad del local se afirma expresamente en el caso de “los profesores” y deriva de la naturaleza de las cosas en el caso de un autor: si el autor que edita su propia obra realiza actividades empresariales aunque no disponga de un local, mucho menos lo necesitará al autor que desempeñe actividades profesionales.

Por otra parte, ninguna norma exige que la actividad de impartir conferencias o realizar publicaciones tenga un carácter “principal”. En la práctica es muy probable que el conferenciante o escritor deba recurrir a otra actividad (relacionada o no con la de autor o artista) para poder vivir.

En muchos casos la elaboración de obras literarias artísticas y científicas apenas requiere la utilización de activos fijos, pues el factor de producción que se utiliza el el propio talento, estudio y dedicación (y mucho más en la era digital). Recordemos que el concepto de actividades económicas no requiere la combinación de trabajo y capital, sino que basta con “uno de estos factores”. Tampoco se exige por precepto alguno la contratación de un empleado para que estemos ante una actividad profesional.

Es más, alguna consulta de la Dirección General de Tributos, dictada a finales del pasado siglo, parecía admitir esta postura basándose en una normativa ya derogada, pero idéntica, en esta materia, a la actual (Ley 40/1998 y RD 214/1999]: “Conforme con lo expuesto, y salvo aquellos supuestos en los que la obra (literaria, artística o científica) haya sido creada en virtud de una relación laboral -circunstancia que no parece concurrir en el presente caso-, la calificación de los rendimientos correspondientes a la explotación de la obra viene dada por el artículo 51.Dos.2,a) del Reglamento del IRPF que considera rendimientos profesionales los obtenidos por: “los autores o traductores de obras, provenientes de la propiedad intelectual o industrial. Cuando los autores o traductores editen directamente su obras, sus rendimientos se comprenderán entre los correspondientes a las actividades empresariales” (Resolución núm. 0620-99, de 26 de abril de 1999 de la SG de Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas; puede encontrarse en la base de datos de la DGT)

Dado que el porcentaje de retención previsto para conferenciantes y escritores es el mismo (15 por 100) con independencia de la calificación de los rendimientos (trabajo, art. 80.1.4º RIRPF o actividades profesionales, art. 95.1 y 2 RIRPF), la principal trascendencia de la distinción estará en la posibilidad de deducir gastos que corresponde a las actividades económicas.

De modo que la distinción resulta relevante, la ley regula criterios de delimitación completamente inútiles y la Administración considera que estamos ante rendimientos del trabajo si el contribuyente no prueba que ya venía desarrollándose con anterioridad el ejercicio de la correspondiente profesión (cfr. la Resolución núm. V1527-18, de 5 de junio de de 2018 de la SG de Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas, que puede encontrarse en la base de datos de la DGT).) o bien si no demuestra que estamos ante una actividad accesoria de otra profesión que constituye la actividad principal (por ejemplo, los artículos jurídicos publicados por un abogado titular de su propio despacho sí tendrían la consideración de rendimientos profesionales según la Resolución núm. V2172-08, de 19 de noviembre de 2008 de la SG de Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas, que puede encontrarse en la base de datos de la DGT).

En conclusión: debería mejorarse la definición de los rendimientos del trabajo y los criterios de delimitación con los rendimientos de actividades económicas previstos en la ley. La redacción actual resulta tan confusa como inútil y da lugar a resoluciones voluntaristas de la Dirección General de Tributos.

La técnica en la delimitación de los componentes que integran la renta (Mejoras Técnicas del IRPF, VII)

Comienzo estas líneas con una idea que me ha aportado el profesor don José Manuel Tejerizo sobre los “posts” anteriores de la serie: “exagerando un poco (o un mucho) no hay más que dos alternativas: o se vuelve al IRPF sintético y global del año 1978, lo que posiblemente es inviable hoy día; o se reconoce que el IRPF ha desaparecido como tal, y que solo es un nombre que sirve para concentrar formalmente en un solo texto legal (como en el ITP) un conjunto de impuestos distintos que funcionan de manera independiente (o casi)”. Esta consideración, con otras palabras, se encuentra presente en un relevante artículo del citado autor: “La reforma del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de 2014. Principales Novedades y Análisis Crítico en Carta Tributaria, Revista de Opinión, núm. 8, 2015, págs. 39 a 56). Continue reading “La técnica en la delimitación de los componentes que integran la renta (Mejoras Técnicas del IRPF, VII)”

La urgente reforma de los mínimos vitales (Mejoras Técnicas del IRPF, V)

Los mínimos vitales (“mínimos personales y familiares”) requieren una reforma urgente y profunda por un doble motivo: su injusticia material y su perversa técnica normativa.

Desde el punto de vista material, los “mínimos” constituyen las cantidades indispensables para que el contribuyente subsista y mantenga a su familia con un mínimo de dignidad. Por este motivo deberían constituir renta exenta (podrían regularse como una exención transversal a los diversos rendimientos) o bien cabrían instrumentarlos como reducciones de la base imponible.

Un aparente argumento en contra es el siguiente: los beneficios fiscales deben establecerse en la cuota y no en la base. De lo contrario, dado que la tarifa es progresiva, beneficiarán más a quien obtenga mayor renta (a los “ricos”) puesto que supondrán un ahorro fiscal equivalente al tipo marginal al que se tribute.

Tal razonamiento cae por su propio peso, puesto que los “mínimos vitales” no constituyen un “beneficio fiscal” sino una exigencia de justicia. La reducción de tales mínimos de la base imponible resulta tan justificada como lo es la deducción de los gastos deducibles de los ingresos íntegros. Es evidente que los gastos necesarios para obtener los ingresos deben deducirse de la base, pues disminuyen la capacidad económica. Desde un punto de vista puramente “numérico”, un gasto deducible parece más ventajoso para quien tributa a un mayor tipo de gravamen, pero no por ello debe transformarse en deducciones de la cuota. Primero debe determinarse la capacidad económica, restandose de los ingresos íntegros los mínimos vitales y los gastos deducibles. Una vez obtenida la renta neta podrá aplicarse la escala de gravamen con el grado de progresividad que haya determinado el legislador.

Por este motivo, dede un punto de vista material, es completamente injusto que los mínimos no se apliquen en la base. También resulta injusta su escasa cuantía y el hecho de que no se establezca ningún mecanismo automático de actualización atendiendo a la inflación.

Pasemos ahora a analizar la perversa técnica normativa de los mínimos vitales previstos en la Ley del Impuesto sobre la Renta. El Diccionario de la Lengua define “perverso” como aquelo que “causa daño intencionadamente”. Esto es lo que sucede con la regulación de los mínimos. De modo intencionado se ha querido establecer unos mínimos equivalentes a deducciones de la cuota bajo una apariencia de cantidades expresadas en términos de base imponible. No se trata de un defecto de técnica legislativa, sino de un “daño intencionado” -un engaño- para presentar al contribuyente unas cantidades mucho mayores de lo que serían si se expresarán como deducciones de la cuota.

El art. 56.1 LIRPF afirma que “El mínimo personal y familiar constituye la parte de la base liquidable que, por destinarse a satisfacer las necesidades básicas personales y familiares del contribuyente, no se somete a tributación por este Impuesto.” Es un precepto vacío, meramente propagandístico, pues, según el art. 63.1.2º LIRPF “La cuantía resultante [de aplicar los tipos de gravamen a la base liquidable general] se minorará en el importe derivado de aplicar a la parte de la base liquidable general correspondiente al mínimo personal y familiar, la escala prevista en el número 1.º anterior.” Dado que los mínimos no son especialmente generosos, en la mayoría de los casos no superarán el primer tramo de la escala (12.450 euros), de modo que el mínimo equivaldrá a una deducción en cuota del 9,5 % (más el tipo autonómico) de las cantidades expresadas en términos de base: 5.550 euros por el contribuyente, 2.400 por el primer hijo (a prorratear con el cónyuge), 2.700 por el segundo, etc.).

Por consiguiente, los mínimos deberían convertirse en cantidades exentas o reducciones de la cuota. Si no quiere hacerlo así, el legislador debería poner de manifiesto la injusticia configurándolas abiertamente como deducciones de la cuota.

 Pedro M. Herrera

Mínimos vitales, exenciones y supuestos de no sujeción (Mejoras Técnicas del IRPF, IV)

Las exenciones y supuestos de no sujeción constituyen un elemento clave del Impuesto sobre la Renta: la delimitación negativa del hecho imponible.

La ley recoge un amplio número de exenciones en el art. 7, sin ordenarlas con arreglo a ningún criterio sistemático, y un supuesto de no sujeción en el art. 6, precepto que describe el hecho imponible: “No estará sujeta a este impuesto la renta que se encuentre sujeta al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones” (apartado 4).

Sin embargo, a lo largo de la ley se regulan muchas otras exenciones y supuestos de no sujeción:

En cuanto a las exenciones:

– El art. 42.3 LIRPF declara exentos diversos rendimientos del trabajo en especie.

– El art. 25.6 declara (con otras palabras) la exención del incremento de valor de activos representativos de la captación y utilización de capitales ajenos que se ponga de manifiesto por el fallecimiento de su titular (se trata de un supuesto análogo a la “plusvalía del muerto”).

– El art. 33.3.b LIRPF exonera las variaciones patrimoniales derivadas de transmisiones lucrativas puestas de manifiesto por la muerte del contribuyente. Los términos exactos utilizados por la ley son los siguientes: se “estimará que no existe ganancia o pérdida patrimonial. No obstante, parece claro que no se trata de un supuesto de no sujeción, pues no tiene carácter “aclaratorio” sino que establece una excepción al concepto de ganancias y pérdidas patrimoniales. Lo mismo cabe decir de otros supuestos regulados en el art. 33.3 LIRPF, que mencionamos a continuación.

– El art. 33.3.c LIRPF exonera, con ciertos requisitos, las variaciones patrimoniales derivadas de donaciones de empresas familiares.

– El art. 33.3.d LIRPF exonera las variaciones patrimoniales derivadas de compensaciones o adjudicaciones impuestas legalmente en el régimen económico de separación de bienes por causa distinta dela pensión compensatoria.

– El art. 33.3.e LIRPF exonera las variaciones patrimoniales derivadas de aportaciones a patrimonios protegidos constituidos a favor de personas con discapacidad.

– El art. 33.4.a LIRPF exonera las ganancias patrimoniales derivadas de donaciones efectuadas a favor de entidades sin fines lucrativos.

– El art. 33.4.b) LIRPF exonera las ganancias patrimoniales derivadas de la transmisión de la vivienda habitual por personas mayores de sesenta y cinco años o en situación de dependencia.

– El art. 33.4.c) LIRPF exonera las ganancias patrimoniales derivadas del pago del impuesto mediante entrega de bienes integrantes del patrimonio histórico español.

– El art. 33.4.d) LIRPF exonera las ganancias patrimoniales derivadas de la dación en pago de la vivienda habitual del deudor para la cancelación de deudas garantizadas con hipoteca que recaiga sobre la misma contraídas con entidades de crédito.

– El art. 38 LIRPF exonera determinadas ganancias patrimoniales que sean objeto de reinversión.

– La DA 37ª LIRPF establece una exención del 50 por 100 de las ganancias patrimoniales que se pongan de manifiesto con ocasión de la transmisión de inmuebles urbanos adquiridos a título oneroso a partir de la entrada en vigor del RDL 18/2012 y hasta el 31 de diciembre de 2012.

La ley también contempla diversos supuestos de no sujeción que “completan” el previsto en el art. 6.4.

– El art. 42.2 LIRPF establece varios supuestos de no sujeción relativos a rendimientos de trabajo en especie. La fórmula utilizada es “no tendrán la consideración de rendimientos del trabajo en especie“.

– El art. 22.2 LIRPF declara no sujetas (aunque no utilice esta terminología) las cantidades percibidas por el arrendador correspondientes al IVA o al Impuesto General Indirecto Canario.

– El art. 25.1.e) LIRPF establece algo semejante a un supuesto de no sujeción como rendimiento del capital mobiliario de la distribución de la prima de emisión de acciones, con ciertos requisitos, siempre que no exceda de su valor de adquisición (aunque sí reduzca dicho valor a efectos de ulteriores transmisiones).

– La regulación de las ganancias y pérdidas de patrimonio recoge diversos supuestos de no sujeción: división de cosa común y supuestos asimilados (art. 33.1 LIRPF), reducción de capital con amortización de acciones o con devolución de aportaciones (art. 33.3.a LIRPF).

A la vista de esta larga lista de exenciones y supuestos de no sujeción dispersos a lo largo de la ley, podemos preguntarnos, por qué algunos se contienen en los artículos destinados a delimitar el hecho imponible (arts. 6 y 7), otros muchos en los preceptos reguladores de diversos componentes de renta y una tercera categoría en otros preceptos diversos (artículos que regulan las retribuciones en especie o alguna disposición adicional). ¿Existen razones sistemáticas que lo justifiquen?

Podría pensarse que los arts. 6 y 7 regulan supuestos de carácter transversal (se aplican a todo tipo de rentas), mientras que las demás exenciones y supuestos de no sujeción tienen una naturaleza específica (solo afectan a una categoría de rentas). Sin embargo, no es así.

Comencemos con el supuesto de no sujeción: de estar sometidas al IRPF las rentas sometidas al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (art. 6.4), tributarían como ganancias de patrimonio.

En cuanto a las exenciones previstas en el art. 7 LIRPF corresponden en su mayoría a rendimientos del trabajo [rendimientos por trabajos en el extranjero del art. 7.p)], ganancias de patrimonio [indemnizaciones por responsabilidad civil por daños personales del art. 7.d)] o rendimientos del capital mobiliario (rendimientos de los planes de ahorro a largo plazo previstos en el art. 7.ñ).

Los supuestos recogidos en la regulación de las retribuciones en especie (arts. 42.2 y 3 LIRPF) se refieren exclusivamente a rendimientos del trabajo.

En definitiva. , la sistemática no es coherente y puede dificultar la compresión y el manejo de la ley. Dado el carácter “analítico” (más bien, fragmentario) del impuesto, parece más adecuado adecuado que la totalidad de los supuestos de no sujeción y las exenciones se regulen en el seno de la correspondiente categoría de renta. La excepción estaría en aquellas exenciones y supuestos de no sujeción de carácter transversal. Estas pueden afectar a más de una categoría de renta o a todas ellas.

Es excepcional que nos encontremos en el art. 7 con exenciones que abarquen más de una categoría de renta. Un ejemplo podría estar en la exención de los premios literarios, artísticos o científicos [art. 7.l)], podrían tributar como rendimientos del trabajo o rendimientos de actividades económicas en el caso de no existiera la exención.

Un buen ejemplo de “exención completamente transversal” estaría constituida por los “mínimos personales y familares”, siempre que se configurasen como auténticos “mínimos exentos” y no como deducciones en la cuota disfrazadas de cuantías en la base. A ellos nos referiremos más adelante.

Además de “trasladar” las exenciones del art. 7 a la regulación de cada categoría de renta, podrían ordenarse, con algún criterio lógico, dentro del correspondiente componente de la renta. Por ejemplo, podría distinguirse entre:

– Exenciones que buscan compensar la situación derivada de daños personales [en ocasiones serán ganancias de patrimonio, como las indemnizaciones del art. 7.d y en otras rendimientos del trabajo, como las pensiones mencionadas en el art. 7.g].

– Aquellas relativas a prestaciones que se perciben por otras situaciones que implican una disminución de capacidad económica. Pueden ser ganancias de patrimonio, como las rentas mínimas de inserción del art. 7.y), rendimientos del trabajo como las indemnizaciones por despido que cumplan los requisitos del art. 7.e).

– Las que establecen un beneficio fiscal para fomentar o proteger determinadas conductas. Pueden ser rendimientos del trabajo, como las gratificaciones extraordinarias satisfechas por el Estado español por la participación en misiones internacionales de paz o humanitarias [art. 7.o)], del capital mobiliario, como las inversiones en planes de ahorro a largo plazo [art. 7.ñ)] o ganancias de patrimonio, como las rentas que se pongan de manifiesto en el momento de la constitución de rentas vitalicias aseguradas resultantes de los planes individuales de ahorro sistemático [art. 7.v)].

En definitiva, los artículos relativos al hecho imponible deberían limitarse a mencionar las exenciones transversales y, eso sí, realizar una remisión general a la existencia de exenciones específicas en las regulación de cada componente de renta. Estas últimas podrían ordenarse atendiendo a su finalidad (adecuar el impuesto a la capacidad económica o incentivar determinadas conductas). No parece razonable que existan exenciones “extravagantes” previstas en disposiciones adicionales.

Por otra parte, debería mejorarse la redacción concreta de muchas exenciones. Ya hemos mencionado las consecuencias a que ha llevado la mala redacción del art. 7.h, relativo a determinadas prestaciones familiares de la Seguridad Social. Encontramos otro ejemplo en la regulación de las becas, como ha puesto de manifiesto el profesor Miguel Cruz Amorós en un reciente estudio (“La larga marcha de la fiscalidad de las becas para la realización de estudios”, en Anuario de Derecho de Fundaciones, 2017, págs. 155 y ss.)

Pedro M. Herrera

Jose Manuel Tejerizo López: El mal llamado “Impuesto sobre las Hipotecas”

En el post de hoy publicamos una valiosa contribución del Profesor don José Manuel Tejerizo López, Catedrático Emérito de Derecho Financiero y Tributario de la UNED, sobre “El mal llamado Impuesto sobre las Hipotecas”.

El Profesor Tejerizo expone, con suma claridad, la evolución histórica del impuesto, valora la reforma operada por el Real Decreto Ley 17/2018, de 8 de noviembre y propone otras posibilidades de reforma más profundas.

Muchas gracias, querido José Manuel, por esta valiosa aportación. De entre las soluciones que propones me inclino por la primera: hacer “desaparecer sin más el impuesto”. También quiero destacar la lección que deduces de los recientes acontecimientos: “resulta muy peligroso, por las consecuencias colaterales que se pueden llegar a producir, modificar un pieza de nuestro sistema tributario sin analizar las consecuencias que pueden provocarse en otras piezas del mismo sistema y sin tomar las medidas oportunas para que ello no suceda”.

Muchas gracias, una vez más, por tu magisterio, querido José Manuel.

Pedro Herrera

Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la UNED

Antonio Torregrosa Sala: Responsabilidad patrimonial del Estado legislador en el Impuesto sobre Sucesiones (Comentario a la STS de 17 de octubre de 2017)

En el post de hoy publicamos un valioso comentario Antonio Torregrosa Sala sobre la STS de 17 de octubre de 2017, que reconoce la responsabilidad patrimonial del Estado en relación al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

Muchas gracias, Antonio, por esta interesante aportación.

Pedro Herrera

J.A. Rozas Valdés: La Administración de los Tributos en Estados Compuestos

Publicamos hoy un valioso trabajo del Profesor José Andrés Rozas Valdés, Catedrático Acreditado de la Universidad de Barcelona sobre la posible solución a las deficiencias de nuestro federalismo fiscal, incluyendo la “cuestión catalana”: “La Administración Tributaria en los Estados Compuestos”.

Muchas gracias, querido José Andrés por el este trabajo, tan audaz como bien fundamentado.

Pedro Herrera

XVIII Curso sobre “La inspección de los tributos locales”

Los días 17 y 18 de mayo se celebrarán en Zaragoza unas jornadas de gran interés, sobre la inspección de los tributos locales, organizadas por la Asociación Nacional de Inspectores de Hacienda Pública Local.

Os invito a consultar el programa, en el que analizan cuestiones de plena actualidad: entre otras, los nuevos modelos de actividad empresarial en las tarifas del IAE, la “plusvalía municipal”, las actuaciones inspectoras, la Administración electrónica, la tributación de las entidades sin fin de lucro en el ámbito local, las infracciones y el delito fiscal.

Podéis encontrar el programa, más información sobre las jornadas y el modo de realizar la inscripción en esta página web:

https://www.inspectoreshaciendalocal.org/noticias/xviii-curso-de-la-inspección-de-los-tributos-locales

Espero poder saludaros personalmente en Zaragoza y agradezco a Juan Ignacio Gomar que me haya facilitado esta información.

Pedro Herrera

José Manuel Tejerizo: Consideraciones generales sobre el principio de no confiscatoriedad en el Derecho tributario español

En el post de hoy publicamos una valiosa conferencia impartida por el Profesor José Manuel Tejerizo en Nápoles el 29 de septiembre de 2017 sobre el principio de no confiscatoriedad en el Derecho tributario español.

Muchas gracias, querido José Manuel, por permitirme compartir esta aportación.

Pedro Herrera

Isaac Ibáñez García: La necesaria evaluación de los beneficios fiscales en España ¿Llegó la hora?

En el post de hoy publicamos una interesante reflexión de  Isaac Ibáñez García sobre la evaluación de los beneficios fiscales en España.

Muchas gracias, querido Isaac, por esta nueva aportación.

Pedro Herrera