Álvaro del Blanco García: Tarificación por uso, catastro e IBI

[En el post de hoy publicamos una interesante reflexión de Álvaro del Blanco García, Doctor en Derecho y Profesor Asociado de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad Autónoma de Madrid. Muchas gracias, Álvaro por tu valiosa colaboración]

La primera cuestión que se puede plantear el lector al leer el título del post no es otro que el plantearse qué relación puede existir entre el sistema o método de pago que se está barajando actualmente por el Gobierno para financiar el coste de mantenimiento y conservación de las carreteras de alta capacidad del Estado, el Catastro y el IBI.

Como sabemos, se están eliminado de manera progresiva los peajes tradicionales y se ha abierto, de nuevo, el debate sobre la financiación de nuestra red viaria de carreteras. Esta cuestión no es ni mucho menos baladí en relación al Catastro y al IBI.

Debemos tener en cuenta que el artículo 8.2 c) del TR de la Ley del Catastro Inmobiliario TRLCI) clasifica las a autopistas, carreteras y túneles de peaje como Bienes inmuebles de características especiales (BICE). Se trata, por tanto, de bienes inmuebles sujetos al IBI. La norma de valoración de este tipo de inmuebles se contiene, fundamentalmente en la Norma 20 del del RD 1464/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueban las normas técnicas de valoración catastral de los BICE.

De este modo, todas aquellas autopistas en las que se ha eliminado el peaje, han dejado de tener la consideración “catastral” de BICE y, en definitiva, de acuerdo con la normativa catastral, se plantearía la duda de si son bienes inmuebles rústicos, urbanos o, directamente, no tiene la consideración de bienes inmuebles a efectos catastrales. En relación al IBI, la consecuencia de la eliminación del peaje se traduce en su no sujeción de acuerdo con el artículo 61.5 a) del TR de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), simple y llanamente, porque estaríamos ante carreteras y vías terrestres de aprovechamiento público y gratuito para los usuarios. Este hecho origina una merma en la recaudación por IBI, en la que se podría plantear la duda de si se tiene derecho a la compensación prevista en el art. 9.2 del TRLRHL

De otro lado, y a la inversa, cabría plantearse la duda razonable de si la aprobación de un sistema de tarificación por uso en la red de carreteras de alta capacidad del Estado, automáticamente estaríamos ante bienes inmuebles sujetos al IBI y, de ser así, cuál debería ser el método de valoración catastral a emplear. 

A este respecto, tenemos un antecedente interesante sobre el que se puede apoyar el análisis sobre esta materia y que pasamos a comentar brevemente a continuación:

A través de la ley 16/2012, de 27 de diciembre, se modificó el artículo 61.5 a) TRLRHL y en lo que afecta al caso concreto de análisis incorporó las siguientes palabras “para los usuarios”. Con anterioridad, la no sujeción de las carreteras y demás vías terrestres dependía de que fuese público y gratuito, pero sin tener en consideración, al menos de manera expresa, para los usuarios.

La razón de esta modificación legal no es otra que aclarar normativamente que aquellas carreteras en las que se establecía un sistema de “peaje en la sombra” cumplían con los requisitos de la no sujeción a los efectos de ser “público y gratuito” y, de ahí el establecimiento expreso de las palabras “para los usuarios”. 

La problemática jurídica tuvo lugar con relación a la M-45 de Madrid y en la que desde el ayuntamiento de San Fernando de Henares se consideraba que no se cumplía el requisito de gratuidad. Este criterio interpretativo no fue asumido por la DG de Tributos que consideró que una autopista explotada a través del sistema de peaje en la sombra no estaba sujeta al IBI en la medida en que la autopista era objeto de una utilización pública y gratuita por parte de los usuarios (V2358-09 de 22 de octubre de 2009). Sin embargo, la Audiencia Nacional, en sentencia de 2 de diciembre de 2008, vino a asimilar el sistema de peaje tradicional de pago directo por el usuario y el referido al modelo de peaje en la sombra, concluyendo que ambos modelos no cumplían el requisito de gratuidad y, por tanto, se trataba de bienes inmuebles sujetos al IBI.

La interpretación judicial planteaba un problema serio en la práctica para la Administración General del Estado y que era la imposibilidad de disponer de una valoración catastral al no tener este tipo de inmuebles catastrados.

No obstante, lo anterior, con la modificación legal en 2012, se trata de una materia que actualmente no plantea duda alguna en relación con el método del peaje en la sombra y su no sujeción.

Sin embargo, se puede abrir un nuevo interrogante en relación a una red viaria de carreteras que se financie mediante un sistema de tarificación por uso, en la medida que una interpretación litera del art. 61.5 a) TRLRHL no deja lugar a dudas en relación a su sujeción pues la misma no sería “gratuita para los usuarios”.

Sobre este punto, es importante hacer un par de comentarios. El primer de ellos, en relación al fundamento de la no sujeción en el IBI en relación a este tipo de inmuebles y, en segundo lugar, su problemática práctica.

Respecto a la primera cuestión, la no sujeción en el IBI se basa en distinguir, de un lado, los bienes inmuebles propiedad municipal, que están, por regla general, no sujetos, salvo que estén cedidos a terceros mediante contraprestación y, de otro lado, aquellos de dominio público en los que, en definitiva, sean de uso público y gratuito para los usuarios. En relación a los inmuebles de propiedad municipal, la no sujeción se fundamenta en que el sujeto activo y pasivo de la relación jurídico-tributaria es coincidente, salvo que exista un derecho real cuya titularidad origina la realización del hecho imponible (concesión administrativa, derecho real de superficie y usufructo). En relación a inmuebles que sean propiedad del Estado o de las CCAA, la no sujeción se limita únicamente a aquellos inmuebles de dominio público, pero con la condición de que sean públicos y gratuitos. 

De la redacción del precepto, así como del análisis del diseño del tributo, podemos señalar que la no sujeción se sustenta en el caso de las vías terrestres, en la ausencia de un concesionario administrativo que se beneficie de la explotación del bien inmueble. Por ese motivo, el fallo de la Audiencia Nacional, aunque pueda ser objeto de crítica, tenía su sentido al asimilar el modelo de peaje tradicional y el peaje en la sombra.

De lo anterior, podemos señalar que la sujeción al IBI de la red viaria de carreteras de alta densidad en el caso de que se decidiese arbitrar este modelo de financiación iría, en nuestra opinión, contra el fundamento de la no sujeción en el IBI.

En relación a la segunda cuestión, la sujeción al IBI de la red viaria de carreteras de alta densidad produciría un problema práctico importante, en el caso de que la misma no estuviese catastrada y surgiría la duda de si nos encontramos ante un BICE -haciendo una interpretación extensiva del artículo 8.2 c) TRLCI- o de un inmueble rústico o urbano, en atención a los artículos 6 y 7 del TRLCI.

Todo lo anterior nos lleva a recomendar una modificación normativa del artículo 61.5 a) TRLRHL en la que quede clara la no sujeción de la red viaria de carreteras de alta densidad en el caso de que se decida acudir a la vía de la tarificación por uso.

Amicus Curiae – El Blog de Isaac Ibáñez García

Damos noticia de un nuevo blog elaborado por don Isaac Ibáñez García (colaborador de estas páginas): Amicus Curiae. Esperamos que sea de vuestro interés.

Pedro Herrera

Juan Ignacio Gomar Sánchez: “Un par de reflexiones sobre la STS 138/2021, el IIVTNU y el refranero español”

Publicamos en el post de hoy una certera y divertida reflexión de de don Juan Ignacio Gomar Sánchez, Inspector de Tributos del Ayuntamiento de Madrid, sobre la STS 138/2021. Muchas gracias, querido Juan Ignacio por esta valiosa colaboración. Ojalá contribuya a que el legislador despierte de su “bloqueo emocional”.

Uno de los problemas más complejos que plantea en este momento el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana es el de discernir si el suelo ha incrementado su valor cuando en el momento de adquisición, en el de transmisión, o en ambos, existe edificación sobre el suelo y no se individualizan sus valores. El que suscribe confiesa que nunca ha leído una escritura en la que tal diferenciación se efectúe, lo que no significa que no pueda encontrarse a partir de ahora, al fin y al cabo, últimamente se ven cosas muy raras.    

En torno a esta cuestión, la reciente sentencia del Tribunal Supremo 138/2021, de 4 de febrero (Id Cendoj: 28079130022021100050) analiza la validez del método que intenta averiguar la existencia de minusvalía/plusvalía del suelo calculando la proporción que representa el valor catastral del terreno respecto del valor catastral total del bien inmueble para proyectarlo después sobre los precios escriturados “aun cuando en la escritura se refleje un precio que pueda diferir del valor catastral asignado”. Adelantemos para que nadie se ponga nervioso que el Tribunal admite la validez como prueba del método indicado, pero no le da especial prioridad si concurre con otras pruebas, dejando su valoración conjunta a criterio de cada juzgador.

Cabe indicar que los argumentos del recurrente, muy razonables, apuntaron que el método enjuiciado es ampliamente utilizado en nuestro derecho tributario, está presente en la normativa del IRPF y del Impuesto de Sociedades a efectos del cálculo de las amortizaciones de inmuebles, y se incorporó en la Proposición de Ley por la que se quería modificar el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, admitida a trámite por la Mesa de la Cámara del Congreso de los Diputados en fecha 6 de marzo de 2018 (“en el caso en que el valor del suelo no se encuentre desglosado, se calculará aplicando la proporción que represente en la fecha de la transmisión el valor catastral del terreno respecto del valor catastral total del bien inmueble”), argumentos a los que cabría añadir que esta regla fue introducida en las normas forales dictadas para el IIVTNU tras la STC 59/2017. Procede también recalcar que la determinación del porcentaje que representa el valor del suelo sobre el valor catastral total se deduce de los datos calculados por los técnicos del Catastro para cada finca tras estudios complejos basados en estrictos criterios técnicos. 

¿Qué trae a primer plano esta sentencia? La realidad a la que se enfrenta el IIVTNU desde que el Tribunal Constitucional dictase sus sentencias 59/2017 y 126/2019, que no es otra que la distorsión introducida por el TC en la mecánica del impuesto, una auténtica bomba de relojería, al identificar/confundir el concepto valor con el concepto precio, siendo así que el uno y el otro con frecuencia coinciden y a menudo no lo hacen. Un tributo local, el IIVTNU, diseñado para navegar en el apacible mar de los valores catastrales, establecidos por la Administración estatal (Catastro), se ve abocado a surcar el proceloso océano de los valores/precios de mercado. 

Analizar lo que valen las cosas excede en mucho el objeto de esta reflexión, pero podemos asumir o presumir razonablemente que precio y valor son similares en todas aquellas ocasiones en las que, como dice el Tribunal Supremo, el precio se pacta entre sujetos independientes en condiciones de libre mercado. En estos casos puede aceptarse como principio que los objetos valen lo que se está dispuesto a pagar por ellos. No tenemos más que poner a la venta cualquier cosa por un precio excesivo para poder apreciar que nadie llamará para preguntar, y ajustarlo posteriormente para que los potenciales compradores se hagan inmediatamente presentes (al margen de supuestos patológicos o singulares). 

Del mismo modo, allí donde no exista concurrencia de voluntades libres e independientes, valor y precio tenderán a distanciarse. Es el ejemplo de las donaciones entre familiares o las sucesiones, en las que solo el hecho de que las Comunidades Autónomas ofrezcan valores de referencia da cierta seguridad jurídica a los contribuyentes para, acogiéndose a ellos, marcar un importe que pueda considerarse objetivamente el valor de un inmueble, con las lógicas consecuencias a la hora de analizar si hubo o no plusvalía en el IIVTNU. 

Como es evidente toda esta sistemática se establece sobre unas premisas tan básicas que la alta litigiosidad es inevitable. 

Se llega entonces a la sentencia del Tribunal Supremo objeto de este breve comentario. Si el IIVTNU grava el incremento del valor del suelo es obvio que en todos aquellos supuestos en los que se transmita o adquiera suelo y construcción será necesario deslindar el valor de uno y otro, y por tanto precio y valor podrán encontrarse o no hacerlo. La fórmula que llamaremos proyectiva es la única que permite con cierta seguridad jurídica la posibilidad de enlazar ambos, si es preciso en dos momentos distintos, el de adquisición y el de transmisión. 

En el actual contexto, este método representa una regla objetiva que no depende ni de contribuyentes ni de entes locales, basada en los estudios técnicos efectuados por el Catastro. Permite operar sobre los precios declarados por los sujetos, en la medida en según el apuntado criterio del TS puedan gozar de credibilidad, y averiguar si hubo o no plusvalía del suelo. Es además una regla que puede aplicarse si se adquiere y transmite suelo y construcción, si se adquiere suelo y se transmite suelo y construcción y también si se adquirió suelo y construcción y ahora solo se transmite suelo. Ante la cuestión de si se puede considerar este método un medio de prueba prevalente, el Tribunal, aun negando ese carácter afirma en su fundamento jurídico cuarto que “solo si no hay prueba apta del valor atribuible al suelo (esto es, si no se conoce ese valor), se impondrá el método que se discute en autos”. 

¿Por qué entonces tantas dudas ante su aplicación? La explicación es doble, la resistencia a considerar que el suelo puede haber incrementado su valor si en la transmisión globalmente observada se aprecia minusvalía, y el súbito fervor por aplicar al tributo el principio de capacidad económica en su versión más simplista.

Sobre la primera cuestión cabe reflexionar que nadie discute que la declaración del IRPF pueda salir positiva, aunque hayamos tenido fuertes pérdidas patrimoniales, o negativa, aunque hayamos tenido generosas rentas en algún concepto. La integración de unas y otras partidas puede dar en el IRPF ese resultado. Parece sin embargo que en el IIVTNU tal cosa no es posible, no cabe que suelo y construcción sigan sendas diferentes, con un resultado global que sea distinto al resultado parcial de los elementos que lo componen. La solución solo puede ser blanca o negra. No hay otra cosa tras algunas interpretaciones de la sentencia 126/2019. Se excluye también así la posibilidad de que tras una operación con aparente plusvalía pueda haber una minusvalía del suelo. Por la simplificación hacia la gloria. Al fin y al cabo solo se trata de  entidades locales. El tratamiento fiscal de la plusvalía municipal y la de la renta dan un paso más hacia el abrazo final, el del oso, en el que no serán las entidades locales las que ocupen el papel del plantígrado. 

Se ignora así también que el tributo solo pretende gravar el incremento del valor del suelo, del que cualquier otro elemento debe quedar excluido. En la determinación de las rentas inmobiliarias a efectos de Renta y Sociedades el legislador está muy atento a la hora de excluir la posibilidad de amortizar suelo, en la consideración lógica de que el suelo no se deteriora, aplicando al efecto esta fórmula proyectiva. Sin embargo, si procede gravar solo el incremento del valor del suelo, esa fórmula, que serviría para excluir la variación del valor de la edificación ya no gusta tanto. Si el IRPF pudiera hablar es probable que considerase al IIVTNU un auténtico “pringao”, con razón. 

Si en la determinación de los incrementos de patrimonio de los inmuebles en el IRPF se calcula la diferencia entre el valor de adquisición y el de transmisión, de modo que si se adquirió suelo y se transmite suelo y construcción puede añadirse al valor de adquisición el de las mejoras/construcciones ¿Por qué no ha de tenerse en cuenta en el IIVTNU que el valor al final del periodo impositivo en un supuesto similar tendrá que excluir lo que la edificación representa para poder comparar solo el suelo? 

En cuanto a la capacidad económica puesta de manifiesto ¿es la representada por el beneficio obtenido por el sujeto (la diferencia entre el precio de adquisición y transmisión) o es la puesta de relieve con el incremento del valor del suelo? Si estamos al simple cálculo de valor de compra menos valor de venta asimilamos capacidad económica a beneficio económico. Esta asimilación se compadece mal con múltiples supuestos de manifestación de riqueza inmobiliaria reconocidos como tales en nuestro sistema tributario, por ejemplo, en el IBI o en la imputación de rentas de los bienes inmuebles a nuestra disposición que no sean la vivienda habitual.

Otro ejemplo, si el suelo incrementó su valor se habrá producido una manifestación de riqueza susceptible de gravamen aun cuando una pérdida del valor de la construcción que ya estuviera sobre aquel haya absorbido la primera, o incluso la haya superado, dando lugar a una  reducción del precio de transmisión del conjunto representado por ambos. Pongamos que adquirimos en la mejor zona de la ciudad una casa de extraordinario valor con tan mala fortuna que poco después un incendio la arrasa. El suelo aumentó su valor, pero el resultado final es en términos globales desastroso, una auténtica ruina. ¿Dejamos de aplicar el IIVTNU porque el sujeto tuvo una pérdida económica ajena al suelo? En tal caso ¿estamos hablando del IIVTNU o de la pérdida patrimonial en Renta? 

La sentencia del Tribunal Supremo ofrece un resultado equilibrado que pone de manifiesto la validez jurídica del método proyectivo, al que no puede dar carácter prioritario en la medida en que tal cosa exigiría un respaldo legal del que este método no goza actualmente en los territorios de régimen común. Deja abierta además en un tema tan complejo la posibilidad de que cada juez valore las pruebas aportadas permitiendo su análisis y consideración. Así, por ejemplo, en el caso planteado ante el TS se da la razón al contribuyente aun admitiendo la fórmula proyectiva, precisamente porque este efectuó un intenso esfuerzo probatorio que desvirtuó ante el magistrado de instancia los resultados que se deducían de aquella fórmula. 

Manifiesta además el Tribunal con claridad que el método proyectivo debe tener carácter preferente en defecto de otro medio de prueba. De este modo, el principio de prueba  de una posible minusvalía representado por los precios/valores que se reflejen en escritura pública pierde entidad si concurre en el momento inicial, final o en ambos, una edificación. La fórmula proyectiva respeta los precios declarados en cuanto suscritos entre sujetos libres e independientes para dar a continuación paso a la proyección sobre los mismos de las proporciones catastrales permitiendo un análisis específico sobre si el suelo, considerado aisladamente, incrementó o perdió valor.

Sospecho que esta no será la última vez que el Tribunal Supremo tenga que analizar los matices del método proyectivo. También que habrá juzgados que harán poco o nada de caso a lo indicado por el Supremo, algo a lo que algunos se están aficionando bastante en estos tiempos convulsos. Al final es más sencillo quedarse en el importe total de la operación que entrar a desglosar sus elementos. 

Estamos pues en presencia de otra de las consecuencias lógicas de la intensa preocupación que al legislador y al ejecutivo les suscita la situación normativa en que se encuentra el IIVTNU,  intensidad que les tiene emocionalmente bloqueados. Lo mismo que le debió pasar al primer oficial del Titanic al distinguir en medio de la noche la proximidad de un iceberg. 

Llegados a este punto cabe preguntarse qué rábanos tendrán que ver estas breves reflexiones con el refranero español. Muy sencillo. Pregúntense ustedes a que tributo de nuestro sistema se le podría aplicar ahora el dicho “del árbol caído, todos hacen leña”. Una pista, el IVA no es.

Evangelina Verónica de la Tejera: La responsabilidad patrimonial del Estado Juez en España y México

En el post de hoy publicamos un valioso artículo científico de la doctora Evangelina Verónica De la Tejerera Hernández sobre “La responsabilidad patrimonial del Estado Juez en España y México”. La autora, a quien agradecemos su relevante contribución de Derecho compardo, es Profesora de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y Doctora en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Escuela de verano de la Universidad Federico II de Nápoles sobre Fiscalidad Ambiental

La Università Federico II de Nápoles organiza una Escuela de verano, entre el 22-28 de junio, especialmente concebida para investigadores en formación, sobre un tema de particular interés en el marco de las iniciativas políticas y normativas de prevención frente al cambio climático: La fiscalidad ambiental. Toda la información y procedimiento de inscripción está disponible en el siguiente enlace: https://www.suseet.eu/

Belén García Carretero: ¿De nuevo la Ley Beckham para el caso Trippier?

En el post de hoy publicamos una valiosa contribución de la profesora Belén García Carretero, Titular de Derecho Financiero y Tributario en la UCM, sobre el régimen fiscal de la celebración de la final de la «UEFA Champions League 2019» y «UEFA EURO 2020» aplicable a algunos futbolistas y su incidencia sobre el “caso Trippier”.

Muchas gracias, Belén, por esta rigurosa y oportuna aportación.

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¿De nuevo la Ley Beckham para el caso Trippier?

Hace sólo unos meses, mediante la aprobación del Real Decreto-ley 27/2018, de 28 de diciembre, por el que se adoptan determinadas medidas en materia tributaria y catastral, se introdujo en nuestra normativa un nuevo régimen fiscal aplicable a la final de la “UEFA Champions League 2019” y “UEFA EURO 2020”. En concreto, en el apartado segundo de la disposición adicional primera de la norma indicada, se recoge un régimen fiscal aplicable a las personas físicas que presten servicios a la entidad organizadora de la “UEFA Champions League 2019” y “UEFA EURO 2020” a los equipos participantes en las mismas.

Los elementos fundamentales a destacar respecto de este régimen especial son:

-No se considerarán obtenidas en España las rentas que perciban las personas físicas que no sean residentes en España, por los servicios que presten a la entidad organizadora o a los equipos participantes, generadas con motivo de la celebración de la final de la «UEFA Champions League 2019» y «UEFA EURO 2020» y en la medida en que estén directamente relacionadas con su participación en aquella.

-Las personas físicas que adquieran la condición de contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas como consecuencia de su desplazamiento a territorio español con motivo de la final de la «UEFA Champions League 2019» y «UEFA EURO 2020» podrán optar por tributar por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, en los términos y condiciones previstos en el artículo 93 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.

 

Inicialmente, con independencia de las críticas que se puedan realizar respecto a esta medida como consecuencia del vehículo normativo utilizado, lo cierto es que en la práctica, centrándonos en el segundo de los elementos indicados del régimen, podríamos pensar que tendría una nula aplicación ya que será harto complicado que una persona física que preste servicios a la entidad organizadora de la “UEFA Champions League 2019” y “UEFA EURO 2020”o a los equipos participantes, adquiera su residencia en nuestro país como consecuencia de su desplazamiento a España con motivo de alguno de esos partidos. Sin embargo, seguramente la relevancia y calidad del futbol español ha originado que aquello que indicábamos como harto difícil sí se haya producido. Nos referimos a Kieran Trippier, actual jugador del Atlético de Madrid (equipo de mis amores).

 

Kieran Trippier se desplazó a finales de mayo a nuestro país como jugador del Tottenham para disputar la final de la “UEFA Champions League 2019” frente a otro equipo inglés, el Liverpool. Aproximadamente, un mes después de la celebración del partido, se traslada definitivamente a España como motivo de su fichaje por el Atlético de Madrid. En consecuencia, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 9.1 a) de la LIRPF respecto al cómputo de las ausencias esporádicas así como el criterio del centro de intereses económicos recogido en el artículo 9.1 b) LIRPF, sí podemos considerar que nos encontramos ante un caso al que será objeto de aplicación lo dispuesto en la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 27/2018, de 28 de diciembre y, en particular el régimen especial relativo a la aplicación del también régimen fiscal especial aplicable a los trabajadores desplazados a territorio español del artículo 93 de la LIRPF, conocido como régimen de impatriados o Ley Beckham.

 

Los efectos derivados de todo lo indicado son importantes. Así, no podemos olvidar que, tras la reforma operada por la ley 26/2014, de 27 de noviembre, se excluyó expresamente del ámbito de aplicación de este régimen especial a la relación laboral especial de los deportistas profesionales regulada por el Real Decreto 1006/1985, de 26 de junio. Sin embargo, en el caso indicado de un futbolista profesional, sí sería aplicable por lo que, de nuevo, pueden resurgir las críticas relativas al carácter selectivo y discriminatorio de la medida (Vid en este sentido GARCÍA PRATS, A.: “La reforma fiscal y el mundo del fútbol”. Revista Aranzadi de derecho de deporte y entretenimiento, núm. 47, págs. 47-85, 2015).

 

Finalmente, el análisis del nuevo régimen especial, también pone sobre la mesa otra de las críticas tradicionales hacía el régimen de impatriados, la relativa a su aplicación sólo con relación a trabajadores por cuenta ajena. Sin embargo, el régimen especial aprobado por Real Decreto-ley 27/2018, no exige que el desplazamiento sea consecuencia de un contrato de trabajo, por lo que tal y como indica BERNÁRDEZ TORIBIO “no queda claro si pudiera resultarle de aplicación a trabajadores por cuenta propia e incluso a sujetos que tras su intervención en el evento decidan permanecer en España sin realizar ningún tipo de prestación laboral. (BERNÁRDEZ TORIBIO, L.: “La recuperación de la “Ley Beckham” para los futbolistas en el IRPF con motivo de la reciente final de la Champions League disputada en Madrid”, La Ley, núm. 7529, 2019.)

 

Sin duda, este nuevo régimen especial analizado puede ser considerado como la excusa perfecta para valorar la necesidad de introducir algunas modificaciones en el actual régimen fiscal especial aplicable a los trabajadores desplazados a territorio español, con el objeto de acoger en su ámbito de aplicación a los trabajadores por cuenta propia al igual que se hace en otros países como Portugal, dónde las rentas del trabajo por cuenta ajena y por cuenta propia derivadas de “actividades de alto valor añadido de carácter científico, artístico o técnico” que sean obtenidas por no residentes habituales en Portugal estarán sujetas a un tipo impositivo del 20% o Italia, donde desde el año 2017 ya se recoge un régimen favorable tanto para los empleados como para los trabajadores por cuenta ajena, el cual desde el 1 de enero de este año se ha hecho aún más atractivo y consiste en una exención del 70% a los ingresos tanto por cuenta ajena como por cuenta propia, pudiéndose incrementar hasta el 90% en determinados casos. Incluso también encontramos un ejemplo en nuestra normativa interna, en concreto en la norma Foral 13/2013, de 5 de diciembre, de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, cuyo artículo 56 bis fija entre sus condiciones de aplicación que el desplazamiento a territorio español se produzca para el desempeño de trabajos especialmente cualificados, relacionados, directa y principalmente, con actividades de investigación y desarrollo, científicas o de carácter técnico o financiero con los requisitos y condiciones que se establezcan reglamentariamente.

Belén García Carretero

Profesora Titular de Derecho Financiero y Tributario UCM

¡Feliz Navidad!

«Hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador: el Mesías, el Señor» (Lc 2, 11).  Muy  feliz  y  santa  Navidad  a  todos  los  lectores  del  Blog.

Vídeos de la Jornada “Consecuencias de la Sentencia del Tribunal Supremo 1246/2019: Interpretación integradora y desajustes de la normativa penal y administrativa en materia de delito fiscal”

El pasado lunes 25 de noviembre se celebró en la Facultad de Derecho de la UNED el seminario “Consecuencias de la Sentencia del Tribunal Supremo 1246/2019: Interpretación integradora y desajustes de la normativa penal y administrativa en materia de delito fiscal”, coordinado por el Profesor don Rafael Sanz Gómez, Ayudante Doctor de la UNED.

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Isaac Ibáñez García: Los nocivos efectos, para el contribuyente, de la Ley 40/2015 (Responsabilidad patrimonial por leyes inconstitucionales o contrarias al Derecho de la UE)

Publicamos hoy una valiosa contribución de Isaac Ibáñez García elaborada con ocasión de la anunciada sentencia del Tribunal Constitucional sobre los efectos confiscatorios de la “plusvalía municipal” en determinados supuestos.

Muchas gracias, querido Isaac, por tu interesante reflexión.

Pedro Herrera

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Los nocivos efectos, para el contribuyente, de la Ley 40/2015 (Responsabilidad patrimonial por leyes inconstitucionales o contrarias al Derecho de la UE)

Isaac Ibáñez García

La Sentencia del Tribunal Constitucional 59/2017, de 11 de mayo, declaró que los artículos 107.1, 107.2 a) y 110.4, todos ellos del texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, son inconstitucionales y nulos, pero únicamente en la medida que someten a tributación (Impuesto municipal “de plusvalía”) situaciones de inexistencia de incrementos de valor.

Esta Sentencia no hizo declaración alguna sobre las situaciones susceptibles de ser revisadas.

Según la Nota Informativa nº 123/2019, de 31 de octubre, del Tribunal Constitucional, el mismo ha estimado por unanimidad la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Juzgado Contencioso-administrativo número 32 de Madrid y, en consecuencia, ha declarado que el art. 107.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado el 5 de marzo de 2004, es inconstitucional, en los términos referidos en el Fundamento jurídico quinto apartado a). La sentencia, argumenta que cuando existe un incremento de la transmisión y la cuota que sale a pagar es mayor al incremento realmente obtenido por el ciudadano, se estaría tributando por una renta inexistente, virtual o ficticia, produciendo un exceso de tributación contrario a los principios constitucionales de capacidad económica y no confiscatoriedad (art. 31.1 CE).

Según la Nota de Prensa (a diferencia de la STC 59/2017), “el Tribunal limita las situaciones susceptibles de ser revisadas exclusivamente a aquellas que no hayan adquirido firmeza a la fecha de su publicación”.

Como ha señalado Esclapez Escudero1 comentando esta sentencia, la misma “evita situaciones verdaderamente ‘kafkianas‘, como la de un supuesto en el que el Tribunal Supremo suspendió el recurso -y elevó cuestión de inconstitucionalidad-, en el que el beneficio era próximo al millón de euros y la cuota de plusvalía de más de ocho millones. También resulta significativo que, esta vez (a diferencia de lo que estableció en su sentencia de 11 de mayo de 2017), fija, de forma clara, una limitación al alcance de los efectos del fallo, permitiendo la revisión “exclusivamente a aquellas que no hayan adquirido firmeza a la fecha de su publicación”.

Antes de la entrada en vigor (el 2 de octubre de 2016) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la jurisprudencia constante del Tribunal Supremo venía reconociendo con plenos efectos retroactivos la responsabilidad patrimonial del Estado por leyes declaradas inconstitucionales o contrarias al Derecho de la Unión Europea, con independencia de que el Tribunal Constitucional hubiera o no limitado las situaciones susceptibles de revisión; pues tenía establecido que una cosa es la revisión de los actos administrativos que posteriormente devinieran inconstitucionales o contrarios al Derecho de la UE y otra la acción de responsabilidad patrimonial por actos firmes, que no es otra cosa que el derecho a ser indemnizado por situaciones que el contribuyente no está obligado a soportar (actos inconstitucionales o contrarios al Derecho de la UE).

Para cargarse esta jurisprudencia se pergeñó el artículo 32 de la Ley 40/2015, que establece:

Artículo 32. Principios de la responsabilidad.

1. Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley.

La anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso administrativo de los actos o disposiciones administrativas no presupone, por sí misma, derecho a la indemnización.

2. En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas.

3. Asimismo, los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas de toda lesión que sufran en sus bienes y derechos como consecuencia de la aplicación de actos legislativos de naturaleza no expropiatoria de derechos que no tengan el deber jurídico de soportar cuando así se establezca en los propios actos legislativos y en los términos que en ellos se especifiquen.

La responsabilidad del Estado legislador podrá surgir también en los siguientes supuestos, siempre que concurran los requisitos previstos en los apartados anteriores:

a) Cuando los daños deriven de la aplicación de una norma con rango de ley declarada inconstitucional, siempre que concurran los requisitos del apartado 4.

b) Cuando los daños deriven de la aplicación de una norma contraria al Derecho de la Unión Europea, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 5.

4. Si la lesión es consecuencia de la aplicación de una norma con rango de ley declarada inconstitucional, procederá su indemnización cuando el particular haya obtenido, en cualquier instancia, sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que se hubiera alegado la inconstitucionalidad posteriormente declarada.

5. Si la lesión es consecuencia de la aplicación de una norma declarada contraria al Derecho de la Unión Europea, procederá su indemnización cuando el particular haya obtenido, en cualquier instancia, sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que se hubiera alegado la infracción del Derecho de la Unión Europea posteriormente declarada. Asimismo, deberán cumplirse todos los requisitos siguientes:

a) La norma ha de tener por objeto conferir derechos a los particulares.

b) El incumplimiento ha de estar suficientemente caracterizado.

c) Ha de existir una relación de causalidad directa entre el incumplimiento de la obligación impuesta a la Administración responsable por el Derecho de la Unión Europea y el daño sufrido por los particulares.

6. La sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o declare el carácter de norma contraria al Derecho de la Unión Europea producirá efectos desde la fecha de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» o en el «Diario Oficial de la Unión Europea», según el caso, salvo que en ella se establezca otra cosa.

7. La responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia se regirá por la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

8. El Consejo de Ministros fijará el importe de las indemnizaciones que proceda abonar cuando el Tribunal Constitucional haya declarado, a instancia de parte interesada, la existencia de un funcionamiento anormal en la tramitación de los recursos de amparo o de las cuestiones de inconstitucionalidad.

El procedimiento para fijar el importe de las indemnizaciones se tramitará por el Ministerio de Justicia, con audiencia al Consejo de Estado.

9. Se seguirá el procedimiento previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas para determinar la responsabilidad de las Administraciones Públicas por los daños y perjuicios causados a terceros durante la ejecución de contratos cuando sean consecuencia de una orden inmediata y directa de la Administración o de los vicios del proyecto elaborado por ella misma sin perjuicio de las especialidades que, en su caso establezca el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público”.

Es decir, en el caso que nos ocupa, no surge dicha responsabilidad patrimonial si el sufrido contribuyente (al que se le suponen dotes adivinatorias) no haya obtenido, en cualquier instancia, sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que se hubiera alegado la inconstitucionalidad posteriormente declarada.

En lo que concierne a la responsabilidad patrimonial derivada de la aplicación de una norma declarada contraria al Derecho de la Unión Europea, la Comisión Europea tiene abierto un procedimiento de infracción2 contra el Reino de España al entender que la Ley 40/2015 incumple los principios de equivalencia y/o de efectividad. “Las actuales disposiciones nacionales sobre el régimen jurídico y sobre los procedimientos administrativos comunes para el sector público limitan la autonomía procesal y material de los Estados miembros en relación con las condiciones que rigen las indemnizaciones por daños causados por actos legislativos. La legislación española ha establecido condiciones menos favorables en lo relativo a la responsabilidad por una infracción de la legislación de la UE que por la responsabilidad debida a una infracción de la Constitución española. Además, contiene condiciones de procedimiento que no son acordes con la jurisprudencia consolidada del Tribunal de Justicia de la UE. Las disposiciones nacionales en cuestión hacen que sea excesivamente difícil comprometer la responsabilidad del Estado por una infracción de la legislación de la UE, lo que tiene una repercusión negativa en la efectividad del Derecho de la UE”.

 

 

 


1  “El Constitucional amplía la inconstitucionalidad del impuesto de plusvalías a las liquidaciones que resulten confiscatorias”. https://periscopiofiscalylegal.pwc.es/el-constitucional-amplia-la-inconstitucionalidad-del-impuesto-de-plusvalias-a-las-liquidaciones-que-resulten-confiscatorias/

 

2  “La Comisión Europea advierte a España que debe reformar el régimen de responsabilidad patrimonial del Estado cuando se incumple el Derecho de la UE”. http://www.legaltoday.com/practica-juridica/supranacional/d_ue/la-comision-europea-advierte-a-espana-que-debe-reformar-el-regimen-de-responsabilidad-patrimonial-del-estado-cuando-se-incumple-el-derecho-de-la-union-europea

 

Isaac Ibáñez García: Tribunales económico-administrativos y cuestión prejudicial europea

Publicamos una valiosa aportación de don Isaac Ibáñez García, abogado, sobre las conclusiones del Abogado General Hogan en el asunto Banco de Santander, sobre la posibilidad de que los tribunales económico-administrativos interpongan cuestiones prejudiciales.

Muchas gracias, Isaac, por esta nueva contribución al blog.

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