Belén García Carretero: ¿De nuevo la Ley Beckham para el caso Trippier?

En el post de hoy publicamos una valiosa contribución de la profesora Belén García Carretero, Titular de Derecho Financiero y Tributario en la UCM, sobre el régimen fiscal de la celebración de la final de la «UEFA Champions League 2019» y «UEFA EURO 2020» aplicable a algunos futbolistas y su incidencia sobre el “caso Trippier”.

Muchas gracias, Belén, por esta rigurosa y oportuna aportación.

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¿De nuevo la Ley Beckham para el caso Trippier?

Hace sólo unos meses, mediante la aprobación del Real Decreto-ley 27/2018, de 28 de diciembre, por el que se adoptan determinadas medidas en materia tributaria y catastral, se introdujo en nuestra normativa un nuevo régimen fiscal aplicable a la final de la “UEFA Champions League 2019” y “UEFA EURO 2020”. En concreto, en el apartado segundo de la disposición adicional primera de la norma indicada, se recoge un régimen fiscal aplicable a las personas físicas que presten servicios a la entidad organizadora de la “UEFA Champions League 2019” y “UEFA EURO 2020” a los equipos participantes en las mismas.

Los elementos fundamentales a destacar respecto de este régimen especial son:

-No se considerarán obtenidas en España las rentas que perciban las personas físicas que no sean residentes en España, por los servicios que presten a la entidad organizadora o a los equipos participantes, generadas con motivo de la celebración de la final de la «UEFA Champions League 2019» y «UEFA EURO 2020» y en la medida en que estén directamente relacionadas con su participación en aquella.

-Las personas físicas que adquieran la condición de contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas como consecuencia de su desplazamiento a territorio español con motivo de la final de la «UEFA Champions League 2019» y «UEFA EURO 2020» podrán optar por tributar por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, en los términos y condiciones previstos en el artículo 93 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.

 

Inicialmente, con independencia de las críticas que se puedan realizar respecto a esta medida como consecuencia del vehículo normativo utilizado, lo cierto es que en la práctica, centrándonos en el segundo de los elementos indicados del régimen, podríamos pensar que tendría una nula aplicación ya que será harto complicado que una persona física que preste servicios a la entidad organizadora de la “UEFA Champions League 2019” y “UEFA EURO 2020”o a los equipos participantes, adquiera su residencia en nuestro país como consecuencia de su desplazamiento a España con motivo de alguno de esos partidos. Sin embargo, seguramente la relevancia y calidad del futbol español ha originado que aquello que indicábamos como harto difícil sí se haya producido. Nos referimos a Kieran Trippier, actual jugador del Atlético de Madrid (equipo de mis amores).

 

Kieran Trippier se desplazó a finales de mayo a nuestro país como jugador del Tottenham para disputar la final de la “UEFA Champions League 2019” frente a otro equipo inglés, el Liverpool. Aproximadamente, un mes después de la celebración del partido, se traslada definitivamente a España como motivo de su fichaje por el Atlético de Madrid. En consecuencia, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 9.1 a) de la LIRPF respecto al cómputo de las ausencias esporádicas así como el criterio del centro de intereses económicos recogido en el artículo 9.1 b) LIRPF, sí podemos considerar que nos encontramos ante un caso al que será objeto de aplicación lo dispuesto en la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 27/2018, de 28 de diciembre y, en particular el régimen especial relativo a la aplicación del también régimen fiscal especial aplicable a los trabajadores desplazados a territorio español del artículo 93 de la LIRPF, conocido como régimen de impatriados o Ley Beckham.

 

Los efectos derivados de todo lo indicado son importantes. Así, no podemos olvidar que, tras la reforma operada por la ley 26/2014, de 27 de noviembre, se excluyó expresamente del ámbito de aplicación de este régimen especial a la relación laboral especial de los deportistas profesionales regulada por el Real Decreto 1006/1985, de 26 de junio. Sin embargo, en el caso indicado de un futbolista profesional, sí sería aplicable por lo que, de nuevo, pueden resurgir las críticas relativas al carácter selectivo y discriminatorio de la medida (Vid en este sentido GARCÍA PRATS, A.: “La reforma fiscal y el mundo del fútbol”. Revista Aranzadi de derecho de deporte y entretenimiento, núm. 47, págs. 47-85, 2015).

 

Finalmente, el análisis del nuevo régimen especial, también pone sobre la mesa otra de las críticas tradicionales hacía el régimen de impatriados, la relativa a su aplicación sólo con relación a trabajadores por cuenta ajena. Sin embargo, el régimen especial aprobado por Real Decreto-ley 27/2018, no exige que el desplazamiento sea consecuencia de un contrato de trabajo, por lo que tal y como indica BERNÁRDEZ TORIBIO “no queda claro si pudiera resultarle de aplicación a trabajadores por cuenta propia e incluso a sujetos que tras su intervención en el evento decidan permanecer en España sin realizar ningún tipo de prestación laboral. (BERNÁRDEZ TORIBIO, L.: “La recuperación de la “Ley Beckham” para los futbolistas en el IRPF con motivo de la reciente final de la Champions League disputada en Madrid”, La Ley, núm. 7529, 2019.)

 

Sin duda, este nuevo régimen especial analizado puede ser considerado como la excusa perfecta para valorar la necesidad de introducir algunas modificaciones en el actual régimen fiscal especial aplicable a los trabajadores desplazados a territorio español, con el objeto de acoger en su ámbito de aplicación a los trabajadores por cuenta propia al igual que se hace en otros países como Portugal, dónde las rentas del trabajo por cuenta ajena y por cuenta propia derivadas de “actividades de alto valor añadido de carácter científico, artístico o técnico” que sean obtenidas por no residentes habituales en Portugal estarán sujetas a un tipo impositivo del 20% o Italia, donde desde el año 2017 ya se recoge un régimen favorable tanto para los empleados como para los trabajadores por cuenta ajena, el cual desde el 1 de enero de este año se ha hecho aún más atractivo y consiste en una exención del 70% a los ingresos tanto por cuenta ajena como por cuenta propia, pudiéndose incrementar hasta el 90% en determinados casos. Incluso también encontramos un ejemplo en nuestra normativa interna, en concreto en la norma Foral 13/2013, de 5 de diciembre, de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, cuyo artículo 56 bis fija entre sus condiciones de aplicación que el desplazamiento a territorio español se produzca para el desempeño de trabajos especialmente cualificados, relacionados, directa y principalmente, con actividades de investigación y desarrollo, científicas o de carácter técnico o financiero con los requisitos y condiciones que se establezcan reglamentariamente.

Belén García Carretero

Profesora Titular de Derecho Financiero y Tributario UCM

¡Feliz Navidad!

«Hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador: el Mesías, el Señor» (Lc 2, 11).  Muy  feliz  y  santa  Navidad  a  todos  los  lectores  del  Blog.

Vídeos de la Jornada “Consecuencias de la Sentencia del Tribunal Supremo 1246/2019: Interpretación integradora y desajustes de la normativa penal y administrativa en materia de delito fiscal”

El pasado lunes 25 de noviembre se celebró en la Facultad de Derecho de la UNED el seminario “Consecuencias de la Sentencia del Tribunal Supremo 1246/2019: Interpretación integradora y desajustes de la normativa penal y administrativa en materia de delito fiscal”, coordinado por el Profesor don Rafael Sanz Gómez, Ayudante Doctor de la UNED.

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Isaac Ibáñez García: Los nocivos efectos, para el contribuyente, de la Ley 40/2015 (Responsabilidad patrimonial por leyes inconstitucionales o contrarias al Derecho de la UE)

Publicamos hoy una valiosa contribución de Isaac Ibáñez García elaborada con ocasión de la anunciada sentencia del Tribunal Constitucional sobre los efectos confiscatorios de la “plusvalía municipal” en determinados supuestos.

Muchas gracias, querido Isaac, por tu interesante reflexión.

Pedro Herrera

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Los nocivos efectos, para el contribuyente, de la Ley 40/2015 (Responsabilidad patrimonial por leyes inconstitucionales o contrarias al Derecho de la UE)

Isaac Ibáñez García

La Sentencia del Tribunal Constitucional 59/2017, de 11 de mayo, declaró que los artículos 107.1, 107.2 a) y 110.4, todos ellos del texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, son inconstitucionales y nulos, pero únicamente en la medida que someten a tributación (Impuesto municipal “de plusvalía”) situaciones de inexistencia de incrementos de valor.

Esta Sentencia no hizo declaración alguna sobre las situaciones susceptibles de ser revisadas.

Según la Nota Informativa nº 123/2019, de 31 de octubre, del Tribunal Constitucional, el mismo ha estimado por unanimidad la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Juzgado Contencioso-administrativo número 32 de Madrid y, en consecuencia, ha declarado que el art. 107.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado el 5 de marzo de 2004, es inconstitucional, en los términos referidos en el Fundamento jurídico quinto apartado a). La sentencia, argumenta que cuando existe un incremento de la transmisión y la cuota que sale a pagar es mayor al incremento realmente obtenido por el ciudadano, se estaría tributando por una renta inexistente, virtual o ficticia, produciendo un exceso de tributación contrario a los principios constitucionales de capacidad económica y no confiscatoriedad (art. 31.1 CE).

Según la Nota de Prensa (a diferencia de la STC 59/2017), “el Tribunal limita las situaciones susceptibles de ser revisadas exclusivamente a aquellas que no hayan adquirido firmeza a la fecha de su publicación”.

Como ha señalado Esclapez Escudero1 comentando esta sentencia, la misma “evita situaciones verdaderamente ‘kafkianas‘, como la de un supuesto en el que el Tribunal Supremo suspendió el recurso -y elevó cuestión de inconstitucionalidad-, en el que el beneficio era próximo al millón de euros y la cuota de plusvalía de más de ocho millones. También resulta significativo que, esta vez (a diferencia de lo que estableció en su sentencia de 11 de mayo de 2017), fija, de forma clara, una limitación al alcance de los efectos del fallo, permitiendo la revisión “exclusivamente a aquellas que no hayan adquirido firmeza a la fecha de su publicación”.

Antes de la entrada en vigor (el 2 de octubre de 2016) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la jurisprudencia constante del Tribunal Supremo venía reconociendo con plenos efectos retroactivos la responsabilidad patrimonial del Estado por leyes declaradas inconstitucionales o contrarias al Derecho de la Unión Europea, con independencia de que el Tribunal Constitucional hubiera o no limitado las situaciones susceptibles de revisión; pues tenía establecido que una cosa es la revisión de los actos administrativos que posteriormente devinieran inconstitucionales o contrarios al Derecho de la UE y otra la acción de responsabilidad patrimonial por actos firmes, que no es otra cosa que el derecho a ser indemnizado por situaciones que el contribuyente no está obligado a soportar (actos inconstitucionales o contrarios al Derecho de la UE).

Para cargarse esta jurisprudencia se pergeñó el artículo 32 de la Ley 40/2015, que establece:

Artículo 32. Principios de la responsabilidad.

1. Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley.

La anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso administrativo de los actos o disposiciones administrativas no presupone, por sí misma, derecho a la indemnización.

2. En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas.

3. Asimismo, los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas de toda lesión que sufran en sus bienes y derechos como consecuencia de la aplicación de actos legislativos de naturaleza no expropiatoria de derechos que no tengan el deber jurídico de soportar cuando así se establezca en los propios actos legislativos y en los términos que en ellos se especifiquen.

La responsabilidad del Estado legislador podrá surgir también en los siguientes supuestos, siempre que concurran los requisitos previstos en los apartados anteriores:

a) Cuando los daños deriven de la aplicación de una norma con rango de ley declarada inconstitucional, siempre que concurran los requisitos del apartado 4.

b) Cuando los daños deriven de la aplicación de una norma contraria al Derecho de la Unión Europea, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 5.

4. Si la lesión es consecuencia de la aplicación de una norma con rango de ley declarada inconstitucional, procederá su indemnización cuando el particular haya obtenido, en cualquier instancia, sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que se hubiera alegado la inconstitucionalidad posteriormente declarada.

5. Si la lesión es consecuencia de la aplicación de una norma declarada contraria al Derecho de la Unión Europea, procederá su indemnización cuando el particular haya obtenido, en cualquier instancia, sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que se hubiera alegado la infracción del Derecho de la Unión Europea posteriormente declarada. Asimismo, deberán cumplirse todos los requisitos siguientes:

a) La norma ha de tener por objeto conferir derechos a los particulares.

b) El incumplimiento ha de estar suficientemente caracterizado.

c) Ha de existir una relación de causalidad directa entre el incumplimiento de la obligación impuesta a la Administración responsable por el Derecho de la Unión Europea y el daño sufrido por los particulares.

6. La sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o declare el carácter de norma contraria al Derecho de la Unión Europea producirá efectos desde la fecha de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» o en el «Diario Oficial de la Unión Europea», según el caso, salvo que en ella se establezca otra cosa.

7. La responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia se regirá por la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

8. El Consejo de Ministros fijará el importe de las indemnizaciones que proceda abonar cuando el Tribunal Constitucional haya declarado, a instancia de parte interesada, la existencia de un funcionamiento anormal en la tramitación de los recursos de amparo o de las cuestiones de inconstitucionalidad.

El procedimiento para fijar el importe de las indemnizaciones se tramitará por el Ministerio de Justicia, con audiencia al Consejo de Estado.

9. Se seguirá el procedimiento previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas para determinar la responsabilidad de las Administraciones Públicas por los daños y perjuicios causados a terceros durante la ejecución de contratos cuando sean consecuencia de una orden inmediata y directa de la Administración o de los vicios del proyecto elaborado por ella misma sin perjuicio de las especialidades que, en su caso establezca el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público”.

Es decir, en el caso que nos ocupa, no surge dicha responsabilidad patrimonial si el sufrido contribuyente (al que se le suponen dotes adivinatorias) no haya obtenido, en cualquier instancia, sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que se hubiera alegado la inconstitucionalidad posteriormente declarada.

En lo que concierne a la responsabilidad patrimonial derivada de la aplicación de una norma declarada contraria al Derecho de la Unión Europea, la Comisión Europea tiene abierto un procedimiento de infracción2 contra el Reino de España al entender que la Ley 40/2015 incumple los principios de equivalencia y/o de efectividad. “Las actuales disposiciones nacionales sobre el régimen jurídico y sobre los procedimientos administrativos comunes para el sector público limitan la autonomía procesal y material de los Estados miembros en relación con las condiciones que rigen las indemnizaciones por daños causados por actos legislativos. La legislación española ha establecido condiciones menos favorables en lo relativo a la responsabilidad por una infracción de la legislación de la UE que por la responsabilidad debida a una infracción de la Constitución española. Además, contiene condiciones de procedimiento que no son acordes con la jurisprudencia consolidada del Tribunal de Justicia de la UE. Las disposiciones nacionales en cuestión hacen que sea excesivamente difícil comprometer la responsabilidad del Estado por una infracción de la legislación de la UE, lo que tiene una repercusión negativa en la efectividad del Derecho de la UE”.

 

 

 


1  “El Constitucional amplía la inconstitucionalidad del impuesto de plusvalías a las liquidaciones que resulten confiscatorias”. https://periscopiofiscalylegal.pwc.es/el-constitucional-amplia-la-inconstitucionalidad-del-impuesto-de-plusvalias-a-las-liquidaciones-que-resulten-confiscatorias/

 

2  “La Comisión Europea advierte a España que debe reformar el régimen de responsabilidad patrimonial del Estado cuando se incumple el Derecho de la UE”. http://www.legaltoday.com/practica-juridica/supranacional/d_ue/la-comision-europea-advierte-a-espana-que-debe-reformar-el-regimen-de-responsabilidad-patrimonial-del-estado-cuando-se-incumple-el-derecho-de-la-union-europea

 

Isaac Ibáñez García: Tribunales económico-administrativos y cuestión prejudicial europea

Publicamos una valiosa aportación de don Isaac Ibáñez García, abogado, sobre las conclusiones del Abogado General Hogan en el asunto Banco de Santander, sobre la posibilidad de que los tribunales económico-administrativos interpongan cuestiones prejudiciales.

Muchas gracias, Isaac, por esta nueva contribución al blog.

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Desafíos Fiscales en la Nueva Legislatura (Jornada en la Universidad de Alcalá el 20 de septiembre)

Queridos amigos:

El próximo 20 de septiembre se celebrará una interesantísima jornada en la Universidad de Alcalá sobre DESAFÍOS FISCALES EN LA NUEVA LEGISLATURA.

Os transmito la información que ha tenido la amabilidad de facilitarme el profesor Lucas Duran. Muchas gracias, querido Manuel, por contar con el Blog.

La inscripción es gratuita hasta completar el aforo. Las solicitudes de inscripción, que serán atendidas en orden de llegada, pueden dirigirse al siguiente correo: andres.garcia@uam.es

La Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá se ubica en el antiguo Colegio Máximo de Jesuitas, situado en la calle Libreros, 27.

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Nuevo programa de doctorado en Derecho, Ética y Economía para el Desarrollo Sostenible

Las Universidades de Milán, Rijeka y Maastricht han organizado un programa de doctorado conjunto en Derecho, Ética y Economía para el desarrollo sostenible. Reproduzco la infomación que ha tenido la amabilidad de Facilitarme el profesor Giuseppe Marino de la Università degli Studi di Milano y espero que algún joven investigador español se anime a aparticipar en este apasionante proyecto.

Pedro Herrera

The Universities of MilanRijeka and Maastricht are seeking six outstanding and committed students to carry out a three-year multidisciplinary research project, based at more than one participating university (see HERE the call for application and the course website).

The three universities are launching LEES, a new doctoral programme in International and Public Law, Ethics and Economics for Sustainable Development. With courses, seminars and scientific research activities entirely in English, it addresses the complexities involved in sustainable development, and uses an innovative multidisciplinary approach that combines the contributions of law, ethics, and economics. The broad interdisciplinary view that inspires the PhD programme is here attached.

The programme is managed by a highly qualified international doctoral board and supervised by an international scientific council composed by top scholars in the relevant fields of law ethics and economics (see attachment), which will advise the board on the development of research lines and the programme of the yearly international workshops  and summer schools.

The first year of the programme will be based in Milan, where the PhD students will attend courses and seminars, and participate in the activities and events of the academic community of the Department. The second and third years will mainly be dedicated to students’ own personal research projects and to participating in the large-scale joint project by working with one of our partner universities, and with the cooperation of their advisors. To enable their participation in the joint project, students will have access to additional funding and will have the opportunity to carry out part of their research either in one of the other leading universities – Rijeka or Maastricht – or in another partner university (see full list attached) depending on the project and the agreements which will be set up. Researchers who choose to work with one of the partner universities will receive, in addition to the joint degree from the three leading universities, a degree from the applicable partner university, as well.

The candidates must be prepared to be both visionary and ambitious, in order to alter the current, unsatisfactory trajectory of development by taking intellectual risks. They must be devoted to social justice and committed to enhancing the quality of research in one or more of the Ph.D. research fields, as well as open to and interested in using research methodologies in different fields (Law, Ethics, and Economics). Candidates must have the preparation and the ability to pursue innovative results at the frontiers of research, where unsolved problems call for interdisciplinary approaches and contributions, and submit a project in line with at least one of the many proposed lines of research.

LEES lines of research focus on, in particular: re-thinking legal, ethical, and economic approaches to sustainability; social justice and theories of justice; environmental issues; public options for sustainable development; governance of the common sphere; corporate social responsibility; innovation technologies; and human rights (FULL LIST HERE).

If you are interested, please submit your application no later than 14 October 2019 through the University of Milan submission system, (see HERE the call for application containing all the requirements and information to submit your application).

This programme is for you if you:

  • have at least five previous years of academic background in one of the Ph.D. disciplines (Law; Economics; Ethics; Political theory and sciences; Environmental and sustainability sciences; Philosophy);
  • are willing to change the current, unsatisfactory trajectories of development;
  • are sensitive to social justice;
  • are open to and interested in using research methodologies in different fields;
  • are prepared to work in different environments;
  • are proficient in English;
  • have very good scientific writing and communication skills.

We offer:

  • a PhD programme earning a joint degree in at least three different countries;
  • a list of partner universities that will allow you to carry out fully multidisciplinary and international research;
  • an extensive board of experts standing by to assist you in your research;
  • a PhD scholarship  which includes a monthly gross salary of 1365,50 €, for 3 years;
  • additional funds to facilitate your mobility;
  • a full-time Ph.D. programme without any teaching duties;
  • our beautiful academic campus located in the heart of downtown Milan;
  • interaction with top scholars members of the international scientific council  and with the excellent faculty and staff of our innovative LLM Programme in Sustainable Development, a diverse academic community that brings together minds from 10 different countries;
  • participation in a large-scale research project with the potential to have wide-ranging implications for the sustainability of future international development.

Important dates:

Deadline for applications: 14 October 2019

A first ranking list will be published by 22 October 2019.

Interviews will start on 24 October 2019.

Starting date: 4 November 2019

For additional information you may contact:

for academic queries, the Head of the Programme, Professor Lorenzo Sacconi: lorenzo.sacconi@unimi.it;

for administrative questionslees@unimi.it.

Nueva publicación: Marta Villar et al.: Environmental Fiscal Challenges for Cities and Transport (Edward Elgar)

La editorial Edward Elgar acaba de publicar el importante trabajo Environmental Fiscal Challenges for Cities and Transport, coordinado por los profesores Marta Villar Ezcurra, Janet E. Milne, Hope Ashiabor y Mikael Skou Andersen. La obra refleja parte de las ponencias presentadas en la 19ª edición de la Global Conference on Environmental Taxation, celebrada en la Universidad San Pablo-CEU. Los detalles de la obra pueden consultase aquí (hacer “click” sobre el enlace Villar Ezcurra Environmental DISC).

Se trata de una trabajo imprescindible para el estudio de la fiscalidad ambiental desde una perspectiva comparada.

Además, hasta fin de año es posible disfrutar de un descuento del 35 por 100 siguiendo estas instrucciones: ir a la website, añadir el libro a la cesta, hacer “click” en ‘your basket’, insertar MVEZ35 en el código de descuento antes de hacer el “checkout”. Alterativamente, se puede escribir un email a: sales@e-elgar.co.uk mencionando el código de descuento MVEZ35 con los detalles del pago para que el proceso de compra se complete.

Muchas gracias, querida Marta, por la organización del congreso por el impulso de la obra y por darnos noticias de la publicación.

Pedro Herrera

 

Ada Tandazo Rodríguez y Pedro M. Herrera Molina – El deber de declarar en el IRPF: aplicación a las rentas exentas

Como escribe Brant James Pitre “una de las ventajas de ser profesor es que, en ocasiones, descubrimos ideas en clase gracias a los estudiantes” (Jesus and the Jewish Roots of Mary: Unveiling the Mother of the Messiah”, Image, New York, 2018, p. 159).

Esto nos ha sucedido hace poco: una alumna nos planteó la siguiente cuestión ¿Está obligada a presentar la declaración del IRPF una persona cuya única renta en el ejercicio consista en una ganancia de patrimonio derivada de la transmisión de un inmueble y reinvertida en una renta vitalicia “excluida de gravamen” en virtud del art. 38.3 LIRPF? Para simplificar, supongamos que la reinversión se realiza dentro del propio ejercicio, mientras que la percepción de la renta vitalicia no comienza hasta el año siguiente. Puede parecer un supuesto de laboratorio, pero resulta interesante para reflexionar sobre el ámbito del deber de declarar las rentas exentas.

El art. 96.1 LIRPF dispone, con carácter general que “los contribuyentes estarán obligados a presentar y suscribir declaración por este impuesto, con los límites y condiciones que reglamentariamente se establezcan”. El art. 61 RIRPF no añade grandes precisiones.

De los arts. 6.1 y 8.1 LIRPF se deduce que son contribuyentes los residentes en España que obtengan renta. Así pues, si se dan estos dos requisitos (residencia habitual y obtención de renta), deberá presentarse la declaración, salvo que las rentas derivadas de cada una de las fuentes que señalan la ley y el reglamento no superen determinados importes en las condiciones establecidas por las citadas normas.

Es dudoso que adquiera la condición de contribuyente quien obtenga tan solo rentas exentas, pues no parece que pueda existir un contribuyente si no tiene obligación de ingresar la cuota (son sujetos pasivos quienes deban “cumplir la obligación tributaria principal así como las obligaciones formales inherentes a la misma” ex art. 36.1 LGT). Quien solo debe cumplir obligaciones formales no debería considerarse contribuyente aunque sea obligado tributario.

Retomando el hilo de nuestra exposición, examinemos el art. 96.2 in fine LIRPF:

“En ningún caso tendrán que declarar los contribuyentes que obtengan exclusivamente rendimientos íntegros del trabajo, de capital o de actividades económicas, así como ganancias patrimoniales, con el límite conjunto de 1.000 euros anuales y pérdidas patrimoniales de cuantía inferior a 500 euros.”

Por tanto, cabe sostener que si nuestro “contribuyente” ha obtenido en el ejercicio una ganancia patrimonial no sometida a retención y superior a 1.000 euros, tendrá obligación de declarar aunque no haya percibido ninguna otra renta.

Ahora bien, para que esto sea así, el supuesto obligado a declarar, debería ser “contribuyente” y, como hemos visto, es dudoso que tenga esta condición quien tan solo obtiene rentas exentas.

De modo coherente con este planteamiento, el art. 1.2.d) in fine de la Orden HAC/277/2019, de 4 de marzo, por la que se aprueba el modelo de declaración del IRPF establece que:

“A efectos de la determinación de la obligación de declarar en los términos anteriormente relacionados [las cuantías a que antes nos hemos referido], no se tendrán en cuenta las rentas exentas ni las rentas sujetas al Gravamen especial sobre determinadas loterías y apuestas, regulado en la DA 33ª de la Ley del Impuesto”.

Cabría la duda de si este precepto se refiere solo a aquellas “rentas exentas” reguladas en el art. 7 LIRPF (que lleva exactamente dicha rúbrica) o si abarca todos los supuestos de exención (muchos más) establecidos a lo largo de la Ley del impuesto. Dado que el art. 7 no realiza ninguna precisión sobre la obligación de declarar, parece que debería aplicarse el mismo régimen a las demás rentas exentas con independencia del precepto en que se regulen.

Desde luego, la Ley del impuesto no utiliza una terminología muy precisa. Así, el art. 38.3 habla de “ganancias excluidas de gravamen” en supuestos de reinversión en una renta vitalicia. De todos modos, el propio modelo de autoliquidación del impuesto aprobado por la citada Orden Ministerial, califica de “exención” el régimen de las ganancias patrimoniales “excluidas de gravamen” por reinversión en rentas vitalicias.

Paradójicamente, el que se prevean casillas específicas para esta ganancia de patrimonio exenta (1237 a 1243) parece llevar a la conclusión de que sí existe obligación de declarar estas ganancias de patrimonio exentas. En contra, podría argumentarse que solo es necesario cumplimentar tales casillas en algunos supuestos con relevancia para determinar la deuda del ejercicio. Por ejemplo, cuando la exención de la ganancia de patrimonio sea parcial, por no haberse reinvertido en su totalidad el importe obtenido por la transmisión, o bien cuando la reinversión se realice dentro del plazo de seis meses, pero en el ejercicio siguiente a la transmisión, pues, en tal caso “el contribuyente vendrá obligado a hacer constar en la declaración del Impuesto del ejercicio en el que se obtenga la ganancia de patrimonio su intención de reinvertir en las condiciones y plazos señalados” (art. 42.4 in fine RIRPF).

En definitiva, se trataría de interpretar que las rentas exentas solo deben declararse cuando presenten alguna relevancia (actual o futura) para cuantificar la deuda tributaria del ejercicio. Esto sucede también con la obligación de declarar aquellas rentas exentas en virtud de convenios de doble imposición (exención con progresividad) que tengan relevancia a la hora de determinar el tipo de gravamen (y, por tanto, el importe de la deuda tributaria). El Modelo 100 las denomina “Rentas exentas, excepto para determinar el tipo de gravamen” (apartado L, casillas 0525 a 0526).

Claro está que podría utilizarse otro argumento para defender, en cambio, una interpretación extensiva del deber de declarar. El art. 96.6 in fine LIRPF establece que “Los contribuyentes deberán cumplimentar la totalidad de los datos que les afecten contenidos en las declaraciones…”

Ante la duda, desde un punto de vista práctico, lo más prudente sería incluir los importes previstos en las casillas del impreso aunque la ganancia de patrimonio estuviera completamente exenta.

Más allá de esta “regla prudencial” ¿qué hemos aprendido gracias a la pregunta de nuestra estudiante? La respuesta no ofrece dudas: la regulación del deber de declarar las rentas exentas en el IRPF es deficiente y confusa.

Nota: agradecemos las valiosas ideas que nos ha facilitado el profesor Gerardo Menéndez García, Titular de Derecho Financiero y Tributario de la UNED. Muchas gracias también a nuestra alumna por su interesante pregunta.

In memoriam de María Dolores Piña Garrido, Profesora Titular de Derecho Financiero y Tributario y Vocal Asesora del IEF

Hace pocos días, he recibido la trágica noticia del fallecimiento de Lilo Piña Garrido, Profesora Titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Pública de Navarra y, durante varios años, Vocal Asesora del Instituto de Estudios Fiscales, donde seguía destinada.

Conocí y compartí despacho con Lilo -entonces Loli- en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, donde ella iniciaba su carrera universitaria. Después se trasladó a la Universidad Pública de Navarra. Allí ganó una plaza de Profesora Titular. Años más tarde, se incorporó al Instituto de Estudios Fiscales, en Madrid.

De entre sus publicaciones destaca la monografía sobre El devengo y el período impositivo en Derecho Tributario Español, Cólex, Madrid, 1997, basada en su tesis doctoral dirigida por el Profesor don Juan Ramallo Massanet. También quisiera recordar su coordinación de la obra VI Jornada Metodológica de Derecho Financiero y Tributario Jaime García Añoveros. La Calidad Jurídica de la Producción Normativa en España.

Lilo tenía una personalidad nada convencional y pienso que debió afrontar dificultades en su vida, que superó con buen humor. Desde luego, era una mujer valiosa e inteligente y, ante todo, una buena persona.

Descanse en paz. Pido a aquellos lectores del blog que sean creyentes, oraciones por su alma.