Antonio Torregrosa: Rasgos inconstitucionales de la última “amnistía fiscal”

Con ocasión del comienzo del curso retomamos el blog con un valioso comentario de Antonio Torregrosa Sala (Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona) a la STC de 8 de junio de 2017, que declaró la inconstitucionalidad de la amnistía fiscal.

Agradezco al Profesor José Andrés Rozas Valdés, Catedrático Acreditado de la Universidad de Barcelona, que me haya puesto en contacto con el autor.

Pedro Herrera

Vídeos de la Jornada “Crisis y estructuración Territorial del Estado”

Ofrecemos los vídeos de la Jornada “Crisis y estructuración Territorial del Estado”, celebrada el 23 de junio de 2015 en la Facultad de Derecho de la UNED y organizada por la Fundación Manuel Giménez Abad, el Grupo de investigación: Costes y beneficios de la descentralización política en un contexto de crisis, ECJ Leading Cases  y la Asociación de Profesores de la UNED (AdP-UNED).

El programa completo de las jornadas puede consultarse aquí.

Agradezco de modo especial al Profesor Fernando Reviriego la invitación a participar y a difundir los vídeos a través de este blog.

Pedro Herrera

J.A. Rozas Valdés: sobre la declaración de inconstitucionalidad de una discriminación valenciana en el Impuesto sobre Sucesiones

DECLARADA INCONSTITUCIONAL UNA DISCRIMINACIÓN VALENCIANA EN EL IMPUESTO SOBRE SUCESIONES

José Andrés Rózas Valdés

Catedrático Acreditado de Derecho Financiero y Tributario (Universidad de Barcelona

El pasado 18 de marzo (STC 60/2015), el pleno del TC ha expulsado del ordenamiento jurídico –en resolución de una cuestión de constitucionalidad presentada por la sala 3ª, secc. 7ª, del TS, por San Fernando del 2013- el art. 12 bis de la Ley valenciana 13/1997 sobre normativa en tributos cedidos, en la redacción dada a la misma por el art. 16 de la Ley valenciana 10/2006, por vulneración de los arts. 14, 31.1 y 139.1 de la Constitución, siendo su ponente el Magistrado Antonio Narváez Rodríguez.

El caso “Reig Roig” (más valenciano imposible) se había planteado en 2010 cuando tres hermanos y su madre descubren, con una natural sensación de vértigo y pavor, que el varón, “Don Gaspar jr”, por no residir en la Comunidad valenciana, a diferencia de sus dilectas hermanas y madre –más apegadas a la tierra- ha de pagar una cuota por la herencia recibida de “Don Gaspar sr” nada menos que noventa y nueve veces mayor que la que correspondía a sus co-herederos. Extrañamente, esta diferencia de trato le resulta injusta y recurre su primorosa autoliquidación, no sin antes haber solicitado su oportuna rectificación, respondida –como procede- por la autoridad competente con un merecido silencio. ¡Qué funesta manía la de los contribuyentes de recurrir, con el consiguiente incremento de la malhadada litigiosidad!

El primer detalle procesal sugestivo de este caso es que el justiciable se echa en brazos, directamente, de la jurisdicción contencioso-administrativa por el procedimiento especial de protección de los derechos fundamentales. La respuesta del TSJ valenciano no tiene, francamente, desperdicio. Le manda a paseo, por San Antonio del 2011, con número de registro 03/2162/2010, bajo el lema de que “la medida normativa combatida ni es arbitraria, ni está ayuna de fundamento legal” pues “responde a una finalidad constitucionalmente amparada que es la protección de la familia (sic)”. ¡Toma del frasco, Carrasco!

Don Gaspar jr se va derechito a las Salesas y allí tienen a bien, oído el ministerio fiscal y la representación procesal del justiciable, plantear la correspondiente cuestión de inconstitucionalidad, por cuanto algo les hace sospechar a los magistrados que esto de que un hermano pague noventa y nueve veces más de cuota por ISD que sus coherederos igual no tiene nada que ver con la protección de la familia y hasta, ¡quién sabe!, hasta resulte contrario a Derecho.

Claro está que si el bien asesorado contribuyente hubiera elegido la vía natural de recurso tributario, acudiendo primero al Tribunal económico-administrativo regional de Valencia y, después –o antes, per saltum (¡ali-hop!)- ante el TEAC, tras un paciente peregrinaje –por el consabido atasco de las trochas contencioso y económico administrativas saturadas de litigantes contribuyentes- no habría llegado nunca al Supremo –cerrado para quienes reclamen menos de 600.000 € por hecho imponible, en aras de la “agilización procesal” y reducción de la conflictividad- y difícilmente habría llegado al Constitucional –que rechaza sistemáticamente los amparos en materia tributaria porque la igualdad formal (art. 31 Ce) no tiene nada que ver con la igualdad material (art. 14 Ce) [¿o es la objetiva la que no es igual, valga la redundancia, que la subjetiva?]- salvo que hubiera convencido a los magistrados de la AN que hubiesen presentado la susodicha cuestión de inconstitucionalidad por estimar que algo olía a podrido en La Albufera.

El cuco contribuyente, su pérfido asesor, eligió, por el contrario y arteramente, la sinuosa vía de la protección de los derechos fundamentales, se coló en las Salesas, logró que se plantease la cuestión y -¡éxito sin precedentes!- tras sólo cinco años ha conseguido ver reconocido su derecho a no ser flagrantemente discriminado y maltratado por haber abandonado, imprudentemente, su residencia en la fértil tierra valenciana. Eso sí, repitan conmigo y con nuestras autoridades tributarias: “en España no existe ningún problema de justicia tributaria ni en lo relativo a su ordenación, ni en lo atinente a su administración: todo es perfecto sin mancha de defecto alguno”. A la vista de la propuesta de contrarreforma de la LGT en marcha, lo único que procede es darle algún retoque al económico-administrativo y, eso sí, si no fuera por las objeciones del Consejo de Estado, se querría poner freno a la posibilidad de que los díscolos contribuyentes saquen partido de la responsabilidad patrimonial del legislador cuando, sistemáticamente, el TJUE y, ahora también, el TC, le pasan la garlopa a nuestro impoluto ordenamiento tributario.

Para evaluar si está en cuestión el respeto del principio de igualdad los magistrados utilizan la STC 96/2002, de 25 de abril, analizando si la residencia puede operar como elemento de discriminación, si se aplica en razón de un fin constitucional, si el grupo sobre el que la misma se aplica es homogéneo y si la diferenciación es adecuada y proporcionada al fin:

a) el grupo es homogéneo, herederos con idéntico parentesco;

b) el fin constitucionalmente protegido con la diferenciación no se identifica, ni en el preámbulo de la ley, ni en su tramitación parlamentaria arguyendo al respecto los abogados de la Generalitat una supuesta “protección de políticas sectoriales” que no se detallan y que los magistrados no entienden;

c) pese a ello –pues no identificado el fin constitucional protegido la discriminación sería de suyo inaceptable- el Tribunal hace notar en su cuestionamiento del particular que no hay razón alguna que justifique la residencia como elemento de discriminación entre herederos de igual parentesco;

d) por último, en la misma línea, se incide en que no se trata de que se apliquen leyes autonómicas diversas por razón de la residencia sino de que la misma ley autonómica aplicada a un residente en la Comunidad y a otro que no reside en la misma –por lo demás en idénticas circunstancias- discrimina –ferozmente apuntaría yo, de forma “atroz” apunta la fiscalía- al segundo respecto del primero.

El cuestionamiento se admite por el TC y cita a personarse, como procede, al lucero del alba. Con el detalle, sintomático, de que el abogado del Estado hace mutis por el foro y no dice esta boca es mía. Lógicamente la Abogacía de la Generalitat y los letrados de Las Cortes valencianas sí dicen la suya que presenta como plato fuerte, tras los habituales cuartos a espadas de la autonomía financiera y la corresponsabilidad fiscal, algo verdaderamente ingenioso: tiene sentido limitar la generosa bonificación fiscal a los residentes en las tierras levantinas porque sólo respecto de ellos es previsible que la misma pueda “revertir por otras vías en el mismo territorio”. O sea, que el Tesoro público nunca ha de perder y una bonificación sólo estará justificada si es de ida y vuelta porque, claro está, lo suyo es tributar y únicamente de forma restrictiva, rígida y cicatera es admisible que alguien pueda disfrutar de “beneficios” fiscales… salvo que sea previsible, naturalmente, que vaya a “devolver”, por otra vía, lo inicialmente disfrutado.

El legislativo valenciano tuvo ya sus dudas al respecto y, de hecho, entre el 2003 y el 2006 se suprimió semejante discriminación, en una primera fase, para resultar definitivamente abrogada en 2014. La tajante decisión del Constitucional (con una poco habitual -¡y encomiable!- economía procesal de 28 páginas) con todo, conserva su virtualidad para eventuales nuevos procedimientos en los que pudiera ser de aplicación la normativa ahora derogada, y para aquellos sobre los que –en las mismas circunstancias- aún no se haya decidido en fase administrativa o judicial.

En un mismo curso académico el TJUE en septiembre y el TC en marzo le ha pegado un considerable meneo a la normativa del ISD, por resultar discriminatoria respecto de los no residentes, en el primer caso, y en razón de la vecindad autonómica en este segundo pronunciamiento. Tal vez fuera esta la ocasión de comenzar a poner un poco de orden en esta materia; sin embargo, a juzgar por la notoria cicatería y carencia de un elemental sentido de justicia que ha presidido la urgente reforma operada en lo relativo a los no residentes –dejando al albur de la flagrante (“de tal evidencia que no necesita pruebas” reza el diccionario de la RAE) discriminación a los que no lo sean en la UE o en el EEE- no hay motivos para la esperanza.

Iñigo Barberena: ¿Se aplica la LOFCA a los tributos de la Comunidad Foral de Navarra? A propósito de las STC 208/2012 y 110/2014

[Post núm. 629, de 5 de noviembre de 2014]

Publicamos en la sección Artículos Científicos un valioso trabajo del profesor Iñigo Barberena Belzunce, Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario de la UNED titulado ¿Se aplica la LOFCA a los tributos de la Comunidad Foral de Navarra? A propósito de las STC 208/2012 y 110/2014. El autor sostiene que la doctrina del tribunal constitucional relativa al impuesto foral sobre el valor de la producción de energía eléctrica (y sus antecedentes) constituye un serio ataque al régimen foral navarro. Como todos los artículos publicados en esta sección el trabajo ha sido sometido a evaluación externa.

Consideraciones críticas sobre la STC 53/2014 de 10 de abril (constitucionalidad de la redacción original del Impuesto asturiano sobre Grandes Superficies)

En el post de hoy comentaré la STC 53/2014 de 10 de abril de 2014 que resuelve una cuestión de constitucionalidad cart3sobre la regulación original del Impuesto sobre Grandes Establecimientos Comerciales del Principado de Asturias.

La Sentencia –que desestima la cuestión de constitucionalidad- constituye un buen resumen de la doctrina del Tribunal Constitucional sobre los impuestos propios de las Comunidades Autónomas. Su lectura es interesante y enriquecedora. Me centraré, no obstante, en comentar dos aspectos que me parecen discutibles.

a) Al analizar la finalidad extrafiscal del Impuesto, el Tribunal afirma que “no se trata de examinar si estamos ante un impuesto idóneo para minimizar el impacto medioambiental que se pretende tener en cuenta en su gravamen, sino si dicha finalidad se proyecta o no en su estructura y elementos de cuantificación”. Se trata de una mera consideración obiter dictum formulada en el contexto del análisis sobre la compatibilidad del impuesto con el art. 6.3 LOFCA (prohibición de gravar los hechos imponibles ya sometidos a tributación por el Estado). Pese a todo, creo que se trata de una afirmación desafortunada, pues el control de idoneidad (el determinar si una medida es apta para conseguir su fin) forma parte del control de proporcionalidad que corresponde al Tribunal Constitucional. Desde luego que el tribunal no ha de realizar consideraciones de mera política legislativa, pero pienso que la idoneidad en sentido estricto -en su doble vertiente formal (es teóricamente posible que funcione) y real (a la luz de datos estadísticos)- sí debería ser controlada por el Tribunal Constitucional español, del mismo modo análogo a lo que sucede en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional alemán y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea).

b) El Tribunal examina si el impuesto lesiona la libertad de empresa en la medida en que pueda constituir “un obstáculo para un colectivo de sujetos a quienes coloca en el mercado en una clara situación de desventaja, por tener que asumir unos costes que no asumen sus competidores”. El principal problema está en que la redacción original de la ley sólo gravaba los establecimientos “destinados al ejercicio regular de actividades comerciales”, de donde parece deducirse la no sujeción de otros establecimientos que causan un impacto ambiental semejante (ocio y hostelería). Como prueba adicional de esta no sujeción se alega que la reforma operada por la Ley 6/2004 somete expresamente a tributación los establecimientos de ocio y hostelería.

Pues bien, a juicio del Tribunal “No es posible acoger la interpretación que realiza el órgano judicial de la Ley controvertida. Dado que el impuesto recae sobre grandes establecimientos comerciales, están incluidos dentro de su ámbito todos los locales situados dentro de la gran superficie, con independencia de su destino, sin que de la lectura del art. 21.3.2 de la Ley del Principado de Asturias 15/2002, quepa extraer una conclusión contraria. No constituye una objeción que tras la reforma operada por la Ley 6/2004, de 28 de diciembre, el precepto se refiera a estos últimos de forma expresa porque, como razona el Letrado del Principado, ha pretendido aclarar qué operadores económicos están sujetos al impuesto. En consecuencia, no cabe considerar vulnerado el derecho a la igualdad establecido con carácter general por el art. 14 CE y, con carácter particular en relación con el deber de contribuir, por el art. 31 CE”.

A mi entender el Constitucional carece de elementos sólidos para rechazar la interpretación del Tribunal de instancia. La redacción inicial de la ley señalaba que:

“se entiende por establecimientos comerciales los locales y las construcciones o instalaciones dispuestas sobre el suelo de modo fijo y permanente, cubiertos o sin cubrir, exentos o no, exteriores o interiores de una edificación, con escaparates o sin ellos, destinados al ejercicio regular de actividades comerciales, ya sea de forma continuada o en días o temporadas determinadas, así como cualesquiera otros recintos acotados que reciban aquella calificación en virtud de disposición legal o reglamentaria”.

En cambio, la redacción introducida por la Ley 6/2004 establece que:

“se entiende por establecimientos comerciales los locales y las construcciones o instalaciones dispuestas sobre el suelo de modo fijo y permanente, cubiertos o sin cubrir, exentos o no, exteriores o interiores de una edificación, con escaparates o sin ellos, destinados al ejercicio regular de actividades comerciales y de ocio, hosteleria y espectáculos, ya sea de forma conti- nuada o en días o temporadas determinadas, así como cuales- quiera otros recintos acotados que reciban aquella calificación en virtud de disposición legal o reglamentaria”.

Parece evidente, por tanto, que la Ley 6/2004 constituye una ampliación del hecho imponible. Así lo confirma la Exposición de Motivos de la citada norma al indicar que “en relación con el impuesto sobre grandes establecimientos comerciales, se lleva a cabo una modificación que, además de consistir en ajustes de carácter técnico, supone la redefinición de algunos elementos que configuran el impuesto al objeto de que responda y se adecue en mayor medida a los fines para los que se creó, con la finalidad de dar respuesta a lo que la experiencia en la gestión del mismo, durante el tiempo de su vigencia, ha puesto de manifiesto”.

Es de suponer que los ejercicios 2002 a 2004 ya estarán prescritos, pero si en algún caso no fuera así como consecuencia de circunstancias que hayan interrumpido la prescripción ¿sería razonable utilizar la sentencia para someter a gravamen de modo retroactivo los locales destinados al ocio, hostelería y espectáculos?

A mi juicio –aunque puedo equivocarme- el Tribunal realiza una interpretación completamente artificiosa del hecho imponible original para salvar la inconstitucionalidad que hubiera supuesto la exclusión de actividades económicas perfectamente comparables a las actividades comerciales desde la perspectiva de su sometimiento al impuesto.

Pedro M. Herrera

STC 10-4-2014: no hay plazo alguno para recurrir las decisiones desestimatorias adoptadas por silencio administrativo

Desde una perspectiva teórica, suele considerarse que el silencio administrativo es una institución configurada para proteger a los interesados frente a la inactividad de la Administración. Por consiguiente, la desestimación por silencio no debería iniciar el cómputo del plazo para recurrir.

Sin embargo, el art. 46.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa establece que

“1. El plazo para interponer el recurso contencioso administrativo será de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación de la disposición impugnada o al de la notificación o publicación del acto que ponga fin a la vía administrativa, si fuera expreso. Si no lo fuera, el plazo será de seis meses y se contará, para el solicitante y otros posibles interesados, a partir del día siguiente a aquél en que, de acuerdo con su normativa especifica, se produzca el acto presunto”.

Por su parte, el art. 115 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas dispone que:

“El plazo para la interposición del recurso de alzada será de un mes, si el acto fuera expreso. Si no lo fuera, el plazo será de tres meses y se contará, para el solicitante y otros posibles interesados, a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzcan los efectos del silencio administrativo. Transcurridos dichos plazos sin haberse interpuesto el recurso, la resolución será firme a todos los efectos”.

El régimen en el ámbito tributario es aún más severo, pues prevé el mismo plazo para recurrir en el caso de resolución expresa que en el de desestimación presunta. En efecto, el art. 235 de la Ley General Tributaria establece que:

“1. La reclamación económico-administrativa en única o primera instancia se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado, desde el día siguiente a aquél en que se produzcan los efectos del silencio administrativo”.

Parece claro que, si el inicio del cómputo del plazo para recurrir se inicia como consecuencia del silencio presunto, se produce la indefensión del interesado y en este sentido se ha venido pronunciando el Tribunal Constitucional en multitud de sentencias que han resuelto recursos de amparo. El mismo argumento es trasladable a la vía administrativa (o económico-administrativa) previa, dado que ésta resulta preceptiva para poder acceder a la jurisdicción contenciosa.

Hubiera sido deseable que, con motivo de alguno de los citados recursos de amparo, la Sala correspondiente hubiera planteado al pleno una autocuestión de constitucionalidad. Sin embargo, el Tribunal no ha procedido de este modo. Finalmente, se ha planteado una cuestión de constitucionalidad frente al art. 46.1 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa por parte de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.

Pues bien, el Tribunal Constitucional, en lugar de declarar la inconstitucionalidad del citado precepto, interpreta que “a la luz de la reforma de 1999 de la Ley 30/1992, la impugnación jurisdiccional de las desestimaciones por silencio no está sujeta al plazo de caducidad previsto en el art. 46.1 LJCA”. En otras palabras, interpreta que el artículo dice lo contrario de lo que dice (y lo contrario de la interpretación que vienen realizando los tribunales contenciosos). Así lo pone de manifiesto el voto particular de la Magistrada doña Adela Asua Batarrita

 

La sentencia requeriría un análisis más detallado del que puede realizarse en estas breves líneas, pero podría decirse que su lectura produce una notable desazón. Por una parte, las ediciones oficiales de las leyes deberían incluir notas a pie de página (también oficiales) en las que se mencionaran los cada vez más numerosos fundamentos de las sentencias constitucionales según los cuales, diversos preceptos han de interpretarse en sentido contrario a la letra de la ley. Además, dado que el Tribunal basa su curiosa interpretación en una reforma de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, y que dicha ley no es aplicable -ni siquiera con carácter supletorio- a la revisión en  materia tributaria (DA 5ª.2 de la Ley 30/1992) puede afirmarse que, en el ámbito tributario, hemos retornado a la casilla de salida.

Pedro Herrera

 

Carlos Palao: The Constitutionality of the Judicial Review Regime of the Basque “Foral Norms” on Tax Matters

Professor Carlos Palao Taboada has just published a relevant Unknownarticle on the so-called “Basque foral norms on tax matters”: “The Constitutionality of the Judicial Review Regime of the Basque Foral Norms on Tax Matters”, Revista de Contabilidad y Tributación, nº. 370, 2014, p. 51.

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Carlos Palao: la atribución al TC del control jurisdiccional sobre las normas forales de carácter fiscal

El profesor Carlos Palao Taboada acaba de publicar un interesantísimo trabajo sobre la atribución al Tribunal UnknownConstitucional del control sobre las normas forales en materia tributaria: “La constitucionalidad del régimen de control de las normas forales fiscales”, en Revista de Contabilidad y Tributación, núm. 370, 2014, págs. 51 y ss.

Los lectores interesados que no tengan acceso al documento completo pueden adquirirlo en la página web de CEFLegal. Continue reading

A. López Pina and I. Gutiérrez Gutiérrez: Trojans at the Constitutional Court – Troyanos en el Tribunal Constitucional

Trojans at the Constitutional Court

PBCrichton_Malware_Hazard_Symbol_-_RedProfessors Antonio López Pina and Ignacio Gutiérrez Gutiérrez have published an inspiring paper on right to privacy and appoinment of new judges at the German and Spanish Constitutional Court: trojans at the Constitutional Court. We thank then for providing us with the link to their relevant comments.

Los profesores Antonio López Pina e Ignacio Gutiérrez han publicado un interesante trabajo en el que analizan tanto el derecho a la intimidad como el nombramiento de nuevos jueces del Tribunal Constitucional: Troyanos en el Tribunal Constitucional. Les agradecemos que nos hayan facilitado el enlace a sus relevantes comentarios.