Vídeoclase sobre la “segunda” inconstitucionalidad de la “plusvalía municipal” (STC 126/2019)

En el post de hoy publicamos un enlace a la vídeoclase de Canal UNED en la que los profesores Pedro Herrera y Ada Tandazo analizan la nueva declaración de inconstitucionalidad de la plusvalía municipal por la STC 126/2019.

La vídeoclase puede consultarse en este enlace.

 

Juan Ignacio Gomar Sánchez: La nueva declaración de inconstitucionalidad de la “plusvalía municipal” (comentario a la STC 126/2019, de 31 de octubre)

En el post de hoy publicamos un valioso comentario a la STC 126/2019, de 31 de octubre, que vuelve a declarar la inconstitucionalidad (parcial) de la “plusvalía municipal”.

El autor, don Juan Ignacio Gomar Sánchez, conjuga un riguroso análisis jurídico con su inigualable sentido del humor. Muchas gracias, querido Juan Ignacio, por esta aportación.


Se cuenta de un paciente que al entrar en la consulta del médico exclama “doctor, me muero de curiosidad por conocer los resultados de las pruebas”, ante lo cual el galeno, circunspecto, le contesta “pues mire, de curiosidad no va a ser”.  Es difícil saber si el impuesto municipal de plusvalía va a fallecer próximamente, aunque no cabe duda de que los doctores que lo están tratando ni parecen atinar con el diagnóstico ni tampoco acaban de matarlo, haciéndole sufrir lo indecible tanto a él como a sus amigos (entre los que confieso encontrarme).

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¿Constituye la superficie un índice evidente de capacidad económica?

En el post de hoy quisiera analizar una interesante pregunta que me han planteado en el ámbito académico: el criterio de superficie previsto en los Impuestos sobre Grandes Superficies de “primera generación” ¿constituye un indicio evidente (externo y aproximado, pero objetivo) de riqueza?

La relevancia de esta pregunta estaría en determinar si -además de su declarada finalidad ambiental- los impuestos sobre grandes superficies comerciales presentan un apoyo adicional en el principio de capacidad económica.

Por impuestos de “primera generación” me refiero a la fórmula utilizada antes de la reforma operada por la Ley Catalana 5/2017, de 28 de marzo. Dicha reforma establece un impuesto de “segunda generación” que modula la base imponible atendiendo al “número de vehículos que, durante el período impositivo, acceden al aparcamiento del que dispone el establecimiento comercial, de acuerdo con las lecturas de los sistemas de medición de los accesos al aparcamiento”.

Pues bien, en sus conclusiones sobre los diversos asuntos relativos a los Impuestos sobre grandes superficies de primera generación (As. C-233/16, Generalitat de Cataluña; C‑234/16 y C‑235/16, Principado de Asturias) la Abogado General Kokott señala que el impuesto sobre grandes superficies:

“…grava especialmente a los establecimientos comerciales grandes desde el punto de vista de su superficie. Es evidente que esto se basa en la asunción de que tales establecimientos generan una mayor afluencia de tráfico de clientes y de proveedores. Es plausible que esta mayor afluencia de tráfico de clientes y de proveedores pueda generar más ruido y más emisiones a la atmósfera y que pueda tener, por tanto, un mayor impacto medioambiental. Así pues, una ley que grava con un impuesto en mayor medida a los establecimientos comerciales que generan mayor ruido y más emisiones a la atmósfera parece adecuada para incitar a operar más bien empresas de comercio minorista más pequeñas, las cuales generan —individualmente consideradas— menos emisiones.” (ap. 49).

“tampoco cabe negar que las dimensiones de los establecimientos comerciales son indicativas de un mayor volumen de negocios y, por tanto, también de una mayor capacidad económica (y, por ende, de una mayor capacidad contributiva)” (ap. 57).

Las Conclusiones dictadas por Kokott en los asuntos C‑236/16 y C‑237/16 (Diputación General de Aragón) reiteran estos argumentos en los apartados 48 y 56 respectivamente.

En sus sentencias el Tribunal de Justicia acepta que el Impuesto no es contrario al Derecho Europeo, sin reflejar los argumentos correspondientes al principio de capacidad económica (EU:C:2018:280, EU:C:2018:281 y EU:C:2018:291). No obstante resulta interesante examinar si resulta “evidente” (si no puede negarse) que “las dimensiones de los establecimientos comerciales son indicativas de un mayor volumen de negocios y, por tanto, también de una mayor capacidad económica (y, por ende, de una mayor capacidad contributiva)”.

Sinteticemos la pregunta: ¿es evidente que la superficie de un establecimientos comerciales refleja su capacidad económica?

Esta cuestión puede dividirse en dos:

– La superficie de un establecimiento comercial ¿refleja su capacidad económica?
– En caso afirmativo ¿se trata de una realidad evidente?

Comencemos por la segunda parte. El Diccionario de la Real Academia define “evidente” como “cierto, claro, patente y sin la menor duda”. Según las Conclusiones de la Abogado General “no cabe negar” que la superficie representa una mayor capacidad económica, por lo que está afirmando su evidencia (aunque las expresiones utilizadas en las versiones alemana e inglesa son ligeramente distintas (“ist nicht von der Hand zu weisen…”; “It must also be recognised…”).

En cualquier caso, pensamos que la afirmación no es “evidente”. En efecto, es una aseveración que puede ponerse en duda alegando la experiencia histórica y las tendencias de futuro.

En cuanto a la experiencia histórica pueden recordarse las quiebras de Galerías Preciados (1994) y de SEPU (2002). En el ámbito europeo pueden mencionarse los cierres de grandes establecimientos pertenecientes a Marks & Spencer.

En Estados Unidos las grandes superficies están sufriendo de una profunda crisis ante la competencia del comercio on-line. Según un reciente artículo publicado en El País, la actual situación en España no es comparable … pero la penetración del comercio on-line en nuestro país aún no se ha desarrollado tanto como en Norteamérica, por lo que no cabe destacar que el modelo de las grandes superficies encuentre serias dificultades económicas en el futuro.

Con esto solo pretendemos mostrar que la relación entre “superficie” y capacidad económica no es “evidente” (no puede negarse), sino, en todo caso, “aparente” (puede pensarse que existe).

Entremos ahora al fondo del asunto ¿Representa la superficie una medida adecuada de capacidad económica? La capacidad económica (la riqueza con la que se debe contribuir al sostenimiento de los gastos públicos) se manifiesta a través de la renta, el patrimonio o el consumo ¿Constituye la superficie de un comercio un índice representativo -aunque sea de modo aproximado- de renta, patrimonio o consumo?

La referencia al consumo solo tiene sentido si atendemos al destinatario final de los bienes y servicios (los “consumidores finales”), por lo que podemos descartarla.

En cuanto al “patrimonio”, tampoco parece un buen indicador de la capacidad económica de un negocio. Así lo demuestra la ausencia -en el Derecho español y el comparado- de impuestos sobre el patrimonio de las personas jurídicas. Además, la superficie del establecimiento solo guardaría relación con el capital de la entidad cuando el inmueble fuera de su propiedad. Esta condición no se exige (y sería absurdo exigirla) en los impuestos sobre grandes superficies.

Así pues, solo nos queda la “renta”, que en el caso de las personas jurídicas viene representada por el “beneficio”. A esta manifestación de capacidad económica parece aludir la Abogado General indicando que “las dimensiones de los establecimientos comerciales son indicativas de un mayor volumen de negocios (…) y por ende, de una mayor capacidad contributiva)”.

Kokott no expone el hilo conductor entre las “dimensiones” de un local y su “volumen de negocios”. Sin embargo, al explicar la relación entre la superficie y el impacto ambiental menciona “la asunción de que tales establecimientos generan una mayor afluencia de tráfico de clientes”.

La tesis, por tanto, es la siguiente: si la superficie es mayor, acudirán más clientes y, por tanto, se incrementará el “volumen de negocios” y, con él, la capacidad económica.

Esta tesis se funda en dos premisas:

a) La mayor superficie del establecimiento implica necesariamente una mayor afluencia de clientes efectivos.

b) El mayor volumen de negocios implica mayor beneficio.

Consideramos que ambas afirmaciones presentan deficiencias:

– Por un lado, la mayor superficie permite acoger a más clientes, pero esto no supone que acudan necesariamente.
– Además, el volumen de operaciones no guarda relación directa con el beneficio. Un elevado volumen de operaciones es compatible con la quiebra cuando los gastos superan los ingresos. Además, el alquiler y mantenimiento de una mayor superficie puede implicar mayores gastos.

Recordemos que, en el caso norteamericano, muchas grandes superficies se han visto obligadas a cerrar al no poder competir con el comercio on-line, que atrae a los clientes sin necesitar “superficie”.

Pero ¿no podría concederse, al menos, que la superficie constituye “un indicio objetivo, aunque externo y aproximado objetivo de riqueza”?

Para responder esta cuestión, hemos de recordar dos distinciones, que ha formulado nuestro Tribunal Constitucional. Se trata de construcciones teóricas bien intencionadas, pero que han tenido unas consecuencias muy negativas.

– Por una parte la diferencia entre capacidad económica “actual” y “potencial” (STC 37/1987, de 26 de marzo de 1987, FJ 13º in fine).
– Y, por otra, las dos funciones que, supuestamente desempeña el principio de capacidad económica: como “fundamento” de la imposición (exigible de cada tributo) y como “medida” (solo predicable del “sistema en su conjunto”) (STC 26/2017, de 16 de febrero de 2017, FJ 2º).

La diferencia entre la “potencia” y el “acto” se remonta a Aristóteles (Metafísica, libro III). El acto está presente, mientras que la potencia es una posibilidad. Capacidad económica “actual” es la que existe y “potencial” la que podría existir, pero no existe en el momento presente.

Si se acepta la aplicación de estas distinciones al ámbito tributario, podría afirmarse que la “superficie” constituye un indicio de capacidad económica potencial, que se convertirá en actual si la superficie se ocupa por los clientes y estos realizan compras por un importe superior a los gastos del negocio. Ahora bien ¿tiene algún sentido o utilidad esta afirmación?

Estamos persuadidos de que el concepto de “capacidad económica potencial” solo se justifica en el contexto en que se formuló inicialmente por el Tribunal Constitucional; es decir, el Impuesto sobre Tierras Infrautilizadas de Andalucía. Si un inmueble rústico podía producir una riqueza determinada, pero su dueño prefería dejarlo baldío, debía gravarse la falta de productividad. Ahora bien, si analizamos despacio este supuesto llegaremos a la conclusión de que el principio de capacidad económica no representaba ningún papel. El impuesto andaluz no pretendía gravar la “riqueza potencial”, sino la desidia del propietario que privaba a los terrenos de su función social. En otras palabras, no estábamos ante un impuesto basado en el principio de capacidad económica, sino en un tributo de carácter extrafiscal.

Con posterioridad, el Tribunal Constitucional ha desgajado el concepto de “capacidad económica potencial” del ámbito extrafiscal. Fuera de su contexto el concepto se convierte en un “mantra” vacío de contenido que repite continuamente para justificar argumentos inconsistentes.

A nuestro juicio, no tiene sentido afirmar que todo impuesto debe gravar, al menos, una “capacidad económica potencial”, aunque la cuantía de dicho impuesto no guarde relación alguna con la capacidad económica actual del contribuyente.

Esto enlaza con otra afirmación de nuestro Tribunal Constitucional: nada se opone a que varios tributos meramente recaudatorios graven la misma manifestación de capacidad económica (ATC 69/2018, de 20 de junio, FJ 3º). Dicho en otras palabras: aunque estemos ante dos manifestaciones de capacidad económica equivalentes (y la capacidad económica puede medirse en euros) una puede gravarse más que otra, sencillamente porque el legislador lo considera oportuno.

Si aceptamos este contexto de deterioro -más bien ruina- del principio de capacidad económica, podemos afirmar que “la superficie es un indicio objetivo de capacidad económica”, pero tal afirmación está vacía de contenido. Solo quiere decir lo siguiente: un establecimiento de mayor superficie puede tener (o no) mayor capacidad económica actual de la que corresponda a otro establecimiento con menor superficie. Ahora bien, no es necesario comprobar la capacidad económica real, puesto que la mera posibilidad (capacidad económica potencial) basta para salvar cualquier problema de constitucionalidad.

Es cierto que la superficie constituye uno de los criterios previstos en las órdenes de módulos del IRPF (Orden HAC/1264/2018, de 27 de noviembre), pero se tiene en cuenta en conjunción con otros módulos y, sobre todo, el régimen de estimación objetiva es renunciable.

También las Tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas tienen en cuenta la superficie (Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueban las tarifas y la instrucción del Impuesto sobre Actividades Económicas). Según la STC 233/1999 la mera disposición de un local para desarrollar un negocio constituye un índice de capacidad económica compatible con el principio de capacidad económica. Esto confirma la laxitud de la jurisprudencia constitucional pero no demuestra la relación entre la superficie y el beneficio obtenido por una empresa.

A nuestro entender, los métodos de estimación objetiva de la capacidad económica (estimación del beneficio y no del volumen de operaciones) solo tienen sentido cuando se fundan en la dificultad de medir la capacidad económica actual. En el caso de los grandes establecimientos comerciales la capacidad económica se mide en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades.

Por tanto, el impuesto sobre grandes superficies no se fundamenta en el principio de capacidad económica. Es más -y en esto también discrepamos del Tribunal Constitucional- si un impuesto es extrafiscal (busca desincentivar conductas) no es necesario justificarlo en una versión descafeinada del principio de capacidad económica (la capacidad “potencial”). Su fundamento suficiente radica en otros principios, como la protección del medio ambiente (art. 45 CE).

Por tanto, la auténtica cuestión está en determinar si los impuestos de grandes superficies (de primera o de segunda generación) se justifican en la protección del medio ambiente. Esto también nos parece dudoso, aunque debemos reconocer la mejora introducida por la ley catalana 5/2017 en el diseño de un impuesto “de seguda generación”.

Pedro M. Herrera

Catedrático de Derecho Financiero y Tributario

UNED

La urgente reforma de los mínimos vitales (Mejoras Técnicas del IRPF, V)

Los mínimos vitales (“mínimos personales y familiares”) requieren una reforma urgente y profunda por un doble motivo: su injusticia material y su perversa técnica normativa.

Desde el punto de vista material, los “mínimos” constituyen las cantidades indispensables para que el contribuyente subsista y mantenga a su familia con un mínimo de dignidad. Por este motivo deberían constituir renta exenta (podrían regularse como una exención transversal a los diversos rendimientos) o bien cabrían instrumentarlos como reducciones de la base imponible.

Un aparente argumento en contra es el siguiente: los beneficios fiscales deben establecerse en la cuota y no en la base. De lo contrario, dado que la tarifa es progresiva, beneficiarán más a quien obtenga mayor renta (a los “ricos”) puesto que supondrán un ahorro fiscal equivalente al tipo marginal al que se tribute.

Tal razonamiento cae por su propio peso, puesto que los “mínimos vitales” no constituyen un “beneficio fiscal” sino una exigencia de justicia. La reducción de tales mínimos de la base imponible resulta tan justificada como lo es la deducción de los gastos deducibles de los ingresos íntegros. Es evidente que los gastos necesarios para obtener los ingresos deben deducirse de la base, pues disminuyen la capacidad económica. Desde un punto de vista puramente “numérico”, un gasto deducible parece más ventajoso para quien tributa a un mayor tipo de gravamen, pero no por ello debe transformarse en deducciones de la cuota. Primero debe determinarse la capacidad económica, restandose de los ingresos íntegros los mínimos vitales y los gastos deducibles. Una vez obtenida la renta neta podrá aplicarse la escala de gravamen con el grado de progresividad que haya determinado el legislador.

Por este motivo, dede un punto de vista material, es completamente injusto que los mínimos no se apliquen en la base. También resulta injusta su escasa cuantía y el hecho de que no se establezca ningún mecanismo automático de actualización atendiendo a la inflación.

Pasemos ahora a analizar la perversa técnica normativa de los mínimos vitales previstos en la Ley del Impuesto sobre la Renta. El Diccionario de la Lengua define “perverso” como aquelo que “causa daño intencionadamente”. Esto es lo que sucede con la regulación de los mínimos. De modo intencionado se ha querido establecer unos mínimos equivalentes a deducciones de la cuota bajo una apariencia de cantidades expresadas en términos de base imponible. No se trata de un defecto de técnica legislativa, sino de un “daño intencionado” -un engaño- para presentar al contribuyente unas cantidades mucho mayores de lo que serían si se expresarán como deducciones de la cuota.

El art. 56.1 LIRPF afirma que “El mínimo personal y familiar constituye la parte de la base liquidable que, por destinarse a satisfacer las necesidades básicas personales y familiares del contribuyente, no se somete a tributación por este Impuesto.” Es un precepto vacío, meramente propagandístico, pues, según el art. 63.1.2º LIRPF “La cuantía resultante [de aplicar los tipos de gravamen a la base liquidable general] se minorará en el importe derivado de aplicar a la parte de la base liquidable general correspondiente al mínimo personal y familiar, la escala prevista en el número 1.º anterior.” Dado que los mínimos no son especialmente generosos, en la mayoría de los casos no superarán el primer tramo de la escala (12.450 euros), de modo que el mínimo equivaldrá a una deducción en cuota del 9,5 % (más el tipo autonómico) de las cantidades expresadas en términos de base: 5.550 euros por el contribuyente, 2.400 por el primer hijo (a prorratear con el cónyuge), 2.700 por el segundo, etc.).

Por consiguiente, los mínimos deberían convertirse en cantidades exentas o reducciones de la cuota. Si no quiere hacerlo así, el legislador debería poner de manifiesto la injusticia configurándolas abiertamente como deducciones de la cuota.

 Pedro M. Herrera

J.A. Rozas Valdés: sobre la declaración de inconstitucionalidad de una discriminación valenciana en el Impuesto sobre Sucesiones

DECLARADA INCONSTITUCIONAL UNA DISCRIMINACIÓN VALENCIANA EN EL IMPUESTO SOBRE SUCESIONES

José Andrés Rózas Valdés

Catedrático Acreditado de Derecho Financiero y Tributario (Universidad de Barcelona

El pasado 18 de marzo (STC 60/2015), el pleno del TC ha expulsado del ordenamiento jurídico –en resolución de una cuestión de constitucionalidad presentada por la sala 3ª, secc. 7ª, del TS, por San Fernando del 2013- el art. 12 bis de la Ley valenciana 13/1997 sobre normativa en tributos cedidos, en la redacción dada a la misma por el art. 16 de la Ley valenciana 10/2006, por vulneración de los arts. 14, 31.1 y 139.1 de la Constitución, siendo su ponente el Magistrado Antonio Narváez Rodríguez.

El caso “Reig Roig” (más valenciano imposible) se había planteado en 2010 cuando tres hermanos y su madre descubren, con una natural sensación de vértigo y pavor, que el varón, “Don Gaspar jr”, por no residir en la Comunidad valenciana, a diferencia de sus dilectas hermanas y madre –más apegadas a la tierra- ha de pagar una cuota por la herencia recibida de “Don Gaspar sr” nada menos que noventa y nueve veces mayor que la que correspondía a sus co-herederos. Extrañamente, esta diferencia de trato le resulta injusta y recurre su primorosa autoliquidación, no sin antes haber solicitado su oportuna rectificación, respondida –como procede- por la autoridad competente con un merecido silencio. ¡Qué funesta manía la de los contribuyentes de recurrir, con el consiguiente incremento de la malhadada litigiosidad!

El primer detalle procesal sugestivo de este caso es que el justiciable se echa en brazos, directamente, de la jurisdicción contencioso-administrativa por el procedimiento especial de protección de los derechos fundamentales. La respuesta del TSJ valenciano no tiene, francamente, desperdicio. Le manda a paseo, por San Antonio del 2011, con número de registro 03/2162/2010, bajo el lema de que “la medida normativa combatida ni es arbitraria, ni está ayuna de fundamento legal” pues “responde a una finalidad constitucionalmente amparada que es la protección de la familia (sic)”. ¡Toma del frasco, Carrasco!

Don Gaspar jr se va derechito a las Salesas y allí tienen a bien, oído el ministerio fiscal y la representación procesal del justiciable, plantear la correspondiente cuestión de inconstitucionalidad, por cuanto algo les hace sospechar a los magistrados que esto de que un hermano pague noventa y nueve veces más de cuota por ISD que sus coherederos igual no tiene nada que ver con la protección de la familia y hasta, ¡quién sabe!, hasta resulte contrario a Derecho.

Claro está que si el bien asesorado contribuyente hubiera elegido la vía natural de recurso tributario, acudiendo primero al Tribunal económico-administrativo regional de Valencia y, después –o antes, per saltum (¡ali-hop!)- ante el TEAC, tras un paciente peregrinaje –por el consabido atasco de las trochas contencioso y económico administrativas saturadas de litigantes contribuyentes- no habría llegado nunca al Supremo –cerrado para quienes reclamen menos de 600.000 € por hecho imponible, en aras de la “agilización procesal” y reducción de la conflictividad- y difícilmente habría llegado al Constitucional –que rechaza sistemáticamente los amparos en materia tributaria porque la igualdad formal (art. 31 Ce) no tiene nada que ver con la igualdad material (art. 14 Ce) [¿o es la objetiva la que no es igual, valga la redundancia, que la subjetiva?]- salvo que hubiera convencido a los magistrados de la AN que hubiesen presentado la susodicha cuestión de inconstitucionalidad por estimar que algo olía a podrido en La Albufera.

El cuco contribuyente, su pérfido asesor, eligió, por el contrario y arteramente, la sinuosa vía de la protección de los derechos fundamentales, se coló en las Salesas, logró que se plantease la cuestión y -¡éxito sin precedentes!- tras sólo cinco años ha conseguido ver reconocido su derecho a no ser flagrantemente discriminado y maltratado por haber abandonado, imprudentemente, su residencia en la fértil tierra valenciana. Eso sí, repitan conmigo y con nuestras autoridades tributarias: “en España no existe ningún problema de justicia tributaria ni en lo relativo a su ordenación, ni en lo atinente a su administración: todo es perfecto sin mancha de defecto alguno”. A la vista de la propuesta de contrarreforma de la LGT en marcha, lo único que procede es darle algún retoque al económico-administrativo y, eso sí, si no fuera por las objeciones del Consejo de Estado, se querría poner freno a la posibilidad de que los díscolos contribuyentes saquen partido de la responsabilidad patrimonial del legislador cuando, sistemáticamente, el TJUE y, ahora también, el TC, le pasan la garlopa a nuestro impoluto ordenamiento tributario.

Para evaluar si está en cuestión el respeto del principio de igualdad los magistrados utilizan la STC 96/2002, de 25 de abril, analizando si la residencia puede operar como elemento de discriminación, si se aplica en razón de un fin constitucional, si el grupo sobre el que la misma se aplica es homogéneo y si la diferenciación es adecuada y proporcionada al fin:

a) el grupo es homogéneo, herederos con idéntico parentesco;

b) el fin constitucionalmente protegido con la diferenciación no se identifica, ni en el preámbulo de la ley, ni en su tramitación parlamentaria arguyendo al respecto los abogados de la Generalitat una supuesta “protección de políticas sectoriales” que no se detallan y que los magistrados no entienden;

c) pese a ello –pues no identificado el fin constitucional protegido la discriminación sería de suyo inaceptable- el Tribunal hace notar en su cuestionamiento del particular que no hay razón alguna que justifique la residencia como elemento de discriminación entre herederos de igual parentesco;

d) por último, en la misma línea, se incide en que no se trata de que se apliquen leyes autonómicas diversas por razón de la residencia sino de que la misma ley autonómica aplicada a un residente en la Comunidad y a otro que no reside en la misma –por lo demás en idénticas circunstancias- discrimina –ferozmente apuntaría yo, de forma “atroz” apunta la fiscalía- al segundo respecto del primero.

El cuestionamiento se admite por el TC y cita a personarse, como procede, al lucero del alba. Con el detalle, sintomático, de que el abogado del Estado hace mutis por el foro y no dice esta boca es mía. Lógicamente la Abogacía de la Generalitat y los letrados de Las Cortes valencianas sí dicen la suya que presenta como plato fuerte, tras los habituales cuartos a espadas de la autonomía financiera y la corresponsabilidad fiscal, algo verdaderamente ingenioso: tiene sentido limitar la generosa bonificación fiscal a los residentes en las tierras levantinas porque sólo respecto de ellos es previsible que la misma pueda “revertir por otras vías en el mismo territorio”. O sea, que el Tesoro público nunca ha de perder y una bonificación sólo estará justificada si es de ida y vuelta porque, claro está, lo suyo es tributar y únicamente de forma restrictiva, rígida y cicatera es admisible que alguien pueda disfrutar de “beneficios” fiscales… salvo que sea previsible, naturalmente, que vaya a “devolver”, por otra vía, lo inicialmente disfrutado.

El legislativo valenciano tuvo ya sus dudas al respecto y, de hecho, entre el 2003 y el 2006 se suprimió semejante discriminación, en una primera fase, para resultar definitivamente abrogada en 2014. La tajante decisión del Constitucional (con una poco habitual -¡y encomiable!- economía procesal de 28 páginas) con todo, conserva su virtualidad para eventuales nuevos procedimientos en los que pudiera ser de aplicación la normativa ahora derogada, y para aquellos sobre los que –en las mismas circunstancias- aún no se haya decidido en fase administrativa o judicial.

En un mismo curso académico el TJUE en septiembre y el TC en marzo le ha pegado un considerable meneo a la normativa del ISD, por resultar discriminatoria respecto de los no residentes, en el primer caso, y en razón de la vecindad autonómica en este segundo pronunciamiento. Tal vez fuera esta la ocasión de comenzar a poner un poco de orden en esta materia; sin embargo, a juzgar por la notoria cicatería y carencia de un elemental sentido de justicia que ha presidido la urgente reforma operada en lo relativo a los no residentes –dejando al albur de la flagrante (“de tal evidencia que no necesita pruebas” reza el diccionario de la RAE) discriminación a los que no lo sean en la UE o en el EEE- no hay motivos para la esperanza.

WU Tax Policy Fire Side Chats: Inequality & Taxation and Beyond BEPS: The OECD’s Wider Tax Agenda

[Post núm. 645, de 27 de noviembre de 2014]

The WU Global Tax Policy Center at the Institute for Austrian and International Tax Law is organising two Tax Policy Fire Side Chats on Inequality & Taxation (with Eric Zolt, Professor of Law at UCLA) and on Beyond BEPS: The OECD’s Wider Tax Agenda (with Pascal Saint-Amans, Director of The Centre for Tax Policy and Administration at the OECD).

Both on-site and on-line participation will be free of charge but please note that pre-registration is mandatory.

See the full information here.

Many thanks to Kristina Pegg for sharing the information.

Pedro Herrera

 

Lizett Juárez: Propuesta de mínimo exento para México

Hoy ofrecemos el vídeo completo del seminario ECJ Leading Cases a cargo de Lizzet Juárez,  “Propuesta de mínimo exento para México”.

El seminario tuvo lugar el 27 de junio de 2014 en la Facultad de Derecho de la UNED y refleja una investigación desarrollada en la Universidad de Cuernavaca y en el Departamento de Derecho de la Empresa de la UNED.

Muchas gracias, Lizzet, por tu valiosa aportación.

Pedro Herrera

Capacidad Económica y Sistema Fiscal: Análisis del Derecho Español a la luz del Ordenamiento Alemán (versión electrónica)

Por si fuera de interés, ofrezco a los lectores del blog una versión electrónica de la obra Capacidad Económica y Sistema Fiscal. Análisis del Derecho Español a la luz del Ordenamiento Alemán. Se trata de un trabajo publicado en 1998 y ya descatalogado, pero la exposición de la jurisprudencia constitucional y la doctrina alemana siguen teniendo cierto valor.

Para descargar el documento es necesario darse de alta (de modo gratuito) en Academia.edu

Muchas gracias a las personas que me han sugerido difundir el trabajo por esta vía.

Pedro Herrera

¿Deben someterse a la “plusvalía municipal” los inmuebles que han disminuido de valor? (Crítica a la Resolución DGT de 23.1.2014)

La Resolución de la Dirección General de Tributos de 23 de enero de 2014 (V0153-14) contesta a una consulta tributaria sobre el sometimiento al Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (plusvalía municipal) de un inmueble que se ha enajenado por un importe inferior al valor de adquisición.

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Presentación del libro de Ada Tandazo: Fiscalidad de los Bosques

El martes 1 de abril a las 19:00 en el Salón de Grados A de la Facultad de Derecho de la UNED (C/ Obispo Trejo 2) tendrá lugar nuestro próximo seminario. En Screenshot Mar 20 10.00.29este caso, se trata de la presentación de la obra de Ada Tandazo La Fiscalidad de los Bosques, que acaba de Editar el Instituto de Estudios Fiscales (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas) y refleja una investigación realizada a lo largo de varios años en el Instituto de Ciencias Ambientales de la UCM y en el Departamento de Derecho de la Empresa de la UNED.

La obra analiza los diversos preceptos que -a lo largo del sistema fiscal español- establecen reglas específicas sobre la tributación de los bosques (su propiedad, explotación aprovechamiento y transmisión), contrastándolos con el principio de capacidad económica (teniendo en cuenta las peculiaridades de las actividades forestales)  y valorando su adecuación a los fines de protección de este importantísimo recurso natural. El estudio no se limita a interpretar la normativa vigente a la luz de la jurisprudencia y la doctrina administrativa, sino que realiza propuestas de lege ferenda de especial relevancia en estos momentos en que el Gobierno pretende afrontar una reforma fiscal.

Intervendrán en el acto los profesores Ana Yábar Sterling (Catedrática de Economía Aplicada de la UCM), Isidoro Martín Dégano, (Profesor Titular de Derecho Financiero de la UNED), Belén García Carretero (Profesora Contratada Doctora de Derecho Financiero de la UCM), además de la propia autora, la Doctora Ada Tandazo Rodríguez.

Para animar al futuro lector, publicamos el prólogo de la obra

Además del indudable interés y oportunidad del tema, que un Ada (aunque sea sin hache) escriba sobre la Fiscalidad de los Bosques es una circunstancia de especial encanto poético.

La asistencia es gratuita, aunque el aforo limitado, por lo que se ruega previa inscripción enviando un correo a ecjleadingcases@gmail.com

Os esperamos.

Pedro Herrera