Nueva era de la revista Crónica Tributaria: call for papers

Estimados amigos:

Comienza una “nueva era” de la Crónica Tributaria, que introduce importantes novedades dirigidas a reforzar la calidad de la Revista. Adjunto un call for papers  y os animo a enviar originales a la redacción.

Muchas gracias y un saludo,

Pedro Herrera

Vídeoclase sobre la “segunda” inconstitucionalidad de la “plusvalía municipal” (STC 126/2019)

En el post de hoy publicamos un enlace a la vídeoclase de Canal UNED en la que los profesores Pedro Herrera y Ada Tandazo analizan la nueva declaración de inconstitucionalidad de la plusvalía municipal por la STC 126/2019.

La vídeoclase puede consultarse en este enlace.

 

Belén García Carretero: ¿De nuevo la Ley Beckham para el caso Trippier?

En el post de hoy publicamos una valiosa contribución de la profesora Belén García Carretero, Titular de Derecho Financiero y Tributario en la UCM, sobre el régimen fiscal de la celebración de la final de la «UEFA Champions League 2019» y «UEFA EURO 2020» aplicable a algunos futbolistas y su incidencia sobre el “caso Trippier”.

Muchas gracias, Belén, por esta rigurosa y oportuna aportación.

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¿De nuevo la Ley Beckham para el caso Trippier?

Hace sólo unos meses, mediante la aprobación del Real Decreto-ley 27/2018, de 28 de diciembre, por el que se adoptan determinadas medidas en materia tributaria y catastral, se introdujo en nuestra normativa un nuevo régimen fiscal aplicable a la final de la “UEFA Champions League 2019” y “UEFA EURO 2020”. En concreto, en el apartado segundo de la disposición adicional primera de la norma indicada, se recoge un régimen fiscal aplicable a las personas físicas que presten servicios a la entidad organizadora de la “UEFA Champions League 2019” y “UEFA EURO 2020” a los equipos participantes en las mismas.

Los elementos fundamentales a destacar respecto de este régimen especial son:

-No se considerarán obtenidas en España las rentas que perciban las personas físicas que no sean residentes en España, por los servicios que presten a la entidad organizadora o a los equipos participantes, generadas con motivo de la celebración de la final de la «UEFA Champions League 2019» y «UEFA EURO 2020» y en la medida en que estén directamente relacionadas con su participación en aquella.

-Las personas físicas que adquieran la condición de contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas como consecuencia de su desplazamiento a territorio español con motivo de la final de la «UEFA Champions League 2019» y «UEFA EURO 2020» podrán optar por tributar por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, en los términos y condiciones previstos en el artículo 93 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.

 

Inicialmente, con independencia de las críticas que se puedan realizar respecto a esta medida como consecuencia del vehículo normativo utilizado, lo cierto es que en la práctica, centrándonos en el segundo de los elementos indicados del régimen, podríamos pensar que tendría una nula aplicación ya que será harto complicado que una persona física que preste servicios a la entidad organizadora de la “UEFA Champions League 2019” y “UEFA EURO 2020”o a los equipos participantes, adquiera su residencia en nuestro país como consecuencia de su desplazamiento a España con motivo de alguno de esos partidos. Sin embargo, seguramente la relevancia y calidad del futbol español ha originado que aquello que indicábamos como harto difícil sí se haya producido. Nos referimos a Kieran Trippier, actual jugador del Atlético de Madrid (equipo de mis amores).

 

Kieran Trippier se desplazó a finales de mayo a nuestro país como jugador del Tottenham para disputar la final de la “UEFA Champions League 2019” frente a otro equipo inglés, el Liverpool. Aproximadamente, un mes después de la celebración del partido, se traslada definitivamente a España como motivo de su fichaje por el Atlético de Madrid. En consecuencia, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 9.1 a) de la LIRPF respecto al cómputo de las ausencias esporádicas así como el criterio del centro de intereses económicos recogido en el artículo 9.1 b) LIRPF, sí podemos considerar que nos encontramos ante un caso al que será objeto de aplicación lo dispuesto en la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 27/2018, de 28 de diciembre y, en particular el régimen especial relativo a la aplicación del también régimen fiscal especial aplicable a los trabajadores desplazados a territorio español del artículo 93 de la LIRPF, conocido como régimen de impatriados o Ley Beckham.

 

Los efectos derivados de todo lo indicado son importantes. Así, no podemos olvidar que, tras la reforma operada por la ley 26/2014, de 27 de noviembre, se excluyó expresamente del ámbito de aplicación de este régimen especial a la relación laboral especial de los deportistas profesionales regulada por el Real Decreto 1006/1985, de 26 de junio. Sin embargo, en el caso indicado de un futbolista profesional, sí sería aplicable por lo que, de nuevo, pueden resurgir las críticas relativas al carácter selectivo y discriminatorio de la medida (Vid en este sentido GARCÍA PRATS, A.: “La reforma fiscal y el mundo del fútbol”. Revista Aranzadi de derecho de deporte y entretenimiento, núm. 47, págs. 47-85, 2015).

 

Finalmente, el análisis del nuevo régimen especial, también pone sobre la mesa otra de las críticas tradicionales hacía el régimen de impatriados, la relativa a su aplicación sólo con relación a trabajadores por cuenta ajena. Sin embargo, el régimen especial aprobado por Real Decreto-ley 27/2018, no exige que el desplazamiento sea consecuencia de un contrato de trabajo, por lo que tal y como indica BERNÁRDEZ TORIBIO “no queda claro si pudiera resultarle de aplicación a trabajadores por cuenta propia e incluso a sujetos que tras su intervención en el evento decidan permanecer en España sin realizar ningún tipo de prestación laboral. (BERNÁRDEZ TORIBIO, L.: “La recuperación de la “Ley Beckham” para los futbolistas en el IRPF con motivo de la reciente final de la Champions League disputada en Madrid”, La Ley, núm. 7529, 2019.)

 

Sin duda, este nuevo régimen especial analizado puede ser considerado como la excusa perfecta para valorar la necesidad de introducir algunas modificaciones en el actual régimen fiscal especial aplicable a los trabajadores desplazados a territorio español, con el objeto de acoger en su ámbito de aplicación a los trabajadores por cuenta propia al igual que se hace en otros países como Portugal, dónde las rentas del trabajo por cuenta ajena y por cuenta propia derivadas de “actividades de alto valor añadido de carácter científico, artístico o técnico” que sean obtenidas por no residentes habituales en Portugal estarán sujetas a un tipo impositivo del 20% o Italia, donde desde el año 2017 ya se recoge un régimen favorable tanto para los empleados como para los trabajadores por cuenta ajena, el cual desde el 1 de enero de este año se ha hecho aún más atractivo y consiste en una exención del 70% a los ingresos tanto por cuenta ajena como por cuenta propia, pudiéndose incrementar hasta el 90% en determinados casos. Incluso también encontramos un ejemplo en nuestra normativa interna, en concreto en la norma Foral 13/2013, de 5 de diciembre, de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, cuyo artículo 56 bis fija entre sus condiciones de aplicación que el desplazamiento a territorio español se produzca para el desempeño de trabajos especialmente cualificados, relacionados, directa y principalmente, con actividades de investigación y desarrollo, científicas o de carácter técnico o financiero con los requisitos y condiciones que se establezcan reglamentariamente.

Belén García Carretero

Profesora Titular de Derecho Financiero y Tributario UCM

Isaac Ibáñez García: La arbitraria sustitución impositiva

En el post de hoy publicamos una interesante reflexión de Isaac Ibáñez García sobre  la figura del sustituto en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y obras. Muchas gracias, querido Isaac, por esta nueva contribución.

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La arbitraria sustitución impositiva

Isaac Ibáñez García

Abogado

En el lejano año 1995 (el 3 de octubre) publiqué en el diario Expansión un artículo bajo el mismo título que este y con relación al Impuesto municipal sobre construcciones. En términos generales, señalaba que con la figura del sustituto del contribuyente se incorporaba al proceso tributario a quien nada tiene que ver con la realización del hecho imponible; se le obliga al cumplimiento de gravosas obligaciones materiales y formales y, caso de incumplimiento, se le aplica la correspondiente sanción. En el caso de citado impuesto, el sustituto (generalmente el contratista de las obras) debe echarse la mano al bolsillo y pagar un impuesto que no le corresponde soportar, pues grava la realización de una obra, cuyo titular es el dueño o promotor, que es quien manifiesta la capacidad económica gravable. Continue reading “Isaac Ibáñez García: La arbitraria sustitución impositiva”

Juan Ignacio Gomar Sánchez: La nueva declaración de inconstitucionalidad de la “plusvalía municipal” (comentario a la STC 126/2019, de 31 de octubre)

En el post de hoy publicamos un valioso comentario a la STC 126/2019, de 31 de octubre, que vuelve a declarar la inconstitucionalidad (parcial) de la “plusvalía municipal”.

El autor, don Juan Ignacio Gomar Sánchez, conjuga un riguroso análisis jurídico con su inigualable sentido del humor. Muchas gracias, querido Juan Ignacio, por esta aportación.


Se cuenta de un paciente que al entrar en la consulta del médico exclama “doctor, me muero de curiosidad por conocer los resultados de las pruebas”, ante lo cual el galeno, circunspecto, le contesta “pues mire, de curiosidad no va a ser”.  Es difícil saber si el impuesto municipal de plusvalía va a fallecer próximamente, aunque no cabe duda de que los doctores que lo están tratando ni parecen atinar con el diagnóstico ni tampoco acaban de matarlo, haciéndole sufrir lo indecible tanto a él como a sus amigos (entre los que confieso encontrarme).

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¡Feliz Navidad!

«Hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador: el Mesías, el Señor» (Lc 2, 11).  Muy  feliz  y  santa  Navidad  a  todos  los  lectores  del  Blog.

Isaac Ibáñez García: La interpretación hiperformalista de las normas tributarias

Publicamos en el post de hoy un interesante trabajo de don Isaac Ibáñez García. Muchas gracias, Isaac, por esta valiosa contribución.

Se ha conocido en estos días la Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central de 22 de mayo de 2019 (Rec. 7624/2015), en la que se dice que no todos los requerimientos notariales son hábiles para minorar la base imponible del IVA devengado por créditos incobrables. Para el TEAC, el requerimiento notarial debe revestir una determinada forma para ser equivalente en cuanto a su efecto conminatorio a la presentación de una demanda judicial dirigida al cobro de una deuda; la flexibilización del requisito, indica el TEAC, no debe menoscabar el resultado buscado de su cumplimiento, que es precisamente la constancia de ese efecto conminatorio dirigido a obtener el cobro. Para este órgano, no es hábil para cumplir con el requisito formal establecido por la Ley del IVA requerir al deudor mediante un acta de remisión de carta por correo. Continue reading “Isaac Ibáñez García: La interpretación hiperformalista de las normas tributarias”

Lunes 9 de diciembre COP25 FINANCIAL ACTIVITY FOR GLOBAL SUSTAINABILITY

Mañana, lunes 9 de diciembre, se celebrará en Madrid, en el seno de la COP25 una interesante sesión sobre “Actividad financiera para la sostenibilidad global” en la que intervienen, entre otras destacadas ponentes, varias profesoras españolas de Derecho Financiero y Tributario. Enhorabuena a los organizadores y participantes por esta iniciativa. Espero que sea de vuestro interés y reproduzco a continuación el programa.

Pedro Herrera

FINANCIAL ACTIVITY FOR GLOBAL SUSTAINABILITY

Foro acción sectorial e innovación Monday, 9 th of December, 2019 Venue: IFEMA – Zona Verde Madrid, 17:15 – 18:00 h

17:15 h. Welcome and overview María Amparo Grau Ruiz. Tax Law Professor, Complutense University of Madrid – Visiting Professor, Northwestern University

17:20 h. Key messages

The shift towards SDGs in the public approach Pilar Moreno Cabrera. Leader of Audit team, Spanish Court of Auditors Belén García Carretero. Head of Research Studies, Institute of Fiscal Studies, Spanish Ministry of Finance

The social economy agents’ boost Isabel Peñalosa Esteban. Director of Institutional Relations and Legal Dpt., Spanish Association of Foundations Pilar Alguacil Marí. Tax Law Professor, University of Valencia – UCM Cooperative Studies School

Solutions proposed through academic research projects Marta Villar Ezcurra, Tax Law Professor, University San Pablo-CEU Carmen Avilés, PhD Economics, School of Forest Engineering & Natural Resources, Technical University of Madrid

17:55 h Wrap-up

Vídeos de la Jornada “Consecuencias de la Sentencia del Tribunal Supremo 1246/2019: Interpretación integradora y desajustes de la normativa penal y administrativa en materia de delito fiscal”

El pasado lunes 25 de noviembre se celebró en la Facultad de Derecho de la UNED el seminario “Consecuencias de la Sentencia del Tribunal Supremo 1246/2019: Interpretación integradora y desajustes de la normativa penal y administrativa en materia de delito fiscal”, coordinado por el Profesor don Rafael Sanz Gómez, Ayudante Doctor de la UNED.

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Isaac Ibáñez García: Los nocivos efectos, para el contribuyente, de la Ley 40/2015 (Responsabilidad patrimonial por leyes inconstitucionales o contrarias al Derecho de la UE)

Publicamos hoy una valiosa contribución de Isaac Ibáñez García elaborada con ocasión de la anunciada sentencia del Tribunal Constitucional sobre los efectos confiscatorios de la “plusvalía municipal” en determinados supuestos.

Muchas gracias, querido Isaac, por tu interesante reflexión.

Pedro Herrera

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Los nocivos efectos, para el contribuyente, de la Ley 40/2015 (Responsabilidad patrimonial por leyes inconstitucionales o contrarias al Derecho de la UE)

Isaac Ibáñez García

La Sentencia del Tribunal Constitucional 59/2017, de 11 de mayo, declaró que los artículos 107.1, 107.2 a) y 110.4, todos ellos del texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, son inconstitucionales y nulos, pero únicamente en la medida que someten a tributación (Impuesto municipal “de plusvalía”) situaciones de inexistencia de incrementos de valor.

Esta Sentencia no hizo declaración alguna sobre las situaciones susceptibles de ser revisadas.

Según la Nota Informativa nº 123/2019, de 31 de octubre, del Tribunal Constitucional, el mismo ha estimado por unanimidad la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Juzgado Contencioso-administrativo número 32 de Madrid y, en consecuencia, ha declarado que el art. 107.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado el 5 de marzo de 2004, es inconstitucional, en los términos referidos en el Fundamento jurídico quinto apartado a). La sentencia, argumenta que cuando existe un incremento de la transmisión y la cuota que sale a pagar es mayor al incremento realmente obtenido por el ciudadano, se estaría tributando por una renta inexistente, virtual o ficticia, produciendo un exceso de tributación contrario a los principios constitucionales de capacidad económica y no confiscatoriedad (art. 31.1 CE).

Según la Nota de Prensa (a diferencia de la STC 59/2017), “el Tribunal limita las situaciones susceptibles de ser revisadas exclusivamente a aquellas que no hayan adquirido firmeza a la fecha de su publicación”.

Como ha señalado Esclapez Escudero1 comentando esta sentencia, la misma “evita situaciones verdaderamente ‘kafkianas‘, como la de un supuesto en el que el Tribunal Supremo suspendió el recurso -y elevó cuestión de inconstitucionalidad-, en el que el beneficio era próximo al millón de euros y la cuota de plusvalía de más de ocho millones. También resulta significativo que, esta vez (a diferencia de lo que estableció en su sentencia de 11 de mayo de 2017), fija, de forma clara, una limitación al alcance de los efectos del fallo, permitiendo la revisión “exclusivamente a aquellas que no hayan adquirido firmeza a la fecha de su publicación”.

Antes de la entrada en vigor (el 2 de octubre de 2016) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la jurisprudencia constante del Tribunal Supremo venía reconociendo con plenos efectos retroactivos la responsabilidad patrimonial del Estado por leyes declaradas inconstitucionales o contrarias al Derecho de la Unión Europea, con independencia de que el Tribunal Constitucional hubiera o no limitado las situaciones susceptibles de revisión; pues tenía establecido que una cosa es la revisión de los actos administrativos que posteriormente devinieran inconstitucionales o contrarios al Derecho de la UE y otra la acción de responsabilidad patrimonial por actos firmes, que no es otra cosa que el derecho a ser indemnizado por situaciones que el contribuyente no está obligado a soportar (actos inconstitucionales o contrarios al Derecho de la UE).

Para cargarse esta jurisprudencia se pergeñó el artículo 32 de la Ley 40/2015, que establece:

Artículo 32. Principios de la responsabilidad.

1. Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley.

La anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso administrativo de los actos o disposiciones administrativas no presupone, por sí misma, derecho a la indemnización.

2. En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas.

3. Asimismo, los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas de toda lesión que sufran en sus bienes y derechos como consecuencia de la aplicación de actos legislativos de naturaleza no expropiatoria de derechos que no tengan el deber jurídico de soportar cuando así se establezca en los propios actos legislativos y en los términos que en ellos se especifiquen.

La responsabilidad del Estado legislador podrá surgir también en los siguientes supuestos, siempre que concurran los requisitos previstos en los apartados anteriores:

a) Cuando los daños deriven de la aplicación de una norma con rango de ley declarada inconstitucional, siempre que concurran los requisitos del apartado 4.

b) Cuando los daños deriven de la aplicación de una norma contraria al Derecho de la Unión Europea, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 5.

4. Si la lesión es consecuencia de la aplicación de una norma con rango de ley declarada inconstitucional, procederá su indemnización cuando el particular haya obtenido, en cualquier instancia, sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que se hubiera alegado la inconstitucionalidad posteriormente declarada.

5. Si la lesión es consecuencia de la aplicación de una norma declarada contraria al Derecho de la Unión Europea, procederá su indemnización cuando el particular haya obtenido, en cualquier instancia, sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que se hubiera alegado la infracción del Derecho de la Unión Europea posteriormente declarada. Asimismo, deberán cumplirse todos los requisitos siguientes:

a) La norma ha de tener por objeto conferir derechos a los particulares.

b) El incumplimiento ha de estar suficientemente caracterizado.

c) Ha de existir una relación de causalidad directa entre el incumplimiento de la obligación impuesta a la Administración responsable por el Derecho de la Unión Europea y el daño sufrido por los particulares.

6. La sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o declare el carácter de norma contraria al Derecho de la Unión Europea producirá efectos desde la fecha de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» o en el «Diario Oficial de la Unión Europea», según el caso, salvo que en ella se establezca otra cosa.

7. La responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia se regirá por la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

8. El Consejo de Ministros fijará el importe de las indemnizaciones que proceda abonar cuando el Tribunal Constitucional haya declarado, a instancia de parte interesada, la existencia de un funcionamiento anormal en la tramitación de los recursos de amparo o de las cuestiones de inconstitucionalidad.

El procedimiento para fijar el importe de las indemnizaciones se tramitará por el Ministerio de Justicia, con audiencia al Consejo de Estado.

9. Se seguirá el procedimiento previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas para determinar la responsabilidad de las Administraciones Públicas por los daños y perjuicios causados a terceros durante la ejecución de contratos cuando sean consecuencia de una orden inmediata y directa de la Administración o de los vicios del proyecto elaborado por ella misma sin perjuicio de las especialidades que, en su caso establezca el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público”.

Es decir, en el caso que nos ocupa, no surge dicha responsabilidad patrimonial si el sufrido contribuyente (al que se le suponen dotes adivinatorias) no haya obtenido, en cualquier instancia, sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que se hubiera alegado la inconstitucionalidad posteriormente declarada.

En lo que concierne a la responsabilidad patrimonial derivada de la aplicación de una norma declarada contraria al Derecho de la Unión Europea, la Comisión Europea tiene abierto un procedimiento de infracción2 contra el Reino de España al entender que la Ley 40/2015 incumple los principios de equivalencia y/o de efectividad. “Las actuales disposiciones nacionales sobre el régimen jurídico y sobre los procedimientos administrativos comunes para el sector público limitan la autonomía procesal y material de los Estados miembros en relación con las condiciones que rigen las indemnizaciones por daños causados por actos legislativos. La legislación española ha establecido condiciones menos favorables en lo relativo a la responsabilidad por una infracción de la legislación de la UE que por la responsabilidad debida a una infracción de la Constitución española. Además, contiene condiciones de procedimiento que no son acordes con la jurisprudencia consolidada del Tribunal de Justicia de la UE. Las disposiciones nacionales en cuestión hacen que sea excesivamente difícil comprometer la responsabilidad del Estado por una infracción de la legislación de la UE, lo que tiene una repercusión negativa en la efectividad del Derecho de la UE”.

 

 

 


1  “El Constitucional amplía la inconstitucionalidad del impuesto de plusvalías a las liquidaciones que resulten confiscatorias”. https://periscopiofiscalylegal.pwc.es/el-constitucional-amplia-la-inconstitucionalidad-del-impuesto-de-plusvalias-a-las-liquidaciones-que-resulten-confiscatorias/

 

2  “La Comisión Europea advierte a España que debe reformar el régimen de responsabilidad patrimonial del Estado cuando se incumple el Derecho de la UE”. http://www.legaltoday.com/practica-juridica/supranacional/d_ue/la-comision-europea-advierte-a-espana-que-debe-reformar-el-regimen-de-responsabilidad-patrimonial-del-estado-cuando-se-incumple-el-derecho-de-la-union-europea