Isaac Ibáñez García: La justicia europea se carga la “ley Montoro” que blindaba al Estado contra las indemnizaciones por violar el derecho europeo

En el post de hoy publicamos un incisivo comentario de don Isaac Ibáñez García a la STJUE de 28 de junio de 2022. Muchas gracias, Isaac, por esta nueva colaboración.

Caso: C-278/20. Comisión / España (Violación del Derecho de la UE por el legislador español).

La sentencia afectará a las reclamaciones para el resarcimiento de los perjuicios ocasionados por el «Modelo720»

Parte dispositiva:

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala) de 28 de junio de 2022 

«Incumplimiento de Estado — Responsabilidad de los Estados miembros por los daños causados a los particulares por infracciones del Derecho de la Unión — Infracción del Derecho de la Unión imputable al legislador nacional — Vulneración de la Constitución de un Estado miembro imputable al legislador nacional — Principios de equivalencia y de efectividad»

En el asunto C‑278/20, que tiene por objeto un recurso por incumplimiento interpuesto, con arreglo al artículo 258 TFUE, el 24 de junio de 2020,

Comisión Europea, parte demandante, contra Reino de España,

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Gran Sala) decide:

  1. Declarar que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del principio de efectividad al adoptar y mantener en vigor los artículos 32, apartados 3 a 6, y 34, apartado 1, párrafo segundo, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y el artículo 67, apartado 1, párrafo tercero, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en la medida en que dichas disposiciones someten la indemnización de los daños ocasionados a los particulares por el legislador español como consecuencia de la infracción del Derecho de la Unión:

–        al requisito de que exista una sentencia del Tribunal de Justicia que haya declarado el carácter contrario al Derecho de la Unión de la norma con rango de ley aplicada;

–        al requisito de que el particular perjudicado haya obtenido, en cualquier instancia, una sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, sin establecer ninguna excepción para los supuestos en los que el daño deriva directamente de un acto u omisión del legislador, contrarios al Derecho de la Unión, cuando no exista una actuación administrativa impugnable;

–        a un plazo de prescripción de un año desde la publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea de la sentencia del Tribunal de Justicia que declare el carácter contrario al Derecho de la Unión de la norma con rango de ley aplicada, sin abarcar aquellos supuestos en los que no exista tal sentencia, y

–        al requisito de que solo son indemnizables los daños producidos en los cinco años anteriores a la fecha de dicha publicación, salvo que la sentencia disponga otra cosa.

  • Desestimar el recurso en todo lo demás.
  • La Comisión Europea y el Reino de España cargarán con sus propias costas.

Comunicado de Prensa del TJUE:

Responsabilidad del Estado por los daños causados a los particulares por infracción del Derecho de la Unión: España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del principio de efectividad

Opinión de Isaac Ibáñez

El legislador español de 2015, en vez de adoptar una actitud diligente respecto al cabal cumplimiento del Derecho de la Unión Europea y adoptar medidas preventivas que coadyuven de manera eficaz a dicho cumplimiento, lo que hizo fue establecer medidas legislativas que hicieran imposible o excesivamente difícil el resarcimiento de los ciudadanos y empresas por los perjuicios sufridos por una mala aplicación del Derecho de la Unión Europea.

Una reforma contra cives y claramente malintencionada de la legislación anterior y su interpretación jurisprudencial, que pretendía la eficacia de las normas de la Unión Europea y, por tanto, la completa tutela jurisdiccional. Una reforma, como ha calificado la doctrina, filibustera y claramente obstruccionista.

La sentencia del TJUE es un buen homenaje de su sentencia en el asunto Francovich, cuando ha cumplido 30 años, que consagró el principio de responsabilidad del Estado por infracción del ordenamiento comunitario.

Antecedentes

Cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el año 2014, declaró contrario al Derecho de la UE el conocido como céntimo sanitario” (Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos. IVMDH), y ante la avalancha de reclamaciones (miles) presentadas por los perjudicados para recuperar lo indebidamente pagado, el legislador español reaccionó, para evitar en el futuro este tipo de reclamaciones, reformando el régimen de responsabilidad patrimonial del Estado por vulneración del Derecho de la Unión Europea, haciendo prácticamente imposible o excesivamente difícil el resarcimiento de los ciudadanos y empresas por los perjuicios sufridos por una mala aplicación del Derecho de la Unión Europea

Debe recordarse que la normativa aplicable, en su interpretación jurisprudencial, que resulta modificada por las leyes 39 y 40/2015 consideraba suficiente que el particular perjudicado presentara la reclamación de responsabilidad patrimonial en el plazo de un año a contar desde la publicación de la sentencia del Tribunal de la UE, para que surgiera el derecho a reparar, pues ningún obstáculo procesal adicional se oponía a la devolución de lo indebidamente cobrado por el Estado. No se exigía que el particular hubiera recurrido con anterioridad, en vía administrativa o jurisdiccional, los actos administrativos fundamentados en normas contrarias al Derecho de la UE; siendo además la acción de responsabilidad patrimonial ajena al ámbito de la cosa juzgada. Fueron determinantes para la formulación de la jurisprudencia del Tribunal Supremo dos sentencias del Tribunal de la UE: Transportes Urbanos (de fecha 26 de enero de 2010. Asunto C-118/08) y Transportes Jordi Besora (de fecha 27 de febrero de 2014. Asunto C-82/12. Céntimo sanitario).

En virtud del principio de autonomía procedimental, el Derecho de la UE no impone a los Estados miembros concretos procedimientos o acciones para sustentar las reclamaciones de responsabilidad patrimonial, quedando su adopción a la libre configuración del legislador nacional, siempre que respete los límites a dicho principio de autonomía, los principios de equivalencia y efectividad

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea acaba de pronunciarse, en los términos señalados al principio, sobre la adecuación al Derecho de la Unión Europea de referida acción de responsabilidad, a raíz del recurso por incumplimiento interpuesto el 24 de junio de 2020 por la Comisión Europea (Asunto C-278/20. Comisión Europea / Reino de España), a raíz de una denuncia presentada por Isaac Ibáñez García el 2 de octubre de 2015, que originó el expediente de infracción del Derecho de la UE bajo el número CHAP(2015)02745.

Según resume el Tribunal de Justicia en su página web, respecto a la demanda de la Comisión:

“Pretensiones

Que se declare que, al adoptar y mantener en vigor los artículos 32, apartados 3 a 6, y 34, apartado 1, segundo párrafo, de la Ley 40/2015 y el artículo 67, apartado 1, tercer párrafo, de la Ley 39/2015, el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los principios de efectividad y de equivalencia como límites a la autonomía de que gozan los Estados miembros cuando establecen las condiciones de fondo y de forma que rigen su responsabilidad por daños causados a los particulares en violación del Derecho de la Unión;

Que se condene en costas al Reino de España.

Motivos y principales alegaciones

La presente demanda por incumplimiento, presentada con arreglo al artículo 258 TFUE, se refiere a los artículos 32, apartados 3 a 6, y 34, apartado 1, segundo párrafo, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de 2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, y al artículo 67, apartado 1, tercer párrafo, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de 2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Las disposiciones controvertidas han alineado el régimen de la responsabilidad del Estado legislador por violaciones de Derecho de la Unión al establecido para las violaciones de la Constitución española por actos del legislador, añadiendo ciertas condiciones de fondo.

La equiparación de los dos regímenes y los requisitos procesales que llevan aparejados hacen que la obtención de un resarcimiento por violaciones del Derecho de la Unión debidas al legislador español resulte imposible o excesivamente difícil, vulnerándose el principio de efectividad.

Por otra parte, las condiciones de fondo añadidas para las violaciones del Derecho de la Unión vulneran el principio de equivalencia, al someter el resarcimiento de daños provocados por el legislador español en infracción de ese Derecho a condiciones menos favorables que las aplicables cuando se trata de daños debidos a una violación de la Constitución española”.

El Abogado General del Tribunal de Justicia, SR. MACIEJ SZPUNARen la referida causa, propuso a la Corte que:

“Declare que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del principio de efectividad como límite a la autonomía procesal de que gozan los Estados miembros cuando establecen las condiciones que rigen su responsabilidad por daños causados a los particulares por infringir el Derecho de la Unión, al adoptar y mantener en vigor los artículos 32, apartados 3 a 6, y 34, apartado 1, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y el artículo 67, apartado 1, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas”.

Por tanto, el Abogado General consideró que

  • Para que los particulares puedan reclamar responsabilidad por los daños derivados de una ley contraria al Derecho de la Unión Europea no es necesario, como presume la legislación española cuestionada, que exista una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que declare que es contraria al Derecho de la Unión.
  • No es conforme al Derecho de la UE el requisito relativo a la existencia de una previa sentencia firme desestimatoria de un recurso del particular perjudicado contra la actuación administrativa que ocasionó el perjuicio, en la medida en que no prevé ninguna excepción para los casos en que el daño se derive directamente de la ley.
  • Tampoco es conforme al Derecho de la UE el requisito relativo a que el perjudicado haya alegado la infracción del Derecho de la Unión posteriormente declarada en el marco del recurso interpuesto contra el acto administrativo que ha causado el daño.
  • Respecto al plazo de prescripción de la acción de responsabilidad y limitación de los daños indemnizables, también considera contrarios al principio de efectividad el artículo 67 de la Ley 39/2015 —que prevé que el derecho a solicitar la indemnización de un daño prescribe al año de la publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea de la sentencia que declare que el acto legislativo es contrario al Derecho de la Unión— y el artículo 34.1 de la Ley 40/2015, que dispone que sólo son indemnizables los daños producidos en el plazo de los cinco años anteriores a la fecha de dicha publicación; porque estos requisitos parten de la existencia de una resolución del Tribunal de Justicia que declare el carácter contrario al Derecho de la Unión de la ley, pero dicha exigencia es contraria al Derecho de la Unión.
  • Sin embargo, el Abogado General considera conforme al Derecho de la UE el requisito de que los tribunales españoles aprecien que se trata de una infracción «suficientemente caracterizada». (En general, una violación es suficientemente caracterizada cuando un Estado infringe de forma manifiesta y grave los límites que le vienen impuestos o bien cuando, cualquiera que sea el grado de la infracción, no se enfrenta a distintas opciones normativas por no disponer de margen de apreciación o ser este mínimo).

Puede verse: IBÁÑEZ GARCÍA: “El régimen de responsabilidad patrimonial de la Ley 40/2015 ante el TJUE (recurso por incumplimiento C-278/20)”. Working Paper nº 39 (2021). Instituto de Derecho Europeo e Integración Regional. Universidad Complutense de Madrid.

Isaac Ibáñez García: El Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronunciará próximamente en el Caso: C-278/20. Comisión / España (Violación del Derecho de la UE por el legislador español)

Publicamos en el post de hoy una interesante nota informativa elaborada por don Isaac Ibáñez García sobre una próxima sentencia del Tribunal de Justicia que puede incidir sobre la responsabilidad patrimonial derivada de sentencias europeas. Agradecemos al autor su valiosa aportación.

ISAAC IBÁÑEZ GARCÍA

Abogado

isaacibanez.es

NOTA INFORMATIVA

Asunto: El Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronunciará próximamente en el Caso: C-278/20. Comisión / España (Violación del Derecho de la UE por el legislador español).

La sentencia afectará a las reclamaciones para el resarcimiento de los perjuicios ocasionados por el «Modelo720».

Plasencia, 10/02/2022

Cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el año 2014, declaró contrario al Derecho de la UE el conocido como céntimo sanitario” (Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos. IVMDH), y ante la avalancha de reclamaciones (miles) presentadas por los perjudicados para recuperar lo indebidamente pagado, el legislador español reaccionó, para evitar en el futuro este tipo de reclamaciones, reformando el régimen de responsabilidad patrimonial del Estado por vulneración del Derecho de la Unión Europea, haciendo prácticamente imposible o excesivamente difícil el resarcimiento de los ciudadanos y empresas por los perjuicios sufridos por una mala aplicación del Derecho de la Unión Europea. La legislación reformada –mientras el TJUE no dicte sentencia- es la que se aplicará también a las reclamaciones millonarias derivadas del conocido «Modelo720» (obligación informativa respecto de los bienes y derechos en el extranjero).

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha de pronunciarse sobre la adecuación al Derecho de la Unión Europea de referida acción de responsabilidad, a raíz del recurso interpuesto el 24 de junio de 2020 por la Comisión Europea(Asunto C-278/20. Comisión Europea / Reino de España), a raíz de una denuncia presentada por Isaac Ibáñez García el 2 de octubre de 2015, que originó el expediente de infracción del Derecho de la UE bajo el número CHAP(2015)02745.

Según resume el Tribunal de Justicia en su página web, respecto a la demanda de la Comisión:

“Pretensiones

Que se declare que, al adoptar y mantener en vigor los artículos 32, apartados 3 a 6, y 34, apartado 1, segundo párrafo, de la Ley 40/2015 y el artículo 67, apartado 1, tercer párrafo, de la Ley 39/2015, el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los principios de efectividad y de equivalencia como límites a la autonomía de que gozan los Estados miembros cuando establecen las condiciones de fondo y de forma que rigen su responsabilidad por daños causados a los particulares en violación del Derecho de la Unión;

Que se condene en costas al Reino de España.

Motivos y principales alegaciones

La presente demanda por incumplimiento, presentada con arreglo al artículo 258 TFUE, se refiere a los artículos 32, apartados 3 a 6, y 34, apartado 1, segundo párrafo, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de 2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, y al artículo 67, apartado 1, tercer párrafo, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de 2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Las disposiciones controvertidas han alineado el régimen de la responsabilidad del Estado legislador por violaciones de Derecho de la Unión al establecido para las violaciones de la Constitución española por actos del legislador, añadiendo ciertas condiciones de fondo.

La equiparación de los dos regímenes y los requisitos procesales que llevan aparejados hacen que la obtención de un resarcimiento por violaciones del Derecho de la Unión debidas al legislador español resulte imposible o excesivamente difícil, vulnerándose el principio de efectividad.

Por otra parte, las condiciones de fondo añadidas para las violaciones del Derecho de la Unión vulneran el principio de equivalencia, al someter el resarcimiento de daños provocados por el legislador español en infracción de ese Derecho a condiciones menos favorables que las aplicables cuando se trata de daños debidos a una violación de la Constitución española”.

Es decir, el legislador español, en vez de adoptar una actitud diligente respecto al cabal cumplimiento del Derecho de la Unión Europea y adoptar medidas preventivas que coadyuven de manera eficaz a dicho cumplimiento, lo que hace es establecer medidas legislativas que hagan imposible o excesivamente difícil el resarcimiento de los ciudadanos y empresas por los perjuicios sufridos por una mala aplicación del Derecho de la Unión Europea.

De momento, el Abogado General del Tribunal de Justicia, en la referida causa, ha propuesto a la Corte que:

“Declare que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del principio de efectividad como límite a la autonomía procesal de que gozan los Estados miembros cuando establecen las condiciones que rigen su responsabilidad por daños causados a los particulares por infringir el Derecho de la Unión, al adoptar y mantener en vigor los artículos 32, apartados 3 a 6, y 34, apartado 1, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y el artículo 67, apartado 1, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas”.

Por tanto, el Abogado General considera que

  • Para que los particulares puedan reclamar responsabilidad por los daños derivados de una ley contraria al Derecho de la Unión Europea no es necesario, como presume la legislación española cuestionada, que exista una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que declare que es contraria al Derecho de la Unión.
  • No es conforme al Derecho de la UE el requisito relativo a la existencia de una previa sentencia firme desestimatoria de un recurso del particular perjudicado contra la actuación administrativa que ocasionó el perjuicio, en la medida en que no prevé ninguna excepción para los casos en que el daño se derive directamente de la ley.
  • Tampoco es conforme al Derecho de la UE el requisito relativo a que el perjudicado haya alegado la infracción del Derecho de la Unión posteriormente declarada en el marco del recurso interpuesto contra el acto administrativo que ha causado el daño.
  • Respecto al plazo de prescripción de la acción de responsabilidad y limitación de los daños indemnizables, también considera contrarios al principio de efectividad el artículo 67 de la Ley 39/2015 —que prevé que el derecho a solicitar la indemnización de un daño prescribe al año de la publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea de la sentencia que declare que el acto legislativo es contrario al Derecho de la Unión— y el artículo 34.1 de la Ley 40/2015, que dispone que sólo son indemnizables los daños producidos en el plazo de los cinco años anteriores a la fecha de dicha publicación; porque estos requisitos parten de la existencia de una resolución del Tribunal de Justicia que declare el carácter contrario al Derecho de la Unión de la ley, pero dicha exigencia es contraria al Derecho de la Unión.
  • Sin embargo, el Abogado General considera conforme al Derecho de la UE el requisito de que los tribunales españoles aprecien que se trata de una infracción «suficientemente caracterizada». (En general, una violación es suficientemente caracterizada cuando un Estado infringe de forma manifiesta y grave los límites que le vienen impuestos o bien cuando, cualquiera que sea el grado de la infracción, no se enfrenta a distintas opciones normativas por no disponer de margen de apreciación o ser este mínimo).

Puede verse: IBÁÑEZ GARCÍA: “El régimen de responsabilidad patrimonial de la Ley 40/2015 ante el TJUE (recurso por incumplimiento C-278/20)”. Working Paper nº 39 (2021). Instituto de Derecho Europeo e Integración Regional. Universidad Complutense de Madrid.

Marina Serrat Romaní: La relevancia de la pertinencia previsible: Comentario crítico a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 6 de octubre de 2020, asuntos acumulados C‑245/19 y C‑246/19

Publicamos hoy un valioso comentario de jurisprudencia europea elaborado por Marina Serrat Romaní, Assistant Professor en la Universidad de Maastricht

Resumen

La sentencia de 6 de octubre de 2020 del TJUE sobre los asuntos acumulados C-245/19 y C-246/19 ha introducido nuevos criterios interpretativos para reconocer la pertinencia previsible de la información intercambiada en el marco de los requerimientos de información dentro de la Unión Europea. Los criterios de dicha Sentencia extienden  los ya asentados en Berlioz, con el fin de ofrecer mayores garantías de protección de los datos de carácter personal y del derecho a la intimidad y vida privada. En este mismo sentido, la sentencia matiza el los límites de protección del derecho a la tutela judicial efectiva que cubren al contribuyente afectado por los procedimientos previo requerimiento sino también sobre terceras partes.

Summary 

The CJEU Sentence of 6 October 2020 on the joined cases C-245/19 and C-246/19 has introduced new interpretative criteria to recognise the foreseeable relevance of the information exchanged in the framework of requests for information within the European Union. The criteria of this judgment extend those criteria already established in Berlioz, in order to offer greater guarantees for the protection of personal data and the right to privacy and private life. In this sense, the Courtbrings new nuances to the limits of protection of the right to effective judicial protection covering the taxpayer and also third parties affected by the requests of information.

Palabras clase

Tutela judicial efectiva – pertinencia previsible – intercambio previo requerimiento – proporcionalidad

Key words

Effective judicial protection – foreseeable relevance – Exchange upon request – proportionality 

I.- Introducción 

El objetivo de este análisis consiste en poner de manifiesto la relevancia que tiene para  la jurisprudencia, la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 6 de octubre de 2020, sobre los asuntos acumulados C-245/19 y C-246/19. En dicha sentencia el tribunal se pronuncia sobre dos principales cuestiones: Una pivota alrededor de los límites de la tutela judicial efectiva y la otra entorno al concepto de pertinencia previsible de la información tributaria. El comentario se estructura de forma que al definir y examinar los puntos principales de la sentencia también se analizan, aunque brevemente, las consecuencias que de ella derivan para los estados miembros,   especialmente respecto del avance que ha supuesto la Sentencia para el concepto de “pertinencia previsible”

II.- Hechos del caso y cuestiones prejudiciales 

La sentencia de 6 de octubre de 2020 responde a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo (Cour Administrative) del Ducado de Luxemburgo en el marco de los casos B vs État luxembourgeois y entre État luxembourgeois y B, C, D, F. C., dos procedimientos distintos que el TJUE optó por acumular.

Ambos litigios se originaron por motivo de un requerimiento de intercambio de información solicitado por la Administración tributaria española a la Administración tributaria luxemburguesa, con la finalidad de obtener información relativa a F. C., una persona física residente en España, sometida a una investigación con objeto de determinar su situación, como contribuyente, de acuerdo con la legislación tributaria española.

Conviene, pues, relatar los hechos del caso por separado

A- Asunto C‑245/19 B vs État luxembourgeois

El 18 de octubre de 2016 la Administración tributaria española inició con el Estado de Luxemburgo un procedimiento de intercambio de información previo requerimiento en el que se solicitaba a la Administración tributaria luxemburguesa que facilitara determinada información relativa al contribuyente F.C. La información solicitada abarcaba el periodo comprendido entre 1 de enero de 2011 y 31 de diciembre de 2014. A fin de tramitar ésta solicitud, el 16 de junio de 2017, las autoridades tributarias luxemburguesas remitieron a la sociedad luxemburguesa B una decisión por la que se le requería facilitar y comunicar información sobre F.C. 

Concretamente se solicitaba a la sociedad B información contractual relativa a los derechos de F.C con las sociedades E y F, así como la totalidad de las facturas recibidas y emitidas relativas a esos contratos, como sus medios de cobro y pago; y los detalles de las cuentas bancarias y de las instituciones financieras en las que se mantiene el efectivo registrado en el balance.

La decisión, mediante la cual se requería a B que facilitara la información, indicaba expresamente que no era recurrible. Pues conforme al artículo 6 de la Ley luxemburguesa de 25 de noviembre de 2014, relativa al procedimiento aplicable al intercambio de información previa solicitud en el ámbito de la fiscalidad, no cabe recurso alguno contra la solicitud de intercambio de información ni contra la decisión de requerimiento de la misma.

No obstante, el 17 de julio de 2017, la sociedad B presentó una demanda ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Luxemburgo, pidiendo, en primer lugar, la modificación de dicha decisión y subsidiariamente su anulación. Mediante sentencia de 26 de junio de 2018, dicho tribunal se consideró competente para conocer del recurso y anuló parcialmente la decisión al estimar que la información requerida a la sociedad B no era previsiblemente relevante para la investigación que llevaba a cabo la Administración tributaria española. Dentro del ámbito de su competencia, el Tribunal se pregunta si el artículo 6.1 de la Ley de 25 de noviembre de 2014, al excluir la presentación de recurso contra las decisiones por las que se efectúa un requerimiento de comunicación de información a la Administración tributaria, pudiera suponer alguna vulneración al derecho a la Tutela judicial efectiva y a un juez imparcial recogido en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE (la Carta). 

Y es que el Tribunal quiere saber si los artículos 7, 8, 47 y 52 de la Carta exigen “reconocer a la persona que sea destinataria de una decisión por la que se la requiere para que comunique a la Administración tributaria información que obre en su poder el derecho a interponer un recurso directo contra esa decisión, sin perjuicio de la posibilidad de impugnar dicha decisión con carácter incidental en caso de que no le dé cumplimiento y se le imponga posteriormente una sanción por tal motivo”[1]. En caso afirmativo, “cuál es el alcance del control judicial que puede efectuar en el marco de tal recurso directo sobre el carácter previsiblemente pertinente de la información en cuestión, a la luz de los artículos 1 y 5 de la Directiva 2011/16”[2].

B- Asunto C-246/19: État luxembourgeois y B, C, D, F. C con intervención de A

El 16 de marzo de 2017, las autoridades fiscales españolas enviaron a las autoridades fiscales luxemburguesas una segunda solicitud de intercambio de información sobre F.C, también dentro del período comprendido entre 1 de enero de 2011 a 31 de diciembre de 2014. 

A fin de tramitar dicha solicitud, el 29 de mayo de 2017 la Administración tributaria luxemburguesa remitió al Banco A una decisión por la que se le requería que comunicara determinada información bancaria de F.C. y de las sociedades B, C y D. 

Del mismo modo que en la decisión del asunto C-245/19, en esta decisión también se especificaba que no era recurrible en virtud de la misma normativa luxemburguesa. Nuevamente, las sociedades B, C y D y F. C., interpusieron una demanda ante al Tribunal de lo Contenciosos Administrativo esgrimiendo exactamente los mismos argumentos. Dicha demanda obtuvo una Sentencia con el mismo resultado que en el asunto anterior. El Tribunal expone los mismos interrogantes que en el caso C-245/19, aunque en esta ocasión respecto de “un contribuyente sometido a una investigación iniciada por la Administración tributaria de otro Estado miembro y, por otro, terceras personas que mantienen relaciones jurídicas, bancarias, financieras o, en un sentido más amplio, económicas con ese contribuyente.”[3]

Dadas las circunstancias de ambos casos el presidente del TJUE decidió acumular los asuntos C-245/19 y C-246/19.

III.- Análisis crítico

A la vista de los hechos de los asuntos acumulados C-245/19 y C-246/19, en la sentencia prevalecen dos principales cuestiones, que son de una parte los límites de la tutela judicial efectiva y de otra el concepto de pertinencia previsible, por lo que se dedicará un sub apartado a cada una de las cuestiones prejudiciales. 

En la primera cuestión prejudicial se dilucida que el Tribunal Luxemburgués pretende conocer cuál es la interpretación que debe hacerse del artículo 47 de la Carta cuando una normativa de un Estado miembro priva “a una persona que posee determinada información, a un contribuyente sometido a una investigación tributaria y a terceras personas a las que concierne esa información de la posibilidad de interponer un recurso directo contra una decisión por la que se requiere la comunicación de dicha información a la Administración tributaria”[4]. Por lo tanto, se cuestiona como una normativa estatal afecta al alcance de la tutela judicial efectiva desde una triple perspectiva, en función de quien es el sujeto al que se dirige la comunicación por la cual se le requiere que entregue información previsiblemente relevante para los fines fiscales por los que se solicita.

En la segunda cuestión prejudicial, el Tribunal luxemburgués desea conocer cómo debe formularse una solicitud de intercambio de información así como el requerimiento de la autoridad competente del Estado miembro requerido que la tramita, para que cumplan con el criterio de pertinencia previsible. Es decir, esta segunda cuestión prejudicial, como indica Alejando Jiménez López “versa sobre la forma en que debe formularse la solicitud en relación con las personas afectadas con el fin de que las autoridades tributarias requeridas puedan valorar la «pertinencia previsible» de la información solicitada para el procedimiento tributario en el otro Estado miembro, ya que solo la información que «previsiblemente, guarde relación» es objeto de la directiva.”[5].

Y es que la relevancia de la segunda cuestión prejudicial radica en el hecho de que el TJUE se ha pronunciado solamente una única vez respecto del concepto de “pertinencia previsible” en los procedimientos de intercambio de información tributaria. Este fue el caso de la sentencia de 16 de mayo de 2017, Berlioz Investment Fund, C‑682/15, en la que el TJUE estableció que una solicitud de información objeto de un proceso de intercambio de información previo requerimiento no sería conforme a los artículo 1 y 5 de la Directiva 2011/16 si la autoridad requirente solicita información irrelevante o sin relación con la investigación en cuestión[6]. No obstante, el TJUE simplemente realizó una primera aproximación a la interpretación del concepto pertinencia previsible sin establecer ningún matiz sobre cómo deben formularse las solicitudes de información para que la misma sea considerada pertinente. Este paso es el que el TJUE ha dado en los casos conjuntos de État Luxembourgeois.

A.- Las consecuencias de la triple perspectiva de la tutela judicial efectiva

Respecto de la primera cuestión prejudicial, referente al derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial (artículo 47 de la Carta), el Tribunal se posiciona de forma distinta respecto de los afectados por los requerimientos de información cuya normativa reguladora no contempla la posibilidad de presentar acción o recurso alguno contra la misma, dependiendo de si se trata de terceros o del propio contribuyente. 

Respecto de esas terceras partes que están en posesión de la información que la autoridad competente quiere obtener, el Tribunal no duda en señalar que tal y como está planteada la normativa luxemburguesa, solamente da cabida a recurrir la sanción impuesta una que vez la persona requerida se niegue a responder y a entregar la información solicitada.  Esto hace que delante de un requerimiento de información que sea arbitrario y desproporcionado, y por tanto, no cumpla con los criterios establecidos en la Directiva 2011/16, la persona en cuestión queda completamente indefensa[7]. Esta construcción normativa es contraria al espíritu de la tutela judicial efectiva[8]

No es el caso de las denominadas “terceras partes afectadas”, porque se trata de personas jurídicas con las que el contribuyente investigado estuvo relacionado por motivos jurídicos y/o económicos. Por lo tanto, cuando se transfiere información del contribuyente investigado constan sus datos en dicha información. No obstante, matiza el Tribunal, en concordancia con las Conclusiones de la Abogada General Kokkot[9], estas terceras personas afectadas, “a diferencia de la persona que posee dicha información y a la que la autoridad competente de un Estado miembro ha remitido una decisión de requerimiento para su comunicación, no están sometidas ni a una obligación jurídica de comunicar tal información ni, por tanto, al riesgo de ser sancionadas en caso de incumplimiento de esa obligación jurídica”.[10] Por lo tanto, al no tener obligación jurídica alguna dentro del procedimiento de intercambio de información, no quedarían cubiertas por el derecho a la tutela judicial efectiva en cuanto a la imposibilidad de presentar recurso alguno contra las decisiones de la Administración luxemburguesa dentro del marco del intercambio de información. No obstante, aunque se trate de actos y decisiones administrativos eso no significa que éstos no sean arbitrarios y desproporcionados y estas terceras partes afectadas puedan ver vulnerados sus derechos[11], como el derecho a la protección de datos personales o el derecho a la intimidad. Derechos que cobran especial relevancia en caso de que los terceros afectados sean personas físicas.

Paradójicamente, el Tribunal utiliza este mismo argumento para justificar que la legislación que impide al contribuyente sometido a la investigación que originó la solicitud de información interponer recurso contra la decisión por la que se requiere a un tercero en posesión de información de relevancia para la investigación, que la facilite a las Autoridades tributarias, no supone una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva. Porque al igual que las terceras partes afectadas, procedimentalmente “el contribuyente investigado no es destinatario de tal decisión y no está sujeto a ninguna obligación jurídica resultante de esta última, ni, por tanto, al riesgo de que se le imponga una sanción por incumplimiento”[12]

El TJUE ya fue muy claro al respecto en el caso Sabou C-276/12[13] cuando asentó doctrinalmente que en los procesos en los que la Administración procede a recabar información, ésta no está obligada a notificar al contribuyente. Y, además, en este sentido tampoco queda obligada a darle la opción para que éste pueda hacer sus observaciones. El principal motivo es que los requerimientos de información forman parte de un proceso principal que tiene carácter contradictorio que permite al contribuyente ejercer su derecho a ser oído[14], y por tanto se le garantiza su derecho a la tutela judicial efectiva. En otras palabras, tal y como indica [15], una normativa respeta el derecho a recibir una tutela judicial efectiva siempre y cuando el contribuyente tenga la capacidad de cuestionar la decisión de la administración, pudiendo recurrir al menos a nivel judicial.

B.- Pertinencia previsible: de Berlioz a État luxembourgeois

Para comprender la relevancia que tiene la sentencia de 6 de octubre de 2020 para el procedimiento de integración (negativa) de la fiscalidad directa a nivel europeo, es necesario realizar una comparativa entre el caso C-682/15 y los asuntos C-245/19 y C-2146/19. En primer lugar, previo al asunto Berlioz, a nivel TJUE nunca se había planteado cuál era el alcance del concepto de pertinencia previsible de la información tributaria solicitada, así como el alcance del control que las autoridades tributarias y judiciales del Estado requerido debían ejercer sin menoscabar la finalidad de la Directiva 2011/16. Ambos, Berlioz y los asuntos acumulados de État Luxembourgeois, tienen su origen en el Derecho luxemburgués, y concretamente en  la Ley de 25 de noviembre de 2014[16]. Mientras que en Berlioz el posicionamiento del Tribunal es generalista respecto del concepto de pertinencia previsible, en État Luxembourgeois el Tribunal precisa aún más la delimitación del mismo. 

En Berlioz el Tribunal considera que el objetivo de la pertinencia previsible es el de “permitir a la autoridad requirente obtener toda información que considere justificada para su investigación sin autorizarla no obstante a sobrepasar manifiestamente el marco de esa investigación ni a imponer una carga excesiva a la autoridad requerida.”[17] Así pues simplemente se limita a establecer patrones generales para que las Administraciones los apliquen caso por caso. Es decir, el Tribunal da un margen razonable de discrecionalidad sobre qué tipo de información puede reclamarse, pues indica que corresponde a la autoridad que dirige la investigación apreciar la pertinencia previsible de la información solicitada según las circunstancias del asunto, la evolución  o el cauce que siga el procedimiento y en función del agotamiento de las fuentes habituales de información que ya haya podido utilizar. No obstante, el tribunal subraya que aunque las Administraciones gocen de un margen amplio de discrecionalidad, esto no significa que puedan solicitar información inconexa con la investigación que llevan a cabo[18]. Pero ¿qué es información inconexa? 

En Berlioz el TJUE establece que la información solicitada será pertinente siempre y cuando contemple una serie de elementos: se indique “la identidad de la persona sometida a examen o investigación y el objetivo fiscal para el que se pide la información, y, por otra parte, en su caso, el nombre y dirección de toda persona que se considere esté en posesión de la información solicitada, así como todo elemento que pueda facilitar la recogida de información por parte de la autoridad requerida”[19]. Es decir la solicitud de intercambio de información y las decisiones de requerimiento de información deben explicitar criterios que demuestren que no se trata de investigaciones aleatorias, como indica el Tribunal en État Luxembourgois; porque las investigaciones aleatorias, o fishing expeditions sí se consideran actuaciones desproporcionadas[20].

En este sentido, el Tribunal matiza que cuando la autoridad requerida, cómo es su deber, controle la motivación de la solicitud de intercambio de información, deberá tener en cuenta que cuando sea necesario obtener tal información que esté en posición de un tercero, deberá constar la identidad de ese tercero en la solicitud, de lo contrario no se cumplirían los requisitos exigidos para evitar la aleatoriedad.

El Tribunal destaca la obligación de especificar la identidad de la persona sometida a investigación exigido en Berlioz a fin de que tal obligación alcance también la identificación de los terceros en cuyo poder se halle la información. Si bien en Berlioz se mencionaba que debía constar la identidad “terceros eventualmente informados”, en État Luxembourgois el Tribunal determina que deben ser terceros que posean la información de interés para los objetivos de la investigación, como por ejemplo contratos, facturas y pagos celebrados o efectuados durante ese período y relacionados con el contribuyente investigado. Es decir, deben ser terceros que mantenga algún tipo conexión fehaciente con la investigación y no terceros seleccionados aleatoriamente. 

Por otra parte, en los casos acumulados C-245/19 y C-246/19, el Tribunal Supremo de Luxemburgo plantea dudas concretas sobre la idoneidad de contratos, facturas y pagos que no se identifican de manera precisa. En este sentido el TJUE considera que dicha información, contratos, facturas, pagos cumplen con criterios de pertinencia previsible en la medida en que tengan relación con el contribuyente investigado y en la medida en que se solicitan los que se hayan llevado a cabo durante el período de tiempo en el que se centra la investigación.

Así, pues, las solicitudes de intercambio de información deben indicar la identidad de los contribuyentes investigados -cuya investigación ha originado la solicitud de intercambio de información-; la identidad de la/las persona/s que posee/n la información deseada y el período al que se extiende la investigación. Sin embargo, matiza el Tribunal que si la información deseada son contratos, facturas o pagos, éstos deberán cumplir una serie de requisitos que permitan garantizar su idoneidad sin tener que esperar a conocer si eran o no pertinentes al final de la investigación. Pues, el Tribunal es consciente que, precisamente, el objetivo de las solicitudes de intercambio de información es recabar datos de los que se tiene un conocimiento incompleto e impreciso, y que por ende, la pertinencia real de los mismos no se conocerá hasta el final de la investigación, en función de los resultados de la misma[21]

De ahí que el TJUE establezca nuevos criterios delimitadores de la pertinencia de la documentación solicitada. En primer lugar, señala que debe ser contratos, facturas o pagos efectuados por la/las persona/s que están en posesión de la información; en segundo lugar, deben ser contratos que tengan una relación con el contribuyente investigado y, finalmente, deben ser aquellos contratos, facturas o pagos llevados a cabo durante el período investigado[22]. La pregunta ahora es ¿seguirá el TJUE delimitando y homogeneizando los criterios que definen la “pertinencia previsible” a nivel europeo? Hay que confiar que en breve el caso pendiente C-437/19, État du Grand-duché de Luxembourg v  L, resolverá esta pregunta. 

IV.- Conclusiones

La sentencia amplia el arco de protección del derecho a la tutela judicial efectiva sobre terceros que están en posesión de información relevante sobre contribuyentes que tienen abiertos procedimientos de investigación por parte de las Autoridades Fiscales de los Estados miembros, motivo por el cual éstas solicitan iniciar el procedimiento de intercambio de información, por el que se requiere a estos terceros reportar la información previsiblemente relevante que tengan de los sujetos investigados. 

El Tribunal considera que vulneran el derecho a la tutela judicial efectiva aquellas normas internas que no permiten a estas terceras partes recurrir o presentar acción alguna contra las decisiones administrativas que les obligan a reportar determinada información relevante. No obstante, el Tribunal también considera que aquellas legislaciones internas que impiden a los contribuyentes (objeto de investigación) y a terceras partes afectadas recurrir los actos o decisiones administrativas de requerimiento de información, no suponen una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, ya que no se trata de los sujetos a los que va dirigida la obligación de reportar la información. Sin embargo y en otro orden de las cosas, el Tribunal insiste en que tanto los contribuyentes como las terceras partes afectadas deben de poder acogerse a su derecho a la tutela judicial efectiva. El contribuyente deberá tener derecho a ser oído en alguna de las fases de la investigación y, las terceras partes afectadas por los intercambios de información, podrán acogerse a su derecho a la tutela judicial efectiva para poder reclamar el derecho que haya sido vulnerado debido a actos administrativos arbitrarios y desproporcionados.

En síntesis, se podría decir que la sentencia viene a reforzar los poderes de los Estados miembros tanto a nivel legislativo como administrativo respecto de los procedimientos de investigación tributaria, pues mina el derecho del contribuyente a impugnar la solicitud de intercambio de información a la vez que otorga a los Estados miembros una mayor facultad discrecional para limitar éste derecho.

El Tribunal también destaca los criterios que determinan el concepto información tributaria “previsiblemente pertinente”, introducidos en la sentencia Berlioz (C-682/15) y que presumiblemente volverán a ser revisados y matizados por el TJUE una vez éste se haya pronunciado sobre el asunto pendiente C-437/19, pues, los criterios delimitados ayudan a homogeneizar a nivel europeo qué documentación puede ser objeto de intercambio de forma más precisa. 

Los nuevos criterios interpretativos para reconocer la pertinencia previsible de las solicitudes y requerimientos de información dentro de la Unión Europea, introducen  nuevos matices que pretenden evitar la transferencia de documentación completamente aleatoria y ajena a la investigación y obligan a realizar un control más estricto en la revisión de la documentación objeto de intercambio. Mediante la extensión de los criterios introducidos en Berlioz, el TJUE ofrece mayores garantías de protección de los datos de carácter personal y del derecho a la intimidad y vida privada, se previene la transferencia de documentos que contengan datos de personas distintas a cualquiera de las partes relacionadas con la investigación.

Bibliografía

  • Brito Bastos, F., “Luxembourg v B: How far shoould jurisdictional limits be eroded in the name of effective judicial protection?”, EULAWLIVE, nº 41, December 12, 2020, pp. 10-21.
  • Conclusiones de la Abogada General Kokott, presentadas el 2 de julio de 2020, Asuntos acumulados C‑245/19 y C‑246/19
  • Jiménez Lopez, A., “De lo pertinente en el intercambio de información tributaria, Análisis de la STJUE de 6 de octubre de 2020, asuntos acumulados C-245/19 y C-246/19”, Revista de Contabilidad y Tributación. CEF, 456 (marzo 2021), 147-157.
  •  Sentencia del TJUE, de 6 de noviembre de 2012, Otis y otros, C‑199/11.
    •  de 22 de octubre de 2013, C-276/12 Sabou
    • de 17 de abril de 2018, Egenberger, C‑414/16.
    • de 16 de mayo de 2017, C‑682/15, Berlioz Investment Fund.
    • de 29 de julio de 2019, C‑556/17 Torubarov
    • de 12 de diciembre de 2019, , C‑433/18 Aktiva Finants
    • de 6 de octubre de 2020, asuntos acumulados C-245/19 B v État luxembourgeois y  C-256/19 y État luxembourgeois  y B, C, D, F. C con intervención de A.

[1] Apartado 32 de la sentencia TJUE, de 6 de octubre de 2020, asuntos acumulados C-245/19 B v État luxembourgeois  y C-256/19 luxembourgeois y B, C, D, F. C con intervención de A.

[2] Apartado 33 de la sentencia TJUE, de 6 de octubre de 2020, asuntos acumulados C-245/19 B v État luxembourgeois  y C-256/19 luxembourgeois y B, C, D, F. C con intervención de A.

[3] Apartado 33 de la sentencia TJUE, de 6 de octubre de 2020, asuntos acumulados C-245/19 B v État luxembourgeois  y C-256/19 luxembourgeois y B, C, D, F. C con intervención de A.

[4] Apartado 54 de la sentencia TJUE, de 6 de octubre de 2020, asuntos acumulados C-245/19 B v État luxembourgeois  y C-256/19 luxembourgeois y B, C, D, F. C con intervención de A.

[5] Jiménez Lopez, A., “De lo pertinente en el intercambio de información tributaria, Análisis de la STJUE de 6 de octubre de 2020, asuntos acumulados C-245/19 y C-246/19”, Revista de Contabilidad y Tributación. CEF, 456 (marzo 2021), p.148.  

[6] Ver apartados 71 y 72 de STJUE C‑682/15,de 16 de mayo de 2017, Berlioz Investment Fund.

[7] Apartados 67 a 69 de la sentencia TJUE, de 6 de octubre de 2020, asuntos acumulados C-245/19 B v État luxembourgeois  

[8] EL TJUE se ha pronunciado en numerosas ocasiones sobre la naturaleza del derecho a la tutela judicial efectiva (véase las STJUE, de 17 de abril de 2018, Egenberger, C‑414/16, apartado 78 y STJUE, de 29 de julio de 2019, Torubarov, C‑556/17) y reconoce el Derecho  acceder a los órganos de justicia tanto por parte de personas físicas como jurídicas en tal que titulares de derechos (véase STJUE, de 6 de noviembre de 2012, Otis y otros, C‑199/11 o STJUE, de 12 de diciembre de 2019, Aktiva Finants, C‑433/18).

[9] Véase apartado 95 de Conclusiones de la Abogada General Kokott, presentadas el 2 de julio de 2020, Asuntos acumulados C‑245/19 y C‑246/19.

[10] Apartado 99 de la sentencia TJUE, de 6 de octubre de 2020, asuntos acumulados C-245/19 B v État luxembourgeois  

[11] En este sentido la Abogada General Kokott pone de manifiesto que posiblemente, en caso que la Administración tributaria obligue a otra persona a facilitar información sobre cuentas bancarias y activos de terceros, vulnera probablemente los derechos que el artículo 7 de la Carta confiere a esos terceros (apartado 98 apartado 95 de Conclusiones de la Abogada General Kokott, presentadas el 2 de julio de 2020, Asuntos acumulados C‑245/19 y C‑246/19).

[12] Apartado 80 de la sentencia TJUE, de 6 de octubre de 2020, asuntos acumulados C-245/19 B v État luxembourgeois  

[13] “De ello se deduce que el respeto del derecho de defensa del contribuyente no exige que éste participe en la solicitud de información dirigida por el Estado miembro requirente al Estado miembro requerido. Tampoco exige que el contribuyente sea oído en el momento en que en el Estado miembro requerido se lleven a cabo actuaciones inspectoras que puedan incluir el examen de testigos ni que sea oído antes de que dicho Estado miembro transmita información al Estado miembro requirente.” (Apartado 44, STJUE, de 22 de octubre de 2013, C-276/12 Sabou)

[14] Apartado 81 de la sentencia TJUE, de 6 de octubre de 2020, asuntos acumulados C-245/19 B v État luxembourgeois.

[15] Brito Bastos, F., “Luxembourg v B: How far shoould jurisdictional limits be eroded in the name of effective judicial protection?”, EULAWLIVE, nº 41, December 12, 2020, pp. 12-13

[16] Ambos casos cuestionan dicha normativa en la que su artículo 6 establece que “No cabe recurso alguno contra la solicitud de intercambio de información ni contra la decisión de requerimiento indicadas en el artículo 3, apartados 1 y 3.”. Artículos que se refieren a las decisiones de requerimiento que, por una parte, la Administración competente deberá comprobar para cerciorarse de su regularidad formal. Indicando que son formalmente válidas aquellas solicitudes de intercambio de información en tanto en cuanto indiquen “su base jurídica y la autoridad competente de la que emana y las demás indicaciones establecidas en los convenios y en las leyes”. (Véanse apartados 18 a 20 de STJUE C‑682/15, de 16 de mayo de 2017, Berlioz Investment Fund y 18 a 20 de STJUE C-245/19 y C-246/19, de 6 de noviembre de 2020)

[17] Apartado 67 de la sentencia TJUE, de 6 de octubre de 2020, asuntos acumulados C-245/19 B v État luxembourgeois  

[18] Apartados 69 a 71 de la sentencia TJUE, de 6 de octubre de 2020, asuntos acumulados C-245/19 B v État luxembourgeois  

[19] Apartado 79 Sentencia TJUE C‑682/15, de 16 de mayo de 2017, Berlioz Investment Fund.

[20] Apartados de la sentencia TJUE, de 6 de octubre de 2020, asuntos acumulados C-245/19 B v État luxembourgeois  

[21] Apartado 120 a 122 de la sentencia TJUE, de 6 de octubre de 2020, asuntos acumulados C-245/19 B v État luxembourgeois.

[22] Apartado 124 de la sentencia TJUE, de 6 de octubre de 2020, asuntos acumulados C-245/19 B v État luxembourgeois.  

Carlo Soncini: Electric energy, nuclear power, State aid and democratic representation: how can the EU combine diverse environmental tax principles

Publicamos una profunda reflexión del Profesor don Carlo Soncini (Università degli studi di Parma) sobre las conclusiones del Abogado General Hogan de 7 de mayo de 2020 en el asunto C-594/18P, República de Austria v. Comisión Europea. En el centro de la cuestión se encuentra la legitimidad de las ayudas de Estado a la construcción de centrales nucleares.

Muchas gracias, querido Carlo, por esta valiosa contribución.

Isaac Ibáñez García: La Comisión Europea debe defender la “potestas” del Tribunal de Justicia de la UE

Publicamos un interesante trabajo de don Isaac Ibáñez García, Abogado, comentando la Sentencia del Tribunal Constitucional alemán del 5 de mayo de 2020 y sus repercusiones sobre el Derecho Europeo.

Muchas gracias, Isaac, por esta nueva aportación.

Isaac Ibáñez García: Tribunales económico-administrativos y cuestión prejudicial europea

Publicamos una valiosa aportación de don Isaac Ibáñez García, abogado, sobre las conclusiones del Abogado General Hogan en el asunto Banco de Santander, sobre la posibilidad de que los tribunales económico-administrativos interpongan cuestiones prejudiciales.

Muchas gracias, Isaac, por esta nueva contribución al blog.

Continue reading “Isaac Ibáñez García: Tribunales económico-administrativos y cuestión prejudicial europea”

María Rodríguez-Bereijo León: “The ECJ’s Taricco Saga on VAT Fraud: The More There Is of Mine, the Less There Is of Yours?”

La Profesora María Rodríguez-Bereijo León, Contratada Doctora de la Universidad Autónoma de Madrid, acaba de publicar un relevante trabajo sobre las “sentencias Taricco” en el International VAT Monitor, 2019 (Volume 30), No 2.

La disposición se encuentra ya disponible on line desde el 11 de marzo y lo estará en papel próximamente.

Reproducimos, con autorización de la autora, una versión en castellano del resumen del trabajo:

“La “saga Tarico” abarca dos sentencias del TJUE sobre fraude en el IVA. En su artículo la autora analiza estas dos sentencias atendiendo a los principios de eficacia y primacía del Derecho Europea. La autora destaca el reto que asumía el Tribunal dado el posible conflicto entre los principios generales y el perjuicio para los intereses financieros de la Unión que derivaría de la ineficacia en la recaudación del IVA. Las sentencias también muestran los conflictos que pueden surgir en el Derecho Europeo sobre el nivel de protección de los principios y derechos fundamentales en un constitucionalismo multinivel de ámbito europeo”.

Enhorabuena y muchas gracias, María, por esta valiosa aportación.

Pedro Herrera

Catedrático de Derecho Financiero y Tributario

Isaac Ibáñez García: El procedimiento de infracción del Derecho de la Unión Europea (artículo científico)

Publicamos en el post de hoy una valiosa contribución de don Isaac Ibáñez García, Abogado sobre “El procedimiento de infracción del Derecho de la Unión Europea”.

Muchas gracias, querido Isaac por esta interesante aportación.

Pedro Herrera

Isaac Ibañez García: “La Suspensión de otros procesos basada en la prejudicialidad comunitaria o constitucional”

Presentamos en el post de hoy una valiosa contribución de  Isaac Ibáñez García. Agradecemos su generosidad al compartir con nosotros su aportación titulada: “La suspensión de otros procesos basada en la prejudicialidad comunitaria o constitucional”.

En la página web del Consejo General del Poder Judicial aparece publicado el siguiente comunicado de 14 de abril de 2016:

“El Tribunal Supremo pospone un recurso de cláusulas suelo hasta que el TJUE sentencie sobre el alcance de la retroactividad de su nulidad.

El TJUE ha fijado para el próximo 26 de abril la vista de una cuestión prejudicial sobre este asunto planteada por un Juzgado de Granada.

Autor: Comunicación Poder Judicial.

La Sala Primera del Tribunal Supremo ha suspendido la tramitación del recurso de una entidad bancaria en materia de cláusula suelo de una hipoteca hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronuncie sobre los efectos de la declaración de nulidad de dichas cláusulas, en concreto sobre el alcance de la retroactividad de dicha nulidad.

El recurso suspendido fue interpuesto por Unicaja contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Jaén, de 10 de julio de 2014, que dio la razón a dos clientes anulando su cláusula suelo con la citada entidad, y condenando a ésta a devolver lo indebidamente cobrado sin tener como tope la fecha de mayo de 2013, señalada por el Tribunal Supremo en su sentencia sobre este asunto.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene fijada para el próximo 26 de abril la vista de una cuestión prejudicial planteada por un Juzgado de lo Mercantil de Granada para conocer si se ajusta a la normativa comunitaria moderar los efectos retroactivos de la nulidad de una cláusula suelo.

Los dos clientes de Unicaja a los que dio la razón la Audiencia de Jaén pidieron al Supremo que suspendiese el recurso de la entidad bancaria -cuya deliberación se fijó inicialmente para el próximo 4 de mayo- hasta que se pronuncie sobre la retroactividad el Tribunal de Justicia de la UE. Tanto el banco como la Fiscalía se opusieron a dicha petición.

Sin embargo, el alto tribunal accede a la suspensión porque la cuestión jurídica planteada en el recurso interpuesto por Unicaja Banco S.A. está directamente relacionada con la cuestión prejudicial que debe resolver el alto tribunal europeo, “pues en el recurso se solicita la aplicación de la doctrina de esta Sala sobre efectos de la declaración de nulidad de la cláusula suelo, interpretación que está siendo cuestionada a la luz de la normativa comunitaria ante el TJUE”.

Además, el Supremo recuerda que contra la sentencia que debe dictar no cabe interponer recurso alguno en vía judicial, y subraya la cercanía de la fecha señalada para la vista ante el tribunal europeo y, consiguientemente, de la sentencia que haya de dictarse, por lo que la suspensión temporal del proceso no se prevé extensa, y no se causa un perjuicio relevante a las partes”.

La decisión de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo se adopta con algunas cautelas, como la relativa a la cercanía de la fecha señalada para la vista ante el tribunal europeo (“por lo que la suspensión temporal del proceso no se prevé extensa, y no causa un perjuicio relevante a las partes”).

Hace escasos meses, el Magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, Don DIEGO CÓRDOBA CASTROVERDE, suscitó un oportuno debate sobre “La suspensión de otros procesos basada en la prejudicialidad comunitaria”. Foro que se publicó en la “Revista de Jurisprudencia”, número 2, del 31 de enero de 2015 y también en http://www.elderecho.com/foro_legal/administrativo/suspension-procesos-basada-prejudicialidad-comunitaria_12_779685001.html

De las distintas e interesantes aportaciones vertidas en dicho foro se pone de manifiesto, sobre la cuestión debatida, que no existe (entre las distintas Salas del Tribunal Supremo y otros pronunciamientos judiciales) unanimidad sobre la posibilidad o no de suspensión de procesos jurisdiccionales basados en la existencia previa de una cuestión prejudicial planteada ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. No es, por tanto, una cuestión pacífica, aunque sí elevante.

En mi opinión, el mismo debate debe extenderse a la cuestión de si es posible suspender procesos similares cuando se ha planteado previamente en otro asunto una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Recordemos que actualmente se están planteando por órganos jurisdiccionales españoles cuestiones de inconstitucionalidad sobre el Impuesto municipal sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana (Así, Auto de 5 de febrero de 2015 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Donostia-San Sebastián y Auto de 22 de diciembre de 2015 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Vitoria-Gasteiz)

El artículo 35 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional es del siguiente tenor:

 

“1. Cuando un Juez o Tribunal, de oficio o a instancia de parte, considere que una norma con rango de Ley aplicable al caso y de cuya validez dependa el fallo pueda ser contraria a la Constitución, planteará la cuestión al Tribunal Constitucional con sujeción a lo dispuesto en esta Ley.

  1. El órgano judicial sólo podrá plantear la cuestión una vez concluso el procedimiento y dentro del plazo para dictar sentencia, o la resolución jurisdiccional que procediese, y deberá concretar la ley o norma con fuerza de ley cuya constitucionalidad se cuestiona, el precepto constitucional que se supone infringido y especificar o justificar en qué medida la decisión del proceso depende de la validez de la norma en cuestión. Antes de adoptar mediante auto su decisión definitiva, el órgano judicial oirá a las partes y al Ministerio Fiscal para que en el plazo común e improrrogable de 10 días puedan alegar lo que deseen sobre la pertinencia de plantear la cuestión de inconstitucionalidad, o sobre el fondo de ésta; seguidamente y sin más trámite, el juez resolverá en el plazo de tres días. Dicho auto no será susceptible de recurso de ninguna clase. No obstante, la cuestión de inconstitucionalidad podrá ser intentada de nuevo en las sucesivas instancias o grados en tanto no se llegue a sentencia firme”.

 

Sin embargo, en el ámbito de la cuestión prejudicial comunitaria no está tan contundentemente definida la necesidad (a nuestro juicio de lo más pertinente) de oír a las partes antes de plantear o no la cuestión prejudicial.

Así, las “RECOMENDACIONES (del Tribunal de Justicia de la Unión Europea) a los órganos jurisdiccionales nacionales, relativas al planteamiento de cuestiones prejudiciales (2012/C 338/01)”[1], dicen lo siguiente:

 

“9. En virtud del artículo 267 TFUE, cualquier órgano jurisdiccional de un Estado miembro, cuando tenga que pronunciarse en un procedimiento a cuyo término se dicte una resolución de naturaleza jurisdiccional, puede, en principio, remitir al Tribunal de Justicia una petición de decisión prejudicial. El Tribunal de Justicia ha interpretado la condición de órgano jurisdiccional como un concepto autónomo del Derecho de la Unión, teniendo en cuenta, a este respecto, un conjunto de factores, como son el origen legal del órgano que le remite la petición, su permanencia, el carácter obligatorio de su jurisdicción, el carácter contradictorio del procedimiento, la aplicación por parte de dicho órgano de normas jurídicas, y su independencia.

  1. La decisión de plantear al Tribunal de Justicia una cuestión prejudicial corresponde únicamente al órgano jurisdiccional nacional, independientemente de que las partes del litigio principal lo hayan o no solicitado”.

 

…/…

El momento adecuado para plantear una cuestión prejudicial.

  1. El órgano jurisdiccional nacional puede remitir al Tribunal de Justicia una petición de decisión prejudicial tan pronto como estime que, para poder emitir su fallo, resulta necesaria una decisión sobre la interpretación o la validez del Derecho de la Unión. En efecto, el órgano jurisdiccional nacional es el mejor situado para apreciar la fase del procedimiento en que procede remitir tal petición.
  2. Es preferible, no obstante, que la decisión de plantear una cuestión prejudicial se adopte en una fase del procedimiento nacional en la que el órgano jurisdiccional remitente esté en condiciones de definir el marco jurídico y fáctico del asunto, para que el Tribunal de Justicia disponga de todos los elementos necesarios para comprobar, en su caso, que el Derecho de la Unión es aplicable al litigio principal. También puede resultar deseable para la recta administración de la justicia que la cuestión prejudicial se plantee después de un debate contradictorio”.

Desde el punto de vista del Derecho nacional (español) y sobre el juicio de relevancia en la cuestión prejudicial comunitaria ya me manifesté hace tiempo[2], defendiendo que las partes intervinientes en un proceso ante los tribunales nacionales gozan del derecho procesal a solicitar al órgano jurisdiccional nacional el planteamiento de la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea; y que este derecho no tiene valor de simple sugerencia sin efectos jurídicos[3], sino que tiene el valor de pretensión procesal con el consiguiente efecto de la obligación de motivación del sentido de la decisión judicial al respecto, esto es, la obligación del juez nacional de efectuar un juicio de relevancia dirigido a motivar si el planteamiento de la cuestión es o no pertinente. Señalé que el objeto del juicio de relevancia es fundamentar si la cuestión prejudicial solicitada es o no pertinente o necesaria para la solución del litigio.

En el recurso contencioso-administrativo nº 331/2007 ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, el reclamante señaló la necesidad de plantear cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, dada la relevancia de la normativa comunitaria en la materia. La Sentencia de 25 de noviembre de 2010 que resuelve dicho recurso dedica el fundamento jurídico cuarto a la petición del demandante:

“Como quiera que esta Sala ha abierto, en el curso de este litigio, un específico trámite de audiencia a las partes y al Ministerio Fiscal en relación con la necesidad o pertinencia de plantear al Tribunal de Justicia de la Unión Europea cuestión prejudicial, en los términos contenidos en la providencia que más arriba se ha transcrito, resulta preceptivo, por razones de congruencia y de respeto a la buena práctica procesal, convergentes ambas en la exigibilidad del deber de motivación, que expliquemos suficientemente las razones por virtud de las cuales hemos decidido, finalmente, resolver por sentencia el recurso contencioso-administrativo, prescindiendo del previo reenvío aludido y, obviamente, de la eventual respuesta que el mencionado Tribunal hubiera podido efectuar a nuestros interrogantes.

No es preciso recordar, por tratarse prácticamente de un lugar común en la comprensión de esta institución comunitaria, sustancial para la construcción jurisprudencial del Derecho Comunitario, que los órganos judiciales nacionales cuyas sentencias no son definitivas, como es nuestro caso en este particular asunto -para cuya constatación basta apercibirse de la cuantía del asunto y, por ende, de la recurribilidad en casación que, en principio, tendría la sentencia final de este litigio- tienen la potestad, pero no la obligación, del planteamiento de dicha cuestión prejudicial, al contrario de lo que sucede con el órgano jurisdiccional que, en cada Estado miembro, agotase las instancias judiciales, en cuyo caso esa facultad se torna deber, siempre que concurran los requisitos procesales exigibles para la viabilidad formal de la cuestión prejudicial artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, correlativo con el antiguo artículo 234 TCE, a cuyo tenor:

“El Tribunal de Justicia de la Unión Europea será competente para pronunciarse, con carácter prejudicial:

  1. sobre la interpretación de los Tratados;
  2. sobre la validez e interpretación de los actos adoptados por las instituciones, órganos u organismos de la Unión;

Cuando se plantee una cuestión de esta naturaleza ante un órgano jurisdiccional de uno de los Estados miembros, dicho órgano podrá pedir al Tribunal que se pronuncie sobre la misma, si estima necesaria una decisión al respecto para poder emitir su fallo.

Cuando se plantee una cuestión de este tipo en un asunto pendiente ante un órgano jurisdiccional nacional, cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno, dicho órgano estará obligado a someter la cuestión al Tribunal…”.

Sin embargo, esa explicación, que en parte podría ser admisible -en el sentido de que con nuestra abstención se relegaría a la apreciación del Tribunal Supremo, en el curso de una hipotética impugnación casacional, la decisión última acerca de la procedencia del planteamiento de la cuestión prejudicial, no es completamente satisfactoria para explicar la decisión tomada por esta Sala si se tiene en cuenta, de un lado, que la parte recurrente ha postulado positivamente, a lo largo de todos sus escritos procesales, la conveniencia de adoptar dicha iniciativa prejudicial; y, de otro, que la propia Sala ha abierto por iniciativa propia el preceptivo trámite previo de audiencia que la hace posible, encaminado en principio a conocer la opinión de las partes y del Ministerio Fiscal acerca de la conveniencia de promover la cuestión prejudicial devolutiva al TJUE.

A tal respecto, debe considerarse que para acudir al reenvío prejudicial europeo no basta con que el tribunal nacional que conozca de un asunto albergue dudas interpretativas sobre nociones de Derecho comunitario directamente relacionadas con los litigios sometidos a su conocimiento, las cuales pueden, por lo demás, versar tanto sobre el sentido y finalidad de las normas comunitarias, en los diferentes rangos de su jerarquía, como también respecto a la adecuación y conformidad del ordenamiento interno con dichas normas.

Decimos que no es suficiente con que existan tales dudas en la exégesis de los preceptos de Derecho Comunitario europeo (en el presente asunto, centradas en el alcance y límites estructurales tanto del art. 1.2 -configuradora de una cláusula antiabuso- como del art. 5 de la Directiva-) sino es preciso que también concurra el denominado juicio de relevancia, esto es, la consideración por parte del Tribunal competente, en el seno de un proceso judicial en curso, de que la decisión jurisdiccional que le corresponda adoptar en el ejercicio de la potestad que tiene constitucionalmente encomendada depende de modo directo e inmediato de la resolución por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea acerca de esa prejudicialidad comunitaria (vid. al respecto, el art. 4.1 de la LJCA.

Sin embargo, aún cuando la ley directamente aplicable al caso, la LIRNR, es el resultado, al menos en parte de su contenido, de la adaptación e integración en nuestro ordenamiento interno de la Directiva matriz-filial a que se ha hecho continua referencia, la Sala considera que en la aplicación, por parte de la Administración, de la citada ley, puede advertirse en principio la existencia de infracciones jurídicas autónomas que suponen contravenciones de la propia ley y de otras normas de nuestro Derecho interno, las cuales pueden reputarse determinantes, caso de apreciarse como tales, de la nulidad de los actos objeto de impugnación, lo que desvanece la transcendencia para la decisión del caso del resultado que eventualmente podría contener dicha cuestión prejudicial.

Dicho en otras palabras, aún cuando, desde el punto de vista meramente dialéctico, aceptáramos que la ley española y, más en particular, el art. 13.1.g) LIRNR, respeta escrupulosamente los principios y reglas contenidos tanto en la Directiva como, por elevación, de los Tratados que constituyen el Derecho primario comunitario y las libertades básicas en ellos proclamadas -lo cual, es de reiterar, únicamente admitimos como hipótesis de trabajo- existen razones jurídicas suficientes como para abordar el enjuiciamiento y fallo del presente recurso contencioso-administrativo desde la perspectiva, que se desenvuelve en el ámbito del Derecho nacional, de la conformidad a éste de la liquidación practicada en concepto de retenciones del IRNR, así como de los actos que en vía revisora lo confirman.

Obrar de otro modo implicaría por parte de esta Sala postergar innecesariamente la resolución del litigio -pese a la existencia de dudas interpretativas que transcienden el interés ventilado en el presente litigio, basadas en la acomodación de la norma nacional al Derecho Comunitario-, debido a la posibilidad de fallar el asunto sobre la base de la interpretación efectuada por la Administración de la propia norma con rango de ley en que supuestamente se basa la obligación liquidada. Ante la duda sobre la oportunidad de ese planteamiento y valorando las circunstancias expresadas, la Sala entiende que el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas (art. 24.2 CE) permite acometer el examen de fondo prescindiendo de la mencionada cuestión prejudicial.

En definitiva, la promoción de la cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de Luxemburgo queda sometida a un juicio de relevancia, nacido de la ponderación de la influencia que el Derecho comunitario en la resolución del litigio, y de ese juicio resulta que no ha quedado establecido con la exigible claridad que la discriminación eventualmente sufrida por la aquí recurrente, entidad residente en España, en relación con la retención e ingreso de las cantidades a cuenta de los dividendos abonados a su sociedad matriz DUTCH, residente en los Países Bajos, así como la que haya podido experimentar ésta última con ocasión del gravamen padecido sobre tales beneficios obtenidos y, en otros términos, la eventual infracción de la Directiva y del Derecho primario en que se sustenta ordinamentalmente, puesta de manifiesto como consecuencia de tales retención y gravamen, tengan su causa directa y eficiente en la falta de acomodo de la ley nacional a la Directiva que debía trasponer y no pueda, en consecuencia, resolverse de otro modo el litigio, aplicando preponderantemente normas de Derecho nacional que hagan al caso debatido. En síntesis, el juicio de relevancia deviene negativo y procede examinar la pretensión ejercitada sin acudir al procedimiento prejudicial previo.”

Es evidente que desde el punto de vista de la economía procesal resulta de lo más sugerente la posibilidad –no contemplada en nuestro Ordenamiento Jurídico- de que existiendo una cuestión prejudicial en trámite ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (o un recurso por incumplimiento); o una cuestión de inconstitucionalidad pendiente ante el Tribunal Constitucional (o, por qué no, un recurso de inconstitucionalidad) el Juez que conoce de un litigio en el que se susciten las mismas cuestiones pueda suspender el procedimiento hasta que el Tribunal de Justicia de la UE o el Tribunal Constitucional se pronuncien.

En principio, la decisión es del Juez que conoce el asunto, sin perjuicio de que pueda actuar por petición de las partes del litigio.

 

El juez o alguna de las partes puede tener “iguales dudas” a las que se han planteado en la cuestión prejudicial pendiente de resolución, por lo que la suspensión sería, en principio, una posibilidad idónea por economía procesal.

Puede que una de las partes, estando de acuerdo con el tenor de la cuestión prejudicial ya planteada por otro tribunal esté de acuerdo completamente con ella y solicite al juez o tribunal que conoce de su asunto que acuerde la suspensión.

Pero puede que el mismo Juez o alguna de las partes considere que la cuestión prejudicial o de inconstitucionalidad no sea pertinente o que adolezca de defectos o carencias en su planteamiento (argumentativos, en el planteamiento de la propia pregunta prejudicial, etcétera) y considere que debe plantearse una nueva cuestión independiente de la que se esté tramitando (o, simplemente, que siendo impertinente la planteada no deba suspenderse el procedimiento).

Por ello, es de interés el debate planteado y considero que, con independencia de que se estime que es posible la suspensión sin que las leyes procesales así lo prevean, es ABSOLUTAMENTE NECESARIO que la decisión (de oficio o a instancia de parte) se adopte oyendo previamente a las partes para que puedan alegar lo que deseen sobre la pertinencia de plantear la cuestión, o sobre el fondo de ésta y el juzgador realice el juicio de relevancia exigible.

[1] Diario Oficial de la Unión Europea. C 338. 6.11.2012. “El siguiente texto se enmarca en el contexto de la adopción, el 25 de septiembre de 2012, en Luxemburgo, del nuevo Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia (DO L 265 de 29.9.2012, p. 1). El texto, que reemplaza a la nota informativa sobre el planteamiento de cuestiones prejudiciales por los órganos jurisdiccionales nacionales (DO C 160 de 28.5.2011, p. 1), tiene por objeto recoger las innovaciones introducidas por el referido Reglamento que puedan incidir tanto en el propio principio de la remisión prejudicial al Tribunal de Justicia como en las modalidades de tales remisiones”.

 

[2] IBÁÑEZ GARCÍA: “El juicio de relevancia previo al planteamiento de una cuestión prejudicial”. Noticias de la Unión Europea, nº 85, febrero de 1992. “Sobre la decisión de plantear una cuestión prejudicial”. Gaceta Jurídica de la CE y de la Competencia, Boletín 125, julio/agosto 1997. “Tres notas de actualidad sobre la cuestión prejudicial comunitaria”. Diario La Ley, nº 7591, 17 de marzo de 2011.

 

[3] En contra, RUIZ-JARABO COLOMER: “El Juez nacional como Juez comunitario”. Civitas, 1993.

 

Isaac Ibáñez García: Alcance de la inaplicación judicial del Derecho nacional contrario al Derecho de la Unión Europea

Iniciamos el curso académico con un interesantísimo artículo de don Isaac Ibáñez García, Abogado sobre el Alcance de la inaplicación judicial del Derecho nacional contrario al Derecho de la Unión Europea. En él se analiza de modo crítico la reciente Sentencia del TJUE, de 8 de septiembre de 2015 (Asunto C-105/14: Ivo Taricco y otros).

Muchas gracias, Isaac, por esta valiosa y original contribución.

Pedro Herrera