Isaac Ibáñez García: El procedimiento de infracción del Derecho de la Unión Europea (artículo científico)

Publicamos en el post de hoy una valiosa contribución de don Isaac Ibáñez García, Abogado sobre “El procedimiento de infracción del Derecho de la Unión Europea”.

Muchas gracias, querido Isaac por esta interesante aportación.

Pedro Herrera

Isaac Ibañez García: “La Suspensión de otros procesos basada en la prejudicialidad comunitaria o constitucional”

Presentamos en el post de hoy una valiosa contribución de  Isaac Ibáñez García. Agradecemos su generosidad al compartir con nosotros su aportación titulada: “La suspensión de otros procesos basada en la prejudicialidad comunitaria o constitucional”.

En la página web del Consejo General del Poder Judicial aparece publicado el siguiente comunicado de 14 de abril de 2016:

“El Tribunal Supremo pospone un recurso de cláusulas suelo hasta que el TJUE sentencie sobre el alcance de la retroactividad de su nulidad.

El TJUE ha fijado para el próximo 26 de abril la vista de una cuestión prejudicial sobre este asunto planteada por un Juzgado de Granada.

Autor: Comunicación Poder Judicial.

La Sala Primera del Tribunal Supremo ha suspendido la tramitación del recurso de una entidad bancaria en materia de cláusula suelo de una hipoteca hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronuncie sobre los efectos de la declaración de nulidad de dichas cláusulas, en concreto sobre el alcance de la retroactividad de dicha nulidad.

El recurso suspendido fue interpuesto por Unicaja contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Jaén, de 10 de julio de 2014, que dio la razón a dos clientes anulando su cláusula suelo con la citada entidad, y condenando a ésta a devolver lo indebidamente cobrado sin tener como tope la fecha de mayo de 2013, señalada por el Tribunal Supremo en su sentencia sobre este asunto.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene fijada para el próximo 26 de abril la vista de una cuestión prejudicial planteada por un Juzgado de lo Mercantil de Granada para conocer si se ajusta a la normativa comunitaria moderar los efectos retroactivos de la nulidad de una cláusula suelo.

Los dos clientes de Unicaja a los que dio la razón la Audiencia de Jaén pidieron al Supremo que suspendiese el recurso de la entidad bancaria -cuya deliberación se fijó inicialmente para el próximo 4 de mayo- hasta que se pronuncie sobre la retroactividad el Tribunal de Justicia de la UE. Tanto el banco como la Fiscalía se opusieron a dicha petición.

Sin embargo, el alto tribunal accede a la suspensión porque la cuestión jurídica planteada en el recurso interpuesto por Unicaja Banco S.A. está directamente relacionada con la cuestión prejudicial que debe resolver el alto tribunal europeo, “pues en el recurso se solicita la aplicación de la doctrina de esta Sala sobre efectos de la declaración de nulidad de la cláusula suelo, interpretación que está siendo cuestionada a la luz de la normativa comunitaria ante el TJUE”.

Además, el Supremo recuerda que contra la sentencia que debe dictar no cabe interponer recurso alguno en vía judicial, y subraya la cercanía de la fecha señalada para la vista ante el tribunal europeo y, consiguientemente, de la sentencia que haya de dictarse, por lo que la suspensión temporal del proceso no se prevé extensa, y no se causa un perjuicio relevante a las partes”.

La decisión de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo se adopta con algunas cautelas, como la relativa a la cercanía de la fecha señalada para la vista ante el tribunal europeo (“por lo que la suspensión temporal del proceso no se prevé extensa, y no causa un perjuicio relevante a las partes”).

Hace escasos meses, el Magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, Don DIEGO CÓRDOBA CASTROVERDE, suscitó un oportuno debate sobre “La suspensión de otros procesos basada en la prejudicialidad comunitaria”. Foro que se publicó en la “Revista de Jurisprudencia”, número 2, del 31 de enero de 2015 y también en http://www.elderecho.com/foro_legal/administrativo/suspension-procesos-basada-prejudicialidad-comunitaria_12_779685001.html

De las distintas e interesantes aportaciones vertidas en dicho foro se pone de manifiesto, sobre la cuestión debatida, que no existe (entre las distintas Salas del Tribunal Supremo y otros pronunciamientos judiciales) unanimidad sobre la posibilidad o no de suspensión de procesos jurisdiccionales basados en la existencia previa de una cuestión prejudicial planteada ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. No es, por tanto, una cuestión pacífica, aunque sí elevante.

En mi opinión, el mismo debate debe extenderse a la cuestión de si es posible suspender procesos similares cuando se ha planteado previamente en otro asunto una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Recordemos que actualmente se están planteando por órganos jurisdiccionales españoles cuestiones de inconstitucionalidad sobre el Impuesto municipal sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana (Así, Auto de 5 de febrero de 2015 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Donostia-San Sebastián y Auto de 22 de diciembre de 2015 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Vitoria-Gasteiz)

El artículo 35 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional es del siguiente tenor:

 

“1. Cuando un Juez o Tribunal, de oficio o a instancia de parte, considere que una norma con rango de Ley aplicable al caso y de cuya validez dependa el fallo pueda ser contraria a la Constitución, planteará la cuestión al Tribunal Constitucional con sujeción a lo dispuesto en esta Ley.

  1. El órgano judicial sólo podrá plantear la cuestión una vez concluso el procedimiento y dentro del plazo para dictar sentencia, o la resolución jurisdiccional que procediese, y deberá concretar la ley o norma con fuerza de ley cuya constitucionalidad se cuestiona, el precepto constitucional que se supone infringido y especificar o justificar en qué medida la decisión del proceso depende de la validez de la norma en cuestión. Antes de adoptar mediante auto su decisión definitiva, el órgano judicial oirá a las partes y al Ministerio Fiscal para que en el plazo común e improrrogable de 10 días puedan alegar lo que deseen sobre la pertinencia de plantear la cuestión de inconstitucionalidad, o sobre el fondo de ésta; seguidamente y sin más trámite, el juez resolverá en el plazo de tres días. Dicho auto no será susceptible de recurso de ninguna clase. No obstante, la cuestión de inconstitucionalidad podrá ser intentada de nuevo en las sucesivas instancias o grados en tanto no se llegue a sentencia firme”.

 

Sin embargo, en el ámbito de la cuestión prejudicial comunitaria no está tan contundentemente definida la necesidad (a nuestro juicio de lo más pertinente) de oír a las partes antes de plantear o no la cuestión prejudicial.

Así, las “RECOMENDACIONES (del Tribunal de Justicia de la Unión Europea) a los órganos jurisdiccionales nacionales, relativas al planteamiento de cuestiones prejudiciales (2012/C 338/01)”[1], dicen lo siguiente:

 

“9. En virtud del artículo 267 TFUE, cualquier órgano jurisdiccional de un Estado miembro, cuando tenga que pronunciarse en un procedimiento a cuyo término se dicte una resolución de naturaleza jurisdiccional, puede, en principio, remitir al Tribunal de Justicia una petición de decisión prejudicial. El Tribunal de Justicia ha interpretado la condición de órgano jurisdiccional como un concepto autónomo del Derecho de la Unión, teniendo en cuenta, a este respecto, un conjunto de factores, como son el origen legal del órgano que le remite la petición, su permanencia, el carácter obligatorio de su jurisdicción, el carácter contradictorio del procedimiento, la aplicación por parte de dicho órgano de normas jurídicas, y su independencia.

  1. La decisión de plantear al Tribunal de Justicia una cuestión prejudicial corresponde únicamente al órgano jurisdiccional nacional, independientemente de que las partes del litigio principal lo hayan o no solicitado”.

 

…/…

El momento adecuado para plantear una cuestión prejudicial.

  1. El órgano jurisdiccional nacional puede remitir al Tribunal de Justicia una petición de decisión prejudicial tan pronto como estime que, para poder emitir su fallo, resulta necesaria una decisión sobre la interpretación o la validez del Derecho de la Unión. En efecto, el órgano jurisdiccional nacional es el mejor situado para apreciar la fase del procedimiento en que procede remitir tal petición.
  2. Es preferible, no obstante, que la decisión de plantear una cuestión prejudicial se adopte en una fase del procedimiento nacional en la que el órgano jurisdiccional remitente esté en condiciones de definir el marco jurídico y fáctico del asunto, para que el Tribunal de Justicia disponga de todos los elementos necesarios para comprobar, en su caso, que el Derecho de la Unión es aplicable al litigio principal. También puede resultar deseable para la recta administración de la justicia que la cuestión prejudicial se plantee después de un debate contradictorio”.

Desde el punto de vista del Derecho nacional (español) y sobre el juicio de relevancia en la cuestión prejudicial comunitaria ya me manifesté hace tiempo[2], defendiendo que las partes intervinientes en un proceso ante los tribunales nacionales gozan del derecho procesal a solicitar al órgano jurisdiccional nacional el planteamiento de la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea; y que este derecho no tiene valor de simple sugerencia sin efectos jurídicos[3], sino que tiene el valor de pretensión procesal con el consiguiente efecto de la obligación de motivación del sentido de la decisión judicial al respecto, esto es, la obligación del juez nacional de efectuar un juicio de relevancia dirigido a motivar si el planteamiento de la cuestión es o no pertinente. Señalé que el objeto del juicio de relevancia es fundamentar si la cuestión prejudicial solicitada es o no pertinente o necesaria para la solución del litigio.

En el recurso contencioso-administrativo nº 331/2007 ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, el reclamante señaló la necesidad de plantear cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, dada la relevancia de la normativa comunitaria en la materia. La Sentencia de 25 de noviembre de 2010 que resuelve dicho recurso dedica el fundamento jurídico cuarto a la petición del demandante:

“Como quiera que esta Sala ha abierto, en el curso de este litigio, un específico trámite de audiencia a las partes y al Ministerio Fiscal en relación con la necesidad o pertinencia de plantear al Tribunal de Justicia de la Unión Europea cuestión prejudicial, en los términos contenidos en la providencia que más arriba se ha transcrito, resulta preceptivo, por razones de congruencia y de respeto a la buena práctica procesal, convergentes ambas en la exigibilidad del deber de motivación, que expliquemos suficientemente las razones por virtud de las cuales hemos decidido, finalmente, resolver por sentencia el recurso contencioso-administrativo, prescindiendo del previo reenvío aludido y, obviamente, de la eventual respuesta que el mencionado Tribunal hubiera podido efectuar a nuestros interrogantes.

No es preciso recordar, por tratarse prácticamente de un lugar común en la comprensión de esta institución comunitaria, sustancial para la construcción jurisprudencial del Derecho Comunitario, que los órganos judiciales nacionales cuyas sentencias no son definitivas, como es nuestro caso en este particular asunto -para cuya constatación basta apercibirse de la cuantía del asunto y, por ende, de la recurribilidad en casación que, en principio, tendría la sentencia final de este litigio- tienen la potestad, pero no la obligación, del planteamiento de dicha cuestión prejudicial, al contrario de lo que sucede con el órgano jurisdiccional que, en cada Estado miembro, agotase las instancias judiciales, en cuyo caso esa facultad se torna deber, siempre que concurran los requisitos procesales exigibles para la viabilidad formal de la cuestión prejudicial artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, correlativo con el antiguo artículo 234 TCE, a cuyo tenor:

“El Tribunal de Justicia de la Unión Europea será competente para pronunciarse, con carácter prejudicial:

  1. sobre la interpretación de los Tratados;
  2. sobre la validez e interpretación de los actos adoptados por las instituciones, órganos u organismos de la Unión;

Cuando se plantee una cuestión de esta naturaleza ante un órgano jurisdiccional de uno de los Estados miembros, dicho órgano podrá pedir al Tribunal que se pronuncie sobre la misma, si estima necesaria una decisión al respecto para poder emitir su fallo.

Cuando se plantee una cuestión de este tipo en un asunto pendiente ante un órgano jurisdiccional nacional, cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno, dicho órgano estará obligado a someter la cuestión al Tribunal…”.

Sin embargo, esa explicación, que en parte podría ser admisible -en el sentido de que con nuestra abstención se relegaría a la apreciación del Tribunal Supremo, en el curso de una hipotética impugnación casacional, la decisión última acerca de la procedencia del planteamiento de la cuestión prejudicial, no es completamente satisfactoria para explicar la decisión tomada por esta Sala si se tiene en cuenta, de un lado, que la parte recurrente ha postulado positivamente, a lo largo de todos sus escritos procesales, la conveniencia de adoptar dicha iniciativa prejudicial; y, de otro, que la propia Sala ha abierto por iniciativa propia el preceptivo trámite previo de audiencia que la hace posible, encaminado en principio a conocer la opinión de las partes y del Ministerio Fiscal acerca de la conveniencia de promover la cuestión prejudicial devolutiva al TJUE.

A tal respecto, debe considerarse que para acudir al reenvío prejudicial europeo no basta con que el tribunal nacional que conozca de un asunto albergue dudas interpretativas sobre nociones de Derecho comunitario directamente relacionadas con los litigios sometidos a su conocimiento, las cuales pueden, por lo demás, versar tanto sobre el sentido y finalidad de las normas comunitarias, en los diferentes rangos de su jerarquía, como también respecto a la adecuación y conformidad del ordenamiento interno con dichas normas.

Decimos que no es suficiente con que existan tales dudas en la exégesis de los preceptos de Derecho Comunitario europeo (en el presente asunto, centradas en el alcance y límites estructurales tanto del art. 1.2 -configuradora de una cláusula antiabuso- como del art. 5 de la Directiva-) sino es preciso que también concurra el denominado juicio de relevancia, esto es, la consideración por parte del Tribunal competente, en el seno de un proceso judicial en curso, de que la decisión jurisdiccional que le corresponda adoptar en el ejercicio de la potestad que tiene constitucionalmente encomendada depende de modo directo e inmediato de la resolución por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea acerca de esa prejudicialidad comunitaria (vid. al respecto, el art. 4.1 de la LJCA.

Sin embargo, aún cuando la ley directamente aplicable al caso, la LIRNR, es el resultado, al menos en parte de su contenido, de la adaptación e integración en nuestro ordenamiento interno de la Directiva matriz-filial a que se ha hecho continua referencia, la Sala considera que en la aplicación, por parte de la Administración, de la citada ley, puede advertirse en principio la existencia de infracciones jurídicas autónomas que suponen contravenciones de la propia ley y de otras normas de nuestro Derecho interno, las cuales pueden reputarse determinantes, caso de apreciarse como tales, de la nulidad de los actos objeto de impugnación, lo que desvanece la transcendencia para la decisión del caso del resultado que eventualmente podría contener dicha cuestión prejudicial.

Dicho en otras palabras, aún cuando, desde el punto de vista meramente dialéctico, aceptáramos que la ley española y, más en particular, el art. 13.1.g) LIRNR, respeta escrupulosamente los principios y reglas contenidos tanto en la Directiva como, por elevación, de los Tratados que constituyen el Derecho primario comunitario y las libertades básicas en ellos proclamadas -lo cual, es de reiterar, únicamente admitimos como hipótesis de trabajo- existen razones jurídicas suficientes como para abordar el enjuiciamiento y fallo del presente recurso contencioso-administrativo desde la perspectiva, que se desenvuelve en el ámbito del Derecho nacional, de la conformidad a éste de la liquidación practicada en concepto de retenciones del IRNR, así como de los actos que en vía revisora lo confirman.

Obrar de otro modo implicaría por parte de esta Sala postergar innecesariamente la resolución del litigio -pese a la existencia de dudas interpretativas que transcienden el interés ventilado en el presente litigio, basadas en la acomodación de la norma nacional al Derecho Comunitario-, debido a la posibilidad de fallar el asunto sobre la base de la interpretación efectuada por la Administración de la propia norma con rango de ley en que supuestamente se basa la obligación liquidada. Ante la duda sobre la oportunidad de ese planteamiento y valorando las circunstancias expresadas, la Sala entiende que el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas (art. 24.2 CE) permite acometer el examen de fondo prescindiendo de la mencionada cuestión prejudicial.

En definitiva, la promoción de la cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de Luxemburgo queda sometida a un juicio de relevancia, nacido de la ponderación de la influencia que el Derecho comunitario en la resolución del litigio, y de ese juicio resulta que no ha quedado establecido con la exigible claridad que la discriminación eventualmente sufrida por la aquí recurrente, entidad residente en España, en relación con la retención e ingreso de las cantidades a cuenta de los dividendos abonados a su sociedad matriz DUTCH, residente en los Países Bajos, así como la que haya podido experimentar ésta última con ocasión del gravamen padecido sobre tales beneficios obtenidos y, en otros términos, la eventual infracción de la Directiva y del Derecho primario en que se sustenta ordinamentalmente, puesta de manifiesto como consecuencia de tales retención y gravamen, tengan su causa directa y eficiente en la falta de acomodo de la ley nacional a la Directiva que debía trasponer y no pueda, en consecuencia, resolverse de otro modo el litigio, aplicando preponderantemente normas de Derecho nacional que hagan al caso debatido. En síntesis, el juicio de relevancia deviene negativo y procede examinar la pretensión ejercitada sin acudir al procedimiento prejudicial previo.”

Es evidente que desde el punto de vista de la economía procesal resulta de lo más sugerente la posibilidad –no contemplada en nuestro Ordenamiento Jurídico- de que existiendo una cuestión prejudicial en trámite ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (o un recurso por incumplimiento); o una cuestión de inconstitucionalidad pendiente ante el Tribunal Constitucional (o, por qué no, un recurso de inconstitucionalidad) el Juez que conoce de un litigio en el que se susciten las mismas cuestiones pueda suspender el procedimiento hasta que el Tribunal de Justicia de la UE o el Tribunal Constitucional se pronuncien.

En principio, la decisión es del Juez que conoce el asunto, sin perjuicio de que pueda actuar por petición de las partes del litigio.

 

El juez o alguna de las partes puede tener “iguales dudas” a las que se han planteado en la cuestión prejudicial pendiente de resolución, por lo que la suspensión sería, en principio, una posibilidad idónea por economía procesal.

Puede que una de las partes, estando de acuerdo con el tenor de la cuestión prejudicial ya planteada por otro tribunal esté de acuerdo completamente con ella y solicite al juez o tribunal que conoce de su asunto que acuerde la suspensión.

Pero puede que el mismo Juez o alguna de las partes considere que la cuestión prejudicial o de inconstitucionalidad no sea pertinente o que adolezca de defectos o carencias en su planteamiento (argumentativos, en el planteamiento de la propia pregunta prejudicial, etcétera) y considere que debe plantearse una nueva cuestión independiente de la que se esté tramitando (o, simplemente, que siendo impertinente la planteada no deba suspenderse el procedimiento).

Por ello, es de interés el debate planteado y considero que, con independencia de que se estime que es posible la suspensión sin que las leyes procesales así lo prevean, es ABSOLUTAMENTE NECESARIO que la decisión (de oficio o a instancia de parte) se adopte oyendo previamente a las partes para que puedan alegar lo que deseen sobre la pertinencia de plantear la cuestión, o sobre el fondo de ésta y el juzgador realice el juicio de relevancia exigible.

[1] Diario Oficial de la Unión Europea. C 338. 6.11.2012. “El siguiente texto se enmarca en el contexto de la adopción, el 25 de septiembre de 2012, en Luxemburgo, del nuevo Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia (DO L 265 de 29.9.2012, p. 1). El texto, que reemplaza a la nota informativa sobre el planteamiento de cuestiones prejudiciales por los órganos jurisdiccionales nacionales (DO C 160 de 28.5.2011, p. 1), tiene por objeto recoger las innovaciones introducidas por el referido Reglamento que puedan incidir tanto en el propio principio de la remisión prejudicial al Tribunal de Justicia como en las modalidades de tales remisiones”.

 

[2] IBÁÑEZ GARCÍA: “El juicio de relevancia previo al planteamiento de una cuestión prejudicial”. Noticias de la Unión Europea, nº 85, febrero de 1992. “Sobre la decisión de plantear una cuestión prejudicial”. Gaceta Jurídica de la CE y de la Competencia, Boletín 125, julio/agosto 1997. “Tres notas de actualidad sobre la cuestión prejudicial comunitaria”. Diario La Ley, nº 7591, 17 de marzo de 2011.

 

[3] En contra, RUIZ-JARABO COLOMER: “El Juez nacional como Juez comunitario”. Civitas, 1993.

 

Isaac Ibáñez García: Alcance de la inaplicación judicial del Derecho nacional contrario al Derecho de la Unión Europea

Iniciamos el curso académico con un interesantísimo artículo de don Isaac Ibáñez García, Abogado sobre el Alcance de la inaplicación judicial del Derecho nacional contrario al Derecho de la Unión Europea. En él se analiza de modo crítico la reciente Sentencia del TJUE, de 8 de septiembre de 2015 (Asunto C-105/14: Ivo Taricco y otros).

Muchas gracias, Isaac, por esta valiosa y original contribución.

Pedro Herrera

Vídeos de la Jornada “Crisis y estructuración Territorial del Estado”

Ofrecemos los vídeos de la Jornada “Crisis y estructuración Territorial del Estado”, celebrada el 23 de junio de 2015 en la Facultad de Derecho de la UNED y organizada por la Fundación Manuel Giménez Abad, el Grupo de investigación: Costes y beneficios de la descentralización política en un contexto de crisis, ECJ Leading Cases  y la Asociación de Profesores de la UNED (AdP-UNED).

El programa completo de las jornadas puede consultarse aquí.

Agradezco de modo especial al Profesor Fernando Reviriego la invitación a participar y a difundir los vídeos a través de este blog.

Pedro Herrera

J.A. ROZAS: EL TJUE SE PRONUNCIA SOBRE EL IMPUESTO ESPECIAL ALEMÁN SOBRE ENERGÍA NUCLEAR

EL TJUE SE PRONUNCIA SOBRE EL IMPUESTO ESPECIAL ALEMÁN SOBRE ENERGÍA NUCLEAR

José A. Rozas

Catedrático acreditado de Universidad

 

El TJUE en su Sentencia de 4 de junio de 2015 Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH y Hamptzollamt Osnabrück (Asunto C-5/14) se ha pronunciado sobre las cuestiones prejudiciales que, en enero de 2014, planteó el Finanzgericht Hamburg en relación con la adecuación al Derecho comunitario del impuesto estatal alemán sobre el uso de combustibles nucleares en la producción de energía eléctrica, German Kernbrennstoffsteuergesetz. A las tres cuestiones formuladas por el Tribunal alemán el TJUE ha respondido que no se advierte incompatibilidad del mismo con el Derecho comunitario y que resultaba oportuno su planteamiento.

 

La primera de ellas era de orden procesal y se refería a la posibilidad, o no, de plantear una cuestión prejudicial cuando sobre el mismo objeto procesal está pendiente de resolución otro proceso iniciado ante el Tribunal Constitucional del Estado miembro. Cuestión que se enmarca en el vidrioso ámbito de lo que se está dando en llamar el “diálogo judicial o jurisdiccional” entre las Cortes constitucionales nacionales y los Tribunales de Luxemburgo y Estrasburgo. El particular ha tenido un reciente episodio verdaderamente sugestivo al resolver el TJUE, en su sentencia de 16 de junio de 2015, la primera cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Constitucional alemán, que versaba sobre la adecuación al Derecho comunitario de los actos del Banco Central Europeo de adquisición de deuda soberana de los Estados miembros en cuanto que constitutivos no ya de políticas monetarias sino económicas y respecto de la que el Tribunal de Luxemburgo ha considerado su compatibilidad con el Derecho comunitario, sin perjuicio de lo que al respecto resuelva ahora la Corte constitucional alemana en cuanto a la constitucionalidad de tales actuaciones.

 

Pues bien, de nuevo el Tribunal de Luxemburgo se manifiesta sobre la posibilidad de que simultáneamente se tramiten respecto del mismo objeto dos procesos, uno relativo a su compatibilidad con el Derecho comunitario y otro atinente a su adecuación constitucional, por entender que la pendencia de un caso ante la Corte constitucional de un Estado miembro no implica que el Tribunal que la planteó quede por ello “ni privado de la facultad ni, en su caso, exento de la obligación” (§ 35) de residenciar ante el Tribunal de Luxemburgo una cuestión prejudicial sobre el particular por dos razones: i) en aras de una resolución de los procesos en un plazo de enjuiciamiento razonable (§ 27); y ii) por cuanto “los órganos jurisdiccionales tienen una amplísima libertad al respecto en cualquier fase del procedimiento e incluso una vez finalizado un procedimiento incidental de control de constitucionalidad” (§ 31).

 

En cuanto al fondo del asunto, no advierte el Tribunal incompatibilidad del impuesto estatal alemán en cuestión -sobre el uso de combustibles nucleares en la producción de energía eléctrica- ni con la normativa relativa a los productos energéticos y la electricidad (Directiva 2003/96/CE), ni con la que se refiere al régimen general de los impuestos especiales (Directiva 2008/118/CE), ni con las disposiciones relativas a la proscripción de ayudas de Estado (art. 107 TFUE), ni, por último, con el articulado del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (arts. 91 y 93 EA).

 

En lo relativo a la tributación de los productos energéticos y la electricidad resalta el Tribunal, en primer lugar, que el combustible nuclear no es un producto energético exento a los efectos de la Directiva 2003/96/CE, apuntando, por otra parte, que del texto de dicha Directiva no se deduce un principio que se oponga a la percepción simultánea de un impuesto sobre el consumo de energía eléctrica y de un impuesto que grave las fuentes de producción de esa energía” (§ 51).

 

En cuanto a su compatibilidad con el régimen general de impuestos especiales, se advierte en primer lugar que nada impide el establecimiento de otros impuestos indirectos que persigan una finalidad específica (§ 58) –no digamos ya si son directos- siempre que se perciban del productor sin repercusión al consumidor (§ 64), lo que no se produce en este caso, más allá de que la carga tributaria del mismo se traslade económicamente al usuario final a través del mecanismo de formación del precio de la energía eléctrica vigente en Alemania (§ 64).

 

En materia de ayudas de Estado el Tribunal no examina la cuestión en términos de proporcionalidad al considerar que a tales efectos no se puede considerar que otras fuentes de energía se encuentren en relación a la nuclear en situación fáctica y jurídica comparable afirmando obiter dicta que nada impide que se sujete a tributación específica la producción de electricidad mediante procedimientos que contribuyan a reducir las emisiones de CO2 (§ 76).

 

Tampoco se considera, por último, que comporte una exacción de efecto equivalente a un derecho aduanero desde el momento que constituye un sistema general que grava distintos productos según criterios objetivos que no discriminan en razón del origen (§ 90).

 

En definitiva, una sentencia dictada en un plazo razonable -un año y medio desde que se planteó la cuestión- y que con toda claridad resuelve la integridad de las cuestiones planteadas en un sentido que resulta de enorme trascendencia desde el punto de vista del Derecho español en el que la fiscalidad energética ha sido objeto de un desarrollo más que considerable en las leyes estatales 15/2012 –impuestos sobre la producción de la energía eléctrica, la hidroeléctrica y la producción y almacenamiento de residuos nucleares- 16/2013 –Impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero– y 8/2015 por la que se crea unImpuesto sobre el Valor de la Extracción de Gas, Petróleo y Condensados”, así como en una panoplia de impuestos autonómicos sobre emisiones de gases contaminantes e instalaciones con incidencia ambiental que gravitan, también, sobre la energía eléctrica. No obstante en cada uno de dichos impuestos se pueden advertir matices específicos, esta sentencia del TJUE se sitúa en la línea de que puedan considerarse los mismos acordes con el Derecho comunitario.

Presentación de la obra de V. de la Tejera: La restitución de tributos contrarios al Derecho Europeo

En el post de hoy, tenemos el gusto de invitaros a la presentación de la obra “LA RESTITUCIÓN DE TRIBUTOS CONTRARIOS AL DERECHO EUROPEO”, editada por el Instituto de Estudios Fiscales (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas).

El acto tendrá lugar el próximo martes 7 de julio de 2015 a las 19:00 en la Sala Sáez Torrecilla de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNED (Paseo Senda del Rey, 11. 28040 Madrid). La inscripción es gratuita y se realiza enviando un correo a ecjleadingcases@gmail.com

Intervendrán, además de la autora, la doctora Verónica de la Tejera, los profesores José Manuel Tejerizo López, Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la UNED, Pedro M. Herrera Molina, Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la UNED, Marina Vargas Gómez-Urritia, Profesora Titular de Derecho Internacional Privado de la UNED.

Espero poder saludaros personalmente con este motivo.

Pedro Herrera

Vídeo resumen del International Workshop “Energy taxation, environmental protection and State aids: tracing the path from divergence to convergence”

Por gentileza de la Profesora Marta Villar, publicamos un enlace del vídeo resumen del  International Workshop “Energy taxation, environmental protection and State aids: tracing the path from divergence to convergence”, que se celebrado los días 29 y 30 de enero de 2015

Muchas gracias por esta valiosa iniciativa, Marta.

José Manuel Tejerizo López: adecuación del IVA a la jurisprudencia del TJUE y de los nuevos supuestos de inversión del sujeto pasivo

[Post núm. 681, de 4 de enero de 2015]

Publicamos en el post de hoy un análisis de la adecuación del IVA a la jurisprudencia del TJUE y de los nuevos supuestos de inversión del sujeto pasivo, elaborado por el Profesor José Manuel Tejerizo López, Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la UNED.

Muchas gracias, querido José Manuel por esta valiosa aportación.

Pedro Herrera

José Andrés Rozas Valdés: El TJUE declara contrario al derecho comunitario el ISD español: análisis de la stjue de 3 de septiembre de 2014, asunto C-127/12 (artículo completo)

[Post núm. 636, de 17 de noviembre de 2014]

Con autorización del Centro de Estudios Financieros (se lo agradezco de modo especial a don Roque de las Heras) publicamos en el post de hoy el artículo completo del profesor José Andrés Rozas Valdés, Catedrático acreditado de Derecho Financiero de la Universidad de Barcelona, El TJUE declara contrario al derecho comunitario el ISD español: análisis de la stjue de 3 de septiembre de 2014, asunto C-127/12. El trabajo se ha publicado originalmente en la prestigiosa Revista de Contabilidad y Tributación, núm. 379, (octubre 2014), págs. 141-147.

Pedro Herrera

La tributación mínima de los hidrocarburos como excusa para no devolver el céntimo sanitario

[ECJ Leading Cases, n. 622, 27-10-2014]

Suele comentar el profesor Tejerizo López que la devolución de ingresos indebidos por normas declaradas inconstitucionales o contrarias al Derecho de la UE se rige fundamentalmente por el principio de proximidad electoral. Por ejemplo: el céntimo sanitario se declaró contrario al la Directiva sobre fiscalidad energética poco antes de las elecciones europeas (STJUE de 27 de febrero de 2014, C-82/12, Transportes Jordi Besora, analizada en este post) y la Agencia Tributaria se apresuró a diseñar un formulario electrónico en su web para facilitar las solicitudes de devolución. Una vez pasadas las elecciones comienzan los problemas. En el modelo de resolución que, al parecer, se está utilizando para responder a los interesados se señala que: Continue reading