International Conference ‘State aids, taxation and the energy sector: looking for a better coordination and efficiency’

Los días 13 y 14 de junio se celebrará en la Universidad CEU-San Pablo el Congreso internacional ‘State aids, taxation and the energy sector: looking for a better coordination and efficiency’. Esta importante actividad forma parte del Proyecto Jean Monnet ETSA-CE ‘Energy Taxation and State Aid Control: looking for a better coordination and efficiency’. Impulsado desde el Instituto Universitario de Estudios Europeos de la USP-CEU y financiado por la Dirección General de Educación y Cultura de la Comisión Europea, este proyecto se centra en la relación entre fiscalidad de la energía, protección medioambiental y ayudas de Estado.

El proyecto ha sido coordinado por la Prof. Dra. Marta Villar Ezcurra y pretende contribuir a los objetivos prioritarios de la Unión Europea dando un nuevo enfoque a la fiscalidad medioambiental.

Os animo a participar en este relevante evento y agradezco a la Profesora Marta Villar el que me haya facilitado la información.

Pedro Herrera

J.A. ROZAS: EL TJUE SE PRONUNCIA SOBRE EL IMPUESTO ESPECIAL ALEMÁN SOBRE ENERGÍA NUCLEAR

EL TJUE SE PRONUNCIA SOBRE EL IMPUESTO ESPECIAL ALEMÁN SOBRE ENERGÍA NUCLEAR

José A. Rozas

Catedrático acreditado de Universidad

 

El TJUE en su Sentencia de 4 de junio de 2015 Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH y Hamptzollamt Osnabrück (Asunto C-5/14) se ha pronunciado sobre las cuestiones prejudiciales que, en enero de 2014, planteó el Finanzgericht Hamburg en relación con la adecuación al Derecho comunitario del impuesto estatal alemán sobre el uso de combustibles nucleares en la producción de energía eléctrica, German Kernbrennstoffsteuergesetz. A las tres cuestiones formuladas por el Tribunal alemán el TJUE ha respondido que no se advierte incompatibilidad del mismo con el Derecho comunitario y que resultaba oportuno su planteamiento.

 

La primera de ellas era de orden procesal y se refería a la posibilidad, o no, de plantear una cuestión prejudicial cuando sobre el mismo objeto procesal está pendiente de resolución otro proceso iniciado ante el Tribunal Constitucional del Estado miembro. Cuestión que se enmarca en el vidrioso ámbito de lo que se está dando en llamar el “diálogo judicial o jurisdiccional” entre las Cortes constitucionales nacionales y los Tribunales de Luxemburgo y Estrasburgo. El particular ha tenido un reciente episodio verdaderamente sugestivo al resolver el TJUE, en su sentencia de 16 de junio de 2015, la primera cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Constitucional alemán, que versaba sobre la adecuación al Derecho comunitario de los actos del Banco Central Europeo de adquisición de deuda soberana de los Estados miembros en cuanto que constitutivos no ya de políticas monetarias sino económicas y respecto de la que el Tribunal de Luxemburgo ha considerado su compatibilidad con el Derecho comunitario, sin perjuicio de lo que al respecto resuelva ahora la Corte constitucional alemana en cuanto a la constitucionalidad de tales actuaciones.

 

Pues bien, de nuevo el Tribunal de Luxemburgo se manifiesta sobre la posibilidad de que simultáneamente se tramiten respecto del mismo objeto dos procesos, uno relativo a su compatibilidad con el Derecho comunitario y otro atinente a su adecuación constitucional, por entender que la pendencia de un caso ante la Corte constitucional de un Estado miembro no implica que el Tribunal que la planteó quede por ello “ni privado de la facultad ni, en su caso, exento de la obligación” (§ 35) de residenciar ante el Tribunal de Luxemburgo una cuestión prejudicial sobre el particular por dos razones: i) en aras de una resolución de los procesos en un plazo de enjuiciamiento razonable (§ 27); y ii) por cuanto “los órganos jurisdiccionales tienen una amplísima libertad al respecto en cualquier fase del procedimiento e incluso una vez finalizado un procedimiento incidental de control de constitucionalidad” (§ 31).

 

En cuanto al fondo del asunto, no advierte el Tribunal incompatibilidad del impuesto estatal alemán en cuestión -sobre el uso de combustibles nucleares en la producción de energía eléctrica- ni con la normativa relativa a los productos energéticos y la electricidad (Directiva 2003/96/CE), ni con la que se refiere al régimen general de los impuestos especiales (Directiva 2008/118/CE), ni con las disposiciones relativas a la proscripción de ayudas de Estado (art. 107 TFUE), ni, por último, con el articulado del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (arts. 91 y 93 EA).

 

En lo relativo a la tributación de los productos energéticos y la electricidad resalta el Tribunal, en primer lugar, que el combustible nuclear no es un producto energético exento a los efectos de la Directiva 2003/96/CE, apuntando, por otra parte, que del texto de dicha Directiva no se deduce un principio que se oponga a la percepción simultánea de un impuesto sobre el consumo de energía eléctrica y de un impuesto que grave las fuentes de producción de esa energía” (§ 51).

 

En cuanto a su compatibilidad con el régimen general de impuestos especiales, se advierte en primer lugar que nada impide el establecimiento de otros impuestos indirectos que persigan una finalidad específica (§ 58) –no digamos ya si son directos- siempre que se perciban del productor sin repercusión al consumidor (§ 64), lo que no se produce en este caso, más allá de que la carga tributaria del mismo se traslade económicamente al usuario final a través del mecanismo de formación del precio de la energía eléctrica vigente en Alemania (§ 64).

 

En materia de ayudas de Estado el Tribunal no examina la cuestión en términos de proporcionalidad al considerar que a tales efectos no se puede considerar que otras fuentes de energía se encuentren en relación a la nuclear en situación fáctica y jurídica comparable afirmando obiter dicta que nada impide que se sujete a tributación específica la producción de electricidad mediante procedimientos que contribuyan a reducir las emisiones de CO2 (§ 76).

 

Tampoco se considera, por último, que comporte una exacción de efecto equivalente a un derecho aduanero desde el momento que constituye un sistema general que grava distintos productos según criterios objetivos que no discriminan en razón del origen (§ 90).

 

En definitiva, una sentencia dictada en un plazo razonable -un año y medio desde que se planteó la cuestión- y que con toda claridad resuelve la integridad de las cuestiones planteadas en un sentido que resulta de enorme trascendencia desde el punto de vista del Derecho español en el que la fiscalidad energética ha sido objeto de un desarrollo más que considerable en las leyes estatales 15/2012 –impuestos sobre la producción de la energía eléctrica, la hidroeléctrica y la producción y almacenamiento de residuos nucleares- 16/2013 –Impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero– y 8/2015 por la que se crea unImpuesto sobre el Valor de la Extracción de Gas, Petróleo y Condensados”, así como en una panoplia de impuestos autonómicos sobre emisiones de gases contaminantes e instalaciones con incidencia ambiental que gravitan, también, sobre la energía eléctrica. No obstante en cada uno de dichos impuestos se pueden advertir matices específicos, esta sentencia del TJUE se sitúa en la línea de que puedan considerarse los mismos acordes con el Derecho comunitario.

Javier Porras: ENERGY TAXATION AND STATE AID CONTROL: LOOKING FOR A BETTER COORDINATION AND EFFICIENCY: SUMMARY OF THE INTERNATIONAL WORKSHOP HELD ON JANUARY 2015

ENERGY TAXATION AND STATE AID CONTROL: LOOKING FOR A BETTER COORDINATION AND EFFICIENCY: SUMMARY OF THE INTERNATIONAL WORKSHOP HELD ON JANUARY 2015

Javier Porras Belarra

Professor of European Law and Researcher at the Institute of European Studies (CEU San Pablo University, Madrid)

 

The University Institute for European Studies at CEU San Pablo University, partnered with the International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD) and with the support of the Directorate General for Education and Culture of the European Commission, had organized last month an International Workshop on “Energy taxation, environmental protection and State aids: tracing the path from divergence to convergence”.

Along two days, experts on Tax Law, Environmental Law, Energy Law and Competition Law and State Aids had discussed about the main challenges of the European Union in the following five years:

  1. Searching for Models of State’s Intervention on Taxation and Environment is one of the priorities, taking into account also the American perspective or the emerging economies in Asia and Africa.
  2. Other difficult challenge is trying to answer if the Tax Intervention should be revenue driven or environmentally targeted. Once again national cases and a comparative perspective are necessary to lay down a premise.
  3. Concerning to the compatibility of State Aids (in reference to EU Law) and the tax exemptions benefiting the environmental protection, there is a deep discussion between the enforcement of EU Law and the National-social and Private-economic interests.
  4. It is also interesting the connection of the Energy taxation with competitiveness (also linked with the previous point). The study of fiscal incentives or the proportionality principle of some sectors is the basis for future political recommendations.

This international workshop was the first step of Jean Monnet Project lead by Prof. Marta Villar Ezcurra (CEU San Pablo University) which involved some of the most important European and American centers on Tax Law and Competition Law and thirty researchers and experts.

In the following two years the group is going to celebrate at least eight seminars and an International Conference with the participation of the European Commission on summer 2016. All the details abouth the project, activities and the research group could be consult in the website.

Federica Pitrone: The unconstitutionality of the Italian Robin Hood Tax: it is a matter of design (again)

The unconstitutionality of the Italian Robin Hood Tax: it is a matter of design (again)

Federica Pitrone

(IBFD and Maastricht University)

We are getting used to an unacceptable trend: Legislators introduce ill-designed taxes and the judges “put a patch on it”. This is exactly what happened in Italy a few weeks ago with the so-called Robin Hood Tax: the judges considered it in breach of the Italian Constitution due to its design.

The Robin Hood Tax was introduced in 2008. It is a surtax applied on top of corporate income tax for companies operating in the energy sector[1]. The reasons behind the introduction of the Robin Hood Tax were clear cut and explicitly stated in the law. More specifically, the tax was introduced to overcome the tough economic times Italy was facing and it was aimed at hitting excess profits of energy companies caused by the exceptional increase of the cost of the oil.

The compatibility of the Robin Hood Tax with the Italian Constitution was challenged because it was considered to be in breach of the principles of equality and ability to pay enshrined in articles 3 and 53 of the Italian Constitution. On the 11th of February 2015, the Constitutional Court declared the Robin Hood Tax unconstitutional because, notwithstanding the legitimate goal the Legislator wanted to achieve with this tax, the design of the tax is not coherent with its goal.

The interesting starting point of the reasoning of the Constitutional Court is that, as a matter of principle, the Legislator can deviate from the general tax framework and introduce a different tax treatment for specific economic sectors without breaching the principles of equality and ability to pay enshrined in the Italian Constitution. However, these deviations must be reasonable, justified and not arbitrary. In this sense, it is fundamental to verify the internal coherence of the structure of the tax with its tax object.

In the case at stake, the peculiarities of the energy and oil sector can legitimate a special tax regime for companies operating in this sector. The reason is twofold: it is an oligopoly sector where there is scarce competition and energy is an inelastic product. Consequently and in abstracto, the higher profitability of energy companies compared to companies operating in other sectors can justify, especially when there are exceptional economic difficulties to overcome, a different tax treatment.

However, the Court points out that the possibility of introducing different tax treatments has to be linked to an adequate and objective justification that needs to be “coherently, proportionally and reasonably” enshrined in the structure of the tax. According to the judges, this is not what happens in the case at stake.

The decision of the Court is based on two grounds: the tax base of the Robin Hood tax and its duration. As for the tax base, the Robin Hood tax hits the entire income of energy companies and not only the excess profits. In other words, the legislator does not introduce a mechanism to tax excess profits at a higher tax rate but he subjects the whole income to a higher tax rate. As for its duration, the tax is not limited in time and it will not be repealed when the tough economic times end. On the contrary and notwithstanding the exceptional reasons behind its introduction, the Robin Hood tax is permanent. Therefore, as mentioned, the tax is not able to achieve the legitimate goal that the legislator had in mind and, consequently, the Robin Hood tax is unconstitutional.

Last but not least, the Court decided that this decision cannot be applied retroactively and, therefore, a refund of the surtax already paid cannot be claimed. According to the Court, a retroactive application of the decision could breach the balanced budget obligation enshrined in article 81 of the Italian Constitution and it can create regressive effects breaching the solidarity principle enshrined in articles 2 and 3 of the Constitution. In the case at stake, this conclusion seems reasonable and based on good sense so that the Legislator’s superficiality does not have harsh consequences on society at large. However, it is important to point out that this conclusion – not making the Legislator accountable for his decisions and overlooking the role of our Constitutional rights – could also create negative effects.

[1] It is worth mentioning that, at first, an exemption for renewable energy companies was introduced; but in 2011 the Legislator decided to remove this exemption.

29-30 enero: International Workshop “Energy taxation, environmental protection and State aids: tracing the path from divergence to convergence”

[Post núm. 671, de 19 de enero de 2015]

La profesora Marta Villar ha tenido la amabilidad de enviarme información sobre el International Workshop “Energy taxation, environmental protection and State aids: tracing the path from divergence to convergence”, que se celebrará los días 29 y 30 de enero de 2015 (véase el enlace incluído en el post). Esta actividad se inscribe en el marco del Proyecto Jean Monnet “Energy taxation and State aid control: looking for a better coordination and efficiency (ETSA-CE).

Muchas gracias por esta valiosa iniciativa, Marta.

Pedro Herrera

Marta Villar Ezcurra – EU State Aid and Energy Policies as an Instrument of Environmental Protection: Current Stage and New Trends

[Post núm. 657, de 12 de enero de 2015]
La profesora Marta Villar Ezcurra (Catedrática de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad San Pablo CEU) acaba de publicar un valioso trabajo sobre “EU State Aid and Energy Policies as an Instrument of Environmental Protection: Current Stage and New Trends” en la Revista especializada European State Aid Law Quarterly, núm. 4/2014.

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Impuesto Compensatorio Ambiental Minero

[Post núm. 650, de 5 de diciembre de 2014]

El Parlamento Gallego está tramitando un Proyecto de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas en el que se incluye un Impuesto Compensatorio Ambiental Minero. Por el momento, sólo está disponible el texto oficial en gallego.

Muchas gracias al profesor César García Novoa por facilitarme esta interesante información.

Pedro Herrera

CONAMA2014: Una reforma fiscal ecológica basada en tributos sobre la energía (declaración consensuada)

[Post núm. 648, de 3 de diciembre de 2014]

El pasado día 27 de noviembre se celebró en el seno del Congreso Nacional de Medio Ambiente (CONAMA2014) una Sesión Técnica sobre Fiscalidad Ambiental (ST-31) con participación, entre otros, de los profesores Miguel Buñuel González (UAM) y Belén García Carretero (UCM) y del doctor Ignasi Puig. La sesión fue preparada en un grupo de trabajo del CONAMA con colaboración de representantes de diversos sectores sociales (asociaciones empresariales, sindicatos, asociaciones ecologistas, profesores de universidad…). Continue reading

Marta Villar Ezcurra: Tributación del Canon Hidroeléctrico (en El Economista)

[Post núm. 644, de 26 de noviembre de 2014]

En el post de hoy publicamos un enlace a un interesante artículo de la profesora Marta Villar Ezcurra (Catedrática de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad CEU-San Pablo) sobre Tributación del Canon Hidroeléctrico aparecido en elEconomista.

Muchas gracias, Marta por darme noticia de esta valiosa aportación.

Pedro Herrera

José A. Rozas Valdés: el Impuesto Valenciano sobre la Producción Eléctrica

[Post núm. 642, de 24 de noviembre de 2014]

EL IMPUESTO VALENCIANO SOBRE LA PRODUCCIÓN ELÉCTRICA

José A. Rozas Valdés

Catedrático acreditado de Universidad

Universitat de Barcelona

La Ley 10/2012, de 21 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat (DOCV de 27 de diciembre) tuvo a bien crear dos nuevos impuestos ambientales en la Comunidad valenciana. La Ley 5/2013, de 23 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat (DOCV de 27 de diciembre) vino a modificar ciertos aspectos de los mismos. El primero de ellos –el único que interesa a los efectos de este comentario- se denomina “impuesto sobre las actividades que inciden en el medio ambiente” y el segundo “impuesto sobre eliminación de residuos en vertederos”. Continue reading