La elección democrática de los jueces en Estados Unidos (The Economist)

Un interesante artículo publicado en The Economist (23-29 de agosto de 2014) analiza los problemas derivados de la elección democrática de los jueces (y las consiguientes campañas electorales en Estados Unidos).

“La elección de los jueces mediante votación democrática es una mala idea, porque los jueces no son políticos -escribe The Economist-. Es correcto que un político pacte con los votantes: “votadme y aumentaré el salario mínimo” o “votadme y bajaré los impuestos”, pero es un abuso de poder que un juez prometa -sugiera sutilmente- que resolverá los futuros casos basándose en consideraciones distintas de los hechos y el derecho aplicable. El presentarse a las lecciones incentiva a los jueces a mirar con simpatía a las personas populares entre los votantes y a comportarse con dureza frente a quienes les resultan incómodos”. Votadme y meteré en la cárcel a las personas que odiáis “no es un buen criterio para conseguir la imparcialidad” (p. 33).

Aunque en España no se presente el problema en estos términos, la experiencia Americana puede ofrecernos algunas enseñanzas aplicables indirectamente al nombramiento de los jueces y de sus órganos de gobierno en España.

Pedro Herrera

Isabel Espejo: garantías del contribuyente y procedimiento tributario en los casos de delito fiscal (Fundación Impuestos y Competitividad)

El próximo 6 de marzo  a las 16:30, la Fundación Impuestos y Competitividad presentará la obra “Informe sobre las novedades introducidas en la nueva regulación del Delito Fiscal: algunas propuestas de mejora”. El acto se celebrará en del Consejo General del Poder Judicial de la C/ Trafalgar 27 (Madrid), a partir de las 16.30 horas.

El panel de ponentes  resulta de extraordinaria calidad. Por su condición de Profesora Colaboradora Honorífica de la UNED, quisiera destacar la intervención de la Drª Isabel Espejo Poyato, Inspectora de Hacienda del Estado sobre El procedimiento administrativo en los casos de delitos contra la Hacienda Pública: las garantías del contribuyente.

Los organizadores indica que, por razones de aforo imprescindible confirmar la asistencia al acto, a través de la dirección de correo electrónico  info@fundacionic.com   facilitando nombre y apellidos del asistente.

Enhorabuena a la Fundación Impuestos y Competitividad por organizar esta interesante actividad y muchas gracias al Instituto de Estudios Fiscales por difundir la información.

Pedro Herrera

Vídeo completo: Isabel Espejo y Juan Lacruz – Adaptación de los procedimientos tributarios a la nueva regulación del delito fiscal

Ofrecemos el vídeo completo del Seminario de Derecho Financiero de la UNED celebrado el pasado martes 26 de noviembre en la Facultad de Derecho sobre Delito Fiscal y Procedimientos Tributarios

El Profesor D. Juan M. Lacruz López, Titular de Derecho Penal de la UNED, analizó críticamente la estructura del delito fiscal refiriéndose específicamente al nuevo régimen de regularizaciones.

La Doctora D. Isabel Espejo Poyatos, Inspectora de Hacienda del Estado examinó con detalle las relaciones entre el proceso penal y los procedimientos tributarios a la luz del Código Penal y de la necesaria reforma de la Ley General Tributaria.

El Profesor D. Isidoro Martín Dégano, Titular de Derecho Financiero de la UNED, presentó el acto y moderó el coloquio.

Para los que no pudieron asistir y están interesados en la materia este vídeo constituye un elemento muy valioso. Muchas gracias a los ponentes y al moderador por sus excelentes contribuciones.

Pedro M. Herrera

Carlos Palao on Isabel Espejo’s book “Tax administration and criminal jurisdiction in the crime of tax evasion” – “Administración tributaria y jurisdicción penal en el delito fiscal”.

Carlos Palao Taboada: on Isabel Espejo’s book “Tax administration and criminal jurisdiction in the crime of tax evasion” – “Administración tributaria y jurisdicción penal en el delito fiscal”.

UnknownOn Thursday the 13th June 2013 Professor Carlos Palao Taboada delivered an inspiring speech at Bar Association of Madrid introducing Isabel Espejo’s book on Tax administration and criminal jurisdiction in the crime of tax evasion” recently published by Marcial Pons. We thank him for kindly authorising us to publish the full text.

El jueves 13 de junio el profesor Carlos Palao Taboada prounció unas interesantes palabras en el Colegio de Abogados de Madrid con motivo de la presentación del libro de Isabel Espejo Administración tributaria y jurisdicción penal en el delito fiscal, recientemente publicado por Marcial Pons. Le damos las gracias por autorizarnos a publicar el texto completo de su intervención.

“Si la presentación de un nuevo libro es siempre un acto jubiloso, pues celebra el nacimiento de una nueva criatura intelectual, el motivo de alegría es doble cuando el libro es excelente, como lo es el que hoy se presenta.

El libro de Isabel Espejo es, efectivamente, excelente, porque como todas las obras de pensamiento que merecen este calificativo arroja luz sobre la materia de la que trata, pone orden donde antes había confusión. Y lo hace de manera que parece sencilla, que cuando uno lo lee experimenta un movimiento espontáneo de adhesión y exclama para sus adentros “¡claro! ¿cómo no la había visto antes?”.

Que la regulación del delito fiscal en España no funcionaba es un hecho bien conocido y no voy a enumerar aquí sus defectos. Sin embargo, nadie sabía realmente por qué. Por eso las reformas que se han sucedido en los últimos años, que se fijaban sobre todo en el aspecto recaudatorio, han sido, en realidad, palos de ciego.

Pues bien, Isabel Espejo nos explica en este libro que el origen de la mayor parte de los problemas estaba en un error: un entendimiento equivocado del principio ne bis in idem que llevó a establecer, contra natura, una “prejudicialidad penal devolutiva a efectos tributarios”. Con ella se trataba de evitar que los tribunales penales, por un lado, y los órganos admnistrativos y, finalmente, los tribunales contenciosos, por otro, llegasen a conclusiones discrepantes sobre el mismo asunto. Este es el nudo gordiano que Isabel Espejo corta de un tajo en este libro, señalando que no tiene nada de extraño que dos juzgadores resuelvan de manera distinta, cada uno desde su propia perspectiva, y que la prohibición de las “dos verdades” sólo se refiere a los hechos naturales. ¡Cómo no habíamos caído antes en esto, si los juristas estamos cansados de ver por todas partes resoluciones contradictorias!

Al cortarse este nudo gordiano se despeja el camino para la verdadera solución de los problemas, que no es otro, como señala la autora, que el “paralelismo procedimental”, que el procedimiento penal y el tributario sigan cada uno su camino independiente, que no se cruzan más que en aquello que resulte afectado por el respeto a la cosa juzgada. Teniendo esto en cuenta, resulta clara la cortedad de vuelo de la modificación del apartado 5 del artículo 305 del Código Penal y la distinción que establece entre elementos de la obligación tributaria vinculados y no vinculados al delito fiscal.

El análisis que lleva a cabo Isabel Espejo salva hábilmente muchos escollos y ramificaciones en los que hubiera sido fácil naufragar -el propio problema teórico de la unicidad de la solución jurídicamente correcta. La seguridad de doctrina de la que da muestra es un signo inequívoco de madurez.

Naturalmente, el libro de Isabel Espejo trata de otras cuestiones, fundamentalmente de la actuación de la Administración Tributaria ante el delito fiscal, y pone de relieve, sin ahorrar críticas, la penosa situación del ordenamiento jurídico en este campo, huérfano de regulación, que es suplida en la práctica mediante soluciones precarias. También en este campo este libro ilumina el camino a seguir en futuras reformas imprescindibles.

Espero que este libro suscite un amplio debate; si esto no sucede es que la llamada ciencia jurídica española se encuentra en un estado de postración.

Nada más. Muchas gracias”.

CARLOS PALAO TABOADA

ECHR 30 April 2013, Tymoshenko v. Ukraine: unlawful detention – detención ilegal

225px-Julija_tymoschenko_2002ECHR 30 April 2013, Tymoshenko v. Ukraine: unlawful detention – detención ilegal

Press release (EN)

Former Prime Minister of Ukraine was arbitrarily detained

“In today’s Chamber judgment (30 April 2013) in the case of Tymoshenko v. Ukraine (application no. 49872/11), which is not final, the European Court of Human Rights held, unanimously, that there had been:

a violation of Article 5 § 1 (right to liberty and security) of the European Convention on Human Rights;

a violation of Article 5 § 4 (right to a speedy review of the lawfulness of detention);

a violation of Article 5 § 5 (right to compensation for unlawful detention);

a violation of Article 18 (limitation on use of restrictions on rights) in conjunction with Article 5;

and it held, by a majority, that there had been no violation of Article 3 (prohibition of inhuman or degrading treatment or punishment) in respect of Ms Tymoshenko’s alleged ill-treatment during her transfer to hospital on 20 April 2012 and the effectiveness of the investigation of those complaints.

The case concerned complaints related to the detention of the former Ukrainian Prime Minister Yuliya Tymoshenko. The Court held in particular: that Ms Tymoshenko’s pre-trial detention had been arbitrary; that the lawfulness of her detention had not been properly reviewed; and, that she had no possibility to seek compensation for her unlawful deprivation of liberty.

The Court also found that, given that the judge had referred to her alleged hindering of the proceedings and contemptuous behaviour, her right to liberty had been restricted for other reasons than those permissible under Article 5″ (From the press release).

La anterior Primer Ministro de Ucrania fue detenida de modo arbitrario

“En la sentencia de sala dictada hoy (30 de abril de 2013) en el caso Tymoshenko v. Ukrania (recurso núm. 49872/119), que no es firme, el Tribunal Europeo de Derechos humanos mantiene por unanimidad que se ha producido:

  • Una violación del art. 5.1 (derecho a libertad y a la seguridad) del Convenio Europeo de Derechos humanos;
  • Una violación del art. 5.4 (derecho a un rápido examen dilaciones de la legalidad de una detención),
  • Una violación del art. 5.5 (derecho a la compensación por detención ilegal);
  • Una violación del art. 18 (limitación de las restricciones aplicadas a los derechos) en relación con el art. 5.

El Tribunal considera, por mayoría, que no se ha producido una violación del art. 3 (prohibición de tratos o penas inhumanas o degradantes) respecto del mal trato alegado por la señora Tymoshenko durante su traslado a un hospital el 20 de abril de 2012 y la efectividad de la investigación sobre estas alegaciones.

El caso se refiere a las alegaciones sobre la detención de la anterior Primera Ministro Ucraniana Yuliya Tymoshenko. El Tribunal considera particularmente que la detención de la señora Tymoshenko antes del juicio fue arbitraria; que la ilegalidad de su detención no ha sido examinada adecuadamente y que no ha tenido posibilidad de solicitar compensación por su privación ilegal de libertad.

El Tribunal también considera, que dado que el juez se ha referido al desprecio y actitud obstruccionista mostrada por la señora Tymoshenko, esto demuestro que su derecho a la libertad se ha restringido por razones distintas de las permitidas por el art. 5” (traducción no oficial del comunicado de prensa realizado por la redacción de ECJ Leading Cases).

María José Cabezudo on ECHR 2 May 2013, Petukhova v. Russia: involuntary psychiatric examination – examen psiquiátrico forzado

matrioska

Petukhova v. Russia (application no. 28796/07) Press release

El TEDH condena a Rusia por violación del art. 5.1 del CEDH que proclama el derecho a la libertad y seguridad. En concreto dicho precepto establece que “Nadie puede ser privado de su libertad, salvo que el sujeto haya sido detenido preventivamente o internado, conforme a derecho, por desobediencia a una orden judicial o para asegurar el cumplimiento de una obligación establecida por la Ley.

De acuerdo con los hechos enjuiciados, el Tribunal de Estrasburgo se pregunta si ha habido desobediencia a una orden judicial de examen psiquiátrico que justifique la privación de libertad a la que se sometió a la demandante previa a su traslado al hospital para ejecutar dicha orden y efectuar el mencionado examen médico. El TEDH considera que la demandante no había desobedecido la orden judicial porque, ni fue informada de ella (se acuerda en una audiencia en su ausencia), ni se le dio la oportunidad de cumplir voluntariamente con la resolución (una vez detenida en Comisaria es trasladada al hospital y es entonces cuando se le notifica la orden). En consecuencia, considera la detención como ilegal. Además, considera ilegal la orden judicial por la que se autoriza el examen psiquiátrico porque los tribunales rusos no pudieron examinar si la demandante hubiera prestado su consentimiento al examen, dado que no le fue solicitado previamente.

María José Cabezudo Bajo, Profesora Titular Acreditada de Derecho Procesal en la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Muchas gracias, María José, por esta interesante exposición.

Russian authorities should not have authorised the involuntary psychiatric examination of a schizophrenic

“In today’s Chamber judgment (2 May 2013) in the case of Petukhova v. Russia (application no. 28796/07), which is not final1, the European Court of Human Rights held, unanimously, that there had been: a violation of Article 5 § 1 (right to liberty and security) of the European Convention on Human Rights. The case concerned a Russian national who complained in particular that she had been unlawfully held in police custody before being transferred to hospital for an involuntary psychiatric examination.

Given that the Russian courts had failed to review whether the applicant had indeed refused to have a psychiatric examination, the Court considered that the order authorising her involuntary psychiatric examination had been unlawful. It further held that, since the applicant had neither been informed about the order nor given an opportunity to comply with it, her detention at the police station prior to her transfer to the hospital for involuntary examination had been inconsistent with one of the exceptions set out under Article 5 § 1 (b), which allowed deprivation of liberty in order to ensure compliance with “a lawful order of a court”. Her complaint concerning her involuntary hospitalisation was declared inadmissible.

Principal facts

The applicant, Alla Yakovlevna Petukhova, is a Russian national who was born in 1937 and lives in Moscow.

In January 2006 the police requested a psychoneurological clinic to carry out a psychiatric examination of Ms Petukhova following complaints received from her neighbours about her shouting, walking naked in the street and accusing them of various offences.

Seven months later, relying exclusively on the evidence presented by the police, a psychiatrist at the clinic filed an application with the Russian courts seeking authorisation for an involuntary psychiatric examination. His request was granted in Ms Petukhova’s absence following a hearing on 18 August 2006. Three months later on 1 December 2006, at the request of the clinic, Ms Petukhova was visited by police officers and taken to a police station. After spending 4 hours there she was transferred to a psychiatric hospital where she was eventually informed about the court order. She was later diagnosed with paranoid schizophrenia. Once she had been released, Ms Petukhova appealed against the decision authorising her involuntary psychiatric examination before the Russian courts, which dismissed her appeal and upheld the authorisation” (from the Press Release).

ECJ Judgment 15 January 2013, C-416/10, Krizan et al.Supremacy of ECJ judgments – Primacía de la jurisprudencia delTJUE

ECJ Judgment 15 January 2013, C-416/10, Krizan et al. Sentencia del TJUE de 15 de enero de 2013, C-416/10, Krizan y otrosjohnny_automatic_boxing_gloves

Trending topic: supremacy of ECJ judgments above national constitutional courts – primacía de la jurisprudencia del TJUE sobre las resoluciones de los tribunales constitucionales
nacionales.

Judgement: “62 By its first question, the referring court asks, in essence, whether Article 267 TFEU must be interpreted as meaning that a national court may, of its own motion, refer a question to the Court of Justice for a preliminary ruling even though it rules following a referral back after the constitutional court of the Member State concerned has annulled its first decision and although a national rule obliges it to resolve the dispute by following the legal opinion of that latter court. It also asks whether Article 267 TFEU must be interpreted as obliging that same national court to refer a case to the Court of Justice although its decisions may form the subject, before a constitutional court, of an action limited to examining whether there has been an infringement of the rights and freedoms guaranteed by the nationalConstitution or by an international agreement.

67 Moreover, the existence of a national procedural rule cannot call into question the discretion of national courts to make a reference to the Court of Justice for a preliminary ruling where they have doubts, as in the case in the main proceedings, as to the interpretation of European Union law (Elchinov, paragraph 25, and Case C‑396/09 Interedil [2011] ECR I‑0000, paragraph 35).

68 A rule of national law, pursuant to which legal rulings of a higher court bind another national court, cannot take away from the latter court the discretion to refer to the Court of Justice questions of interpretation of the points of European Union law concerned by such legal rulings. That court must be free, if it considers that a higher court’s legal ruling could lead it to deliver a judgment contrary to European Union law, to refer to the Court of Justice questions which concern it (Case C‑378/08 ERG and Others [2010] ECR I‑1919, paragraph 32; and Elchinov, paragraph 27).

69 At this stage, it must be noted that the national court, having exercised the discretion conferred on it by Article 267 TFEU, is bound, for the purposes of the decision to be given in the main proceedings, by the interpretation of the provisions at issue given by the Court of Justice and must, if necessary, disregard the rulings of the higher court if it considers, in the light of that interpretation, that they are not consistent with European Union law (Elchinov, paragraph 30).

70 The principles set out in the previous paragraphs apply in the same way to the referring court with regard to the legal position expressed, in the present case in the main proceedings, by the constitutional court of the Member State concerned in so far as it follows from well-established case-law that rules of national law, even of a constitutional order, cannot be allowed to undermine the unity and effectiveness of European Union law (Case 11/70 Internationale Handelsgesellschaft [1970] ECR 1125, paragraph 3, and Case C-409/06 Winner Wetten [2010] ECR I-8015, paragraph 61). Moreover, the Court of Justice has already established that those principles apply to relations between a constitutional court and all other national courts (Joined Cases C-188/10 and C-189/10 Melki and Abdeli [2010] ECR I‑5667, paragraphs 41 to 45)”.

Comment: this judgment highlights in a clear way the supremacy of EU jurisprudence above national constitutional judgments. In our view it should be more frequent for constitutional court to rise preliminary questions to the European Court of Justice.

Many thanks to Federico Garau (Conflictus Legum) for the tip.

*****

Sentencia: “62 Mediante su primera cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 267 TFUE debe interpretarse en el sentido de que un órgano jurisdiccional nacional puede plantear de oficio al Tribunal de Justicia una petición de decisión prejudicialincluso cuando conoce del asunto tras habérsele devuelto los autosa raíz de la casación de su primera resolución por parte del tribunal constitucional del Estado miembro de que se trata y cuando una norma nacional le obliga a resolver el litigio siguiendo la apreciación jurídica de dicho tribunal constitucional. También se pregunta si el artículo 267 TFUE debe interpretarse en el sentido de que obliga a ese órgano jurisdiccional nacional a acudir ante el Tribunal de Justicia cuando sus resoluciones pueden ser objeto de un recurso, ante un órgano jurisdiccional constitucional, limitado al examen de una supuesta vulneración de los derechos y libertades garantizados por la Constitución nacional o por un convenio internacional.

67 Por otra parte, la existencia de una norma nacional de Derecho procesalno puede poner en entredicho la facultad que tienen los órganos jurisdiccionales nacionales de plantear al Tribunal de Justicia una petición de decisión prejudicial cuando, como en el caso de autos, albergan dudas acerca de la interpretación del Derecho de la Uniónº (sentencias Elchinov, antes citada, apartado 25, y de 20 de octubre de 2011, Interedil, C‑396/09, Rec. p. I‑0000, apartado 35).

68 Una norma de Derecho nacional, en virtud de la cual las valoracionesefectuadas por el órgano jurisdiccional superior vinculan a otro órgano jurisdiccional, no puede privar a éste de la facultad de someter al Tribunal de Justicia cuestiones de interpretación del
Derecho de la Unión al que se refieran tales valoraciones jurídicas. En efecto, el órgano jurisdiccional nacional debe tener la libertad de someter al Tribunal de Justicia las cuestiones que le preocupan, si considera que la valoración jurídica efectuada por el órgano de rango superior pudiera llevarle a dictar una sentencia contraria al Derecho de la Unión (sentencias de 9 de marzo de 2010, ERG y otros, C‑378/08, Rec. p. I‑1919, apartado 32, y Elchinov, antes citada, apartado 27).

69 En este punto, procede destacar que el juez nacional que ha ejercido la facultad que le otorga el artículo 267 TFUE está vinculado, a la hora de resolver el litigio principal, por la interpretación de las disposiciones de que se trate realizada por el Tribunal de Justicia y debe, en su caso, dejar de lado las valoraciones del órgano jurisdiccional superior si, habida cuenta de dicha interpretación, estima que las referidas valoraciones no son compatibles con el Derecho de la Unión (sentencia Elchinov, antes citada, apartado 30).

70 Los principios que se enuncian en los apartados anteriores se imponen del mismo modo al órgano jurisdiccional remitente por lo que atañe a la apreciación jurídica adoptada, en el presente asunto principal, por el órgano jurisdiccional constitucional del Estado miembro de que se trata en la medida en que, según reiterada jurisprudencia, no puede admitirse que normas de Derecho nacional, aunque sean de rango constitucional, menoscaben la unidad y la eficacia del Derecho de la Unión (sentencias de 17 de diciembre de 1970, Internationale Handelsgesellschaft, 11/70, Rec. p. 1125, apartado 3, y de 8 de septiembre de 2010, Winner Wetten, C‑409/06, Rec. p. I‑8015, apartado 61). Por otra parte, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que dichos principios se aplican a lasrelaciones entre un órgano jurisdiccional constitucional y cualquier otro órgano jurisdiccional nacional (sentencia de 22 de junio de 2010, Melki y Abdeli, C‑188/10 y C‑189/10, Rec. p. I‑5667, apartados 41 a 45).

71 Por tanto, la norma nacional que obliga al Najvyšší súd Slovenskej republiky a seguir la apreciación jurídica del Ústavný súd Slovenskej republiky no impide que el juez remitente pueda plantear al Tribunal de Justicia una petición de decisión prejudicial en cualquier momento del procedimiento que considere oportuno y dejar de lado, en su caso, las valoraciones formuladas por el Ústavný súd Slovenskej republiky que resulten contrarias al Derecho de la Unión”.

Comentario: La sentencia resulta de interés en cuanto pone de relieve con especial claridad la primacía de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE sobre las resoluciones de los tribunales constitucionales nacionales. A nuestro juicio debería ser más frecuente, aunque ya sucede, que los tribunales constitucionales nacionales planteasen cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea

Muchas gracias a Federico Garau (Conflictus legum) por destacar este aspecto de la sentencia.

ECJ C- 364/12, Miguel Fradera, Fees of Spanish law agents (“procuradores”), competition rules, freedom to provide services and right to a fair trial – arancel de los procuradores, derecho de la competencia, libre prestación de servicios y tutela judicial efectiva

Trending topic: Fees of Spanish law agents (“procuradores”), competition rules, freedom to provide services and right to a fair trial – arancel de los procuradores, derecho de la competencia, libre prestación de servicios y tutela judicial efectiva

Referencence for a preliminary ruling, C-364/12, Audiencia Provincial de Barcelona (Spain), Miguel Fradera Torredemer and others.

Questions referred:

“1. Are Article 101 TFUE (formerly Article 81 of the EC Treaty read in conjunction with Article 10) and Article 4(3) TEU compatible with rules such as those laid down in the regu­lation on the tariff applying to procuradores, namely: Royal Decree 1373/2003 of 7 November 2003, which provides that their remuneration is subject to a minimum tariff or scale, which can be varied, upwards or downwards, only by 12 % and when it is not really possible for the authorities of the Member State, including the courts, to depart from the minimum levels laid down in the statutory scale if excep­ tional circumstances arise?

2. For the purpose of applying the tariff without applying the minimum levels laid down therein: may the fact that the amount of fees payable under the scale or tariff is dispro­ portionate to the work actually done be regarded as excep­ tional circumstances?

3. Is Article 56 TFEU (formerly Article 49) compatible with the regulation on the tariff applying to procuradores, namely: Royal Decree 1373/2003 of 7 November 2003?

4. Do these rules meet the requirements of necessity and proportionality referred to in Article 15(3) of Directive 2006/123/EC? (1)

5. Does Article 6 of the European Convention on Human Rights, enshrining the right to a fair trial, include the right to defend oneself properly in a situation in which the figure at which the fees of a procurador are set is dispro­ portionately high and does not correspond to the work actually carried out?

6. If so, are the provisions of the Spanish Law on civil procedure, which prevent the party ordered to pay costs from challenging the amount of the fees of the procurador on the grounds that they are considered to be excessively high and do not correspond to the work actually carried out, compatible with Article 6 of the European Convention?”.

Planteamiento de cuestiones prejudiciales, C-364/12, Audiencia Provincial de Barcelona, Miguel Fradera Torredemer y otros:

1) ¿Resultan compatibles el art. 101 TFUE (antes arts. 81 del Tratado CE, en su relación con art. 10) y el art. 4.3 TUE con una regulación como la que establece el Reglamento que regula el Arancel de los Procuradores de los Tribunales, esto es, el RD 1373/2003, de 7 de noviembre, que somete su retribución a un arancel o baremo de mínimos, que únicamente pueden alterar en un porcentaje de un 12 % al alza o a la baja y cuando las autoridades del Estado miembro, incluidos sus jueces, no tienen la posibilidad efec­ tiva de apartarse de los límites mínimos fijados en el baremo legal, caso de concurrir circunstancias extraordinarias?

2) A efectos de la aplicación del Arancel referido y no aplicar los límites mínimos que el mismo establece: ¿pueden con­ siderarse como circunstancias extraordinarias que exista una gran desproporción entre los trabajos efectivamente desarro­ llados y el importe de honorarios a percibir que resulte de la aplicación del baremo o arancel?

3) ¿Es compatible el art. 56 TFUE (antiguo art. 49) con el Reglamento que regula el Arancel de los Procuradores de los Tribunales, esto es, el RD 1373/2003, de 7 de noviem­ bre?

4) ¿Cumple esa regulación los requisitos de necesidad y pro­ porcionalidad a los que se refiere el art. 15.3 de la Directiva 2006/123/CE (1)?

5) ¿Incluye el art. 6 del Convenio Europeo de Derecho[s] Hu­manos, cuando consagra el derecho a un juicio equitativo, el derecho a poderse defender de forma efectiva frente a una determinación de los derechos del procurador que resulte desproporcionadamente elevada y no se corresponda con el trabajo efectivamente desarrollado?

ECJ, 5 july 2012, Case C-527/10, ERSTE Bank Hungary Nyrt / Insolvency proceedings – Applicable law: lex fori concursus vs. lex rei sitae. Procedimientos de insolvencia – Ley aplicable / R-1346/2000 (art. 5.1).

STJUE 5 julio 2012 Asunto C-527/10 de 5 de Julio de 2012

Trending topics:

Judicial cooperation in civil matters – Actions deriving directly from insolvency proceedings and closely connected to them – Applicable law – Third parties’ rights in rem.

Cooperación judicial en materia civil – Acción real ejercitada en un Estado que no es miembro de la Unión Europea –  Procedimiento de insolvencia abierto contra el deudor en otro Estado miembro — Ley aplicable- Primer Estado pasa a ser miembro de la Unión Europea.

The present reference for a preliminary ruling, made by the Legfelsőbb Bíróság (Supreme Court) (Hungary), concerns the interpretation of Council Regulation (EC) No 1346/2000 of 29 May 2000 on insolvency proceedings (‘the Regulation’). (2) In essence, the question to be determined is whether Article 5(1) of the Regulation, concerning third parties’ rights in rem over the assets of a debtor located in a Member State other than that in which the insolvency proceedings were opened, is also applicable in the case where the debtor’s relevant asset is situated within the territory of a State which became a Member State of the European Union only after the insolvency proceedings had been opened (OPINION OF ADVOCATE GENERAL MAZÁK delivered on 26 January 2012).

…the Court (First Chamber) hereby rules:

Article 5(1) of Council Regulation (EC) No 1346/2000 of 29 May 2000 on insolvency proceedings must be interpreted as meaning that that provision is applicable, in circumstances such as those in the main proceedings, even to insolvency proceedings opened before the accession of the Republic of Hungary to the European Union where, on 1 May 2004, the debtor’s assets on which the right in rem concerned was based were situated in that State, which is for the referring court to ascertain.

 La presente petición de decisión prejudicial planteada por el Legfelsőbb Bíróság (Hungría), tiene por objeto la interpretación del Reglamento (CE) nº 1346/2000 del Consejo, de 29 de mayo de 2000, sobre procedimientos de insolvencia. Se trata, en esencia, de determinar si el artículo 5, apartado 1, de dicho Reglamento, relativo a los derechos reales de terceros sobre los bienes del deudor que se encuentren en el territorio de otro Estado miembro que aquel en el que se abrió el procedimiento de insolvencia, resulta aplicable igualmente en el supuesto de que el bien de que se trate del deudor se encuentre en el territorio de un Estado que se convirtió en miembro de la Unión Europea con posterioridad a la apertura del procedimiento de insolvencia (Conclusiones Abogado General, Sr. Ján Mazák de 26 de enero de 2012)

(…) el Tribunal de Justicia (Sala Primera) declara: “El artículo 5, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 1346/2000 del Consejo, de 29 de mayo de 2000, sobre procedimientos de insolvencia, debe interpretarse en el sentido de que, en circunstancias como las del litigio principal, esta disposición también resulta aplicable a los procedimientos de insolvencia abiertos antes de la adhesión de la República de Hungría a la Unión Europea si, a 1 de mayo de 2004, los bienes del deudor sobre los que recaía el derecho real controvertido se hallaban en el territorio de dicho Estado, extremo que corresponde verificar al órgano jurisdiccional remitente”.

Comentario.- Se plantea una interpretación del ámbito temporal del Reglamento de insolvencia en el marco del reconocimiento de efectos de una sentencia dictada por un Estado miembro en un procedimiento abierto antes de la adhesión de otro Estado miembro siendo que los bienes del deudor (bienes inmuebles) se hallaban en el territorio de dicho Estado. Varias cuestiones debe dilucidar el Tribunal. Solo nos detendremos en dos de ellas: la aplicación ratione temporis del Reglamento de insolvencia (1); y la aplicación de la regla de ley aplicable y sus excepciones (2)

(1) El Reglamento es aplicable ratione temporis. Con arreglo al artículo 43, que regula su ámbito temporal de aplicación, el Reglamento se aplicará únicamente a los procedimientos de insolvencia que se abran después de la fecha de su entrada en vigor, que, según precisa su artículo 47, se fijó en el 31 de mayo de 2002. Como la resolución de remisión indica que el procedimiento de insolvencia contra BCL Trading se abrió en Austria el 5 de diciembre de 2003, este es aplicable.

En cuanto al litigio principal, de acuerdo con el artículo 2 del Acta de adhesión, las disposiciones del Reglamento son aplicables en Hungría desde la fecha de adhesión de este Estado a la Unión, a saber, desde el 1 de mayo de 2004. Por consiguiente, a partir de esta fecha, los órganos jurisdiccionales húngaros están obligados a reconocer toda resolución de apertura de un procedimiento de insolvencia adoptada por el tribunal competente de un Estado miembro en virtud del artículo 3 de este Reglamento (art. 16). Además, toda resolución de apertura de un procedimiento de insolvencia adoptada por un órgano jurisdiccional de un Estado miembro produce, en principio, desde el 1 de mayo de 2004 en Hungría, sin ningún otro trámite, los efectos que le atribuya la ley del Estado de apertura (art. 17.1).

(2) En relación a las cuestiones de competencia judicial internacional y ley aplicable, el artículo 4.1 del Reglamento establece la concurrencia fórum-ius (la determinación del tribunal competente lleva consigo la de la ley aplicable). Con arreglo a esta disposición, y siguiendo la jurisprudencia en las sentencias Eurofood IFSC (C-341/04), Probud Gdynia (C-444/07) y Rastelli Davide (C- C‑191/10)-, la ley aplicable al procedimiento de insolvencia y a sus efectos será la del Estado miembro en cuyo territorio se abra dicho procedimiento (lex concursus). De donde resulta que esta ley se aplica tanto al procedimiento principal de insolvencia como al procedimiento secundario o territorial.

El ámbito de aplicación de dicha ley se establece en el Considerando 23 del Reglamento: dicha ley regulará todas las condiciones para la apertura, desarrollo y terminación del procedimiento de insolvencia. Ahora bien, la regla admite excepciones que el Reglamento establece en los artículos 5 a 15. Su razón de ser es preservar la confianza legítima y la seguridad jurídica de las operaciones mercantiles en otros Estados miembros distintos de aquel en que se haya abierto el procedimiento de insolvencia, y solo afecta a algunos derechos y relaciones jurídicas que se consideran especialmente importantes. Tratándose de derechos reales, el artículo 5.1 dispone que la apertura del procedimiento de insolvencia no afectará al derecho real de un acreedor o de un tercero sobre los bienes que pertenezcan al deudor y que, en el momento de apertura del procedimiento, se encuentren en el territorio de otro Estado miembro. Se trata de una excepción a las lex fori concursus. De acuerdo con los Considerandos 11º y 25º del Reglamento, “ hay necesidad de una referencia especial «divergente de la Ley del Estado en [el] que se abre [el] procedimiento» para los derechos reales, puesto que éstos son de considerable importancia para la concesión de créditos. Así, con arreglo al vigésimo quinto considerando, el fundamento, la validez y el alcance de dichos derechos reales deben determinarse normalmente con arreglo a la ley del lugar en que se encuentre el bien objeto de tal derecho (lex rei sitae) y no deben verse afectados por la incoación del procedimiento de insolvencia.

Interpretación del artículo 5.1: “… ha de entenderse como una disposición que, estableciendo una excepción a la regla de la ley del Estado de apertura, permite aplicar al derecho real de un acreedor o de un tercero sobre algunos de los bienes pertenecientes al deudor la ley del Estado miembro en cuyo territorio se encuentra el bien en cuestión”.

Lippens v Kortekaas (Case C-170/11)  Regulation (CE) nº 1206/2001: the Regulation does not preclude a Member State court, acting under its own procedural rules, from summoning a party to appear as a witness before it  El Reglamento 1206/2001 permite citar a una parte en calidad de testigo ante el órgano jurisdiccional competente con arreglo al Derecho del Estado miembro de dicho órgano

JUDGMENT OF THE COURT (First Chamber) 6 September 2012Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 6 de septiembre de 2012.

Trending topics: Regulation (EC) No 1206/2001 – Cooperation in the taking of evidence in civil and commercial matters – Matters covered – Hearing by the court of a Member State of a witness who is a party in the main proceedings residing in another Member State – Reglamento 1206/2001 – Cooperación en el ámbito de la obtención de pruebas en materia civil o mercantil – Ámbito de aplicación material – Interrogatorio por un órgano jurisdiccional de un Estado miembro de un testigo que es parte en el procedimiento y reside en otro Estado miembro.

Summary. In the present case, the Court is called upon to rule on the interpretation of Council Regulation (EC) No 1206/2001 of 28 May 2001 on cooperation between the courts of the Member States in the taking of evidence in civil or commercial matters. The referring court seeks clarification in particular on the interpretation of Article 1(1) of the Regulation, which defines the material scope of the Regulation by stating the two forms of judicial cooperation which a court of a Member State can use when it wishes to take evidence in another Member State. The request for a preliminary ruling was referred by the Hoge Raad der Nederlanden (Supreme Court) (Netherlands) in substantive proceedings brought before a Dutch court against defendants domiciled in Belgium, the provisional hearing of whom as witnesses was requested by the applicants. Although the persons concerned expressed the wish to be heard in the French language in their country of residence by means of an application to be addressed by the court hearing the proceedings to the Belgian judicial authorities under Regulation No 1206/2001, the court rejected that application, stating that the hearing should take place in the Netherlands and summoning the witnesses to appear before it under national procedural law. In that context, the Court is called upon to state whether the court of a Member State wishing to hear a witness who is a party to the dispute concerned and resides in the territory of another Member State must use the investigation methods put in place by Regulation No 1206/2001 or may continue to use those provided for by the rules of procedure in force in the State in which it is situated, with the possibility of using coercive measures where the witness is recalcitrant. It must therefore be determined, in an unprecedented manner, whether Regulation No 1206/2001 governs the requesting of evidence by one Member State from another exclusively and exhaustively or whether it leaves room for other means of access to such evidence (Opinion of Advocate General Jääskinen)

Resumen. En el presente asunto el Tribunal de Justicia debe pronunciarse acerca de la interpretación del Reglamento (CE) nº 1206/2001 del Consejo, de 28 de mayo de 2001, relativo a la cooperación entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en el ámbito de la obtención de pruebas en materia civil o mercantil. El órgano jurisdiccional remitente pregunta, en particular, acerca de la interpretación del artículo 1, apartado 1, del citado Reglamento, que define su ámbito de aplicación enunciando los dos modos de cooperación judicial a los que puede recurrir un órgano jurisdiccional de un Estado miembro cuando pretende realizar diligencias de obtención de pruebas en otro Estado miembro. La petición de decisión prejudicial fue remitida por el Hoge Raad der Nederlanden (Países Bajos) en el marco de un recurso interpuesto en cuanto al fondo ante un órgano jurisdiccional neerlandés contra unos demandados residentes en Bélgica, cuya declaración en calidad de testigos fue solicitada por los demandantes. Pese a que los interesados manifestaron su deseo de declarar en lengua francesa en su país de residencia, mediante una solicitud que el órgano jurisdiccional que conoce del asunto expediría a las autoridades belgas de conformidad con el Reglamento nº 1206/2001, el órgano jurisdiccional desestimó dicha solicitud y determinó que la audiencia tendría lugar en los Países Bajos, citando a los testigos a comparecer ante el mismo en aplicación del Derecho procesal nacional. En dichas circunstancias, el Tribunal de Justicia debe determinar si el órgano jurisdiccional de un Estado miembro que pretende interrogar a un testigo, en el presente asunto parte en el litigio, que reside en el territorio de otro Estado miembro está obligado a aplicar los métodos de investigación introducidos por el Reglamento nº 1206/2001 o si puede continuar utilizando los previstos por las normas procesales vigentes en el Estado en el que tiene su sede, recurriendo en su caso a medidas coercitivas cuando el testigo persiste en su incumplimiento. De ese modo, procede determinar, por primera vez, si el Reglamento nº 1206/2001 regula la petición de las pruebas de un Estado miembro a otro de modo exclusivo y exhaustivo o si deja lugar a otras vías de acceso a dichas pruebas (Conclusiones del Abogado General Sr. Niilo Jääskinen)

 Dispute in the main proceedings and question referred for a preliminary ruling: On 3 August 2009, several holders of securities (hereinafter ‘Kortekaas and others’ of the company Fortis NV  brought proceedings before the Rechtbank Utrecht (Utrecht District Court) (Netherlands) against three members of the board of directors of that company resident in Belgium (hereinafter ‘Lippens and others’) and against the company itself for the award of damages on the grounds that they had acted unlawfully. In the context of those substantive proceedings, Kortekaas and others submitted a request to the Rechtbank Utrecht on 6 August 2009 for a provisional witness hearing of Lippens and others regarding their assertions. The court granted that request by decision of 25 November 2009, stating that the hearing would be conducted by a rechter-commissaris (delegated judge) to be appointed for that purpose. On 9 December 2009, Lippens and others made an application to the Rechtbank Utrecht to issue a letter of request so that they could be heard by a French-speaking judge in Belgium, where they are resident. Their application was rejected by order of 3 February 2010. Following an appeal brought by Lippens and others, the Gerechtshof te Amsterdam (Amsterdam Court of Appeal) upheld the order by decision of 18 May 2010 on the basis of Article 176(1) of the WBR, under which the Netherlands judge who is to hear a witness who is resident abroad and does not wish to appear voluntarily before him has the discretion and not the obligation to issue a letter of request. The Gerechtshof te Amsterdam stated that witnesses must in principle be heard by the court before which the substantive proceedings are pending and that, in this case, no special circumstance justified making an exception to this rule in favour of Lippens and others, particularly as it was opposed by Kortekaas and others. He added that a hearing in Belgium cannot be justified on linguistic grounds, as Lippens and others will have the possibility of being assisted by a French-speaking interpreter at their hearing in the Netherlands.  Lippens and others brought an appeal on a point of law before the Hoge Raad der Nederlanden against the decision of the Gerechtshof te Amsterdam. The referring court considers that Regulation No 1206/2001 does not preclude a court located in a Member State from summoning a witness resident in another Member State to appear before it in accordance with the rules of procedure in force in the first Member State and attaching the consequences laid down by those rules in the event of his refusal to appear. In its view, neither the wording of nor recitals 2 and 5 (9) in the preamble to Regulation No 1206/2001 support the argument that the methods of taking evidence provided for by that regulation preclude recourse to other legal instruments. It considers that that regulation merely aims to facilitate the taking of evidence and does not require the Member States to alter the methods of taking evidence laid down by their national procedural law. Moreover, that court refers to the Convention on the Taking of Evidence Abroad in Civil or Commercial Matters concluded in the Hague on 18 March 1970, which was replaced by Regulation No 1206/2001 in respect of the eleven Member States for which that convention was in force. It emphasises that it is questionable whether that convention has binding and exclusive effect or leaves room for other instruments, as the Supreme Court of the United States assumed. The referring court adds, however, that one judgment of the Court of Justice might indicate that Regulation No 1206/2001 could have ‘exclusive effect’ according to the wording used by that court.

 …. the Hoge Raad der Nederlanden decided to stay the proceedings and to refer the following question to the Court for a preliminary ruling: “‘Must Regulation [No 1206/2001], in particular Article 1(1) thereof, be interpreted as meaning that a judge wishing to hear a witness who resides in another Member State must always, for that form of the taking of evidence, use the methods put in place by the Regulation, or does he have the power to use the methods provided by his own national procedural law such as summoning the witness to appear before him?”

 …the Court (First Chamber) hereby rules:  The provisions of Council Regulation (EC) No 1206/2001 No 1206/2001 of 28 May 2001 on cooperation between the courts of the Member States in the taking of evidence in civil or commercial matters, in particular Article 1(1) thereof, must be interpreted as meaning that the competent court of a Member State which wishes to hear as a witness a party residing in another Member State, has the option, in order to perform such a hearing, to summon that party before it and hear him in accordance with the law of its Member Stat”

Litigio principal y cuestión prejudicial:  El 3 de agosto de 2009, varios tenedores de valores mobiliarios (en lo sucesivo, «Kortekaas y otros») de la sociedad Fortis NV solicitaron al Rechtbank Utrecht (Países Bajos) que condenara a tres miembros de dicha sociedad residentes en Bélgica (en lo sucesivo, «Lippens y otros») y a la propia sociedad al pago de una indemnización por daños y perjuicios por la comisión de actos ilícitos. En el marco de dicho procedimiento sobre el fondo, Kortekaas y otros solicitaron, el 6 de agosto de 2009, ante el Rechtbank Utrecht el interrogatorio provisional de Lippens y otros en calidad de testigos en relación con sus alegaciones. El citado órgano jurisdiccional accedió a dicha solicitud mediante resolución de 25 de noviembre de 2009, precisando que el interrogatorio sería efectuado por un juez comisario nombrado a tal efecto. El 9 de diciembre de 2009, Lippens y otros solicitaron al Rechtbank Utrecht que ordenara una comisión rogatoria con el fin de que pudieran testificar ante un juez francófono en Bélgica, donde residen. Mediante auto de 3 de febrero de 2010 se desestimó dicha solicitud. Al conocer de un recurso de apelación interpuesto por Lippens y otros, el Gerechtshof te Amsterdam confirmó el auto recurrido mediante resolución de 18 de mayo de 2010, basándose en el artículo 176, apartado 1, del WBR, que permite, pero no obliga a proceder por medio de comisión rogatoria al juez neerlandés que debe interrogar a un testigo que reside en el extranjero y no quiere comparecer voluntariamente ante aquél. El Gerechtshof te Amsterdam precisó que los testigos deben prestar declaración en principio ante el órgano jurisdiccional que conoce del fondo del asunto y que, en el presente asunto, no existe ninguna circunstancia concreta que justifique una excepción a dicha norma en favor de Lippens y otros, habida cuenta en particular de la oposición de Kortekaas y otros. Añadió que un interrogatorio en Bélgica no puede justificarse por razones lingüísticas, toda vez que Lippens y otros podrán ser asistidos por un intérprete francófono durante su declaración en los Países Bajos. Lippens y otros recurrieron en casación la citada resolución del Gerechtshof te Amsterdam ante el Hoge Raad der Nederlanden. El órgano jurisdiccional remitente considera que el Reglamento nº 1206/2001 no se opone a que un órgano jurisdiccional con sede en un Estado miembro cite a comparecer ante él, con arreglo a las normas de procedimiento vigentes en dicho Estado, a un testigo residente en otro Estado miembro y extraiga las consecuencias previstas por dichas normas en caso de que se niegue a comparecer. En su opinión, ni el texto ni los considerandos segundo y quinto (9) del Reglamento nº 1206/2001 permiten llegar a la conclusión de que los métodos de obtención de pruebas por este último excluyen el recurso a otros instrumentos jurídicos. Sostiene que el citado Reglamento únicamente pretende facilitar la obtención de pruebas y no obliga a los Estados miembros a modificar los métodos de obtención de pruebas previstos por su Derecho procesal nacional. Además, dicho órgano jurisdiccional se remite al Convenio de La Haya de 18 de marzo de 1970, relativo a la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil o mercantil, sustituido por el Reglamento nº 1206/2001 por lo que respecta a los once Estados miembros entre los que dicho Convenio estaba en vigor. Subraya el hecho de que es discutible si dicho Convenio tiene un alcance exclusivo y vinculante o si deja lugar a otros instrumentos, como consideró el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. El órgano jurisdiccional remitente añade que, por el contrario, una sentencia del Tribunal de Justicia sirve para indicar que el Reglamento nº 1206/2001 puede revestir un «alcance exclusivo» según los términos que ese órgano jurisdiccional util

el Hoge Raad der Nederlanden decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial: “¿Debe interpretarse el Reglamento [nº 1206/2001] y, en particular, su artículo 1, apartado 1, en el sentido de que el juez que quiera interrogar a un testigo que reside en otro Estado miembro siempre debe hacer uso, para esta modalidad de obtención de pruebas, de los métodos establecidos en dicho Reglamento, o bien está facultado para hacer uso de los métodos previstos en su propio Derecho procesal nacional, tal como citar al testigo para que comparezca ante él?”

… el Tribunal de Justicia (Sala Primera) declara: Las disposiciones del Reglamento (CE) nº 1206/2001 (…)  deben interpretarse en el sentido de que el órgano jurisdiccional competente de un Estado miembro que desea interrogar en calidad de testigo a una parte residente en otro Estado miembro está facultado, con el fin de llevar a cabo dicho acto, a citar ante él a dicha parte e interrogarle con arreglo al Derecho del Estado miembro del órgano jurisdiccional”.