Francisco Bastida: ponencia sobre aspectos jurídicos de la bicicleta

Queridos amigos, del 27 al 30 de abril se celebra en Zaragoza un gran evento sobre la bicicleta, “Zaragoza, ciudad de las bicicletas”, que agrupa tres actividades: I Foro Internacional Zaragoza es bici, XIV Congreso Ibérico de la bicicleta “la bicicleta y la ciudad” y II Festival urbano “Culturas Ciclistas”. Ya está abierta la inscripción.

http://laciudaddelasbicis.org/

El Profesor Francisco Bastida Freijedo, Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo y promotor de la Red “Ciclojuristas” sido invitado a participar en la Mesa de la ponencia inaugural sobre normativa de la bicicleta.

Existen aspectos relevantes del Derecho Financiero y Tributario relacionados con la movilidad sostenible y la bicicleta (aunque no sé si se tratarán específicamente en el Congreso). Os animo a asistir.

Un abrazo,

Pedro Herrera

 

Isaac Ibañez García: “La Suspensión de otros procesos basada en la prejudicialidad comunitaria o constitucional”

Presentamos en el post de hoy una valiosa contribución de  Isaac Ibáñez García. Agradecemos su generosidad al compartir con nosotros su aportación titulada: “La suspensión de otros procesos basada en la prejudicialidad comunitaria o constitucional”.

En la página web del Consejo General del Poder Judicial aparece publicado el siguiente comunicado de 14 de abril de 2016:

“El Tribunal Supremo pospone un recurso de cláusulas suelo hasta que el TJUE sentencie sobre el alcance de la retroactividad de su nulidad.

El TJUE ha fijado para el próximo 26 de abril la vista de una cuestión prejudicial sobre este asunto planteada por un Juzgado de Granada.

Autor: Comunicación Poder Judicial.

La Sala Primera del Tribunal Supremo ha suspendido la tramitación del recurso de una entidad bancaria en materia de cláusula suelo de una hipoteca hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronuncie sobre los efectos de la declaración de nulidad de dichas cláusulas, en concreto sobre el alcance de la retroactividad de dicha nulidad.

El recurso suspendido fue interpuesto por Unicaja contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Jaén, de 10 de julio de 2014, que dio la razón a dos clientes anulando su cláusula suelo con la citada entidad, y condenando a ésta a devolver lo indebidamente cobrado sin tener como tope la fecha de mayo de 2013, señalada por el Tribunal Supremo en su sentencia sobre este asunto.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene fijada para el próximo 26 de abril la vista de una cuestión prejudicial planteada por un Juzgado de lo Mercantil de Granada para conocer si se ajusta a la normativa comunitaria moderar los efectos retroactivos de la nulidad de una cláusula suelo.

Los dos clientes de Unicaja a los que dio la razón la Audiencia de Jaén pidieron al Supremo que suspendiese el recurso de la entidad bancaria -cuya deliberación se fijó inicialmente para el próximo 4 de mayo- hasta que se pronuncie sobre la retroactividad el Tribunal de Justicia de la UE. Tanto el banco como la Fiscalía se opusieron a dicha petición.

Sin embargo, el alto tribunal accede a la suspensión porque la cuestión jurídica planteada en el recurso interpuesto por Unicaja Banco S.A. está directamente relacionada con la cuestión prejudicial que debe resolver el alto tribunal europeo, “pues en el recurso se solicita la aplicación de la doctrina de esta Sala sobre efectos de la declaración de nulidad de la cláusula suelo, interpretación que está siendo cuestionada a la luz de la normativa comunitaria ante el TJUE”.

Además, el Supremo recuerda que contra la sentencia que debe dictar no cabe interponer recurso alguno en vía judicial, y subraya la cercanía de la fecha señalada para la vista ante el tribunal europeo y, consiguientemente, de la sentencia que haya de dictarse, por lo que la suspensión temporal del proceso no se prevé extensa, y no se causa un perjuicio relevante a las partes”.

La decisión de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo se adopta con algunas cautelas, como la relativa a la cercanía de la fecha señalada para la vista ante el tribunal europeo (“por lo que la suspensión temporal del proceso no se prevé extensa, y no causa un perjuicio relevante a las partes”).

Hace escasos meses, el Magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, Don DIEGO CÓRDOBA CASTROVERDE, suscitó un oportuno debate sobre “La suspensión de otros procesos basada en la prejudicialidad comunitaria”. Foro que se publicó en la “Revista de Jurisprudencia”, número 2, del 31 de enero de 2015 y también en http://www.elderecho.com/foro_legal/administrativo/suspension-procesos-basada-prejudicialidad-comunitaria_12_779685001.html

De las distintas e interesantes aportaciones vertidas en dicho foro se pone de manifiesto, sobre la cuestión debatida, que no existe (entre las distintas Salas del Tribunal Supremo y otros pronunciamientos judiciales) unanimidad sobre la posibilidad o no de suspensión de procesos jurisdiccionales basados en la existencia previa de una cuestión prejudicial planteada ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. No es, por tanto, una cuestión pacífica, aunque sí elevante.

En mi opinión, el mismo debate debe extenderse a la cuestión de si es posible suspender procesos similares cuando se ha planteado previamente en otro asunto una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Recordemos que actualmente se están planteando por órganos jurisdiccionales españoles cuestiones de inconstitucionalidad sobre el Impuesto municipal sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana (Así, Auto de 5 de febrero de 2015 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Donostia-San Sebastián y Auto de 22 de diciembre de 2015 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Vitoria-Gasteiz)

El artículo 35 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional es del siguiente tenor:

 

“1. Cuando un Juez o Tribunal, de oficio o a instancia de parte, considere que una norma con rango de Ley aplicable al caso y de cuya validez dependa el fallo pueda ser contraria a la Constitución, planteará la cuestión al Tribunal Constitucional con sujeción a lo dispuesto en esta Ley.

  1. El órgano judicial sólo podrá plantear la cuestión una vez concluso el procedimiento y dentro del plazo para dictar sentencia, o la resolución jurisdiccional que procediese, y deberá concretar la ley o norma con fuerza de ley cuya constitucionalidad se cuestiona, el precepto constitucional que se supone infringido y especificar o justificar en qué medida la decisión del proceso depende de la validez de la norma en cuestión. Antes de adoptar mediante auto su decisión definitiva, el órgano judicial oirá a las partes y al Ministerio Fiscal para que en el plazo común e improrrogable de 10 días puedan alegar lo que deseen sobre la pertinencia de plantear la cuestión de inconstitucionalidad, o sobre el fondo de ésta; seguidamente y sin más trámite, el juez resolverá en el plazo de tres días. Dicho auto no será susceptible de recurso de ninguna clase. No obstante, la cuestión de inconstitucionalidad podrá ser intentada de nuevo en las sucesivas instancias o grados en tanto no se llegue a sentencia firme”.

 

Sin embargo, en el ámbito de la cuestión prejudicial comunitaria no está tan contundentemente definida la necesidad (a nuestro juicio de lo más pertinente) de oír a las partes antes de plantear o no la cuestión prejudicial.

Así, las “RECOMENDACIONES (del Tribunal de Justicia de la Unión Europea) a los órganos jurisdiccionales nacionales, relativas al planteamiento de cuestiones prejudiciales (2012/C 338/01)”[1], dicen lo siguiente:

 

“9. En virtud del artículo 267 TFUE, cualquier órgano jurisdiccional de un Estado miembro, cuando tenga que pronunciarse en un procedimiento a cuyo término se dicte una resolución de naturaleza jurisdiccional, puede, en principio, remitir al Tribunal de Justicia una petición de decisión prejudicial. El Tribunal de Justicia ha interpretado la condición de órgano jurisdiccional como un concepto autónomo del Derecho de la Unión, teniendo en cuenta, a este respecto, un conjunto de factores, como son el origen legal del órgano que le remite la petición, su permanencia, el carácter obligatorio de su jurisdicción, el carácter contradictorio del procedimiento, la aplicación por parte de dicho órgano de normas jurídicas, y su independencia.

  1. La decisión de plantear al Tribunal de Justicia una cuestión prejudicial corresponde únicamente al órgano jurisdiccional nacional, independientemente de que las partes del litigio principal lo hayan o no solicitado”.

 

…/…

El momento adecuado para plantear una cuestión prejudicial.

  1. El órgano jurisdiccional nacional puede remitir al Tribunal de Justicia una petición de decisión prejudicial tan pronto como estime que, para poder emitir su fallo, resulta necesaria una decisión sobre la interpretación o la validez del Derecho de la Unión. En efecto, el órgano jurisdiccional nacional es el mejor situado para apreciar la fase del procedimiento en que procede remitir tal petición.
  2. Es preferible, no obstante, que la decisión de plantear una cuestión prejudicial se adopte en una fase del procedimiento nacional en la que el órgano jurisdiccional remitente esté en condiciones de definir el marco jurídico y fáctico del asunto, para que el Tribunal de Justicia disponga de todos los elementos necesarios para comprobar, en su caso, que el Derecho de la Unión es aplicable al litigio principal. También puede resultar deseable para la recta administración de la justicia que la cuestión prejudicial se plantee después de un debate contradictorio”.

Desde el punto de vista del Derecho nacional (español) y sobre el juicio de relevancia en la cuestión prejudicial comunitaria ya me manifesté hace tiempo[2], defendiendo que las partes intervinientes en un proceso ante los tribunales nacionales gozan del derecho procesal a solicitar al órgano jurisdiccional nacional el planteamiento de la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea; y que este derecho no tiene valor de simple sugerencia sin efectos jurídicos[3], sino que tiene el valor de pretensión procesal con el consiguiente efecto de la obligación de motivación del sentido de la decisión judicial al respecto, esto es, la obligación del juez nacional de efectuar un juicio de relevancia dirigido a motivar si el planteamiento de la cuestión es o no pertinente. Señalé que el objeto del juicio de relevancia es fundamentar si la cuestión prejudicial solicitada es o no pertinente o necesaria para la solución del litigio.

En el recurso contencioso-administrativo nº 331/2007 ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, el reclamante señaló la necesidad de plantear cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, dada la relevancia de la normativa comunitaria en la materia. La Sentencia de 25 de noviembre de 2010 que resuelve dicho recurso dedica el fundamento jurídico cuarto a la petición del demandante:

“Como quiera que esta Sala ha abierto, en el curso de este litigio, un específico trámite de audiencia a las partes y al Ministerio Fiscal en relación con la necesidad o pertinencia de plantear al Tribunal de Justicia de la Unión Europea cuestión prejudicial, en los términos contenidos en la providencia que más arriba se ha transcrito, resulta preceptivo, por razones de congruencia y de respeto a la buena práctica procesal, convergentes ambas en la exigibilidad del deber de motivación, que expliquemos suficientemente las razones por virtud de las cuales hemos decidido, finalmente, resolver por sentencia el recurso contencioso-administrativo, prescindiendo del previo reenvío aludido y, obviamente, de la eventual respuesta que el mencionado Tribunal hubiera podido efectuar a nuestros interrogantes.

No es preciso recordar, por tratarse prácticamente de un lugar común en la comprensión de esta institución comunitaria, sustancial para la construcción jurisprudencial del Derecho Comunitario, que los órganos judiciales nacionales cuyas sentencias no son definitivas, como es nuestro caso en este particular asunto -para cuya constatación basta apercibirse de la cuantía del asunto y, por ende, de la recurribilidad en casación que, en principio, tendría la sentencia final de este litigio- tienen la potestad, pero no la obligación, del planteamiento de dicha cuestión prejudicial, al contrario de lo que sucede con el órgano jurisdiccional que, en cada Estado miembro, agotase las instancias judiciales, en cuyo caso esa facultad se torna deber, siempre que concurran los requisitos procesales exigibles para la viabilidad formal de la cuestión prejudicial artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, correlativo con el antiguo artículo 234 TCE, a cuyo tenor:

“El Tribunal de Justicia de la Unión Europea será competente para pronunciarse, con carácter prejudicial:

  1. sobre la interpretación de los Tratados;
  2. sobre la validez e interpretación de los actos adoptados por las instituciones, órganos u organismos de la Unión;

Cuando se plantee una cuestión de esta naturaleza ante un órgano jurisdiccional de uno de los Estados miembros, dicho órgano podrá pedir al Tribunal que se pronuncie sobre la misma, si estima necesaria una decisión al respecto para poder emitir su fallo.

Cuando se plantee una cuestión de este tipo en un asunto pendiente ante un órgano jurisdiccional nacional, cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno, dicho órgano estará obligado a someter la cuestión al Tribunal…”.

Sin embargo, esa explicación, que en parte podría ser admisible -en el sentido de que con nuestra abstención se relegaría a la apreciación del Tribunal Supremo, en el curso de una hipotética impugnación casacional, la decisión última acerca de la procedencia del planteamiento de la cuestión prejudicial, no es completamente satisfactoria para explicar la decisión tomada por esta Sala si se tiene en cuenta, de un lado, que la parte recurrente ha postulado positivamente, a lo largo de todos sus escritos procesales, la conveniencia de adoptar dicha iniciativa prejudicial; y, de otro, que la propia Sala ha abierto por iniciativa propia el preceptivo trámite previo de audiencia que la hace posible, encaminado en principio a conocer la opinión de las partes y del Ministerio Fiscal acerca de la conveniencia de promover la cuestión prejudicial devolutiva al TJUE.

A tal respecto, debe considerarse que para acudir al reenvío prejudicial europeo no basta con que el tribunal nacional que conozca de un asunto albergue dudas interpretativas sobre nociones de Derecho comunitario directamente relacionadas con los litigios sometidos a su conocimiento, las cuales pueden, por lo demás, versar tanto sobre el sentido y finalidad de las normas comunitarias, en los diferentes rangos de su jerarquía, como también respecto a la adecuación y conformidad del ordenamiento interno con dichas normas.

Decimos que no es suficiente con que existan tales dudas en la exégesis de los preceptos de Derecho Comunitario europeo (en el presente asunto, centradas en el alcance y límites estructurales tanto del art. 1.2 -configuradora de una cláusula antiabuso- como del art. 5 de la Directiva-) sino es preciso que también concurra el denominado juicio de relevancia, esto es, la consideración por parte del Tribunal competente, en el seno de un proceso judicial en curso, de que la decisión jurisdiccional que le corresponda adoptar en el ejercicio de la potestad que tiene constitucionalmente encomendada depende de modo directo e inmediato de la resolución por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea acerca de esa prejudicialidad comunitaria (vid. al respecto, el art. 4.1 de la LJCA.

Sin embargo, aún cuando la ley directamente aplicable al caso, la LIRNR, es el resultado, al menos en parte de su contenido, de la adaptación e integración en nuestro ordenamiento interno de la Directiva matriz-filial a que se ha hecho continua referencia, la Sala considera que en la aplicación, por parte de la Administración, de la citada ley, puede advertirse en principio la existencia de infracciones jurídicas autónomas que suponen contravenciones de la propia ley y de otras normas de nuestro Derecho interno, las cuales pueden reputarse determinantes, caso de apreciarse como tales, de la nulidad de los actos objeto de impugnación, lo que desvanece la transcendencia para la decisión del caso del resultado que eventualmente podría contener dicha cuestión prejudicial.

Dicho en otras palabras, aún cuando, desde el punto de vista meramente dialéctico, aceptáramos que la ley española y, más en particular, el art. 13.1.g) LIRNR, respeta escrupulosamente los principios y reglas contenidos tanto en la Directiva como, por elevación, de los Tratados que constituyen el Derecho primario comunitario y las libertades básicas en ellos proclamadas -lo cual, es de reiterar, únicamente admitimos como hipótesis de trabajo- existen razones jurídicas suficientes como para abordar el enjuiciamiento y fallo del presente recurso contencioso-administrativo desde la perspectiva, que se desenvuelve en el ámbito del Derecho nacional, de la conformidad a éste de la liquidación practicada en concepto de retenciones del IRNR, así como de los actos que en vía revisora lo confirman.

Obrar de otro modo implicaría por parte de esta Sala postergar innecesariamente la resolución del litigio -pese a la existencia de dudas interpretativas que transcienden el interés ventilado en el presente litigio, basadas en la acomodación de la norma nacional al Derecho Comunitario-, debido a la posibilidad de fallar el asunto sobre la base de la interpretación efectuada por la Administración de la propia norma con rango de ley en que supuestamente se basa la obligación liquidada. Ante la duda sobre la oportunidad de ese planteamiento y valorando las circunstancias expresadas, la Sala entiende que el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas (art. 24.2 CE) permite acometer el examen de fondo prescindiendo de la mencionada cuestión prejudicial.

En definitiva, la promoción de la cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de Luxemburgo queda sometida a un juicio de relevancia, nacido de la ponderación de la influencia que el Derecho comunitario en la resolución del litigio, y de ese juicio resulta que no ha quedado establecido con la exigible claridad que la discriminación eventualmente sufrida por la aquí recurrente, entidad residente en España, en relación con la retención e ingreso de las cantidades a cuenta de los dividendos abonados a su sociedad matriz DUTCH, residente en los Países Bajos, así como la que haya podido experimentar ésta última con ocasión del gravamen padecido sobre tales beneficios obtenidos y, en otros términos, la eventual infracción de la Directiva y del Derecho primario en que se sustenta ordinamentalmente, puesta de manifiesto como consecuencia de tales retención y gravamen, tengan su causa directa y eficiente en la falta de acomodo de la ley nacional a la Directiva que debía trasponer y no pueda, en consecuencia, resolverse de otro modo el litigio, aplicando preponderantemente normas de Derecho nacional que hagan al caso debatido. En síntesis, el juicio de relevancia deviene negativo y procede examinar la pretensión ejercitada sin acudir al procedimiento prejudicial previo.”

Es evidente que desde el punto de vista de la economía procesal resulta de lo más sugerente la posibilidad –no contemplada en nuestro Ordenamiento Jurídico- de que existiendo una cuestión prejudicial en trámite ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (o un recurso por incumplimiento); o una cuestión de inconstitucionalidad pendiente ante el Tribunal Constitucional (o, por qué no, un recurso de inconstitucionalidad) el Juez que conoce de un litigio en el que se susciten las mismas cuestiones pueda suspender el procedimiento hasta que el Tribunal de Justicia de la UE o el Tribunal Constitucional se pronuncien.

En principio, la decisión es del Juez que conoce el asunto, sin perjuicio de que pueda actuar por petición de las partes del litigio.

 

El juez o alguna de las partes puede tener “iguales dudas” a las que se han planteado en la cuestión prejudicial pendiente de resolución, por lo que la suspensión sería, en principio, una posibilidad idónea por economía procesal.

Puede que una de las partes, estando de acuerdo con el tenor de la cuestión prejudicial ya planteada por otro tribunal esté de acuerdo completamente con ella y solicite al juez o tribunal que conoce de su asunto que acuerde la suspensión.

Pero puede que el mismo Juez o alguna de las partes considere que la cuestión prejudicial o de inconstitucionalidad no sea pertinente o que adolezca de defectos o carencias en su planteamiento (argumentativos, en el planteamiento de la propia pregunta prejudicial, etcétera) y considere que debe plantearse una nueva cuestión independiente de la que se esté tramitando (o, simplemente, que siendo impertinente la planteada no deba suspenderse el procedimiento).

Por ello, es de interés el debate planteado y considero que, con independencia de que se estime que es posible la suspensión sin que las leyes procesales así lo prevean, es ABSOLUTAMENTE NECESARIO que la decisión (de oficio o a instancia de parte) se adopte oyendo previamente a las partes para que puedan alegar lo que deseen sobre la pertinencia de plantear la cuestión, o sobre el fondo de ésta y el juzgador realice el juicio de relevancia exigible.

[1] Diario Oficial de la Unión Europea. C 338. 6.11.2012. “El siguiente texto se enmarca en el contexto de la adopción, el 25 de septiembre de 2012, en Luxemburgo, del nuevo Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia (DO L 265 de 29.9.2012, p. 1). El texto, que reemplaza a la nota informativa sobre el planteamiento de cuestiones prejudiciales por los órganos jurisdiccionales nacionales (DO C 160 de 28.5.2011, p. 1), tiene por objeto recoger las innovaciones introducidas por el referido Reglamento que puedan incidir tanto en el propio principio de la remisión prejudicial al Tribunal de Justicia como en las modalidades de tales remisiones”.

 

[2] IBÁÑEZ GARCÍA: “El juicio de relevancia previo al planteamiento de una cuestión prejudicial”. Noticias de la Unión Europea, nº 85, febrero de 1992. “Sobre la decisión de plantear una cuestión prejudicial”. Gaceta Jurídica de la CE y de la Competencia, Boletín 125, julio/agosto 1997. “Tres notas de actualidad sobre la cuestión prejudicial comunitaria”. Diario La Ley, nº 7591, 17 de marzo de 2011.

 

[3] En contra, RUIZ-JARABO COLOMER: “El Juez nacional como Juez comunitario”. Civitas, 1993.

 

Isaac Ibáñez García:  “¿Regeneración democrática? Algunas propuestas” (Artículo Científico)

Tras una larga ausencia, retomamos el blog con un valioso artículo científico de don Isaac Ibáñez García sobre “¿Regeneración democrática? Algunas propuestas”.

Muchas gracias, querido Isaac por tu relevante colaboración y mil disculpas por el retraso en su publicación.

STJUE C-98/14 Berlington Hungary: restricciones a la explotación de máquinas tragaperras y libre prestación de servicios

Según la STJUE en el asunto C-98/14 , Burlington Hungary Tanácsadó és Szolgáltató Kft. y otros / Magyar Állam, “la legislación húngara que prohíbe la explotación de máquinas tragaperras fuera de los casinos puede ser contraria al principio de libre prestación de servicios. Cuando el legislador nacional revoca una autorización que permite a su titular ejercer una actividad económica le incumbe prever un sistema de compensación razonable o un período transitorio de duración suficiente para que el titular pueda adaptarse”.

Resulta especialmente interesante esta exigencia el establecimiento de normas transitorias, que ya ha sido señalada por el Tribunal de Justicia en otros casos análogos.

Muchas gracias a Antonio Puentes por facilitarme la información.

Pedro Herrera

 

Mercedes Ruiz Garijo: A vueltas con la tasa de reposición y el profesorado impugnado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (a propósito de la STSJ Navarra de 18.6.2014)

[Post núm. 643, de 25 de noviembre de 2014]

A VUELTAS CON LA TASA DE REPOSICIÓN Y EL PROFESORADO IMPUGNADO POR EL MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (A PROPÓSITO DE LA STSJ NAVARRA DE 18.6.2014)

Mercedes Ruiz Garijo

Profesora Titular de Derecho Financiero y Tributario, URJC

En el post del 2 de junio de 2014  daba noticia de la injusta situación que estaba y está atravesando la Universidad Pública en España, con motivo de la aplicación literal de la tasa de reposición. El Ministerio de Hacienda impugnó más de 250 plazas de profesorado durante los años 2011 y 2012 y ha venido manteniendo bloqueados/as a miles de profesores/as que ya han obtenido su acreditación de la ANECA y que, a pesar de todo, no han podido promocionarse en ninguna Universidad española. Continue reading

Alberto Cornejo: ¿regular para liberalizar? (sobre el planteamiento de Natalia Fabra)

[Post núm. 625, de 30 de octubre de 2014]

¿Regular para liberalizar?

Alberto Cornejo Pérez

En el post de hoy, Alberto Cornejo, miembro de nuestro Consejo Editorial, comenta el planteamiento de Natalia Fabra (ganadora de la 13ª edición del Premio Banco Herrero) “Hay que liberalizar más, pero por ello hay que regular más y mejor”.

Puede parecer atrevido o incluso descortés plantear las siguientes objeciones a un discurso de una persona que entiendo que con su mejor intención y duro trabajo de muchos años ha dedicado sus sobresalientes cualidades a investigar la economía para llegar a las conclusiones que se expresan en esta intervención. Continue reading

Congreso sobre Sesgos de la investigación Jurídica

El profesor Ignacio Gutiérrez ha tenido la amabilidad de facilitarme información sobre un interesantísimo congreso sobre Sesgos de la Investigación Jurídica que se celebrará en Valencia (Facultat de Dret de la UVEG) los días 13 y 14 de noviembre de 2014.

Muchas gracias, querido Ignacio y enhorabuena a los organizadores por tan oportuna iniciativa.

Pedro Herrera

Ignasi Puig sobre el Circular Economy Package de la Comisión Europea

En el post de hoy publicamos un enlace al análisis que realiza Ignasi Puig sobre el nuevo Circular Economy Package que propone la Comisión Europea. El objetivo es reformar la directiva marco de residuos, la directiva de envases, la directiva de vertederos y en menor medida otras directivas de residuos.

Muchas gracias, querido Ignasi por compartir esta interesante información publicada en el último Boletín de ENT.

Pedro Herrera

Verónica de la Tejera: ¿Un ataque a la responsabilidad patrimonial del Estado legislador en el Anteproyecto de ley General Tributaria?

En el post de hoy publicamos un breve e incisivo estudio de Verónica de la Tejera, doctora en Derecho por la UNED, sobre una cuestión candente: ¿constituye un ataque a la responsabilidad patrimonial del Estado legislador el Anteproyecto de ley General Tributaria?

Además, en la maquetación de este artículo ponemos en práctica algunos de los criterios que exige Latindex para la indexación de una revista electrónica: membrete bibliográfico al inicio del artículo, constancia de la afiliación del autor, constancia de la fecha de recepción y aceptación del artículo, resumen en castellano y en inglés y palabras clave en castellano y en inglés (estas ya venían apareciendo en las “categorías” del blog).

Personalmente considero que la mayor parte de estos detalles formales no resultan especialmente relevantes ni añaden nada a la calidad del artículo. Ahora bien, dado que forman parte de las reglas del juego para que el contenido se valore por los órganos competentes para evaluar la calidad científica, vamos a seguirlas.

Muchas gracias, querida Verónica, por esta valiosa aportación. Espero que la monografía en la que abordas este tema pueda publicarse muy pronto.

Pedro Herrera

Violeta Ruiz Almendral: No es país para niños

No es país para niños

¿Un frasco de perfume, un bolso de diseño, una tarde en un spa, un viaje a París, a Milán, a Nueva York, el último libro de Joël Dickner, un fin de semana romántico con su marido, una manicura permanente, la pedicura también…?

¿Qué quiere una madre por el día de la madre?

A responder a esta pregunta (¿qué quieres tu por el día de la madre?) he dedicado unos días y he aprovechado para preguntarle a muchas de mis amigas y conocidas a ver qué dicen. La respuesta breve es: muchas cosas.

Para empezar, que la decisión de ser madre no tenga un coste tan alto. Obviamente, ser madre puede ser duro a veces, sobre todos los primeros meses, así lo cuenta este recomendable video (link: https://www.youtube.com/watch?v=HB3xM93rXbY) que sin embargo deja fuera la inmensa felicidad que implica tener “el trabajo más difícil del mundo”.

Pero hay determinadas dificultades añadidas que no tienen ninguna justificación y que en la España del siglo XXI no tienen cabida ya. No se justifica, por ejemplo, que la maternidad sea para muchas mujeres con alto nivel de formación una de las maneras más eficaces para, o perder tu trabajo, o ver sustancialmente mermadas tus posibilidades de promoción profesional. Conozco varios casos, de amigas y también conocidas que al volver de la baja por maternidad se han encontrado a sus compañeros promocionados. A todos menos ella y sin mediar más motivo que la baja por maternidad.

Conviene recordar, que todo trato peor por razón de la maternidad vulnera el derecho fundamental a la igualdad del art. 14 CE, también incluso, la pérdida de oportunidades. Esto lo ha reiterado el Tribunal Constitucional en reiteradas ocasiones. Por ejemplo, en la STC 61/2013, de 14 de marzo. O, de reciente publicación en el BOE, la STC 66/2014, de 5 de mayo que considera que se discriminó a una funcionaria que, habiendo superado la oposición, no pudo hacer al mismo tiempo que sus compañeros el curso de formación debido a su embarazo. La solución que otorgó la Administración fue computarle su antigüedad (una vez hecho el curso), desde el momento del mismo, en lugar de computarla desde que aprobó el examen, suponiendo, considera el Tribunal, un perjuicio real y efectivo derivado de su embarazo contrario al art. 14 CE.

En esta Sentencia, conviene hacer hincapié en ello, el Tribunal no hace más que recordar su jurisprudencia constante, reiterando que “la protección de la condición biológica y de la salud de la mujer trabajadora ha de ser compatible con la conservación de sus derechos profesionales, de suerte que la minusvaloración o el perjuicio causado por el embarazo o la sucesiva maternidad constituyen un supuesto de discriminación directa por razón de sexo” (se citan las SSTC STC 182/2005, de 4 de julio, FJ 4; 74/2008, de 23 de junio, FJ 2, y 92/2008, de 21 de julio, FJ 4).

Por desgracia, la jurisprudencia citada, extensísima, como también lo es la del Tribunal Supremo, no ha hecho aún la suficiente mella, al menos no con la celeridad y extensión que sería deseable. Incluso entre juristas, que deberían conocerla. Por desgracia, no es tan extraño en la práctica que ante un embarazo un Tribunal de oposiciones no adopte ninguna medida especial (lo que sucedió igualmente en este caso, con final feliz gracias al Tribunal Supremo http://www.abc.es/sociedad/20140401/abci-embarazada-oposicion-sentencia-parto-201404011441.html), o incluso se considere “algo excepcional que no habíamos previsto”, frase que muchas mujeres han oído. Sin ánimo de exhaustividad, eso es lo que oyó una de mis mejores amigas cuando solicitó, y se le denegó, una jornada reducida en su trabajo de ginecóloga en un hospital público de Madrid: necesidades del servicio, no contábamos con que te ibas a quedar embaraza. O eso oyó otra amiga mía cuando intentó cuadrar su docencia como profesora de Instituto entre dos cuatrimestres porque daba a luz a mitad de curso “no nos imaginábamos que te ibas a quedar embarazada, a ver ahora qué hacemos…”. O finalmente, una amiga radióloga que ante un embarazo de riesgo que aconsejaba un reposo relativo vio denegada la solicitud (temporal) de desempeñar un puesto más tranquilo que el que tenía porque “no podemos ponernos a hacer excepciones, si quieres descansar acepta la baja”. Este último caso –de una de mis mejores amigas que a la sazón trabaja en un hospital público de Madrid- es particularmente llamativo porque el jefe de servicio denegó la reincorporación adaptada, lo que supone un mayor gasto público a cargo de todos los contribuyentes pues es más barato, parece obvio, que alguien se reincorpore a que continúe de baja.

Detengámonos por un momento en las anteriores anécdotas. Los humanos modernos (homo sapiens) parece que llevamos en la tierra algo más de 200.000 años. Pues bien, durante toda esa pila de años hemos seguido reproduciéndonos de la misma manera, pues todavía no se ha inventado, más que en las novelas de ficción, un mecanismo de “externalización” del embarazo. Los humanos nos reproducimos así y si no, no nos reproducimos. Esto parece obvio pero conviene recordarlo. Por tanto, estar embaraza es algo no ya normal sino connatural a las mujeres. O lo que es lo mismo, no es “excepcional”, ni es “una causa de fuerza mayor” o algo que nadie se esperaba. En una mujer quedarse embarazada es lo normal, por lo que las anteriores anécdotas demostrando sorpresa lo que demuestran en realidad es sorpresa por que una mujer, además de trabajar o aspirar a un empleo, se quede embarazada.
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