ECJ Judgment FII C-362/12: Restitution of sums paid but not due and Legal Certainty

According to the ECJ Judgment on the Franked Investment Income case (C-362/12):

1.  In a situation in which, under national law, taxpayers have a choice between two possible causes of action as regards the recovery of tax levied in breach of European Union law, one of which benefits from a longer limitation period, the principles of effectiveness, legal certainty and the protection of legitimate expectations preclude national legislation curtailing that limitation period without notice and retroactively.

2.      It makes no difference to the answer to the first question that, at the time when the taxpayer issued its claim, the availability of the cause of action affording the longer limitation period had been recognised only recently by a lower court and was not definitively confirmed by the highest judicial authority until later.

In my view, it is relevant to stress that the Court also invokes the principles of legal certainty and the protection of legitimate expectations (and not only the principle of effectiveness), because these principles could be applied to other matters beyond the restitution of sums paid but not due. The ECJ doctrine is far more demanding than the current approach of the Spanish Constitutional Court. This judgment could provide some solid fundamentals for a change of our constitutional case-law.

Many thanks (once more) to Tom O’Shea for all the info provided.

Pedro M. Herrera

STJUE FII, C‑362/12: efectividad en la devolución de ingresos indebidos, seguridad jurídica y exigencia de normas transitorias

La  STJUE de 12 de diciembre de 2013 en el caso Franked Invested Income, C-362/12, analiza la legislación del Reino Unido que suprimía retroactivamente una vía para solicitar la devolución de ingresos contrarios al Derecho 1295099237de la UE (la llamada “acción Kleinwort Benson”, relativa al error de derecho) cuyo plazo de prescripción era más amplio que el establecido con carácter específico para la devolución de ingresos tributarios indebidos (la acción Woolwich). Continue reading

Isabel Espejo: Sobre los sistemas alternativos de solución de conflictos tributarios

Isabel Espejo, Inspectora de Hacienda del Estado y Doctora en Derecho nos ofrece hoy una reflexión muy valiosa sobre los sistemas alternativos de solución de conflictos tributarios. Muchas gracias, Isabel.

Pedro M. Herrera

“Esta es una cuestión que está de moda debido al colapso de los tribunales de numerosos países de nuestro entorno, especialmente importante en asuntos tributarios, dada la enorme litigiosidad en esta materia, que invita a más de uno a plantearse la posibilidad de sistemas alternativos al litigio ante los tribunales para hacer frente a estos conflictos.

Entre estos sistemas se suelen citar en el mundo anglosajón los recursos administrativos. Efectivamente, un buen sistema de recursos ante la propia Administración tributaria evitaría numerosos litigios. Pero este sistema debería funcionar adecuadamente, con rapidez, economía de medios…e independencia respecto del órgano que toma las decisiones recurridas, lo que exigiría que se tratara de un órgano de nivel como mínimo equivalente, a ser posible superior, y con un sistema de provisión de sus funcionarios, especializados, transparente y objetivo.

También se suele mencionar la razonabilidad en las actuaciones de la Inspección de los tributos. Pero esto no debe ser alternativo, sino la manera normal de actuar de la Inspección.

Por último se mencionan sistemas de mediación/conciliación, transacción y arbitraje.

Los sistemas de mediación/conciliación tienen como finalidad acercar posiciones contradictorias incompatibles. Luego no deberían tener que jugar ningún papel en la aplicación del Derecho tributario, pues la Administración debe servir con objetividad los intereses generales, y su única finalidad debe ser la aplicación objetiva y proporcionada, justa, del Derecho.

Por ello, la propia administración tiene que tener establecidos, dentro de su funcionamiento cotidiano, que no alternativo, sistemas que eviten que un funcionario se pueda extralimitar, sin que los ciudadanos se vean en la necesidad de buscarse mediadores privados que lo reconduzcan a términos razonables.

Por lo que se refiere a la transacción, a la negociación pura y dura entre funcionario y contribuyente, no se debería olvidar que el trabajo de la Administración tributaria consiste en la aplicación del Derecho tributario, por igual, a todos los contribuyentes, lo que no parece que deba depender de la fuerza negociadora de estos.

Se ha de reconocer que en la aplicación del Derecho tributario existen campos que ofrecen cierto margen de interpretación de las normas, demasiado a menudo demasiado confusas, así como cierto margen en la apreciación de los hechos, que, dada su complejidad, no es posible abarcar en su totalidad, lo que ofrece ciertas posibilidades de actuación discrecional. Pero la interpretación de las normas confusas debe depender de la buena técnica y de la buena fe de la Administración y de sus agentes, por igual para todos los contribuyentes y no variar en función de la habilidad negociadora de unos u otros.

También la razonabilidad en la determinación de hechos en los que existe cierto margen de apreciación debe partir de la propia Administración, que debe intentar actuar objetiva y proporcionadamente, razonablemente, por igual con respecto a todos los contribuyentes.

Por ello, esto tampoco puede ser ningún sistema alternativo de solución de conflictos, sino la manera connatural de actuación de la Administración tributaria. La Administración no puede, no debe, negociar. Y debe, siempre, ser razonable y escuchar a su “oponente”, que no es tal, sino un ciudadano de un Estado de Derecho, intentando evitar problemas y resolver conflictos, incluso antes de que surjan, en base a un buen hacer, profesional, proporcionado y justo.

Por último, en cuanto al arbitraje, que supone someter el conflicto a la decisión de un tercero, yo me pregunto: ¿En un Estado de Derecho, este tercero no es el Poder Judicial?.

¿No será que todo esto de los sistemas alternativos de solución de conflictos tributarios encubre un nuevo intento de huida del Derecho?”.

Isabel Espejo

Vídeo completo: Isabel Espejo y Juan Lacruz – Adaptación de los procedimientos tributarios a la nueva regulación del delito fiscal

Ofrecemos el vídeo completo del Seminario de Derecho Financiero de la UNED celebrado el pasado martes 26 de noviembre en la Facultad de Derecho sobre Delito Fiscal y Procedimientos Tributarios

El Profesor D. Juan M. Lacruz López, Titular de Derecho Penal de la UNED, analizó críticamente la estructura del delito fiscal refiriéndose específicamente al nuevo régimen de regularizaciones.

La Doctora D. Isabel Espejo Poyatos, Inspectora de Hacienda del Estado examinó con detalle las relaciones entre el proceso penal y los procedimientos tributarios a la luz del Código Penal y de la necesaria reforma de la Ley General Tributaria.

El Profesor D. Isidoro Martín Dégano, Titular de Derecho Financiero de la UNED, presentó el acto y moderó el coloquio.

Para los que no pudieron asistir y están interesados en la materia este vídeo constituye un elemento muy valioso. Muchas gracias a los ponentes y al moderador por sus excelentes contribuciones.

Pedro M. Herrera

Isabel Espejo: Tax Administration and Criminal Tax Jurisdiction – Administración Tributaria y Jurisdicción Penal en el Delito Fiscal

52_09Keywords: Tax Administration, Criminal Tax Jurisdiction and right to a fair trial – Administración Tributaria, Jurisdicción Penal en el Delito Fiscal, Derecho a la tutela judicial efectiva
El jueves 13 de junio a las 20 horas se celebrará en la sede del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (C/ Serrano, 9) la presentación del libro de Isabel Espejo Poyato Administración tributaria y jurisdicción penal en el delito fiscal, editado por Marcial Pons.
Se trata de una obra clave para comprender la reciente reforma del delito fiscal y la anunciada reforma de la Ley General Tributaria en esta materia desde la perspectiva del derecho a la tutela judicial efectiva. Además de realizar un estudio exhaustivo de legislación, prácticas administrativas, jurisprudencia, doctrina y derecho comparado, la autora ha volcado en la obra, con sentido crítico, su experiencia como Inspectora de Hacienda del Estado.
Además de la autora, y de representantes de la Editorial y del Colegio de Abogados, intervendrán en el acto diversos miembros de la AEDAF (Carlos Palao Taboada, Gabriel Casado Ollero y Pedro M. Herrera Molina, Catedráticos de Derecho Financiero y Tributario).
Next Thursday the 13th June at 20 pm there will be a presentation of Isabel Espejo’s book Tax Administration and Criminal Tax Jurisdiction. This work is a milestone to understand the recent Spanish reform of tax crimes and the upcoming reform of the General Tax Act from the viewpoint of the right to a fair trial. Venue: Colegio de Abogados de Madrid, Serrano 9.

ECJR Mohamad Zakaria: Schengen Borders Code – Effective judicial protection / Código de fronteras Schengen – Tutela judicial efectiva

schengen visa_sl_3SENTENCIA TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta) 17 enero 2013 – Asunto C‑23/12 (Zakaria) / JUDGMENT OF THE COURT (Fifth Chamber) 17 January 2013, in Case C‑23/12 (Zakaria)

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y de los artículos 6, apartado 1, y 13, apartado 3, del Reglamento (CE) nº 562/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, por el que se establece un Código comunitario de normas para el cruce de personas por las fronteras (Código de fronteras Schengen). Dicha petición se presentó en el marco del examen de un recurso interpuesto por el Sr. Zakaria contra la denegación de la indemnización por daños y perjuicios reclamada por el interesado a raíz del comportamiento de una autoridad administrativa con ocasión del cruce de la frontera letona.

This request for a preliminary ruling concerns the interpretation of Article 47 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union (‘the Charter’), and Article 6(1) and Article 13(3) of Regulation (EC) No 562/2006 of the European Parliament and of the Council of 15 March 2006 establishing a Community Code on the rules governing the movement of persons across borders (Schengen Borders Code) (OJ 2006 L 105, p. 1). The request has been made in the course of the consideration of an action brought by the claimant, Mr Zakaria, against the refusal to grant his application for damages based on the conduct of an administrative body upon his crossing of the Latvian border.

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Trending Topics: Regulation (EC) No 562/2006 – Community Code on the rules governing the movement of persons across borders (Schengen Borders Code) – Alleged violation of the right to respect for human dignity – Effective judicial protection – Right of access to a court / Reglamento (CE) nº 562/2006 – Código comunitario de normas para el cruce de personas por las fronteras (Código de fronteras Schengen) – Vulneración alegada del derecho al respeto de la dignidad humana – Tutela judicial efectiva – Derecho de acceso a un tribunal.

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Comentario y Fallo.- El órgano jurisdiccional remitente pregunta si el artículo 13, apartado 3, del Reglamento nº 562/2006, interpretado a la luz del vigésimo considerando de dicho Reglamento y del artículo 6, apartado 1, del mismo, así como del artículo 47 de la Carta, obliga a los Estados miembros a garantizar un recurso efectivo contra las supuestas infracciones cometidas durante el procedimiento de adopción de una resolución por la que se autorice la entrada, bien ante un tribunal, bien ante un órgano administrativo que ofrezca, desde el punto de vista institucional y funcional, las mismas garantías que un órgano jurisdiccional. Dado que el órgano jurisdiccional remitente no aportó suficientes datos, el TJUE entiende que no está en condiciones de determinar si la situación del demandante en el procedimiento principal se rige por el Derecho de la Unión en el sentido del artículo 51, apartado 1, de la Carta, según el cual las disposiciones de esta última se dirigen a los Estados miembros únicamente cuando apliquen el Derecho de la Unión (con cita de las SSTJUE de 5 de octubre de 2010, McB., C‑400/10 PPU y de 8 de noviembre de 2012, Iida, C‑40/11). En este sentido, el Tribunal de Justicia entiende que corresponde al órgano jurisdiccional remitente determinar, a la luz de las circunstancias del litigio principal, si la situación del demandante en el procedimiento principal está comprendida en el ámbito del Derecho de la Unión y, en caso afirmativo, si la negativa a reconocer a dicho demandante el derecho a formular sus pretensiones ante un órgano jurisdiccional vulnera los derechos reconocidos en el artículo 47 de la Carta. A este respecto, ha de recordarse que la Guardia de fronteras, al desempeñar sus obligaciones, en el sentido del artículo 6 del mencionado Reglamento, está obligada a respetar plenamente la dignidad humana. En todo caso, corresponde a los Estados miembros establecer en su ordenamiento interno los recursos apropiados para garantizar, respetando el artículo 47 de la Carta, la protección de las personas que hacen valer los derechos que les confiere el artículo 6 del Reglamento nº 562/2006.

Resulta relevante sin embargo  el Considerando 41 de la Sentencia donde el Tribunal aclara que si el órgano jurisdiccional considera, que una situación como la del litigio no está comprendida dentro del ámbito de aplicación del Derecho de la Unión, deberá examinarla a la luz del Derecho nacional, tomando asimismo en consideración el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950, del que son parte todos los Estados miembros (con cita de la STJUE de 15 de noviembre de 2011, Dereci y otros, C‑256/11).

Tomando en cuenta estas consideraciones el Tribunal emite el siguiente Fallo:

“El artículo 13, apartado 3, del Reglamento (CE) nº 562/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, por el que se establece un Código comunitario de normas para el cruce de personas por las fronteras (Código de fronteras Schengen), únicamente prevé la obligación de los Estados miembros de establecer un recurso contra las resoluciones de denegación de entrada en su territorio.”

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Consideration of the questions referred.- By its first question, the referring court asks whether Article 13(3) of Regulation No 562/2006 provides persons with a right of appeal not only against a decision refusing entry into a Member State, but also against infringements committed in the procedure leading to the adoption of a decision authorising entry. By its second and third questions, the referring court asks whether, if the answer to the first question is in the affirmative, the abovementioned provision requires the Member State to guarantee an effective remedy before a court or before an administrative body which, from an institutional and functional perspective, provides the same guarantees as a court. It is appropriate to consider those questions together. Article 13(3) of Regulation No 562/2006 provides that persons refused entry shall have the right to appeal. According to that provision, appeals are to be conducted in accordance with national law. It must be added that Article 13 of Regulation No 562/2006 relates entirely to refusal of entry. As the Latvian Government and the Commission stated, Article 13(3) of Regulation No 562/2006 obliges Member States to establish a means of obtaining redress only against decisions to refuse entry. Furthermore, it is apparent that neither the applicant in the main proceedings nor the referring court has questioned the validity of that provision. By its second and third questions, the referring court asks whether in the light of recital 20 in the preamble to, and Article 6(1) of, Regulation No 562/2006, and Article 47 of the Charter, Article 13(3) of Regulation No 562/2006 imposes an obligation on Member States to guarantee a right of appeal against infringements alleged to have been committed during the adoption of a decision authorising entry either before a court or before an administrative body which, from an institutional and functional perspective, provides the same guarantees as a court of law. Since those two questions were raised solely in the event that the response to the first question was in the affirmative, namely that Article 13(3) of Regulation No 562/2006 provides that a person has a right of appeal not only against a decision refusing entry into a Member State, but also against the infringements alleged by the claimant and described at paragraph 11 of this judgment, they do not require an answer. In any event, the decision to refer does not provide sufficient information regarding the main proceedings, in particular regarding the relevant facts, for the Court to determine the relevance of Article 6 of Regulation No 562/2006 for the purposes of examination of that action. Consequently, the Court is not in a position to determine whether the situation of the claimant in the main proceedings is governed by European Union law within the meaning of Article 51(1) of the Charter, whose provisions are addressed to the Member States only when they are implementing European Union law (see, Case C‑400/10 PPU McB. and Case C‑40/11 Iida 1). It is for the referring court to ascertain, in the light of the facts in the main proceedings, whether the situation of the claimant in the main proceedings is governed by European Union law and, if that is the case, whether a refusal to grant him the right to bring his claims before a court infringes the rights recognised in Article 47 of the Charter. In that respect, it must be noted that border guards performing their duties, within the meaning of Article 6 of Regulation No 562/2006, are required, inter alia, to fully respect human dignity. It is for Member States to provide in their domestic legal system for the appropriate legal remedies to ensure, in compliance with Article 47 of the Charter, the protection of persons claiming the rights derived from Article 6 of Regulation No 562/2006. On the other hand, if that court takes the view, in the light of the response given by the Court of Justice to the first question, that that situation is not governed by European Union law, it must examine it in the light of national law, taking into account also the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, signed at Rome on 4 November 1950, and to which all the Member States are party (see Case C‑256/11 Dereci and Others). In the light of the foregoing considerations, the answer to the questions referred is that Article 13(3) of Regulation No 562/2006 obliges Member States to establish a means of obtaining redress only against decisions to refuse entry.

C-215/11-Iwona Szyrocka vs. SiGer Technologie GmbH: European order for payment procedure: formal requirements / Proceso monitorio europeo: requisitos formales de la petición

EOPIn case C‑215/11, 13 December 2012. This reference for a preliminary ruling concerns the interpretation of Regulation (EC) No 1896/2006 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 creating a European order for payment procedure. The reference was made in proceedings for a European order for payment instigated by Mrs Szyrocka, who is resident in Poland, against SiGer Technologie GmbH, established in Germany.

STJUE de 13.12.2012, Asunto C-215/11. La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del Reglamento (CE) nº 1896/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, por el que se establece un proceso monitorio europeo. Dicha petición se presentó en el marco de un proceso monitorio europeo seguido a instancia de la Sra. Szyrocka, residente en Polonia, contra SiGer Technologie GmbH, con domicilio social en Alemania.

Trending topics: Regulation (EC) No 1896/2006 – European order for payment procedure – Application for an order which does not comply with the formal requirements laid down by national law – Exhaustive nature of the requirements to be met by the application – Whether it is possible to claim the interest accrued up to the date of payment of the principal

Reglamento (CE) nº 1896/2006 – Proceso monitorio europeo – Petición de requerimiento que no cumple los requisitos formales previstos en la legislación nacional – Naturaleza exhaustiva de los requisitos que debe cumplir la petición – Posibilidad de reclamar los intereses devengados hasta la fecha de pago del principal.

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The dispute in the main proceedings and the questions referred for a preliminary ruling. On 23 February 2011, Mrs Szyrocka, who is resident in Poland, applied to the Sąd Okręgowy we Wrocławiu for a European order for payment to be issued against SiGer Technologie GmbH, established in Tangermünde (Germany). When examining the application, the referring court found that it did not comply with certain formal requirements laid down by Polish law and, in particular, that it failed to specify the value of the subject‑matter of the dispute, expressed in Polish currency, as required under Polish law to enable the fee for issuing the application to be calculated. It is apparent from the file before the Court that, on the application form for a European order for payment, Mrs Szyrocka stated the principal amount of the claim in euros. The referring court also points out that, on that form, Mrs Szyrocka indicated that she was claiming interest from a specified date until the date of payment of the principal. In those circumstances, the Sąd Okręgowy we Wrocławiu decided to stay the proceedings and to refer the following questions to the Court for a preliminary ruling:

 

  1. 1. By its first question, the referring court asks whether Article 7 of Regulation No 1896/2006 must be interpreted as governing exhaustively the requirements to be met by an application for a European order for payment, or whether it sets out only the minimum requirements for such an application, so that the provisions of national law are to be applied to the formal requirements for an application for all matters not governed by that provision.
  2. In view of the answer given to the first question, it is unnecessary to reply to the second question.
  3. By its third and fourth questions, the Sąd Okręgowy we Wrocławiu asks, in essence, whether Articles 4 and 7(2)(c) of Regulation No 1896/2006 are to be interpreted as precluding a claimant from demanding, in an application for a European order for payment, interest for the period from the date on which interest falls due until the date of payment of the principal.

Ruling:  1. Article 7 of Regulation (EC) No 1896/2006 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 creating a European order for payment procedure must be interpreted as governing exhaustively the requirements to be met by an application for a European order for payment. Pursuant to Article 25 of that regulation and subject to the conditions laid down therein, the national court remains free to determine the amount of the court fees in accordance with rules laid down by domestic law, provided that those rules are no less favourable than those governing similar domestic actions and do not make it in practice impossible or excessively difficult to exercise the rights conferred by European Union law. 2.  Articles 4 and 7(2)(c) of Regulation No 1896/2006 must be interpreted as not precluding a claimant from demanding, in an application for a European order for payment, interest for the period from the date on which it falls due until the date of payment of the principal. 3.  Where the defendant is ordered to pay to the claimant the interest accrued up to the date of payment of the principal, the national court is free to determine the way in which the European order for payment form, set out in Annex V to Regulation No 1896/2006, is to be completed in practice, provided that the form thus completed enables the defendant, first, to be fully aware of the decision that he is required to pay the interest accrued up to the date of payment of the principal and, second, to identify clearly the rate of interest and the date from which that interest is claimed.

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Litigio principal y cuestiones prejudiciales. El 23 de febrero de 2011, la Sra. Szyrocka, residente en Polonia, presentó ante el órgano jurisdiccional remitente una petición de requerimiento europeo de pago contra SiGer Technologie GmbH, con domicilio social en Tangermünde (Alemania). Al proceder a su examen, el órgano jurisdiccional remitente comprobó que la petición no cumplía determinados requisitos formales establecidos por el Derecho polaco, en especial que no precisaba, tal como exige el Derecho polaco, la cuantía litigiosa en moneda polaca, al objeto de poder calcular las tasas judiciales. De los autos remitidos al Tribunal de Justicia se desprende que, en el formulario de petición de requerimiento europeo de pago, la Sra. Szyrocka indicó el importe del principal en euros. Además, la jurisdicción remitente subraya que, en este formulario, la demandante reclama el pago de intereses a partir de una fecha determinada hasta la fecha de pago del principal. En estas circunstancias, el Sąd Okręgowy we Wrocławiu decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

  1. Mediante su primera cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pregunta si el artículo 7 del Reglamento nº 1896/2006 debe interpretarse en el sentido de que regula de manera exhaustiva los requisitos que debe cumplir una petición de requerimiento europeo de pago o si sólo contiene los requisitos mínimos de esta petición, siendo de aplicación el Derecho nacional a los restantes requisitos formales no regulados en esta disposición.
  2. En el caso de respuesta afirmativa, se pregunta si debe requerirse al demandante para que complete la petición con arreglo al Derecho nacional, en virtud del artículo 26 del Reglamento nº 1896/2006, o bien con arreglo al artículo 9 de dicho Reglamento? Toda vez que la respuesta no es afirmativa, el Tribunal no entra a responder
  3. En relación a las preguntas tercera y cuarta, el órgano jurisdiccional remitente pregunta sustancialmente si los artículos 4 y 7, apartado 2, letra c), del Reglamento nº 1896/2006 deben interpretarse en el sentido de que se oponen a que el demandante pueda reclamar, en el marco de una petición de requerimiento europeo de pago, los intereses correspondientes a un período de tiempo comprendido entre la fecha en que devienen exigibles hasta la fecha de pago del principal.

Fallo: En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Primera) declara: (1)  El artículo 7 del Reglamento (CE) nº 1896/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, por el que se establece un proceso monitorio europeo, debe interpretarse en el sentido de que regula de manera exhaustiva los requisitos que debe cumplir la petición de requerimiento europeo de pago. En virtud del artículo 25 de dicho Reglamento, y sin perjuicio de los requisitos enunciados en el mismo, el órgano jurisdiccional nacional puede fijar libremente el importe de las tasas judiciales de conformidad con las normas previstas en el ordenamiento jurídico nacional, en la medida en que estas normas no sean menos favorables que las que regulan situaciones similares sometidas al Derecho interno y que no hagan imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos que confiere el ordenamiento jurídico de la Unión. (2)  Los artículos 4 y 7, apartado 2, letra c), del Reglamento nº 1896/2006 deben ser interpretados en el sentido de que no se oponen a que el demandante reclame, en el marco de una petición de requerimiento europeo de pago, los intereses correspondientes al período desde la fecha en que devienen exigibles hasta la fecha de pago del principal. (3)  Cuando se requiera al demandado para que pague al demandante los intereses devengados hasta la fecha de pago del principal, el órgano jurisdiccional nacional puede elegir libremente la manera concreta de cumplimentar el formulario de requerimiento europeo de pago, que figura en el anexo V del Reglamento nº 1896/2006, en la medida en que el formulario así cumplimentado permita al demandado, por una parte, reconocer sin ningún género de duda la resolución mediante la que se le requiere para que pague al demandante los intereses devengados hasta la fecha de pago del principal, y, por otra parte, identificar claramente el tipo de interés y la fecha a partir de la cual se reclaman dichos intereses.

Comentario.- El procedimiento monitorio europeo, por lo que se refiere a su objeto, tiene una doble vertiente: de una parte, simplificar, acelerar y reducir los costes de litigación en asuntos transfronterizos relativos a créditos pecuniarios no impugnados; y, de otra parte, la libre circulación de requerimientos y su reconocimiento. De acuerdo con el Considerando 6º, este proceso es de vital importancia para los operadores económicos, toda vez que la morosidad es una de las principales causas de insolvencia que hace peligrar la supervivencia de empresas, en especial las pequeñas y medianas empresas, lo que provoca la pérdida de puestos de trabajo. En el artículo 4 del Reglamento se definen los créditos que pueden ser reclamados por este Procedimiento: “Se establece el proceso monitorio europeo para el cobro de créditos pecuniarios, de importe determinado, vencidos y exigibles en la fecha en que se presenta la petición de requerimiento europeo de pago.” La importancia de esta Sentencia radica en la interpretación que debe darse al artículo 7 en relación con el artículo 25 del Reglamento nº 1896/2006. El primer precepto regula de manera exhaustiva los requisitos que debe cumplir la petición de requerimiento europeo de pago); sin embargo, ello no impide que el órgano jurisdiccional nacional fije “libremente el importe de las tasas judiciales de conformidad con las normas previstas en el ordenamiento jurídico nacional, en la medida en que estas normas no sean menos favorables que las que regulan situaciones similares sometidas al Derecho interno y que no hagan imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos que confiere el ordenamiento jurídico de la Unión”. Tampoco es contrario al Derecho de la Unión (arts. 4 a 7 del Reglamento) que el demandante reclame, en el marco de una petición de requerimiento europeo de pago, los intereses correspondientes al período desde la fecha en que devienen exigibles hasta la fecha de pago del principal.

Enlace al Atlas Judicial Europeo: información sobre el funcionamiento del Reglamento 1896/2006 / Link to: European e-Justice Portal

Entradas en/Posted in:
Conflictus Legum por Federico Garau (Post 13.12.2012)
Conflict of Laws.net by Gilles Cuniberti (Post 02.01.2013)

J.M. Tejerizo: administrative procedures to react against tax fraud – los procedimientos administrativos de sanción del fraude fiscal

fotojmtProfessor José Manuel Tejerizo (Full professor of Financial and Tax Law at the the Spanish Open University) has shared with us a relevant paper on the administrative procedures to react against tax fraud. The text was drafted as a speech for a conference and therefore it includes some passages already published.

Many thanks for this valuable contribution, professor Tejerizo.

El profesor José Manuel Tejerizo, Catedrático de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad Nacional de Educación a Distancia nos ha enviado un trabajo de gran interés sobre los procedimientos administrativos de sanción del fraude fiscal. El texto fue redactado con el fin de ser expuesto en forma de conferencia, por lo que contiene algunos pasajes ya publicados.

Muchas gracias por esta valiosa contribución, profesor Tejerizo.

STJUE C-430/11- Md Sagor: Common standards and procedures for returning illegally staying third country nationals / – Normas y procedimientos comunes en materia de retorno de nacionales de países terceros en situación irregular

personas retornoIn Case C‑430/11, JUDGMENT OF THE COURT – 6 December 2012 : Directive 2008/115/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on common standards and procedures in Member States for returning illegally staying third‑country nationals  not precluding Member State legislation, such as that at issue in the main proceedings, which penalises illegal stays by third-country nationals by means of a fine which may be replaced by an expulsion order, and precluding Member State legislation which allows illegal stays by third‑country nationals to be penalised by means of a home detention order without guaranteeing that the enforcement of that order must come to an end as soon as the physical transportation of the individual concerned out of that Member State is possible.

STJUE C-430/11 de 6 de diciembre de 2012: La Directiva sobre el retorno de los inmigrantes irregulares no se opone a que un Estado miembro sancione la situación irregular con una pena de multa que, si se cumplen determinados requisitos, puede ser sustituida por una pena de expulsión. Por el contrario, dicha Directiva se opone a que un Estado miembro sancione la situación irregular con una pena de arresto domiciliario cuando no se garantice que tal pena finalizará tan pronto como sea posible el traslado físico del interesado fuera del territorio de dicho Estado miembro.

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Trending topics: Area of freedom, security and justice – Directive 2008/115/EC –– National legislation providing for a fine which may be replaced by an order for expulsion or home detention / Espacio de libertad, seguridad y justicia – Directiva 2008/115/CE– Normativa nacional que establece una pena de multa que puede ser sustituida por una pena de expulsión o por una pena de arresto domiciliario.

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 The dispute in the main proceedings and the questions referred for a preliminary ruling.- On 13 August 2009, in Rosolina Mare (Italy), an individual questioned by the police declared that his name was Md Sagor and that he had been born on 10 October 1990 in Bangladesh. Upon examination of Mr Sagor’s situation, it then became apparent that that individual, who had no fixed abode in Italy and operated there as a street vendor, did not and never had possessed a residence permit. According to the report drawn up by the police, Mr Sagor declared that he had entered Italy in March 2009. On 22 July 2010, Mr Sagor was summoned before the Tribunale di Rovigo (District Court, Rovigo) for the offence of illegal entry or stay referred to in Article 10a of Legislative Decree No 286/1998 and for the offence referred to in Article 6(3) of that legislative decree.  According to that court, it has not been established that Mr Sagor entered Italy illegally as it has not been demonstrated to the requisite legal standard that he avoided border controls.  Concerning illegal stay, on the other hand, that court found that that offence had been duly proven. It explained, moreover, that it has jurisdiction to pronounce judgment regarding that offence. It is true that the offence referred to in Article 10a of Legislative Decree No 286/1998 falls within the jurisdiction of the magistrates’ court. However, as that offence is related to the offence referred to in Article 6(3) of that legislative decree which falls within the jurisdiction of the district courts, Mr Sagor was rightly summoned before the Tribunale di Rovigo. On 22 February 2011, the proceedings against Mr Sagor were removed from the register in so far as they concerned the offence referred to in Article 6(3).  Being required in principle to punish Mr Sagor’s illegal stay with the penalty set out in Article 10a of Legislative Decree No 286/1998, but having some doubts as to the compatibility of that national legislation with European Union law (‘EU law’), on 15 July 2011 the Tribunale di Rovigo decided to stay the proceedings and to refer the following questions to the Court ofJustice for a preliminary ruling: ‘1.      In the light of the principles of sincere cooperation and the effectiveness of directives, do Articles 2, 4, 6, 7 and 8 of [Directive 2008/115] preclude the possibility that a third-country national who is considered by the Member State to be illegally staying there may be liable to a fine for which home detention is substituted by way of criminal‑law sanction, solely as a consequence of that person’s illegal entry and stay, even before any failure to comply with a removal order issued by the administrative authorities? 2.      In the light of the principles of sincere cooperation and the effectiveness of directives, do Articles 2, 15 and 16 of [Directive 2008/115] preclude the possibility that, subsequent to the adoption of the directive, a Member State may enact legislation which provides that a third-country national who is considered by that Member State to be illegally staying there may be liable to a fine for which an enforceable order for expulsion with immediate effect is substituted by way of criminal-law sanction, without respecting the procedure and the rights of the foreign national laid down in the directive? 3.      Does the principle of sincere cooperation established in Article 4(3) TEU preclude national rules adopted during the period prescribed for transposition of [that] directive in order to circumvent or, in any event, limit the scope of the directive, and what measures must the national court adopt in the event that it concludes that there was such an objective?’

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Comentario: La Directiva sobre el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular 1 («Directiva retorno») establece normas y procedimientos comunes que deberán aplicarse en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular. Según la normativa italiana, la situación irregular puede sancionarse con una multa que, si concurren determinados requisitos, puede ser sustituida por la expulsión o el arresto domiciliario.

Md Sagor, que declaró haber nacido en Bangladesh, es un vendedor ambulante sin domicilio fijo en Italia. Al carecer de permiso de residencia, fue citado en 2010 a comparecer ante el Tribunale di Rovigo (Italia) para responder del delito de situación irregular. Al albergar dudas acerca de la compatibilidad de la normativa italiana con el Derecho de la Unión, el órgano jurisdiccional italiano pregunta al Tribunal de Justicia si la Directiva retorno se opone a una normativa nacional de ese tipo.

En su sentencia, el Tribunal de Justicia recuerda con carácter previo que la Directiva retorno no tiene por objeto armonizar totalmente las normas de los Estados miembros en materia de residencia de extranjeros y, por consiguiente, no se opone a que el Derecho de un Estado miembro califique de delito la situación irregular y establezca sanciones penales para disuadir de la comisión de dicha infracción y para reprimirla. 2 No obstante, el Derecho nacional no puede menoscabar la aplicación de las normas y de los procedimientos comunes establecidos por la Directiva y privar a ésta de su efecto útil.

En primer lugar, el Tribunal de Justicia confirma su jurisprudencia según la cual se menoscabaría la Directiva retorno si, tras constatar la situación irregular del nacional de un país tercero, el Estado miembro interesado hiciese que la ejecución de la decisión de retorno, o incluso la propia adopción de dicha decisión, viniese precedida por el ejercicio de una acción penal que pudiera conducir a una pena privativa de libertad en el transcurso del procedimiento de retorno, lo que podría retrasar la expulsión.

A continuación, el Tribunal de Justicia señala que las medidas de retorno no se ven retrasadas u obstaculizadas por una acción penal como la ejercida contra el Sr. Sagor, dado que la normativa nacional en cuestión permite que el retorno se realice con independencia de dicha acción penal y sin que ésta llegue a término. La imposición de una pena pecuniaria tampoco obstaculiza la ejecución del procedimiento de retorno.

Del mismo modo, la posibilidad que se da al juez de lo penal de sustituir la pena pecuniaria por una pena de expulsión, acompañada de una prohibición de entrada al territorio italiano, en los supuestos en que sea posible llevar a cabo inmediatamente el retorno del interesado, no es contraria a la Directiva.

En efecto, la Directiva permite a los Estados miembros, sobre la base de un examen individual de la situación del interesado, imponer la expulsión, sin conceder ningún plazo de salida voluntaria, cuando existe un riesgo de que el interesado se evada para sustraerse al procedimiento de retorno.

Por último, el Tribunal de Justicia recuerda que los Estados miembros están obligados, en virtud del deber de lealtad y de las exigencias de eficacia de la Directiva, a proceder a la expulsión lo antes posible. Pues bien, cuando una pena pecuniaria se sustituye por un arresto domiciliario, el Tribunal de Justicia constata que éste, impuesto en el curso del procedimiento de retorno, no contribuye a que se realice el traslado físico fuera del Estado miembro de que se trata del nacional del tercer país en situación irregular. Al contrario, el arresto domiciliario puede retrasar y obstaculizar las medidas de conducción a la frontera y de retorno forzoso por vía aérea.

Por consiguiente, el Tribunal de Justicia considera que la Directiva retorno se opone a una normativa nacional que permite sancionar la situación irregular de los nacionales de países terceros con una pena de arresto domiciliario sin garantizar que ésta deba finalizar tan pronto como sea posible el traslado físico del interesado fuera de dicho Estado miembro.

Corresponde al órgano jurisdiccional italiano examinar si existe en la normativa nacional una disposición que haga prevalecer la expulsión sobre la ejecución de la pena de arresto domiciliario.

Fuente: Comunicado de Prensa. Luxemburgo, 6 de diciembre de 2012

STJUE C-152/11 ODAR: Social plan providing for a reduction in the amount of redundancy compensation paid to disabled workers / Plan social que prevé la reducción del importe de la indemnización por despido abonada a los trabajadores con discapacidad

desempleo-ineJUDGMENT OF THE COURT 6 December 2012 in Case C‑152/11 Johann Odar v Baxter Deutschland GmbH.- In this reference from the Arbeitsgericht München (Employment Court, Munich), the Court is asked whether national measures  concerning compensation paid to workers upon redundancy are precluded by Council Directive 2000/78/EC. Under those measures workers close to retirement age (which is lower for those suffering from a disability) may be excluded from (or receive reduced compensation under) a benefits scheme aimed at alleviating the consequences of redundancy. OPINION OF ADVOCATE GENERAL SHARPSTON

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 STJUE de 6 de diciembre de 2012 en el Asunto C‑152/11 Johann Odar contra Baxter Deutschland GmbH.- Mediante esta petición de decisión prejudicial, el Arbeitsgericht München (tribunal laboral de Múnich) pregunta al Tribunal de Justicia si ciertas medidas nacionales,  relativas a la i ndemnización por despido abonada a los trabajadores, contravienen la Directiva 2000/78/CE.  Con arreglo a dichas medidas, los trabajadores próximos a la edad de jubilación (que es inferior para los trabajadores que sufren alguna discapacidad) pueden verse excluidos de un régimen de prestaciones destinado a paliar las consecuencias del despido (o percibir una indemnización reducida). CONCLUSIONES DE LA ABOGADO GENERAL Sra. Eleanor Sharpston

Trending topics: Equal treatment in employment and occupation – Directive 2000/78/EC – Prohibition against any discrimination on grounds of age or disability – Compensation on termination of employment –/ Igualdad de trato en el empleo y la ocupación – Directiva 2000/78/CE – Prohibición de cualquier discriminación basada en la edad y en la discapacidad – Indemnización por despido.

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Facts, procedure and questions referred.-   Dr Odar was born on 25 July 1950. He is married with two dependent children. He is recognised as being severely disabled. He was employed by Baxter (and/or its legal predecessors) from 17 April 1979. Dr Odar was Baxter’s marketing director prior to the termination of his employment.  Following a decision to move its operations from Heidelberg to München-Unterschleissheim, Baxter informed Dr Odar that he was to be made redundant by letter of 25 April 2008. Baxter offered Dr Odar continued employment at the new office. The arrangements included an extended trial period, during which he could decide whether or not the new arrangements were acceptable. Dr Odar initially accepted that position, but then in turn gave notice to terminate his employment with effect from 31 December 2009.  The national court explains that under Paragraph 236a of SGB Book VI Dr Odar is entitled to claim a (reduced) retirement pension for severely disabled persons at the earliest at age 60 (in his case, from 1 August 2010). Following termination of Dr Odar’s employment Baxter paid him compensation of EUR 308 253.31 (gross). According to the national court compensation was calculated under paragraph 6(1.1) to (1.5) of the social plan in the following way. (20) First, under the standard formula compensation was calculated as follows: (compensation = 1.7 (age factor) x 29.71 years (length of service) x 12 210.47 (gross monthly salary)). This generated a figure of EUR 616 506.63. However, since Dr Odar was 58 at the material time he came within paragraph 6(1.5) of the social plan. The special formula compensation was therefore then calculated as follows: 19 (months until earliest possible beginning of pension) x 0.85 x 12 210.47 (gross monthly salary). Applying this formula generated a figure of EUR 197 199.09. Baxter then applied the remaining elements of paragraph 6(1.5) so as to ensure that Dr Odar received at least 50% of the standard formula compensation that would have been due to him, and therefore paid him EUR 308 253.31 gross.  Dr Odar instituted proceedings against Baxter on 30 June 2010. He submits that the calculation of the compensation due to him under the social plan discriminates against him because of his age and his disability. Dr Odar therefore claims that he is entitled to further compensation of EUR 271 988.88 (gross), which corresponds to the difference between the compensation actually paid to him and the amount that he would have received if he had been 54 years old (the period of service being the same) on the date of termination of his employment.   The Arbeitsgericht München considers that the claim raises issues of EU law and has accordingly stayed proceedings and referred the following questions to the Court for a preliminary ruling:

‘(1)      Is a national rule which provides that different treatment on the ground of age may be lawful if, in the framework of an occupational social security scheme, the management and the works council have excluded from social plan benefits workers who are financially secure because they are entitled to a pension, after drawing unemployment benefit where applicable, contrary to the prohibition of discrimination on the ground of age, laid down by Articles 1 and 16 of [the Directive] or is that unequal treatment justified under Article 6[(1)(a)] of [the Directive]? (2)      Is a national rule which provides that different treatment on the ground of age may be lawful if, in the framework of an occupational social security scheme, the management and the works council have excluded from social plan benefits workers who are financially secure because they are entitled to a pension, after drawing unemployment benefit where applicable, contrary to the prohibition of discrimination on the ground of disability laid down by Articles 1 and 16 of [the Directive]? (3)      Is a rule of an occupational social security scheme (21) under which, in the case of workers older than 54 years of age who are made redundant on operational grounds, an alternative calculation will be made of the compensation on the basis of the earliest possible date on which their pension will begin – by comparison with the more normal method of calculation, which takes account in particular of the length of service – and the smaller amount of compensation, though still at least one half of the normal sum in compensation, will be paid, contrary to the prohibition of discrimination on the ground of age laid down by Articles 1 and 16 of [the Directive], or is that unequal treatment justified under Article 6[(1)(a)] of [the Directive]?  (4)      Is a rule of an occupational social security scheme under which, in the case of workers older than 54 years of age who are made redundant on operational grounds, an alternative calculation will be made of the compensation on the basis of the earliest possible date on which their pension will begin – by comparison with the more normal method of calculation, which takes account in particular of the length of service – and the smaller amount of compensation, though still at least one half of the normal sum in compensation, will be paid, the alternative method of calculation taking into account a retirement pension on the ground of disability, contrary to the prohibition of discrimination on the ground of disability laid down by Articles 1 and 16 of [the Directive]?’

 Ruling: 1.      Articles 2(2) and 6(1) of Council Directive 2000/78/EC of 27 November 2000 establishing a general framework for equal treatment in employment and occupation must be interpreted as not precluding rules of an occupational social security scheme under which, in the case of workers older than 54 years of age who are made redundant on operational grounds, a calculation is to be made of the compensation on the basis of the earliest possible date on which their pension will begin – unlike the standard method of calculation, which takes account in particular of the length of service – with the result that the compensation paid to those workers is lower than the compensation resulting from the application of that standard method, though still at least one half of the standard amount. 2  Article 2(2) of Directive 2000/78 must be interpreted as precluding rules of an occupational social security scheme under which, in the case of workers older than 54 years of age who are made redundant on operational grounds, the compensation to which they are entitled is calculated on the basis of the earliest possible date on which their pension will begin – unlike the standard formula, under which account is taken inter alia of the length of service – with the result that the compensation paid is lower than the standard formula compensation, although still at least one half thereof, and that alternative calculation method takes account of the possibility of receiving an early retirement pension on the ground of disability.

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Comentario: Un plan social puede prever la reducción de la indemnización por despido respecto a los trabajadores próximos a la edad de jubilación. No obstante, tomar en consideración para el cálculo de esta reducción la posibilidad de una jubilación anticipada por razón de una discapacidad es una discriminación prohibida por el Derecho de la Unión.

El plan social acordado entre la empresa alemana Baxter y su comité de empresa prevé que el importe de la indemnización por despido de los trabajadores por causas económicas depende, en particular, de su antigüedad en la empresa (método de cálculo general). No obstante, el plan establece, respecto a los trabajadores de más de 54 años, que el importe de la indemnización se calcule de acuerdo con su fecha más temprana posible de jubilación (método especial). La indemnización que debe abonarse a esos trabajadores es inferior al importe de la que resultaría de aplicar el método general, teniendo en cuenta que debe ser, como mínimo, igual a la mitad de ésta última.

El Sr. Odar, empleado de Baxter durante más de treinta años, obtuvo el reconocimiento de una discapacidad grave. De conformidad con el plan social, una vez terminada su relación laboral con la empresa percibió una indemnización por despido. El hecho de tener más de 54 años determinó el abono de un importe inferior al que habría tenido derecho a obtener si no hubiera rebasado dicha edad. Por lo tanto, el método de cálculo previsto en el plan social en caso de despido por causas económicas implica una diferencia de trato basada directamente en la edad.

El plan social prevé además que, cuando el trabajador tiene la posibilidad de percibir una pensión de jubilación anticipada por razón de una discapacidad, la fecha correspondiente a ese momento es la que debe tenerse en cuenta para el cálculo con arreglo al método especial. Al estimar que ese cálculo de la indemnización lo coloca en desventaja por razón de su edad y de su discapacidad, el Sr Odar demandó a Baxter ante el Arbeitsgericht München (Tribunal de lo Social de Munich, Alemania). Dicho órgano jurisdiccional decidió preguntar al Tribunal de Justicia acerca de la compatibilidad de la posible desigualdad de trato derivada del plan social con el Derecho de la Unión, 1 que prohíbe todo tipo de discriminación basada en la edad y la incapacidad.

Mediante su sentencia, el Tribunal de Justicia declara que la prohibición de cualquier tipo de discriminación basada en la edad, establecida en el Derecho de la Unión, no se opone a las normas de un plan social que, como en este caso, establezca diferencias en el cálculo de la indemnización por despido en función de la edad. En efecto, tal diferencia de trato puede estar justificada por el objetivo de conceder una compensación para el futuro, de proteger a los trabajadores más jóvenes y de ayudar a su reincorporación al trabajo, teniendo en cuenta la necesidad de un justo reparto de los medios económicos limitados de un plan social. Además, es legítimo evitar que una indemnización por despido beneficie a personas que no buscan un nuevo empleo, sino que van a percibir una renta de sustitución en forma de pensión de jubilación.

La normativa, tal como se desprende del caso de autos, no parece manifiestamente inadecuada y no excede de lo requerido para alcanzar dichos objetivos. A este respecto, el Tribunal de Justicia pone de relieve que el plan social prevé la reducción del importe de la multa por despido, pero que dicho importe varía progresivamente de acuerdo con la edad y debe ser al menos igual a la mitad del obtenido al aplicar la fórmula general. El Tribunal de Justicia señala, además, que la normativa de que se trata es fruto de un acuerdo negociado entre los representantes de los trabajadores y los de los empresarios, que ejercieron su derecho a la negociación colectiva reconocido como derecho fundamental. El hecho de encomendar de este modo a los interlocutores sociales el cometido de definir un equilibrio entre sus intereses respectivos ofrece una flexibilidad no desdeñable, puesto que cada una de las partes puede, en caso necesario, denunciar el acuerdo.

No obstante, el Tribunal de Justicia declara que la prohibición de todo tipo de discriminación basada en la discapacidad, establecida por el Derecho de la Unión, se opone a la normativa en cuestión, ya que toma en consideración, al aplicar el método especial, la posibilidad de obtener una pensión de jubilación anticipada por razón de una discapacidad.

En efecto, esta diferencia de trato entre los trabajadores sin discapacidad y los trabajadores discapacitados no tiene en cuenta ni los riesgos que corren las personas afectadas por una discapacidad grave –que en general encuentran más dificultades que los trabajadores sin discapacidad para reincorporarse al mercado de trabajo– ni el hecho de que esos riesgos se incrementa a medida que se aproximan a la edad de jubilación. Ahora bien, estas personas tienen necesidades específicas ligadas a la protección que requiere su estado y a la necesidad de prevenir su posible agravación. Por lo tanto, debe tenerse en cuenta el riesgo de que las personas afectadas por una discapacidad grave se vean expuestas a necesidades económicas ineludibles relacionadas con su discapacidad o que, al hacerse más mayores, dichas necesidades económicas aumenten.

De ello se desprende que la normativa de que se trata, que conduce al abono de una indemnización de despido por causas económicas a un trabajador gravemente discapacitado inferior a la percibida por un trabajador sin discapacidad, tiene el efecto de lesionar excesivamente los intereses legítimos de los trabajadores gravemente discapacitados. Dicha normativa excede de lo necesario para alcanzar las finalidades de política social que persigue.

Fuente. Comunicado de Prensa 161/12, de 6 de diciembre