Vídeo y PDF Felipe Alonso “Casación Tributaria” (Seminario ECJ)

El pasado jueves 6 de abril, se celebró en la Facultad de Derecho de la UNED el Seminario ECJ “El nuevo recurso de casación en materia tributaria”. Presidió la sesión el Prof. Dr. D. José Manuel Tejerizo López, Catedrático emérito de la UNED y actuó como ponente el Prof. Dr. D. Felipe Alonso Murillo, Catedrático acreditado y Letrado Coordinador del Tribunal Supremo.

Ofrecemos ahora el vídeo íntegro de la jornada, incluyendo el coloquio, así como la excelente presentación preparada por don Felipe Alonso.

Enlace al Vídeo

Presentación en PDF

Muchas gracias por vuestro interés y os esperamos en el próximo seminario.

Pedro Herrera

Isaac Ibáñez García – El carácter preceptivo de los recursos administrativos previos a la vía jurisdiccional: una cuestión abierta

En el post de hoy publicamos un interesante artículo de Isaac Ibáñez García, Abogado, con reflexiones y propuestas sobre “El carácter preceptivo de los recursos administrativos previos a la vía jurisdiccional: una cuestión abierta”.

Muchas gracias, querido Isaac, por esta valiosa aportación.

Pedro Herrera

Isaac Ibañez García: “La Suspensión de otros procesos basada en la prejudicialidad comunitaria o constitucional”

Presentamos en el post de hoy una valiosa contribución de  Isaac Ibáñez García. Agradecemos su generosidad al compartir con nosotros su aportación titulada: “La suspensión de otros procesos basada en la prejudicialidad comunitaria o constitucional”.

En la página web del Consejo General del Poder Judicial aparece publicado el siguiente comunicado de 14 de abril de 2016:

“El Tribunal Supremo pospone un recurso de cláusulas suelo hasta que el TJUE sentencie sobre el alcance de la retroactividad de su nulidad.

El TJUE ha fijado para el próximo 26 de abril la vista de una cuestión prejudicial sobre este asunto planteada por un Juzgado de Granada.

Autor: Comunicación Poder Judicial.

La Sala Primera del Tribunal Supremo ha suspendido la tramitación del recurso de una entidad bancaria en materia de cláusula suelo de una hipoteca hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronuncie sobre los efectos de la declaración de nulidad de dichas cláusulas, en concreto sobre el alcance de la retroactividad de dicha nulidad.

El recurso suspendido fue interpuesto por Unicaja contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Jaén, de 10 de julio de 2014, que dio la razón a dos clientes anulando su cláusula suelo con la citada entidad, y condenando a ésta a devolver lo indebidamente cobrado sin tener como tope la fecha de mayo de 2013, señalada por el Tribunal Supremo en su sentencia sobre este asunto.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene fijada para el próximo 26 de abril la vista de una cuestión prejudicial planteada por un Juzgado de lo Mercantil de Granada para conocer si se ajusta a la normativa comunitaria moderar los efectos retroactivos de la nulidad de una cláusula suelo.

Los dos clientes de Unicaja a los que dio la razón la Audiencia de Jaén pidieron al Supremo que suspendiese el recurso de la entidad bancaria -cuya deliberación se fijó inicialmente para el próximo 4 de mayo- hasta que se pronuncie sobre la retroactividad el Tribunal de Justicia de la UE. Tanto el banco como la Fiscalía se opusieron a dicha petición.

Sin embargo, el alto tribunal accede a la suspensión porque la cuestión jurídica planteada en el recurso interpuesto por Unicaja Banco S.A. está directamente relacionada con la cuestión prejudicial que debe resolver el alto tribunal europeo, “pues en el recurso se solicita la aplicación de la doctrina de esta Sala sobre efectos de la declaración de nulidad de la cláusula suelo, interpretación que está siendo cuestionada a la luz de la normativa comunitaria ante el TJUE”.

Además, el Supremo recuerda que contra la sentencia que debe dictar no cabe interponer recurso alguno en vía judicial, y subraya la cercanía de la fecha señalada para la vista ante el tribunal europeo y, consiguientemente, de la sentencia que haya de dictarse, por lo que la suspensión temporal del proceso no se prevé extensa, y no se causa un perjuicio relevante a las partes”.

La decisión de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo se adopta con algunas cautelas, como la relativa a la cercanía de la fecha señalada para la vista ante el tribunal europeo (“por lo que la suspensión temporal del proceso no se prevé extensa, y no causa un perjuicio relevante a las partes”).

Hace escasos meses, el Magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, Don DIEGO CÓRDOBA CASTROVERDE, suscitó un oportuno debate sobre “La suspensión de otros procesos basada en la prejudicialidad comunitaria”. Foro que se publicó en la “Revista de Jurisprudencia”, número 2, del 31 de enero de 2015 y también en http://www.elderecho.com/foro_legal/administrativo/suspension-procesos-basada-prejudicialidad-comunitaria_12_779685001.html

De las distintas e interesantes aportaciones vertidas en dicho foro se pone de manifiesto, sobre la cuestión debatida, que no existe (entre las distintas Salas del Tribunal Supremo y otros pronunciamientos judiciales) unanimidad sobre la posibilidad o no de suspensión de procesos jurisdiccionales basados en la existencia previa de una cuestión prejudicial planteada ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. No es, por tanto, una cuestión pacífica, aunque sí elevante.

En mi opinión, el mismo debate debe extenderse a la cuestión de si es posible suspender procesos similares cuando se ha planteado previamente en otro asunto una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Recordemos que actualmente se están planteando por órganos jurisdiccionales españoles cuestiones de inconstitucionalidad sobre el Impuesto municipal sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana (Así, Auto de 5 de febrero de 2015 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Donostia-San Sebastián y Auto de 22 de diciembre de 2015 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Vitoria-Gasteiz)

El artículo 35 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional es del siguiente tenor:

 

“1. Cuando un Juez o Tribunal, de oficio o a instancia de parte, considere que una norma con rango de Ley aplicable al caso y de cuya validez dependa el fallo pueda ser contraria a la Constitución, planteará la cuestión al Tribunal Constitucional con sujeción a lo dispuesto en esta Ley.

  1. El órgano judicial sólo podrá plantear la cuestión una vez concluso el procedimiento y dentro del plazo para dictar sentencia, o la resolución jurisdiccional que procediese, y deberá concretar la ley o norma con fuerza de ley cuya constitucionalidad se cuestiona, el precepto constitucional que se supone infringido y especificar o justificar en qué medida la decisión del proceso depende de la validez de la norma en cuestión. Antes de adoptar mediante auto su decisión definitiva, el órgano judicial oirá a las partes y al Ministerio Fiscal para que en el plazo común e improrrogable de 10 días puedan alegar lo que deseen sobre la pertinencia de plantear la cuestión de inconstitucionalidad, o sobre el fondo de ésta; seguidamente y sin más trámite, el juez resolverá en el plazo de tres días. Dicho auto no será susceptible de recurso de ninguna clase. No obstante, la cuestión de inconstitucionalidad podrá ser intentada de nuevo en las sucesivas instancias o grados en tanto no se llegue a sentencia firme”.

 

Sin embargo, en el ámbito de la cuestión prejudicial comunitaria no está tan contundentemente definida la necesidad (a nuestro juicio de lo más pertinente) de oír a las partes antes de plantear o no la cuestión prejudicial.

Así, las “RECOMENDACIONES (del Tribunal de Justicia de la Unión Europea) a los órganos jurisdiccionales nacionales, relativas al planteamiento de cuestiones prejudiciales (2012/C 338/01)”[1], dicen lo siguiente:

 

“9. En virtud del artículo 267 TFUE, cualquier órgano jurisdiccional de un Estado miembro, cuando tenga que pronunciarse en un procedimiento a cuyo término se dicte una resolución de naturaleza jurisdiccional, puede, en principio, remitir al Tribunal de Justicia una petición de decisión prejudicial. El Tribunal de Justicia ha interpretado la condición de órgano jurisdiccional como un concepto autónomo del Derecho de la Unión, teniendo en cuenta, a este respecto, un conjunto de factores, como son el origen legal del órgano que le remite la petición, su permanencia, el carácter obligatorio de su jurisdicción, el carácter contradictorio del procedimiento, la aplicación por parte de dicho órgano de normas jurídicas, y su independencia.

  1. La decisión de plantear al Tribunal de Justicia una cuestión prejudicial corresponde únicamente al órgano jurisdiccional nacional, independientemente de que las partes del litigio principal lo hayan o no solicitado”.

 

…/…

El momento adecuado para plantear una cuestión prejudicial.

  1. El órgano jurisdiccional nacional puede remitir al Tribunal de Justicia una petición de decisión prejudicial tan pronto como estime que, para poder emitir su fallo, resulta necesaria una decisión sobre la interpretación o la validez del Derecho de la Unión. En efecto, el órgano jurisdiccional nacional es el mejor situado para apreciar la fase del procedimiento en que procede remitir tal petición.
  2. Es preferible, no obstante, que la decisión de plantear una cuestión prejudicial se adopte en una fase del procedimiento nacional en la que el órgano jurisdiccional remitente esté en condiciones de definir el marco jurídico y fáctico del asunto, para que el Tribunal de Justicia disponga de todos los elementos necesarios para comprobar, en su caso, que el Derecho de la Unión es aplicable al litigio principal. También puede resultar deseable para la recta administración de la justicia que la cuestión prejudicial se plantee después de un debate contradictorio”.

Desde el punto de vista del Derecho nacional (español) y sobre el juicio de relevancia en la cuestión prejudicial comunitaria ya me manifesté hace tiempo[2], defendiendo que las partes intervinientes en un proceso ante los tribunales nacionales gozan del derecho procesal a solicitar al órgano jurisdiccional nacional el planteamiento de la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea; y que este derecho no tiene valor de simple sugerencia sin efectos jurídicos[3], sino que tiene el valor de pretensión procesal con el consiguiente efecto de la obligación de motivación del sentido de la decisión judicial al respecto, esto es, la obligación del juez nacional de efectuar un juicio de relevancia dirigido a motivar si el planteamiento de la cuestión es o no pertinente. Señalé que el objeto del juicio de relevancia es fundamentar si la cuestión prejudicial solicitada es o no pertinente o necesaria para la solución del litigio.

En el recurso contencioso-administrativo nº 331/2007 ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, el reclamante señaló la necesidad de plantear cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, dada la relevancia de la normativa comunitaria en la materia. La Sentencia de 25 de noviembre de 2010 que resuelve dicho recurso dedica el fundamento jurídico cuarto a la petición del demandante:

“Como quiera que esta Sala ha abierto, en el curso de este litigio, un específico trámite de audiencia a las partes y al Ministerio Fiscal en relación con la necesidad o pertinencia de plantear al Tribunal de Justicia de la Unión Europea cuestión prejudicial, en los términos contenidos en la providencia que más arriba se ha transcrito, resulta preceptivo, por razones de congruencia y de respeto a la buena práctica procesal, convergentes ambas en la exigibilidad del deber de motivación, que expliquemos suficientemente las razones por virtud de las cuales hemos decidido, finalmente, resolver por sentencia el recurso contencioso-administrativo, prescindiendo del previo reenvío aludido y, obviamente, de la eventual respuesta que el mencionado Tribunal hubiera podido efectuar a nuestros interrogantes.

No es preciso recordar, por tratarse prácticamente de un lugar común en la comprensión de esta institución comunitaria, sustancial para la construcción jurisprudencial del Derecho Comunitario, que los órganos judiciales nacionales cuyas sentencias no son definitivas, como es nuestro caso en este particular asunto -para cuya constatación basta apercibirse de la cuantía del asunto y, por ende, de la recurribilidad en casación que, en principio, tendría la sentencia final de este litigio- tienen la potestad, pero no la obligación, del planteamiento de dicha cuestión prejudicial, al contrario de lo que sucede con el órgano jurisdiccional que, en cada Estado miembro, agotase las instancias judiciales, en cuyo caso esa facultad se torna deber, siempre que concurran los requisitos procesales exigibles para la viabilidad formal de la cuestión prejudicial artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, correlativo con el antiguo artículo 234 TCE, a cuyo tenor:

“El Tribunal de Justicia de la Unión Europea será competente para pronunciarse, con carácter prejudicial:

  1. sobre la interpretación de los Tratados;
  2. sobre la validez e interpretación de los actos adoptados por las instituciones, órganos u organismos de la Unión;

Cuando se plantee una cuestión de esta naturaleza ante un órgano jurisdiccional de uno de los Estados miembros, dicho órgano podrá pedir al Tribunal que se pronuncie sobre la misma, si estima necesaria una decisión al respecto para poder emitir su fallo.

Cuando se plantee una cuestión de este tipo en un asunto pendiente ante un órgano jurisdiccional nacional, cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno, dicho órgano estará obligado a someter la cuestión al Tribunal…”.

Sin embargo, esa explicación, que en parte podría ser admisible -en el sentido de que con nuestra abstención se relegaría a la apreciación del Tribunal Supremo, en el curso de una hipotética impugnación casacional, la decisión última acerca de la procedencia del planteamiento de la cuestión prejudicial, no es completamente satisfactoria para explicar la decisión tomada por esta Sala si se tiene en cuenta, de un lado, que la parte recurrente ha postulado positivamente, a lo largo de todos sus escritos procesales, la conveniencia de adoptar dicha iniciativa prejudicial; y, de otro, que la propia Sala ha abierto por iniciativa propia el preceptivo trámite previo de audiencia que la hace posible, encaminado en principio a conocer la opinión de las partes y del Ministerio Fiscal acerca de la conveniencia de promover la cuestión prejudicial devolutiva al TJUE.

A tal respecto, debe considerarse que para acudir al reenvío prejudicial europeo no basta con que el tribunal nacional que conozca de un asunto albergue dudas interpretativas sobre nociones de Derecho comunitario directamente relacionadas con los litigios sometidos a su conocimiento, las cuales pueden, por lo demás, versar tanto sobre el sentido y finalidad de las normas comunitarias, en los diferentes rangos de su jerarquía, como también respecto a la adecuación y conformidad del ordenamiento interno con dichas normas.

Decimos que no es suficiente con que existan tales dudas en la exégesis de los preceptos de Derecho Comunitario europeo (en el presente asunto, centradas en el alcance y límites estructurales tanto del art. 1.2 -configuradora de una cláusula antiabuso- como del art. 5 de la Directiva-) sino es preciso que también concurra el denominado juicio de relevancia, esto es, la consideración por parte del Tribunal competente, en el seno de un proceso judicial en curso, de que la decisión jurisdiccional que le corresponda adoptar en el ejercicio de la potestad que tiene constitucionalmente encomendada depende de modo directo e inmediato de la resolución por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea acerca de esa prejudicialidad comunitaria (vid. al respecto, el art. 4.1 de la LJCA.

Sin embargo, aún cuando la ley directamente aplicable al caso, la LIRNR, es el resultado, al menos en parte de su contenido, de la adaptación e integración en nuestro ordenamiento interno de la Directiva matriz-filial a que se ha hecho continua referencia, la Sala considera que en la aplicación, por parte de la Administración, de la citada ley, puede advertirse en principio la existencia de infracciones jurídicas autónomas que suponen contravenciones de la propia ley y de otras normas de nuestro Derecho interno, las cuales pueden reputarse determinantes, caso de apreciarse como tales, de la nulidad de los actos objeto de impugnación, lo que desvanece la transcendencia para la decisión del caso del resultado que eventualmente podría contener dicha cuestión prejudicial.

Dicho en otras palabras, aún cuando, desde el punto de vista meramente dialéctico, aceptáramos que la ley española y, más en particular, el art. 13.1.g) LIRNR, respeta escrupulosamente los principios y reglas contenidos tanto en la Directiva como, por elevación, de los Tratados que constituyen el Derecho primario comunitario y las libertades básicas en ellos proclamadas -lo cual, es de reiterar, únicamente admitimos como hipótesis de trabajo- existen razones jurídicas suficientes como para abordar el enjuiciamiento y fallo del presente recurso contencioso-administrativo desde la perspectiva, que se desenvuelve en el ámbito del Derecho nacional, de la conformidad a éste de la liquidación practicada en concepto de retenciones del IRNR, así como de los actos que en vía revisora lo confirman.

Obrar de otro modo implicaría por parte de esta Sala postergar innecesariamente la resolución del litigio -pese a la existencia de dudas interpretativas que transcienden el interés ventilado en el presente litigio, basadas en la acomodación de la norma nacional al Derecho Comunitario-, debido a la posibilidad de fallar el asunto sobre la base de la interpretación efectuada por la Administración de la propia norma con rango de ley en que supuestamente se basa la obligación liquidada. Ante la duda sobre la oportunidad de ese planteamiento y valorando las circunstancias expresadas, la Sala entiende que el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas (art. 24.2 CE) permite acometer el examen de fondo prescindiendo de la mencionada cuestión prejudicial.

En definitiva, la promoción de la cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de Luxemburgo queda sometida a un juicio de relevancia, nacido de la ponderación de la influencia que el Derecho comunitario en la resolución del litigio, y de ese juicio resulta que no ha quedado establecido con la exigible claridad que la discriminación eventualmente sufrida por la aquí recurrente, entidad residente en España, en relación con la retención e ingreso de las cantidades a cuenta de los dividendos abonados a su sociedad matriz DUTCH, residente en los Países Bajos, así como la que haya podido experimentar ésta última con ocasión del gravamen padecido sobre tales beneficios obtenidos y, en otros términos, la eventual infracción de la Directiva y del Derecho primario en que se sustenta ordinamentalmente, puesta de manifiesto como consecuencia de tales retención y gravamen, tengan su causa directa y eficiente en la falta de acomodo de la ley nacional a la Directiva que debía trasponer y no pueda, en consecuencia, resolverse de otro modo el litigio, aplicando preponderantemente normas de Derecho nacional que hagan al caso debatido. En síntesis, el juicio de relevancia deviene negativo y procede examinar la pretensión ejercitada sin acudir al procedimiento prejudicial previo.”

Es evidente que desde el punto de vista de la economía procesal resulta de lo más sugerente la posibilidad –no contemplada en nuestro Ordenamiento Jurídico- de que existiendo una cuestión prejudicial en trámite ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (o un recurso por incumplimiento); o una cuestión de inconstitucionalidad pendiente ante el Tribunal Constitucional (o, por qué no, un recurso de inconstitucionalidad) el Juez que conoce de un litigio en el que se susciten las mismas cuestiones pueda suspender el procedimiento hasta que el Tribunal de Justicia de la UE o el Tribunal Constitucional se pronuncien.

En principio, la decisión es del Juez que conoce el asunto, sin perjuicio de que pueda actuar por petición de las partes del litigio.

 

El juez o alguna de las partes puede tener “iguales dudas” a las que se han planteado en la cuestión prejudicial pendiente de resolución, por lo que la suspensión sería, en principio, una posibilidad idónea por economía procesal.

Puede que una de las partes, estando de acuerdo con el tenor de la cuestión prejudicial ya planteada por otro tribunal esté de acuerdo completamente con ella y solicite al juez o tribunal que conoce de su asunto que acuerde la suspensión.

Pero puede que el mismo Juez o alguna de las partes considere que la cuestión prejudicial o de inconstitucionalidad no sea pertinente o que adolezca de defectos o carencias en su planteamiento (argumentativos, en el planteamiento de la propia pregunta prejudicial, etcétera) y considere que debe plantearse una nueva cuestión independiente de la que se esté tramitando (o, simplemente, que siendo impertinente la planteada no deba suspenderse el procedimiento).

Por ello, es de interés el debate planteado y considero que, con independencia de que se estime que es posible la suspensión sin que las leyes procesales así lo prevean, es ABSOLUTAMENTE NECESARIO que la decisión (de oficio o a instancia de parte) se adopte oyendo previamente a las partes para que puedan alegar lo que deseen sobre la pertinencia de plantear la cuestión, o sobre el fondo de ésta y el juzgador realice el juicio de relevancia exigible.

[1] Diario Oficial de la Unión Europea. C 338. 6.11.2012. “El siguiente texto se enmarca en el contexto de la adopción, el 25 de septiembre de 2012, en Luxemburgo, del nuevo Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia (DO L 265 de 29.9.2012, p. 1). El texto, que reemplaza a la nota informativa sobre el planteamiento de cuestiones prejudiciales por los órganos jurisdiccionales nacionales (DO C 160 de 28.5.2011, p. 1), tiene por objeto recoger las innovaciones introducidas por el referido Reglamento que puedan incidir tanto en el propio principio de la remisión prejudicial al Tribunal de Justicia como en las modalidades de tales remisiones”.

 

[2] IBÁÑEZ GARCÍA: “El juicio de relevancia previo al planteamiento de una cuestión prejudicial”. Noticias de la Unión Europea, nº 85, febrero de 1992. “Sobre la decisión de plantear una cuestión prejudicial”. Gaceta Jurídica de la CE y de la Competencia, Boletín 125, julio/agosto 1997. “Tres notas de actualidad sobre la cuestión prejudicial comunitaria”. Diario La Ley, nº 7591, 17 de marzo de 2011.

 

[3] En contra, RUIZ-JARABO COLOMER: “El Juez nacional como Juez comunitario”. Civitas, 1993.

 

Devolución del céntimo sanitario: casi cinco años después de solicitarse la devolución el TEAC devuelve al interesado a la “casilla de salida”

El Diario La Ley de hoy publica una interesante resolución del TEAC, de 24 casilladesalidade abril de 2014, que examina los requisitos para solicitar la devolución de ingresos indebidos por el “céntimo sanitario”.

El procedimiento tiene su origen en una solicitud de devolución de ingresos indebidos instada por la empresa que soportó el impuesto ante la Dependencia Provincial de Aduanas de la Delegación de Madrid de la Agencia Tributaria el 19 de octubre de 2009; esto es, después de que la Comisión Europea dictara un dictamen motivado advirtiendo a España de que el citado impuesto contravenía la Directiva de Impuestos Especiales, pero antes de que el Tribunal de Justicia declarase el incumplimiento del Derecho Europeo [sobre la sentencia puede consultarse este post].

La Dependencia Provincial desestimó la solicitud considerando que el Dictamen de la Comisión no resultaba vinculante para la Administración española. La entidad interesada interpuso reclamación económico-administrativa ante el TEAC el 18 de diciembre de 2009. El Tribunal notificó a la entidad interesada la puesta de manifiesto del expediente para que realizase alegaciones el 17 de octubre de 2012 (es decir, casi tres años después, cuando el plazo para resolver una reclamación económico administrativa es de un año.

Año y medio más tarde (el 24 de abril de 2014) el Tribunal Económico-Administrativo considera que, tras la Sentencia del Tribunal de Justicia de 27 de febrero de 2014, As. C-82/12, Transportes Jordi Besora, procede la devolución del tributo repercutido (solicitando la rectificación de la autoliquidación), siempre que se cumplan los requisitos previstos en el art. 14.2.c) del Reglamento General de Revisión. En palabras del TEAC esto supone que “la repercusión se haya efectuado a través de factura o documento sustitutivo, que las cuaotas indebidamente repercuidas hayan sido ingresadas y no hayan sido devueltas por la Administración tributaria a quien se repercutiero o a un tercero y que el obligado tributario que haya soportado a repercusión no tuviese derecho a la deducción de las cuotas soportadas”.

Pues bien, concluye la resolución, “el cumplimiento de los requisitos anteriores es una información que no consta en el expediente, por lo que este Tribunal Económico-Administrativo Central no se encuentra en condiciones de saber si efectivamente procede o no la devolución solicitada, pues desconoce si concurren los requisitos que abren paso a la misma. En estas circunstancias procede devolver el expediente a la oficina gestora con el fin de que ésta determine si se cumplen los requisitos anteriores y, de ser así, ordene la devolución solicitada; mientras que, en caso contrario, la deniegue”.

El art. 55.1 del Reglamento General de Revisión señala que “el Tribunal [Económico-Administrativo] podrá solicitar que se complete el expediente, de oficio o a petición de cualquiere interesado”. Sin embargo, el TEAC no ha considerado oportuno aplicar este precepto, sino que ha eestimado preferible devolver el expedinte a la oficina gestora para que sea ésta quien vuelva a decir sobre la solicitud que desestimó en 2009.

En definitiva, el interesado solicita en 2009 la devolución de unos ingresos indebidos que ascienden a 179.871 euros. La Agencia Tributaria rechaza su petición. El intresado recurre ese mismo año ante el Tribunal Económico-Administrativo Cental, que tarda casi tres años en poner de manifiesto el expediente y año y medio más en resolver … para concluir que,  aunque en línea de principio, el interesado tiene derecho a la devolución, no puede resolver sobre el fondo del asunto porque el expediente está incompleto.

Según la Sentencia del Tribunal de Justica de 27 de febrero de 2014, que declara la incompatibilidad del “céntimo sanitario” con el Derecho Europeo,  “no puede admitirse que la Generalitat de Cataluña y el Gobierno español hayan actuado de buena fe al mantener el IVMDH en vigor durante un período de más de diez años”. No estoy en condiciones de juzgar la buena o mala fe del Tribunal Económico-Administrativo Central (seguramente existen circunstancias que desconozco), pero sí quiero apuntar que -a la vista de lo sucedido- nuestro sistema de recursos presenta serios problemas. Y no sólo para los recurrentes: los intereses de demora que lleve consigo la futura devolución (interés legal incrementado en un 25 por 100) los pagaremos todos (remito en este punto a la certera crítica del profesor Rozas Valdés).

Muchas gracias al profesor Federico Garau (Conflictus Legum) por facilitarme esta interesante resolución.

J.A. Rozas Valdés escribe en FiscalBlog sobre “La pacificación del sistema Tributario y la Reforma del Económico Administrativo”

El profesor José Andrés Rozas Valdés, Catedrático acreditado en la Universidad de Barcelona, ha rozaspublicado en FiscalBlog un interesantismo comentario sobre La pacificación del sistema Tributario y la Reforma del Económico Administrativo.

Para animar a leerlo en su integridad, reproduzco uno de los párrafos:

“¿Se ha calculado, alguna vez, lo que le cuesta al Estado el mantenimiento de toda la elefantiásica estructura de justicia económico y contencioso administrativa? Tal vez sí, lo desconozco. Pero sobre todo, ¿se ha calculado lo que nos cuesta a los contribuyentes en intereses de demora lo que hemos de pagar en todos los casos, a todas luces excesivos, en los que se condena a la AEAT –por haber hecho las cosas mal- a devolver lo ilegalmente cobrado? Eso sí lo sé: y no se conoce la cifra porque los órganos rectores de la AEAT han prohibido que se efectúe el cálculo. ¿Tal vez porque se malicia escandaloso? Y, más allá de las cifras macro, detrás de cada expediente hay un ciudadano que merecería el debido respeto y, además, de cómo se administre la justicia administrativa –grande, mediana o pequeña en su dimensión- depende, en buena medida, el clima fiscal, su índice de seguridad jurídica y, en definitiva, su calidad. No parece, a juzgar por lo que se oye decir a los asesores fiscales y a los inversores extranjeros, que en estos parámetros puntúe al alza nuestro sistema tributario”.

Muchas gracias, querido José Andrés, por esta valiosa y valiente aportación.

Pedro Herrera

STC 10-4-2014: no hay plazo alguno para recurrir las decisiones desestimatorias adoptadas por silencio administrativo

Desde una perspectiva teórica, suele considerarse que el silencio administrativo es una institución configurada para proteger a los interesados frente a la inactividad de la Administración. Por consiguiente, la desestimación por silencio no debería iniciar el cómputo del plazo para recurrir.

Sin embargo, el art. 46.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa establece que

“1. El plazo para interponer el recurso contencioso administrativo será de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación de la disposición impugnada o al de la notificación o publicación del acto que ponga fin a la vía administrativa, si fuera expreso. Si no lo fuera, el plazo será de seis meses y se contará, para el solicitante y otros posibles interesados, a partir del día siguiente a aquél en que, de acuerdo con su normativa especifica, se produzca el acto presunto”.

Por su parte, el art. 115 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas dispone que:

“El plazo para la interposición del recurso de alzada será de un mes, si el acto fuera expreso. Si no lo fuera, el plazo será de tres meses y se contará, para el solicitante y otros posibles interesados, a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzcan los efectos del silencio administrativo. Transcurridos dichos plazos sin haberse interpuesto el recurso, la resolución será firme a todos los efectos”.

El régimen en el ámbito tributario es aún más severo, pues prevé el mismo plazo para recurrir en el caso de resolución expresa que en el de desestimación presunta. En efecto, el art. 235 de la Ley General Tributaria establece que:

“1. La reclamación económico-administrativa en única o primera instancia se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado, desde el día siguiente a aquél en que se produzcan los efectos del silencio administrativo”.

Parece claro que, si el inicio del cómputo del plazo para recurrir se inicia como consecuencia del silencio presunto, se produce la indefensión del interesado y en este sentido se ha venido pronunciando el Tribunal Constitucional en multitud de sentencias que han resuelto recursos de amparo. El mismo argumento es trasladable a la vía administrativa (o económico-administrativa) previa, dado que ésta resulta preceptiva para poder acceder a la jurisdicción contenciosa.

Hubiera sido deseable que, con motivo de alguno de los citados recursos de amparo, la Sala correspondiente hubiera planteado al pleno una autocuestión de constitucionalidad. Sin embargo, el Tribunal no ha procedido de este modo. Finalmente, se ha planteado una cuestión de constitucionalidad frente al art. 46.1 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa por parte de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.

Pues bien, el Tribunal Constitucional, en lugar de declarar la inconstitucionalidad del citado precepto, interpreta que “a la luz de la reforma de 1999 de la Ley 30/1992, la impugnación jurisdiccional de las desestimaciones por silencio no está sujeta al plazo de caducidad previsto en el art. 46.1 LJCA”. En otras palabras, interpreta que el artículo dice lo contrario de lo que dice (y lo contrario de la interpretación que vienen realizando los tribunales contenciosos). Así lo pone de manifiesto el voto particular de la Magistrada doña Adela Asua Batarrita

 

La sentencia requeriría un análisis más detallado del que puede realizarse en estas breves líneas, pero podría decirse que su lectura produce una notable desazón. Por una parte, las ediciones oficiales de las leyes deberían incluir notas a pie de página (también oficiales) en las que se mencionaran los cada vez más numerosos fundamentos de las sentencias constitucionales según los cuales, diversos preceptos han de interpretarse en sentido contrario a la letra de la ley. Además, dado que el Tribunal basa su curiosa interpretación en una reforma de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, y que dicha ley no es aplicable -ni siquiera con carácter supletorio- a la revisión en  materia tributaria (DA 5ª.2 de la Ley 30/1992) puede afirmarse que, en el ámbito tributario, hemos retornado a la casilla de salida.

Pedro Herrera

 

Respeto al “derecho de defensa” en el ámbito aduanero (Conclusiones del Abogado General Melchior Wathelet en los as. acumulados C-129/13 y C-130/13, Kamino International

Las conclusiones del Abogado General Melchior Wathelet presentadas el 25 de febrero de 2014 en los acumulados C-129/13 y C-130/13, Kamino International y Datema Hellmann resultan extraordinariamente interesantes.

En ellas se analiza la compatibilidad del “derecho de toda persona a ser oída antes de que se tome en contras suya una medida individual que la afecte desfavorablemente” (art. 41.2.a) de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE con una normativa nacional que sólo permite realizar alegaciones en vía de recurso en el ámbito aduanero.

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Carlos Palao: The Constitutionality of the Judicial Review Regime of the Basque “Foral Norms” on Tax Matters

Professor Carlos Palao Taboada has just published a relevant Unknownarticle on the so-called “Basque foral norms on tax matters”: “The Constitutionality of the Judicial Review Regime of the Basque Foral Norms on Tax Matters”, Revista de Contabilidad y Tributación, nº. 370, 2014, p. 51.

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Carlos Palao: la atribución al TC del control jurisdiccional sobre las normas forales de carácter fiscal

El profesor Carlos Palao Taboada acaba de publicar un interesantísimo trabajo sobre la atribución al Tribunal UnknownConstitucional del control sobre las normas forales en materia tributaria: “La constitucionalidad del régimen de control de las normas forales fiscales”, en Revista de Contabilidad y Tributación, núm. 370, 2014, págs. 51 y ss.

Los lectores interesados que no tengan acceso al documento completo pueden adquirirlo en la página web de CEFLegal. Continue reading

Hugo López: obligación de informar sobre bienes en el extranjero ¿es incompatible con la Constitución y el Derecho comunitario?

Retomamos la serie de posts dirigidos a analizar artículos científicos de especial relevancia para el imagebotDerecho de la Unión Europea.

En esta ocasión, he seleccionado el trabajo de Hugo López López (Profesor Contratado Doctor de la Universidad Pública de Navarra) titulado “Nueva obligación de información sobre bienes y derechos situados en el extranjero y consecuencias de su incumplimiento en la imposición sobre la renta: un estudio a la luz del Derecho de la Unión Europea y la Constitución”, Revista de Contabilidad y Tributación (CEF), núm. 368 (noviembre 2013) – págs. 5-48. Continue reading