J.A. Rozas Valdés: La Administración de los Tributos en Estados Compuestos

Publicamos hoy un valioso trabajo del Profesor José Andrés Rozas Valdés, Catedrático Acreditado de la Universidad de Barcelona sobre la posible solución a las deficiencias de nuestro federalismo fiscal, incluyendo la “cuestión catalana”: “La Administración Tributaria en los Estados Compuestos”.

Muchas gracias, querido José Andrés por el este trabajo, tan audaz como bien fundamentado.

Pedro Herrera

BOE 15-8-2015: publicada la Ley catalana del Impuesto sobre Viviendas Vacías

El BOE del pasado sábado 15 de agosto publica la Ley catalana 14/2015, de 21 de julio, del impuesto sobre las viviendas vacías, y de modificación de normas tributarias. Sin duda se trata de una lectura interesante para la segunda quincena del mes de agosto.

Muchas gracias, una vez más, a Federico Garau (Conflictus Legum) por facilitarme la información.

Pedro Herrera

Álvaro del Blanco García: Derecho de la Unión Europea como límite al sistema de financiación de las Comunidades Autónomas

El día 18 de Junio de 2015 a las 19.00 h, en el Salón de Actos “Profesor Fuentes Quintana” del edificio B del Instituto de Estudios Fiscales (Avda. Cardenal Herrera Oria, 378 – 28035 Madrid) tendrá lugar la presentación de la obra de don Álvaro del Blanco García Derecho de la Unión Europea como límite al sistema de financiación de las Comunidades Autónomas. Se trata de una monografía basada en su tesis doctoral, defendida en la Facultad de Derecho de la UNED.

Intervendrán en el acto, entre otros ponentes, D. José Antonio Martínez Álvarez, D. José María Utande San Juan, Dña. Cristina García-Herrera Blanco y, el autor de la obra, D. Álvaro del Blanco García.

Dado que el aforo es limitado, se ruega confirmar asistencia a petra.pacheco@ief.minhap.es

Enhorabuena al IEF por esta iniciativa.

J.A. Rozas Valdés: sobre la declaración de inconstitucionalidad de una discriminación valenciana en el Impuesto sobre Sucesiones

DECLARADA INCONSTITUCIONAL UNA DISCRIMINACIÓN VALENCIANA EN EL IMPUESTO SOBRE SUCESIONES

José Andrés Rózas Valdés

Catedrático Acreditado de Derecho Financiero y Tributario (Universidad de Barcelona

El pasado 18 de marzo (STC 60/2015), el pleno del TC ha expulsado del ordenamiento jurídico –en resolución de una cuestión de constitucionalidad presentada por la sala 3ª, secc. 7ª, del TS, por San Fernando del 2013- el art. 12 bis de la Ley valenciana 13/1997 sobre normativa en tributos cedidos, en la redacción dada a la misma por el art. 16 de la Ley valenciana 10/2006, por vulneración de los arts. 14, 31.1 y 139.1 de la Constitución, siendo su ponente el Magistrado Antonio Narváez Rodríguez.

El caso “Reig Roig” (más valenciano imposible) se había planteado en 2010 cuando tres hermanos y su madre descubren, con una natural sensación de vértigo y pavor, que el varón, “Don Gaspar jr”, por no residir en la Comunidad valenciana, a diferencia de sus dilectas hermanas y madre –más apegadas a la tierra- ha de pagar una cuota por la herencia recibida de “Don Gaspar sr” nada menos que noventa y nueve veces mayor que la que correspondía a sus co-herederos. Extrañamente, esta diferencia de trato le resulta injusta y recurre su primorosa autoliquidación, no sin antes haber solicitado su oportuna rectificación, respondida –como procede- por la autoridad competente con un merecido silencio. ¡Qué funesta manía la de los contribuyentes de recurrir, con el consiguiente incremento de la malhadada litigiosidad!

El primer detalle procesal sugestivo de este caso es que el justiciable se echa en brazos, directamente, de la jurisdicción contencioso-administrativa por el procedimiento especial de protección de los derechos fundamentales. La respuesta del TSJ valenciano no tiene, francamente, desperdicio. Le manda a paseo, por San Antonio del 2011, con número de registro 03/2162/2010, bajo el lema de que “la medida normativa combatida ni es arbitraria, ni está ayuna de fundamento legal” pues “responde a una finalidad constitucionalmente amparada que es la protección de la familia (sic)”. ¡Toma del frasco, Carrasco!

Don Gaspar jr se va derechito a las Salesas y allí tienen a bien, oído el ministerio fiscal y la representación procesal del justiciable, plantear la correspondiente cuestión de inconstitucionalidad, por cuanto algo les hace sospechar a los magistrados que esto de que un hermano pague noventa y nueve veces más de cuota por ISD que sus coherederos igual no tiene nada que ver con la protección de la familia y hasta, ¡quién sabe!, hasta resulte contrario a Derecho.

Claro está que si el bien asesorado contribuyente hubiera elegido la vía natural de recurso tributario, acudiendo primero al Tribunal económico-administrativo regional de Valencia y, después –o antes, per saltum (¡ali-hop!)- ante el TEAC, tras un paciente peregrinaje –por el consabido atasco de las trochas contencioso y económico administrativas saturadas de litigantes contribuyentes- no habría llegado nunca al Supremo –cerrado para quienes reclamen menos de 600.000 € por hecho imponible, en aras de la “agilización procesal” y reducción de la conflictividad- y difícilmente habría llegado al Constitucional –que rechaza sistemáticamente los amparos en materia tributaria porque la igualdad formal (art. 31 Ce) no tiene nada que ver con la igualdad material (art. 14 Ce) [¿o es la objetiva la que no es igual, valga la redundancia, que la subjetiva?]- salvo que hubiera convencido a los magistrados de la AN que hubiesen presentado la susodicha cuestión de inconstitucionalidad por estimar que algo olía a podrido en La Albufera.

El cuco contribuyente, su pérfido asesor, eligió, por el contrario y arteramente, la sinuosa vía de la protección de los derechos fundamentales, se coló en las Salesas, logró que se plantease la cuestión y -¡éxito sin precedentes!- tras sólo cinco años ha conseguido ver reconocido su derecho a no ser flagrantemente discriminado y maltratado por haber abandonado, imprudentemente, su residencia en la fértil tierra valenciana. Eso sí, repitan conmigo y con nuestras autoridades tributarias: “en España no existe ningún problema de justicia tributaria ni en lo relativo a su ordenación, ni en lo atinente a su administración: todo es perfecto sin mancha de defecto alguno”. A la vista de la propuesta de contrarreforma de la LGT en marcha, lo único que procede es darle algún retoque al económico-administrativo y, eso sí, si no fuera por las objeciones del Consejo de Estado, se querría poner freno a la posibilidad de que los díscolos contribuyentes saquen partido de la responsabilidad patrimonial del legislador cuando, sistemáticamente, el TJUE y, ahora también, el TC, le pasan la garlopa a nuestro impoluto ordenamiento tributario.

Para evaluar si está en cuestión el respeto del principio de igualdad los magistrados utilizan la STC 96/2002, de 25 de abril, analizando si la residencia puede operar como elemento de discriminación, si se aplica en razón de un fin constitucional, si el grupo sobre el que la misma se aplica es homogéneo y si la diferenciación es adecuada y proporcionada al fin:

a) el grupo es homogéneo, herederos con idéntico parentesco;

b) el fin constitucionalmente protegido con la diferenciación no se identifica, ni en el preámbulo de la ley, ni en su tramitación parlamentaria arguyendo al respecto los abogados de la Generalitat una supuesta “protección de políticas sectoriales” que no se detallan y que los magistrados no entienden;

c) pese a ello –pues no identificado el fin constitucional protegido la discriminación sería de suyo inaceptable- el Tribunal hace notar en su cuestionamiento del particular que no hay razón alguna que justifique la residencia como elemento de discriminación entre herederos de igual parentesco;

d) por último, en la misma línea, se incide en que no se trata de que se apliquen leyes autonómicas diversas por razón de la residencia sino de que la misma ley autonómica aplicada a un residente en la Comunidad y a otro que no reside en la misma –por lo demás en idénticas circunstancias- discrimina –ferozmente apuntaría yo, de forma “atroz” apunta la fiscalía- al segundo respecto del primero.

El cuestionamiento se admite por el TC y cita a personarse, como procede, al lucero del alba. Con el detalle, sintomático, de que el abogado del Estado hace mutis por el foro y no dice esta boca es mía. Lógicamente la Abogacía de la Generalitat y los letrados de Las Cortes valencianas sí dicen la suya que presenta como plato fuerte, tras los habituales cuartos a espadas de la autonomía financiera y la corresponsabilidad fiscal, algo verdaderamente ingenioso: tiene sentido limitar la generosa bonificación fiscal a los residentes en las tierras levantinas porque sólo respecto de ellos es previsible que la misma pueda “revertir por otras vías en el mismo territorio”. O sea, que el Tesoro público nunca ha de perder y una bonificación sólo estará justificada si es de ida y vuelta porque, claro está, lo suyo es tributar y únicamente de forma restrictiva, rígida y cicatera es admisible que alguien pueda disfrutar de “beneficios” fiscales… salvo que sea previsible, naturalmente, que vaya a “devolver”, por otra vía, lo inicialmente disfrutado.

El legislativo valenciano tuvo ya sus dudas al respecto y, de hecho, entre el 2003 y el 2006 se suprimió semejante discriminación, en una primera fase, para resultar definitivamente abrogada en 2014. La tajante decisión del Constitucional (con una poco habitual -¡y encomiable!- economía procesal de 28 páginas) con todo, conserva su virtualidad para eventuales nuevos procedimientos en los que pudiera ser de aplicación la normativa ahora derogada, y para aquellos sobre los que –en las mismas circunstancias- aún no se haya decidido en fase administrativa o judicial.

En un mismo curso académico el TJUE en septiembre y el TC en marzo le ha pegado un considerable meneo a la normativa del ISD, por resultar discriminatoria respecto de los no residentes, en el primer caso, y en razón de la vecindad autonómica en este segundo pronunciamiento. Tal vez fuera esta la ocasión de comenzar a poner un poco de orden en esta materia; sin embargo, a juzgar por la notoria cicatería y carencia de un elemental sentido de justicia que ha presidido la urgente reforma operada en lo relativo a los no residentes –dejando al albur de la flagrante (“de tal evidencia que no necesita pruebas” reza el diccionario de la RAE) discriminación a los que no lo sean en la UE o en el EEE- no hay motivos para la esperanza.

Álvaro del Blanco: La vulneración del Derecho de la UE: de los tributos cedidos a los tributos propios de las CCAA

[Post núm. 672, de 20 de enero de 2015]

La vulneración del Derecho de la UE: de los tributos cedidos a los tributos propios de las CCAA

 Álvaro del Blanco

Doctor en Derecho, Instituto de Estudios Fiscales

Si el año 2014 destacó por ser el año en el que el TJUE declaró contrario a la normativa europea el Impuesto sobre sucesiones y donaciones español y el céntimo sanitario, el año 2015 comienza con una posible derogación de los impuestos sobre grandes superficies comerciales existentes actualmente en Cataluña, Navarra, Asturias, Aragón, La rioja y Canarias por incumplir la regulación de ayudas de Estado.

El Tribunal Constitucional ya puso de manifiesto un posible incumplimiento del Derecho de la UE al declarar la constitucionalidad del Impuesto asturiano en la sentencia 53/2014, de 10 de abril. No obstante, el máximo garante de la Constitución no entró en el fondo del asunto al declararse no competente.

A priori, parece que el impuesto podría ser declarado como una ayuda de Estado ilegal. Las ayudas de Estado, según la jurisprudencia del TJUE incluyen no solamente las ayudas directas mediante transferencias de fondos, sino también las exenciones y demás beneficios fiscales, en tanto generen un efecto equivalente. No obstante, un número importante de ayudas de Estado pueden ser declaradas compatibles con el mercado interior, entre otras materias, con la finalidad de proteger el medio ambiente y la lucha contra el cambio climático. Esta parece ser la solución jurídica que habían utilizado las CCAA para evitar el conflicto con la normativa europea. Sin embargo, tal y como mantiene la Comisión Europea, no parece que este tipo de impuestos estén diseñados de tal manera que sirvan para la protección ambiental y en cualquier caso “no está respaldada por ningún estudio o dato”.

Hasta este punto estoy totalmente de acuerdo con el análisis de la Comisión Europea. Sin embargo, no comparto su argumentación, según la cual, estamos ante “exenciones al impuesto concedidas al pequeño comercio y algunas tiendas especializadas”.

En mi opinión, no cabe duda de que, con la aplicación de este impuesto, se está otorgando una ventaja competitiva que distorsiona la competencia en la distribución de bienes y servicios gravando a los grandes centros comerciales y, provocando una situación de desventaja en la competencia y favoreciendo a determinadas empresas. En segundo lugar, parece claro el carácter selectivo de la medida al recaer únicamente sobre un determinado sector empresarial. Sin embargo, no está claro que estemos en presencia de ayudas públicas. Como sabemos, el TJUE ha establecido a este respecto un criterio amplio, incluyendo como ayudas públicas a los beneficios fiscales. No obstante, la ventaja competitiva se produce a través del elemento tributario de la no sujeción. A través de la no sujeción, se excluye del ámbito de aplicación del impuesto y, por tanto, la obligación tributaria ni siquiera llega a nacer al no realizarse el hecho imponible. El TJUE ha señalado que la no sujeción no lleva consigo ninguna transferencia directa o indirecta de fondos estatales, sino que responde únicamente a la voluntad del legislador de establecer un marco legal específico (STJCE de 30 de noviembre de 1993, Petra Kirsammer-Hack c. Nurhan Sidal, (C-189/91). El impuesto sobre grandes establecimientos comerciales tiene por finalidad gravar única y exclusivamente a los mismos y, por tanto, la no sujeción para las pequeñas y medianas empresas está plenamente justificada y por tanto,  no estamos en presencia de una ayuda de Estado, desde esa perspectiva.

Sin embargo, si podría calificarse como ayuda de Estado la afectación de la recaudación del impuesto para el fomento de las pequeñas y medianas empresas. Desde esta óptica, habría que analizar si estamos ante ayudas públicas compatibles con el Derecho de la UE ya que las ayudas a la pequeña y mediana empresa se encuentran reguladas en el Reglamento Generales de Exención por Categorías. La concreción de los supuestos de hecho y requisitos necesarios para considerar una ayuda de Estado a favor de las PyMEs compatible con el Derecho de la UE, contrasta con la generalidad de la afectación de la recaudación del impuesto. Esta circunstancia hace que se nos planteen serias dudas sobre la licitud de este tipo de ayudas, salvo que en su efectiva aplicación se tengan presente los límites establecidos en el Reglamento General.

José A. Rozas Valdés: el Impuesto Valenciano sobre la Producción Eléctrica

[Post núm. 642, de 24 de noviembre de 2014]

EL IMPUESTO VALENCIANO SOBRE LA PRODUCCIÓN ELÉCTRICA

José A. Rozas Valdés

Catedrático acreditado de Universidad

Universitat de Barcelona

La Ley 10/2012, de 21 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat (DOCV de 27 de diciembre) tuvo a bien crear dos nuevos impuestos ambientales en la Comunidad valenciana. La Ley 5/2013, de 23 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat (DOCV de 27 de diciembre) vino a modificar ciertos aspectos de los mismos. El primero de ellos –el único que interesa a los efectos de este comentario- se denomina “impuesto sobre las actividades que inciden en el medio ambiente” y el segundo “impuesto sobre eliminación de residuos en vertederos”. Continue reading

Iñigo Barberena: ¿Se aplica la LOFCA a los tributos de la Comunidad Foral de Navarra? A propósito de las STC 208/2012 y 110/2014

[Post núm. 629, de 5 de noviembre de 2014]

Publicamos en la sección Artículos Científicos un valioso trabajo del profesor Iñigo Barberena Belzunce, Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario de la UNED titulado ¿Se aplica la LOFCA a los tributos de la Comunidad Foral de Navarra? A propósito de las STC 208/2012 y 110/2014. El autor sostiene que la doctrina del tribunal constitucional relativa al impuesto foral sobre el valor de la producción de energía eléctrica (y sus antecedentes) constituye un serio ataque al régimen foral navarro. Como todos los artículos publicados en esta sección el trabajo ha sido sometido a evaluación externa.

Tres nuevos impuestos ambientales en Cataluña

[ECJ Leading Cases, n. 621, 23-10-2014]

La Ley 12/2014, de 10 de octubre de la Generalitat de Cataluña ha establecido tres nuevos impuestos ambientales, sobre la emisión de óxidos de nitrógeno a la atmósfera producida por la aviación comercial, la emisión de gases y partículas a la atmósfera producida por la industria y sobre la producción de energía eléctrica de origen nuclear.

El texto puede consultarse en el DOGC núm. 6730 de 17 de Octubre de 2014.

Muchas gracias a Ignasi Puig (ENT) por facilitarme esta información.

Pedro Herrera

P. Chico y A. Serrano: Repercusiones fiscales y económicas de un proceso de secesión para España

En el post de hoy (núm. 609) publicamos un interesante artículo sobre Repercusiones fiscales y económicas de la secesión para España, elaborado por Pablo Chico de la Cámara (Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la URJC) y Antonio Serrano Acitores (Profesor Doctor de Derecho Mercantil de la URJC). Una versión abreviada de este trabajo se publicó en El Economista el 30 de septiembre de 2014.

Además, en la línea de consolidar la sección de artículos científicos en el seno de ECJ Leading Cases, ensayamos un nuevo encabezado que ofrece información sobre la cita del trabajo incluyendo el año (año III, puesto que es el tercer año de vida del blog) y volumen (cada año estará dividido en dos volúmenes: 1º de enero a junio y 2º de julio a diciembre). Se informa, además, sobre las fechas de recepción y aceptación del artículo. Los demás datos están inspirados en el modelo del SSRN. Agradezco a la Profesora Marina Vargas esta valiosa sugerencia. Muchas gracias, desde luego, a los autores del trabajo por su relevante aportación.

Pedro Herrera

José Andrés Rozas: un nuevo modelo de Administración Tributaria

José Andrés Rozas Valdés, Catedrático acreditado de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de rozasBarcelona ha publicado en FiscalBlog una interesantísima propuesta para el establecimiento de lo que podría llamarse una “Agencia Tributaria Integrada”. A título puramente personal, suscribo plenamente sus observaciones.

A su juicio, “el camino más natural para conseguir un sistema sencillo, eficaz, rentable, seguro, eficiente, económico y justo de gestión tributaria no es ni la fragmentación de la estructura administrativa encargada de su aplicación ni la concentración funcional y política en un único organismo administrado desde la centralidad del sistema. Lo más adecuado para el correcto funcionamiento del sistema tributario y la justa representatividad de todos y cada uno de los interlocutores políticos del mismo en su gestión es una sola Agencia independiente y profesionalizada en cuyo gobierno y administración participen de forma real y equilibrada cada una de las Haciendas implicadas en su funcionamiento. Se trataría de una Autoridad independiente responsable de la Administración de todo el sistema tributario estatal y autonómico…”.

Animo a los lectores a disfrutar del texto completo de la propuesta. Muchas gracias, querido José Andrés, por esta valiosa aportación.

Pedro Herrera