Jornada Nacional Los valores catastrales y el IBI, IEF, 24 y 25 de Noviembre

Los días 25 y 25 de noviembre se celebrará en el Instituto de Estudios Fiscales una Jornada Nacional sobre “Los valores catastrales y el IBI”, dirigidas por el profesor don Juan Enrique Varona Alabern. Podéis consultar aquí el programa y los datos relacionados con la inscripción:

Agradezco a Álvaro del Blanco que me haya facilitado esta interesante información.

Pedro Herrera

Álvaro del Blanco García, “La carga de la prueba en el Catastro Inmobiliario: la STS de 5 de octubre de 2015” (Artículo Científico)

El post de hoy nos ofrece un interesante artículo científico de Álvaro del Blanco García, sobre “La carga de la prueba en el Catastro Inmobiliario: la STS de 5 de octubre de 2015”.

Muchas gracias, querido Álvaro, por esta valiosa y generosa aportación.

Pedro Herrera

Álvaro del Blanco: Conflictos jurídicos en el Catastro Inmobiliario

Conflictos jurídicos en el Catastro Inmobiliario

Álvaro del Blanco García

Instituto de Estudios Fiscales, Doctor en Derecho por la UNED

En la última década, el Catastro Inmobiliario está siendo objeto de múltiples recursos en la vía judicial. El principal acto administrativo que se recurre por parte de los contribuyentes es la denominada ponencia de valores. La ponencia de valores es el acto administrativo de carácter general que recoge un mapa de valores para la determinación individualizada de los valores catastrales.
 

La conexión existente, por un lado, entre el planeamiento urbanístico y la ponencia de valores y, por otro lado, entre la ponencia de valores y los valores catastrales individualizados ha provocado un importante número de litigios que tienen por finalidad trasladar los efectos de nulidad del planeamiento urbanístico a la ponencia de valores, así como la nulidad de la ponencia de valores a los valores catastrales individualizados. La diversa naturaleza jurídica del planeamiento urbanístico y de la ponencia de valores hace que los efectos de la declaración de nulidad de ambas figuras jurídicas sean diferentes.

En primer lugar, la nulidad del planeamiento urbanístico implica que la ponencia de valores sea un acto administrativo anulable, en atención a la doctrina del Tribunal Constitucional (STC 54/2002, de 27 de febrero y SSTS de 16 de mayo de 2001 y 28 de septiembre de 2001). En este sentido, si la ponencia de valores ha adquirido firmeza quedaría convalidada. A su vez, sería de aplicación el principio de conservación de los actos administrativos regulado en el artículo 66 de la LRJPAC. Lo anterior se entiende sin perjuicio de la posibilidad de impugnación de la misma a través de los supuestos de nulidad regulados en el artículo 217 de la LGT.

En segundo lugar, la nulidad de una ponencia de valores afectaría únicamente a aquellos valores catastrales individualizados que no fuesen firmes (ya que estamos en presencia de actos administrativos). Respecto a éstos últimos, no sería de aplicación el principio de intransmisibilidad de los actos administrativos regulado en el artículo 64.1 de la LRJPAC, dada la dependencia existente entre la ponencia de valores y los valores catastrales individualizados.

Por otra parte, algunos Tribunales Superiores de Justicia (por ejemplo, véase la sentencia del TSJ de Madrid de 18 de julio de 2014) están permitiendo la impugnación indirecta de las ponencias de valores a través de los valores catastrales individualizados. En mi opinión, estas sentencias contradicen de manera manifiesta la jurisprudencia del Tribunal Supremo (SSTS 10 de febrero de 2011 y 11 de julio de 2013) así como el artículo 27 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa que sólo admite el recurso indirecto frente a disposiciones de carácter general.

Por último, la sentencia del Tribunal Supremo de 30 de mayo de 2014, establece que para la calificación catastral de suelo urbano no es suficiente con que el terreno esté incluido en un sector o ámbito delimitado para ser urbanizado sino que es necesario que se haya aprobado el instrumento urbanístico que establezca las determinaciones para su desarrollo o que dicho instrumento no sea necesario porque el planeamiento urbanístico general establezca su ordenación detallada.

En nuestra opinión, el argumento de mayor peso jurídico de la sentencia y el que compartimos plenamente, va referido al límite establecido en el TRLCI a la hora de determinar el valor catastral que no es otro, que el valor de mercado. Por otro lado, la determinación del justiprecio en un procedimiento de expropiación forzosa, así como las indemnizaciones por responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas deben atender al valor real del bien en el mercado.

Tomando en cuenta ambas regulaciones, el valor catastral no debería ser mayor, en ningún caso, que el justiprecio establecido en un procedimiento de expropiación forzosa o la indemnización establecida por responsabilidad patrimonial.

Sin embargo, la distinta calificación jurídica del suelo establecida en la normativa catastral y en el TR de la Ley de Suelo provoca este tipo de situaciones. Es decir, que a efectos de expropiación forzosa o de responsabilidad patrimonial un terreno tenga la consideración de suelo rústico, con la consiguiente merma en la determinación del justiprecio o la indemnización y, a efectos catastrales, tenga la calificación de suelo urbano, con el consiguiente incremento en el pago de las cuotas del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, sujeción a la plusvalía municipal y a la imputación de rentas inmobiliarias del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Existen multitud de ponencias de valores que han calificado como suelo urbano terrenos sectorizados pero en los que no se ha aprobado un plan parcial que concrete el planeamiento urbanístico general, lo cual contradice la doctrina legal sentada por el Tribunal Supremo. Esto obliga al Catastro a elaborar las nuevas ponencias de valores con arreglo a la interpretación establecida por el Tribunal Supremo. A su vez, debería modificar todas aquellas ponencias de valores que no fuesen firmes y no cumplan con los criterios establecidos por el Tribunal Supremo, ya que, de lo contrario, es previsible que las sentencias posteriores se dicten en sentido desfavorable para la Administración.

En relación a las ponencias de valores firmes, la naturaleza administrativa del documento impide que puedan recurrirse de manera indirecta por lo que únicamente sería recurrible por el procedimiento de revisión de actos nulos de pleno derecho, regulado en el artículo 217 de la LGT. El Tribunal Supremo hace una velada suposición de incumplimiento del principio de capacidad económica en el criterio mantenido por la Administración por lo que podría fundamentarse el recurso de nulidad en la lesión de los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.

Todo lo anterior nos obliga a concluir que el Catastro debe avanzar de manera decidida hacia modelos de valoración masiva automatizada. De esta manera, se objetivará y se tendrá actualizada y coordinada a nivel nacional la valoración catastral mediante técnicas estadísticas y matemáticas avanzadas como son las técnicas de minería de datos, entre otras.

Vídeo completo: Seminario sobre el Catastro y la Inspección del IBI (Belén Navarro y Arturo Delgado)

Publicamos un enlace a Canal UNED con el vídeo completo del Seminario sobre el Catastro y la Inspección del IBI impartido el pasado miércoles 30 de abril en la Facultad de Derecho de la UNED por doña Belén CatastroNavarro Heras, Directora General del Catastro y don Arturo Delgado Mercé, Subdirector de Inspección de la Agencia Tributaria MadridPresentó y moderó el seminario el Profesor José Manuel Tejerizo López, Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la UNED.

Doña Belén Navarro, licenciada en Derecho de la UNED, formula en el minuto 38 del vídeo un encendido elogio a la UNED que quiero compartir de modo especial con todos nuestros estudiantes, profesores y personal no docente.

Muchas gracias a los ponentes y al moderador por sus valiosas intervenciones sobre un tema de candente actualidad y a todos los participantes por sus interesantes preguntas. Mi agradecimiento también al profesor Isidoro Martín por su labor de coordinación del seminario y al Instituto de Estudios Fiscales por facilitar su difusión.

Pedro M. Herrera