EUCOTAX Congress on “State Aids, Intangibles and Tax Rulings March 24, 2017, Tilburg

Con ocasión del 25 aniversario de la fundación de EUCOTAX, la Universidad de Tilburg ha organizado un congreso sobre Ayudas de Estado, Intangibles y acuerdos tributarios, que tendrá lugar el 24 de marzo de 2017 en Tilburg: Información y formulario de inscripción en el Congreso

International Conference ‘State aids, taxation and the energy sector: looking for a better coordination and efficiency’

Los días 13 y 14 de junio se celebrará en la Universidad CEU-San Pablo el Congreso internacional ‘State aids, taxation and the energy sector: looking for a better coordination and efficiency’. Esta importante actividad forma parte del Proyecto Jean Monnet ETSA-CE ‘Energy Taxation and State Aid Control: looking for a better coordination and efficiency’. Impulsado desde el Instituto Universitario de Estudios Europeos de la USP-CEU y financiado por la Dirección General de Educación y Cultura de la Comisión Europea, este proyecto se centra en la relación entre fiscalidad de la energía, protección medioambiental y ayudas de Estado.

El proyecto ha sido coordinado por la Prof. Dra. Marta Villar Ezcurra y pretende contribuir a los objetivos prioritarios de la Unión Europea dando un nuevo enfoque a la fiscalidad medioambiental.

Os animo a participar en este relevante evento y agradezco a la Profesora Marta Villar el que me haya facilitado la información.

Pedro Herrera

J.A. ROZAS: EL TJUE SE PRONUNCIA SOBRE EL IMPUESTO ESPECIAL ALEMÁN SOBRE ENERGÍA NUCLEAR

EL TJUE SE PRONUNCIA SOBRE EL IMPUESTO ESPECIAL ALEMÁN SOBRE ENERGÍA NUCLEAR

José A. Rozas

Catedrático acreditado de Universidad

 

El TJUE en su Sentencia de 4 de junio de 2015 Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH y Hamptzollamt Osnabrück (Asunto C-5/14) se ha pronunciado sobre las cuestiones prejudiciales que, en enero de 2014, planteó el Finanzgericht Hamburg en relación con la adecuación al Derecho comunitario del impuesto estatal alemán sobre el uso de combustibles nucleares en la producción de energía eléctrica, German Kernbrennstoffsteuergesetz. A las tres cuestiones formuladas por el Tribunal alemán el TJUE ha respondido que no se advierte incompatibilidad del mismo con el Derecho comunitario y que resultaba oportuno su planteamiento.

 

La primera de ellas era de orden procesal y se refería a la posibilidad, o no, de plantear una cuestión prejudicial cuando sobre el mismo objeto procesal está pendiente de resolución otro proceso iniciado ante el Tribunal Constitucional del Estado miembro. Cuestión que se enmarca en el vidrioso ámbito de lo que se está dando en llamar el “diálogo judicial o jurisdiccional” entre las Cortes constitucionales nacionales y los Tribunales de Luxemburgo y Estrasburgo. El particular ha tenido un reciente episodio verdaderamente sugestivo al resolver el TJUE, en su sentencia de 16 de junio de 2015, la primera cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Constitucional alemán, que versaba sobre la adecuación al Derecho comunitario de los actos del Banco Central Europeo de adquisición de deuda soberana de los Estados miembros en cuanto que constitutivos no ya de políticas monetarias sino económicas y respecto de la que el Tribunal de Luxemburgo ha considerado su compatibilidad con el Derecho comunitario, sin perjuicio de lo que al respecto resuelva ahora la Corte constitucional alemana en cuanto a la constitucionalidad de tales actuaciones.

 

Pues bien, de nuevo el Tribunal de Luxemburgo se manifiesta sobre la posibilidad de que simultáneamente se tramiten respecto del mismo objeto dos procesos, uno relativo a su compatibilidad con el Derecho comunitario y otro atinente a su adecuación constitucional, por entender que la pendencia de un caso ante la Corte constitucional de un Estado miembro no implica que el Tribunal que la planteó quede por ello “ni privado de la facultad ni, en su caso, exento de la obligación” (§ 35) de residenciar ante el Tribunal de Luxemburgo una cuestión prejudicial sobre el particular por dos razones: i) en aras de una resolución de los procesos en un plazo de enjuiciamiento razonable (§ 27); y ii) por cuanto “los órganos jurisdiccionales tienen una amplísima libertad al respecto en cualquier fase del procedimiento e incluso una vez finalizado un procedimiento incidental de control de constitucionalidad” (§ 31).

 

En cuanto al fondo del asunto, no advierte el Tribunal incompatibilidad del impuesto estatal alemán en cuestión -sobre el uso de combustibles nucleares en la producción de energía eléctrica- ni con la normativa relativa a los productos energéticos y la electricidad (Directiva 2003/96/CE), ni con la que se refiere al régimen general de los impuestos especiales (Directiva 2008/118/CE), ni con las disposiciones relativas a la proscripción de ayudas de Estado (art. 107 TFUE), ni, por último, con el articulado del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (arts. 91 y 93 EA).

 

En lo relativo a la tributación de los productos energéticos y la electricidad resalta el Tribunal, en primer lugar, que el combustible nuclear no es un producto energético exento a los efectos de la Directiva 2003/96/CE, apuntando, por otra parte, que del texto de dicha Directiva no se deduce un principio que se oponga a la percepción simultánea de un impuesto sobre el consumo de energía eléctrica y de un impuesto que grave las fuentes de producción de esa energía” (§ 51).

 

En cuanto a su compatibilidad con el régimen general de impuestos especiales, se advierte en primer lugar que nada impide el establecimiento de otros impuestos indirectos que persigan una finalidad específica (§ 58) –no digamos ya si son directos- siempre que se perciban del productor sin repercusión al consumidor (§ 64), lo que no se produce en este caso, más allá de que la carga tributaria del mismo se traslade económicamente al usuario final a través del mecanismo de formación del precio de la energía eléctrica vigente en Alemania (§ 64).

 

En materia de ayudas de Estado el Tribunal no examina la cuestión en términos de proporcionalidad al considerar que a tales efectos no se puede considerar que otras fuentes de energía se encuentren en relación a la nuclear en situación fáctica y jurídica comparable afirmando obiter dicta que nada impide que se sujete a tributación específica la producción de electricidad mediante procedimientos que contribuyan a reducir las emisiones de CO2 (§ 76).

 

Tampoco se considera, por último, que comporte una exacción de efecto equivalente a un derecho aduanero desde el momento que constituye un sistema general que grava distintos productos según criterios objetivos que no discriminan en razón del origen (§ 90).

 

En definitiva, una sentencia dictada en un plazo razonable -un año y medio desde que se planteó la cuestión- y que con toda claridad resuelve la integridad de las cuestiones planteadas en un sentido que resulta de enorme trascendencia desde el punto de vista del Derecho español en el que la fiscalidad energética ha sido objeto de un desarrollo más que considerable en las leyes estatales 15/2012 –impuestos sobre la producción de la energía eléctrica, la hidroeléctrica y la producción y almacenamiento de residuos nucleares- 16/2013 –Impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero– y 8/2015 por la que se crea unImpuesto sobre el Valor de la Extracción de Gas, Petróleo y Condensados”, así como en una panoplia de impuestos autonómicos sobre emisiones de gases contaminantes e instalaciones con incidencia ambiental que gravitan, también, sobre la energía eléctrica. No obstante en cada uno de dichos impuestos se pueden advertir matices específicos, esta sentencia del TJUE se sitúa en la línea de que puedan considerarse los mismos acordes con el Derecho comunitario.

Javier Porras: ENERGY TAXATION AND STATE AID CONTROL: LOOKING FOR A BETTER COORDINATION AND EFFICIENCY: SUMMARY OF THE INTERNATIONAL WORKSHOP HELD ON JANUARY 2015

ENERGY TAXATION AND STATE AID CONTROL: LOOKING FOR A BETTER COORDINATION AND EFFICIENCY: SUMMARY OF THE INTERNATIONAL WORKSHOP HELD ON JANUARY 2015

Javier Porras Belarra

Professor of European Law and Researcher at the Institute of European Studies (CEU San Pablo University, Madrid)

 

The University Institute for European Studies at CEU San Pablo University, partnered with the International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD) and with the support of the Directorate General for Education and Culture of the European Commission, had organized last month an International Workshop on “Energy taxation, environmental protection and State aids: tracing the path from divergence to convergence”.

Along two days, experts on Tax Law, Environmental Law, Energy Law and Competition Law and State Aids had discussed about the main challenges of the European Union in the following five years:

  1. Searching for Models of State’s Intervention on Taxation and Environment is one of the priorities, taking into account also the American perspective or the emerging economies in Asia and Africa.
  2. Other difficult challenge is trying to answer if the Tax Intervention should be revenue driven or environmentally targeted. Once again national cases and a comparative perspective are necessary to lay down a premise.
  3. Concerning to the compatibility of State Aids (in reference to EU Law) and the tax exemptions benefiting the environmental protection, there is a deep discussion between the enforcement of EU Law and the National-social and Private-economic interests.
  4. It is also interesting the connection of the Energy taxation with competitiveness (also linked with the previous point). The study of fiscal incentives or the proportionality principle of some sectors is the basis for future political recommendations.

This international workshop was the first step of Jean Monnet Project lead by Prof. Marta Villar Ezcurra (CEU San Pablo University) which involved some of the most important European and American centers on Tax Law and Competition Law and thirty researchers and experts.

In the following two years the group is going to celebrate at least eight seminars and an International Conference with the participation of the European Commission on summer 2016. All the details abouth the project, activities and the research group could be consult in the website.

Vídeo resumen del International Workshop “Energy taxation, environmental protection and State aids: tracing the path from divergence to convergence”

Por gentileza de la Profesora Marta Villar, publicamos un enlace del vídeo resumen del  International Workshop “Energy taxation, environmental protection and State aids: tracing the path from divergence to convergence”, que se celebrado los días 29 y 30 de enero de 2015

Muchas gracias por esta valiosa iniciativa, Marta.

Álvaro del Blanco: La vulneración del Derecho de la UE: de los tributos cedidos a los tributos propios de las CCAA

[Post núm. 672, de 20 de enero de 2015]

La vulneración del Derecho de la UE: de los tributos cedidos a los tributos propios de las CCAA

 Álvaro del Blanco

Doctor en Derecho, Instituto de Estudios Fiscales

Si el año 2014 destacó por ser el año en el que el TJUE declaró contrario a la normativa europea el Impuesto sobre sucesiones y donaciones español y el céntimo sanitario, el año 2015 comienza con una posible derogación de los impuestos sobre grandes superficies comerciales existentes actualmente en Cataluña, Navarra, Asturias, Aragón, La rioja y Canarias por incumplir la regulación de ayudas de Estado.

El Tribunal Constitucional ya puso de manifiesto un posible incumplimiento del Derecho de la UE al declarar la constitucionalidad del Impuesto asturiano en la sentencia 53/2014, de 10 de abril. No obstante, el máximo garante de la Constitución no entró en el fondo del asunto al declararse no competente.

A priori, parece que el impuesto podría ser declarado como una ayuda de Estado ilegal. Las ayudas de Estado, según la jurisprudencia del TJUE incluyen no solamente las ayudas directas mediante transferencias de fondos, sino también las exenciones y demás beneficios fiscales, en tanto generen un efecto equivalente. No obstante, un número importante de ayudas de Estado pueden ser declaradas compatibles con el mercado interior, entre otras materias, con la finalidad de proteger el medio ambiente y la lucha contra el cambio climático. Esta parece ser la solución jurídica que habían utilizado las CCAA para evitar el conflicto con la normativa europea. Sin embargo, tal y como mantiene la Comisión Europea, no parece que este tipo de impuestos estén diseñados de tal manera que sirvan para la protección ambiental y en cualquier caso “no está respaldada por ningún estudio o dato”.

Hasta este punto estoy totalmente de acuerdo con el análisis de la Comisión Europea. Sin embargo, no comparto su argumentación, según la cual, estamos ante “exenciones al impuesto concedidas al pequeño comercio y algunas tiendas especializadas”.

En mi opinión, no cabe duda de que, con la aplicación de este impuesto, se está otorgando una ventaja competitiva que distorsiona la competencia en la distribución de bienes y servicios gravando a los grandes centros comerciales y, provocando una situación de desventaja en la competencia y favoreciendo a determinadas empresas. En segundo lugar, parece claro el carácter selectivo de la medida al recaer únicamente sobre un determinado sector empresarial. Sin embargo, no está claro que estemos en presencia de ayudas públicas. Como sabemos, el TJUE ha establecido a este respecto un criterio amplio, incluyendo como ayudas públicas a los beneficios fiscales. No obstante, la ventaja competitiva se produce a través del elemento tributario de la no sujeción. A través de la no sujeción, se excluye del ámbito de aplicación del impuesto y, por tanto, la obligación tributaria ni siquiera llega a nacer al no realizarse el hecho imponible. El TJUE ha señalado que la no sujeción no lleva consigo ninguna transferencia directa o indirecta de fondos estatales, sino que responde únicamente a la voluntad del legislador de establecer un marco legal específico (STJCE de 30 de noviembre de 1993, Petra Kirsammer-Hack c. Nurhan Sidal, (C-189/91). El impuesto sobre grandes establecimientos comerciales tiene por finalidad gravar única y exclusivamente a los mismos y, por tanto, la no sujeción para las pequeñas y medianas empresas está plenamente justificada y por tanto,  no estamos en presencia de una ayuda de Estado, desde esa perspectiva.

Sin embargo, si podría calificarse como ayuda de Estado la afectación de la recaudación del impuesto para el fomento de las pequeñas y medianas empresas. Desde esta óptica, habría que analizar si estamos ante ayudas públicas compatibles con el Derecho de la UE ya que las ayudas a la pequeña y mediana empresa se encuentran reguladas en el Reglamento Generales de Exención por Categorías. La concreción de los supuestos de hecho y requisitos necesarios para considerar una ayuda de Estado a favor de las PyMEs compatible con el Derecho de la UE, contrasta con la generalidad de la afectación de la recaudación del impuesto. Esta circunstancia hace que se nos planteen serias dudas sobre la licitud de este tipo de ayudas, salvo que en su efectiva aplicación se tengan presente los límites establecidos en el Reglamento General.

29-30 enero: International Workshop “Energy taxation, environmental protection and State aids: tracing the path from divergence to convergence”

[Post núm. 671, de 19 de enero de 2015]

La profesora Marta Villar ha tenido la amabilidad de enviarme información sobre el International Workshop “Energy taxation, environmental protection and State aids: tracing the path from divergence to convergence”, que se celebrará los días 29 y 30 de enero de 2015 (véase el enlace incluído en el post). Esta actividad se inscribe en el marco del Proyecto Jean Monnet “Energy taxation and State aid control: looking for a better coordination and efficiency (ETSA-CE).

Muchas gracias por esta valiosa iniciativa, Marta.

Pedro Herrera

Marta Villar Ezcurra – EU State Aid and Energy Policies as an Instrument of Environmental Protection: Current Stage and New Trends

[Post núm. 657, de 12 de enero de 2015]
La profesora Marta Villar Ezcurra (Catedrática de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad San Pablo CEU) acaba de publicar un valioso trabajo sobre “EU State Aid and Energy Policies as an Instrument of Environmental Protection: Current Stage and New Trends” en la Revista especializada European State Aid Law Quarterly, núm. 4/2014.

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Marta Villar Ezcurra: El TGUE ha entendido que la amortización del fondo de comercio financiero para la adquisición de participaciones extranjeras no es ayuda de Estado contraria al derecho de la unión europea

[Post núm. 630, de 10 de noviembre de 2014]

El Tribunal General de la Unión Europea ha entendido que la amortización del fondo de comercio financiero para la adquisición de participaciones extranjeras no es ayuda de Estado contraria al derecho de la unión europea

Marta Villar Ezcurra

Catedrática de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad CEU San Pablo 

El hecho de que una medida favorezca a las empresas que tributan en un Estado miembro en relación con las empresas que tributan en los demás Estados miembros, en particular, porque facilita las adquisiciones, por empresas establecidas en ese Estado miembro, de participaciones, en el capital de empresas establecidas en el extranjero, carece de relevancia a efectos de examen del criterio de selectividad (…) La constatación del carácter selectivo de una medida se basa en la diferencia de trato entre categorías de empresas sujetas a la legislación de un mismo Estado miembro y no en la diferencia de trato entre las empresas de un Estado miembro y las de otros Estados miembros (…) el carácter selectivo es un aspecto que debe ser analizado a nivel nacional”.

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Juan Ignacio Gomar Sánchez: Ayudas de Estado en el IBI (STJUE 9.10.2014, C-522/13, Navantia)

[ECJ Leading Cases, n. 619, 22-10-2014]

El pasado 9 de octubre de 2014 (Sociedad Navantia, C-522/13) el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó sentencia , declarando que “el artículo 107 TFUE, apartado 1, debe interpretarse en el sentido de que puede constituir una ayuda de Estado, prohibida con arreglo a dicha disposición, la exención del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de una parcela de terreno perteneciente al Estado y puesta a disposición de una empresa de la que éste posee la totalidad del capital y que, en esa parcela, produce bienes y presta servicios que pueden ser objeto de intercambios comerciales entre los Estados miembros en mercados abiertos a la competencia”. Continue reading