Carmen de Mora Pérez: Isabel Espejo, in memoriam

[Nota: en el post de hoy reproducimos la intervención de Carmen de Mora Pérez, compañera y amiga de Isabel Espejo, en el acto homenaje celebrado en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación el 22 de noviembre de 2017. Carmen destaca la bondad de Isabel, así como su condición de escritora magnífica y gran jurista. Estoy persuadido de que con el paso tiempo se valorará cada vez más la extraordinaria aportación de Isabel Espejo al Derecho Tributario español y comparado. Muchas gracias, querida Carmen por facilitarme el texto para su publicación – Pedro Herrera]

Estimados Juan, Luis, Álvaro y Marta.

Estimados Amigos, Compañeros, Alumnos y colegas.

Excelentísimos e Ilustrísimos Señores y Señoras:

En esta tarde de 22 de noviembre de 2017, quiero expresar mi más profundo agradecimiento a la Real Academia de la Jurisprudencia y Legislación por ofrecernos esta institución para conmemorar el nombre de una gran mujer como madre, amiga, compañera, mentora y colega.

El nombre de Isabel Espejo nos recuerda a una buena persona, una apasionada de la vida y su familia, una trabajadora incansable, una gran profesional, una emprendedora nata, una escritora magnífica y, siempre una gran jurista; pero sobre todo, lo que más destacaría de ella era su bondad.

En todo lo que se disponía hacer tenía que rendir culto a una actitud “la excelencia”, esa palabra, como decía ella, hoy en desuso, pero que, como recordaba, en plenos albores del Siglo XXI, como antaño había sido, debía ser el motor de cada uno de los ámbitos de nuestra vida, el familiar, el entorno social, el intelectual, y el profesional.

Reconocido, por todos, era su profunda tristeza cuando en cualquier organización social, política, jurídica, económica, e institucional pública o privada no imperaba el criterio de la excelencia. Para ella la sociedad que no exija dicha actitud está abocada a un profundo fracaso,  vacía de contenido, de valores, de principios.

Muchas tardes que pasábamos juntas, ella me insistía, Carmen, si no tenemos en cuenta este objetivo la humanidad no tiene solución. Compartiendo su reflexión, puesta la mirada en la esperanza, ese único rayo de Luz que queda, invito al fomento de “dicha predicación”.

Hasta el final de su vida, “nos recordó” que, “la Excelencia y la Justicia deben estar siempre abrazadas”, por eso a sus alumnos, en cualquier toma decisión de criterio, nos exigía con esa enorme perseverancia, característico de ella, tales actitudes.

Para ella evoco la frase de un Ilustre paisano mío, Don José María Pemán y Pemartín, nacido en Cádiz en 1897, Miembro de la Real Academia de la Jurisprudencia y Legislación 1967-1981, dice sobre el “deber”, es decir, la obligación, el compromiso y la responsabilidad moral con la que Isabel siempre vivió: “No hay virtud más eminente, que el hacer sencillamente lo que tenemos que hacer”.

Isabel, “Malandrina”, estamos enormemente orgullosos y agradecidos por todo lo que nos has legado, tu sapiencia, tu generosidad, tu sincera y llana amistad.

Gracias.

José Andrés Rozas: Propuestas para la reforma tributaria en el ámbito del IRPF y de la litigiosidad tributaria

José Andrés Rozas Valdés, Catedrático acreditado de la Universidad de Barcelona, ha publicado en FiscalBlog unasrozas interesantes propuestas para la próxima reforma tributaria centradas en el IRPF y en la reducción de la litigiosidad.

Como escribe el profesor Rozas:

“En los modelos de Derecho comparado que están a la cabeza de las experiencias más exitosas en la aplicación de los tributos, en la ordenación de las relaciones entre la Administración tributaria y los contribuyentes las pautas y protocolos de actuación son bien distintos. Estos sistemas, llamados de cooperative compliance, se construyen sobre la prevención del incumplimiento, no sobre su detección y castigo. Para ello se parte de la premisa de que se ha de tratar de forma desigual a los desiguales, que esto –y no el café para todos- es la igualdad. Es decir, no puede ser el mismo el modo de actuar y aproximarse a los problemas en la aplicación de los tributos que presentan las grandes empresas –que, en definitiva, son los socios preferentes de la Administración en la recaudación de los tributos- un pequeño empresario, un empleado o un agente económico que se desenvuelve en el mundo de la economía informal, la llamada sumergida”.

Recomiendo vivamente la lectura del artículo completo. Muchas gracias, de nuevo, querido José Andrés, por esta valiosa aportación y gracias a FiscalBlog por difundirla.

Pedro Herrera

José Andrés Rozas: un nuevo modelo de Administración Tributaria

José Andrés Rozas Valdés, Catedrático acreditado de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de rozasBarcelona ha publicado en FiscalBlog una interesantísima propuesta para el establecimiento de lo que podría llamarse una “Agencia Tributaria Integrada”. A título puramente personal, suscribo plenamente sus observaciones.

A su juicio, “el camino más natural para conseguir un sistema sencillo, eficaz, rentable, seguro, eficiente, económico y justo de gestión tributaria no es ni la fragmentación de la estructura administrativa encargada de su aplicación ni la concentración funcional y política en un único organismo administrado desde la centralidad del sistema. Lo más adecuado para el correcto funcionamiento del sistema tributario y la justa representatividad de todos y cada uno de los interlocutores políticos del mismo en su gestión es una sola Agencia independiente y profesionalizada en cuyo gobierno y administración participen de forma real y equilibrada cada una de las Haciendas implicadas en su funcionamiento. Se trataría de una Autoridad independiente responsable de la Administración de todo el sistema tributario estatal y autonómico…”.

Animo a los lectores a disfrutar del texto completo de la propuesta. Muchas gracias, querido José Andrés, por esta valiosa aportación.

Pedro Herrera

José Manuel Tejerizo: El Régimen Jurídico de la AEAT

El profesor José Manuel Tejerizo, Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la UNED y colaborador habitual de este blog ha elaborado un valioso post sobre la posible reforma de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.

Muchas gracias profesor Tejerizo por esta valiosa aportación.

Pedro M. Herrera

“En los últimos días se ha planteado una polémica en torno a ciertos acontecimientos ocurridos en la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). No pretendo, en modo alguno entrar en ellos, que no me corresponde. Pero si deseo decir algo sobre una cuestión que tiene relación directa con tales acontecimientos y sobre la que, por otro lado, ya me he pronunciado de palabra y por escrito en varias ocasiones. Se trata del régimen jurídico de la AEAT.

Como es sabido, la AEAT se rige por el artículo 103 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos generales del Estado para 1991, que establece sus funciones y competencias. Como era de prever, este precepto ha sido modificado en numerosas ocasiones, por lo que su redacción vigente tiene poco que ver con el original. Además, la estructura actual de la AEAT se encuentra establecida en una cantidad inabarcable de disposiciones de todo rango y condición (Reales Decretos, Órdenes ministeriales, Resoluciones del Presidente y del Director General de la Agencia, etc.). Es posible que tal organización sea clara para los responsables de la aplicación de los tributos, pero desde luego esa no es la impresión que tienen los ciudadanos, y me atrevería a decir que tampoco la de quienes nos dedicamos al estudio del Derecho tributario.

Todo ello conforma una maraña normativa que es muy complicada de desentrañar, lo que, como ya he escrito en alguna ocasión, no favorece la seguridad jurídica, principio que es esencial en un Estado de Derecho, y la calificación no es mía sino del Tribunal Constitucional.

Por ello, me atrevo a sugerir, como ya he hecho en otras ocasiones, que se ordene cuanto antes, y atendiendo a criterios estrictamente jurídicos, el régimen de la AEAT, que sin lugar a dudas es uno de los organismos esenciales de nuestra Administración estatal. Con este fin, me parece necesario acometer las siguientes tareas:

1) Es necesario que se dicte una Ley reguladora de la AEAT que sustituya y derogue definitivamente el artículo 103 de la Ley de presupuestos para 1991. En ella se debe establecerse con toda claridad sus funciones, sus órganos directivos y las competencias de cada uno de ellos perfectamente deslindadas. También debería contener las normas esenciales del régimen jurídico de sus miembros, aunque sea por remisión a las normas generales que regulan la función pública. En mi opinión, no basta con una norma reglamentaria, sino que, repito, debe dictarse una norma con rango legal.

2) Parece aconsejable dictar además una norma reglamentaria con rango de Real Decreto (si se quiere puede llamársela Estatuto, aunque el nombre me parece lo de menos) que organice la AEAT con criterios racionales. Evidentemente, la regulación debe referirse tanto a los órganos centrales como a los periféricos (cualquiera que sea la denominación que se adopte), y tiene que fijar con claridad los sistemas de nombramiento de los titulares de cada uno de ellos. La determinación de qué órganos deben ser cubiertos mediante un procedimiento reglado (concurso u oposición) y cuáles mediante decisiones discrecionales de los responsables políticos es algo que corresponde fijar a los poderes públicos, pero, en mí opinión, el primer sistema (procedimiento reglado) debería constituir la norma general.

Es cierto que una regulación de este tipo supone introducir un cierto grado de rigidez en la organización de la AEAT, lo que contrasta con la flexibilidad que ha existido y existe ahora, cuando basta una Resolución del Director General para alterar la denominación, el número y el ámbito material y territorial de las competencias de casi todos los órganos de la Agencia.

Por ello, puede ser aceptable que la fijación de los órganos de inferior categoría y sus competencias pueda encomendarse a la dirección de la Agencia (entendiendo por tal hasta el Director General como máximo), pero no lo es que se mantenga la situación actual, ya que se compadece mal con los principios de seguridad jurídica y protección de los derechos de los ciudadanos que, por otra parte, están expresamente reconocidos en las propias leyes tributarias (artículo 34 LGT). Entre otros extremos que no procede examinar, dada la intención de estas líneas, con ello se evitaría que, como sucede ahora, en más ocasiones de las deseables resulte muy difícil precisar el órgano competente para llevar a cabo una determinada actuación, lo que, entre otras consecuencias, convierte en inaplicable el supuesto de nulidad de pleno derecho por incompetencia manifiesta del órgano que la hubiera adoptado a que alude el artículo 217, 1 b)  LGT”.

José Manuel Tejerizo López

Catedrático de Derecho Financiero y Tributario.