Marina Serrat Romaní: La relevancia de la pertinencia previsible: Comentario crítico a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 6 de octubre de 2020, asuntos acumulados C‑245/19 y C‑246/19

Publicamos hoy un valioso comentario de jurisprudencia europea elaborado por Marina Serrat Romaní, Assistant Professor en la Universidad de Maastricht

Resumen

La sentencia de 6 de octubre de 2020 del TJUE sobre los asuntos acumulados C-245/19 y C-246/19 ha introducido nuevos criterios interpretativos para reconocer la pertinencia previsible de la información intercambiada en el marco de los requerimientos de información dentro de la Unión Europea. Los criterios de dicha Sentencia extienden  los ya asentados en Berlioz, con el fin de ofrecer mayores garantías de protección de los datos de carácter personal y del derecho a la intimidad y vida privada. En este mismo sentido, la sentencia matiza el los límites de protección del derecho a la tutela judicial efectiva que cubren al contribuyente afectado por los procedimientos previo requerimiento sino también sobre terceras partes.

Summary 

The CJEU Sentence of 6 October 2020 on the joined cases C-245/19 and C-246/19 has introduced new interpretative criteria to recognise the foreseeable relevance of the information exchanged in the framework of requests for information within the European Union. The criteria of this judgment extend those criteria already established in Berlioz, in order to offer greater guarantees for the protection of personal data and the right to privacy and private life. In this sense, the Courtbrings new nuances to the limits of protection of the right to effective judicial protection covering the taxpayer and also third parties affected by the requests of information.

Palabras clase

Tutela judicial efectiva – pertinencia previsible – intercambio previo requerimiento – proporcionalidad

Key words

Effective judicial protection – foreseeable relevance – Exchange upon request – proportionality 

I.- Introducción 

El objetivo de este análisis consiste en poner de manifiesto la relevancia que tiene para  la jurisprudencia, la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 6 de octubre de 2020, sobre los asuntos acumulados C-245/19 y C-246/19. En dicha sentencia el tribunal se pronuncia sobre dos principales cuestiones: Una pivota alrededor de los límites de la tutela judicial efectiva y la otra entorno al concepto de pertinencia previsible de la información tributaria. El comentario se estructura de forma que al definir y examinar los puntos principales de la sentencia también se analizan, aunque brevemente, las consecuencias que de ella derivan para los estados miembros,   especialmente respecto del avance que ha supuesto la Sentencia para el concepto de “pertinencia previsible”

II.- Hechos del caso y cuestiones prejudiciales 

La sentencia de 6 de octubre de 2020 responde a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo (Cour Administrative) del Ducado de Luxemburgo en el marco de los casos B vs État luxembourgeois y entre État luxembourgeois y B, C, D, F. C., dos procedimientos distintos que el TJUE optó por acumular.

Ambos litigios se originaron por motivo de un requerimiento de intercambio de información solicitado por la Administración tributaria española a la Administración tributaria luxemburguesa, con la finalidad de obtener información relativa a F. C., una persona física residente en España, sometida a una investigación con objeto de determinar su situación, como contribuyente, de acuerdo con la legislación tributaria española.

Conviene, pues, relatar los hechos del caso por separado

A- Asunto C‑245/19 B vs État luxembourgeois

El 18 de octubre de 2016 la Administración tributaria española inició con el Estado de Luxemburgo un procedimiento de intercambio de información previo requerimiento en el que se solicitaba a la Administración tributaria luxemburguesa que facilitara determinada información relativa al contribuyente F.C. La información solicitada abarcaba el periodo comprendido entre 1 de enero de 2011 y 31 de diciembre de 2014. A fin de tramitar ésta solicitud, el 16 de junio de 2017, las autoridades tributarias luxemburguesas remitieron a la sociedad luxemburguesa B una decisión por la que se le requería facilitar y comunicar información sobre F.C. 

Concretamente se solicitaba a la sociedad B información contractual relativa a los derechos de F.C con las sociedades E y F, así como la totalidad de las facturas recibidas y emitidas relativas a esos contratos, como sus medios de cobro y pago; y los detalles de las cuentas bancarias y de las instituciones financieras en las que se mantiene el efectivo registrado en el balance.

La decisión, mediante la cual se requería a B que facilitara la información, indicaba expresamente que no era recurrible. Pues conforme al artículo 6 de la Ley luxemburguesa de 25 de noviembre de 2014, relativa al procedimiento aplicable al intercambio de información previa solicitud en el ámbito de la fiscalidad, no cabe recurso alguno contra la solicitud de intercambio de información ni contra la decisión de requerimiento de la misma.

No obstante, el 17 de julio de 2017, la sociedad B presentó una demanda ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Luxemburgo, pidiendo, en primer lugar, la modificación de dicha decisión y subsidiariamente su anulación. Mediante sentencia de 26 de junio de 2018, dicho tribunal se consideró competente para conocer del recurso y anuló parcialmente la decisión al estimar que la información requerida a la sociedad B no era previsiblemente relevante para la investigación que llevaba a cabo la Administración tributaria española. Dentro del ámbito de su competencia, el Tribunal se pregunta si el artículo 6.1 de la Ley de 25 de noviembre de 2014, al excluir la presentación de recurso contra las decisiones por las que se efectúa un requerimiento de comunicación de información a la Administración tributaria, pudiera suponer alguna vulneración al derecho a la Tutela judicial efectiva y a un juez imparcial recogido en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE (la Carta). 

Y es que el Tribunal quiere saber si los artículos 7, 8, 47 y 52 de la Carta exigen “reconocer a la persona que sea destinataria de una decisión por la que se la requiere para que comunique a la Administración tributaria información que obre en su poder el derecho a interponer un recurso directo contra esa decisión, sin perjuicio de la posibilidad de impugnar dicha decisión con carácter incidental en caso de que no le dé cumplimiento y se le imponga posteriormente una sanción por tal motivo”[1]. En caso afirmativo, “cuál es el alcance del control judicial que puede efectuar en el marco de tal recurso directo sobre el carácter previsiblemente pertinente de la información en cuestión, a la luz de los artículos 1 y 5 de la Directiva 2011/16”[2].

B- Asunto C-246/19: État luxembourgeois y B, C, D, F. C con intervención de A

El 16 de marzo de 2017, las autoridades fiscales españolas enviaron a las autoridades fiscales luxemburguesas una segunda solicitud de intercambio de información sobre F.C, también dentro del período comprendido entre 1 de enero de 2011 a 31 de diciembre de 2014. 

A fin de tramitar dicha solicitud, el 29 de mayo de 2017 la Administración tributaria luxemburguesa remitió al Banco A una decisión por la que se le requería que comunicara determinada información bancaria de F.C. y de las sociedades B, C y D. 

Del mismo modo que en la decisión del asunto C-245/19, en esta decisión también se especificaba que no era recurrible en virtud de la misma normativa luxemburguesa. Nuevamente, las sociedades B, C y D y F. C., interpusieron una demanda ante al Tribunal de lo Contenciosos Administrativo esgrimiendo exactamente los mismos argumentos. Dicha demanda obtuvo una Sentencia con el mismo resultado que en el asunto anterior. El Tribunal expone los mismos interrogantes que en el caso C-245/19, aunque en esta ocasión respecto de “un contribuyente sometido a una investigación iniciada por la Administración tributaria de otro Estado miembro y, por otro, terceras personas que mantienen relaciones jurídicas, bancarias, financieras o, en un sentido más amplio, económicas con ese contribuyente.”[3]

Dadas las circunstancias de ambos casos el presidente del TJUE decidió acumular los asuntos C-245/19 y C-246/19.

III.- Análisis crítico

A la vista de los hechos de los asuntos acumulados C-245/19 y C-246/19, en la sentencia prevalecen dos principales cuestiones, que son de una parte los límites de la tutela judicial efectiva y de otra el concepto de pertinencia previsible, por lo que se dedicará un sub apartado a cada una de las cuestiones prejudiciales. 

En la primera cuestión prejudicial se dilucida que el Tribunal Luxemburgués pretende conocer cuál es la interpretación que debe hacerse del artículo 47 de la Carta cuando una normativa de un Estado miembro priva “a una persona que posee determinada información, a un contribuyente sometido a una investigación tributaria y a terceras personas a las que concierne esa información de la posibilidad de interponer un recurso directo contra una decisión por la que se requiere la comunicación de dicha información a la Administración tributaria”[4]. Por lo tanto, se cuestiona como una normativa estatal afecta al alcance de la tutela judicial efectiva desde una triple perspectiva, en función de quien es el sujeto al que se dirige la comunicación por la cual se le requiere que entregue información previsiblemente relevante para los fines fiscales por los que se solicita.

En la segunda cuestión prejudicial, el Tribunal luxemburgués desea conocer cómo debe formularse una solicitud de intercambio de información así como el requerimiento de la autoridad competente del Estado miembro requerido que la tramita, para que cumplan con el criterio de pertinencia previsible. Es decir, esta segunda cuestión prejudicial, como indica Alejando Jiménez López “versa sobre la forma en que debe formularse la solicitud en relación con las personas afectadas con el fin de que las autoridades tributarias requeridas puedan valorar la «pertinencia previsible» de la información solicitada para el procedimiento tributario en el otro Estado miembro, ya que solo la información que «previsiblemente, guarde relación» es objeto de la directiva.”[5].

Y es que la relevancia de la segunda cuestión prejudicial radica en el hecho de que el TJUE se ha pronunciado solamente una única vez respecto del concepto de “pertinencia previsible” en los procedimientos de intercambio de información tributaria. Este fue el caso de la sentencia de 16 de mayo de 2017, Berlioz Investment Fund, C‑682/15, en la que el TJUE estableció que una solicitud de información objeto de un proceso de intercambio de información previo requerimiento no sería conforme a los artículo 1 y 5 de la Directiva 2011/16 si la autoridad requirente solicita información irrelevante o sin relación con la investigación en cuestión[6]. No obstante, el TJUE simplemente realizó una primera aproximación a la interpretación del concepto pertinencia previsible sin establecer ningún matiz sobre cómo deben formularse las solicitudes de información para que la misma sea considerada pertinente. Este paso es el que el TJUE ha dado en los casos conjuntos de État Luxembourgeois.

A.- Las consecuencias de la triple perspectiva de la tutela judicial efectiva

Respecto de la primera cuestión prejudicial, referente al derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial (artículo 47 de la Carta), el Tribunal se posiciona de forma distinta respecto de los afectados por los requerimientos de información cuya normativa reguladora no contempla la posibilidad de presentar acción o recurso alguno contra la misma, dependiendo de si se trata de terceros o del propio contribuyente. 

Respecto de esas terceras partes que están en posesión de la información que la autoridad competente quiere obtener, el Tribunal no duda en señalar que tal y como está planteada la normativa luxemburguesa, solamente da cabida a recurrir la sanción impuesta una que vez la persona requerida se niegue a responder y a entregar la información solicitada.  Esto hace que delante de un requerimiento de información que sea arbitrario y desproporcionado, y por tanto, no cumpla con los criterios establecidos en la Directiva 2011/16, la persona en cuestión queda completamente indefensa[7]. Esta construcción normativa es contraria al espíritu de la tutela judicial efectiva[8]

No es el caso de las denominadas “terceras partes afectadas”, porque se trata de personas jurídicas con las que el contribuyente investigado estuvo relacionado por motivos jurídicos y/o económicos. Por lo tanto, cuando se transfiere información del contribuyente investigado constan sus datos en dicha información. No obstante, matiza el Tribunal, en concordancia con las Conclusiones de la Abogada General Kokkot[9], estas terceras personas afectadas, “a diferencia de la persona que posee dicha información y a la que la autoridad competente de un Estado miembro ha remitido una decisión de requerimiento para su comunicación, no están sometidas ni a una obligación jurídica de comunicar tal información ni, por tanto, al riesgo de ser sancionadas en caso de incumplimiento de esa obligación jurídica”.[10] Por lo tanto, al no tener obligación jurídica alguna dentro del procedimiento de intercambio de información, no quedarían cubiertas por el derecho a la tutela judicial efectiva en cuanto a la imposibilidad de presentar recurso alguno contra las decisiones de la Administración luxemburguesa dentro del marco del intercambio de información. No obstante, aunque se trate de actos y decisiones administrativos eso no significa que éstos no sean arbitrarios y desproporcionados y estas terceras partes afectadas puedan ver vulnerados sus derechos[11], como el derecho a la protección de datos personales o el derecho a la intimidad. Derechos que cobran especial relevancia en caso de que los terceros afectados sean personas físicas.

Paradójicamente, el Tribunal utiliza este mismo argumento para justificar que la legislación que impide al contribuyente sometido a la investigación que originó la solicitud de información interponer recurso contra la decisión por la que se requiere a un tercero en posesión de información de relevancia para la investigación, que la facilite a las Autoridades tributarias, no supone una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva. Porque al igual que las terceras partes afectadas, procedimentalmente “el contribuyente investigado no es destinatario de tal decisión y no está sujeto a ninguna obligación jurídica resultante de esta última, ni, por tanto, al riesgo de que se le imponga una sanción por incumplimiento”[12]

El TJUE ya fue muy claro al respecto en el caso Sabou C-276/12[13] cuando asentó doctrinalmente que en los procesos en los que la Administración procede a recabar información, ésta no está obligada a notificar al contribuyente. Y, además, en este sentido tampoco queda obligada a darle la opción para que éste pueda hacer sus observaciones. El principal motivo es que los requerimientos de información forman parte de un proceso principal que tiene carácter contradictorio que permite al contribuyente ejercer su derecho a ser oído[14], y por tanto se le garantiza su derecho a la tutela judicial efectiva. En otras palabras, tal y como indica [15], una normativa respeta el derecho a recibir una tutela judicial efectiva siempre y cuando el contribuyente tenga la capacidad de cuestionar la decisión de la administración, pudiendo recurrir al menos a nivel judicial.

B.- Pertinencia previsible: de Berlioz a État luxembourgeois

Para comprender la relevancia que tiene la sentencia de 6 de octubre de 2020 para el procedimiento de integración (negativa) de la fiscalidad directa a nivel europeo, es necesario realizar una comparativa entre el caso C-682/15 y los asuntos C-245/19 y C-2146/19. En primer lugar, previo al asunto Berlioz, a nivel TJUE nunca se había planteado cuál era el alcance del concepto de pertinencia previsible de la información tributaria solicitada, así como el alcance del control que las autoridades tributarias y judiciales del Estado requerido debían ejercer sin menoscabar la finalidad de la Directiva 2011/16. Ambos, Berlioz y los asuntos acumulados de État Luxembourgeois, tienen su origen en el Derecho luxemburgués, y concretamente en  la Ley de 25 de noviembre de 2014[16]. Mientras que en Berlioz el posicionamiento del Tribunal es generalista respecto del concepto de pertinencia previsible, en État Luxembourgeois el Tribunal precisa aún más la delimitación del mismo. 

En Berlioz el Tribunal considera que el objetivo de la pertinencia previsible es el de “permitir a la autoridad requirente obtener toda información que considere justificada para su investigación sin autorizarla no obstante a sobrepasar manifiestamente el marco de esa investigación ni a imponer una carga excesiva a la autoridad requerida.”[17] Así pues simplemente se limita a establecer patrones generales para que las Administraciones los apliquen caso por caso. Es decir, el Tribunal da un margen razonable de discrecionalidad sobre qué tipo de información puede reclamarse, pues indica que corresponde a la autoridad que dirige la investigación apreciar la pertinencia previsible de la información solicitada según las circunstancias del asunto, la evolución  o el cauce que siga el procedimiento y en función del agotamiento de las fuentes habituales de información que ya haya podido utilizar. No obstante, el tribunal subraya que aunque las Administraciones gocen de un margen amplio de discrecionalidad, esto no significa que puedan solicitar información inconexa con la investigación que llevan a cabo[18]. Pero ¿qué es información inconexa? 

En Berlioz el TJUE establece que la información solicitada será pertinente siempre y cuando contemple una serie de elementos: se indique “la identidad de la persona sometida a examen o investigación y el objetivo fiscal para el que se pide la información, y, por otra parte, en su caso, el nombre y dirección de toda persona que se considere esté en posesión de la información solicitada, así como todo elemento que pueda facilitar la recogida de información por parte de la autoridad requerida”[19]. Es decir la solicitud de intercambio de información y las decisiones de requerimiento de información deben explicitar criterios que demuestren que no se trata de investigaciones aleatorias, como indica el Tribunal en État Luxembourgois; porque las investigaciones aleatorias, o fishing expeditions sí se consideran actuaciones desproporcionadas[20].

En este sentido, el Tribunal matiza que cuando la autoridad requerida, cómo es su deber, controle la motivación de la solicitud de intercambio de información, deberá tener en cuenta que cuando sea necesario obtener tal información que esté en posición de un tercero, deberá constar la identidad de ese tercero en la solicitud, de lo contrario no se cumplirían los requisitos exigidos para evitar la aleatoriedad.

El Tribunal destaca la obligación de especificar la identidad de la persona sometida a investigación exigido en Berlioz a fin de que tal obligación alcance también la identificación de los terceros en cuyo poder se halle la información. Si bien en Berlioz se mencionaba que debía constar la identidad “terceros eventualmente informados”, en État Luxembourgois el Tribunal determina que deben ser terceros que posean la información de interés para los objetivos de la investigación, como por ejemplo contratos, facturas y pagos celebrados o efectuados durante ese período y relacionados con el contribuyente investigado. Es decir, deben ser terceros que mantenga algún tipo conexión fehaciente con la investigación y no terceros seleccionados aleatoriamente. 

Por otra parte, en los casos acumulados C-245/19 y C-246/19, el Tribunal Supremo de Luxemburgo plantea dudas concretas sobre la idoneidad de contratos, facturas y pagos que no se identifican de manera precisa. En este sentido el TJUE considera que dicha información, contratos, facturas, pagos cumplen con criterios de pertinencia previsible en la medida en que tengan relación con el contribuyente investigado y en la medida en que se solicitan los que se hayan llevado a cabo durante el período de tiempo en el que se centra la investigación.

Así, pues, las solicitudes de intercambio de información deben indicar la identidad de los contribuyentes investigados -cuya investigación ha originado la solicitud de intercambio de información-; la identidad de la/las persona/s que posee/n la información deseada y el período al que se extiende la investigación. Sin embargo, matiza el Tribunal que si la información deseada son contratos, facturas o pagos, éstos deberán cumplir una serie de requisitos que permitan garantizar su idoneidad sin tener que esperar a conocer si eran o no pertinentes al final de la investigación. Pues, el Tribunal es consciente que, precisamente, el objetivo de las solicitudes de intercambio de información es recabar datos de los que se tiene un conocimiento incompleto e impreciso, y que por ende, la pertinencia real de los mismos no se conocerá hasta el final de la investigación, en función de los resultados de la misma[21]

De ahí que el TJUE establezca nuevos criterios delimitadores de la pertinencia de la documentación solicitada. En primer lugar, señala que debe ser contratos, facturas o pagos efectuados por la/las persona/s que están en posesión de la información; en segundo lugar, deben ser contratos que tengan una relación con el contribuyente investigado y, finalmente, deben ser aquellos contratos, facturas o pagos llevados a cabo durante el período investigado[22]. La pregunta ahora es ¿seguirá el TJUE delimitando y homogeneizando los criterios que definen la “pertinencia previsible” a nivel europeo? Hay que confiar que en breve el caso pendiente C-437/19, État du Grand-duché de Luxembourg v  L, resolverá esta pregunta. 

IV.- Conclusiones

La sentencia amplia el arco de protección del derecho a la tutela judicial efectiva sobre terceros que están en posesión de información relevante sobre contribuyentes que tienen abiertos procedimientos de investigación por parte de las Autoridades Fiscales de los Estados miembros, motivo por el cual éstas solicitan iniciar el procedimiento de intercambio de información, por el que se requiere a estos terceros reportar la información previsiblemente relevante que tengan de los sujetos investigados. 

El Tribunal considera que vulneran el derecho a la tutela judicial efectiva aquellas normas internas que no permiten a estas terceras partes recurrir o presentar acción alguna contra las decisiones administrativas que les obligan a reportar determinada información relevante. No obstante, el Tribunal también considera que aquellas legislaciones internas que impiden a los contribuyentes (objeto de investigación) y a terceras partes afectadas recurrir los actos o decisiones administrativas de requerimiento de información, no suponen una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, ya que no se trata de los sujetos a los que va dirigida la obligación de reportar la información. Sin embargo y en otro orden de las cosas, el Tribunal insiste en que tanto los contribuyentes como las terceras partes afectadas deben de poder acogerse a su derecho a la tutela judicial efectiva. El contribuyente deberá tener derecho a ser oído en alguna de las fases de la investigación y, las terceras partes afectadas por los intercambios de información, podrán acogerse a su derecho a la tutela judicial efectiva para poder reclamar el derecho que haya sido vulnerado debido a actos administrativos arbitrarios y desproporcionados.

En síntesis, se podría decir que la sentencia viene a reforzar los poderes de los Estados miembros tanto a nivel legislativo como administrativo respecto de los procedimientos de investigación tributaria, pues mina el derecho del contribuyente a impugnar la solicitud de intercambio de información a la vez que otorga a los Estados miembros una mayor facultad discrecional para limitar éste derecho.

El Tribunal también destaca los criterios que determinan el concepto información tributaria “previsiblemente pertinente”, introducidos en la sentencia Berlioz (C-682/15) y que presumiblemente volverán a ser revisados y matizados por el TJUE una vez éste se haya pronunciado sobre el asunto pendiente C-437/19, pues, los criterios delimitados ayudan a homogeneizar a nivel europeo qué documentación puede ser objeto de intercambio de forma más precisa. 

Los nuevos criterios interpretativos para reconocer la pertinencia previsible de las solicitudes y requerimientos de información dentro de la Unión Europea, introducen  nuevos matices que pretenden evitar la transferencia de documentación completamente aleatoria y ajena a la investigación y obligan a realizar un control más estricto en la revisión de la documentación objeto de intercambio. Mediante la extensión de los criterios introducidos en Berlioz, el TJUE ofrece mayores garantías de protección de los datos de carácter personal y del derecho a la intimidad y vida privada, se previene la transferencia de documentos que contengan datos de personas distintas a cualquiera de las partes relacionadas con la investigación.

Bibliografía

  • Brito Bastos, F., “Luxembourg v B: How far shoould jurisdictional limits be eroded in the name of effective judicial protection?”, EULAWLIVE, nº 41, December 12, 2020, pp. 10-21.
  • Conclusiones de la Abogada General Kokott, presentadas el 2 de julio de 2020, Asuntos acumulados C‑245/19 y C‑246/19
  • Jiménez Lopez, A., “De lo pertinente en el intercambio de información tributaria, Análisis de la STJUE de 6 de octubre de 2020, asuntos acumulados C-245/19 y C-246/19”, Revista de Contabilidad y Tributación. CEF, 456 (marzo 2021), 147-157.
  •  Sentencia del TJUE, de 6 de noviembre de 2012, Otis y otros, C‑199/11.
    •  de 22 de octubre de 2013, C-276/12 Sabou
    • de 17 de abril de 2018, Egenberger, C‑414/16.
    • de 16 de mayo de 2017, C‑682/15, Berlioz Investment Fund.
    • de 29 de julio de 2019, C‑556/17 Torubarov
    • de 12 de diciembre de 2019, , C‑433/18 Aktiva Finants
    • de 6 de octubre de 2020, asuntos acumulados C-245/19 B v État luxembourgeois y  C-256/19 y État luxembourgeois  y B, C, D, F. C con intervención de A.

[1] Apartado 32 de la sentencia TJUE, de 6 de octubre de 2020, asuntos acumulados C-245/19 B v État luxembourgeois  y C-256/19 luxembourgeois y B, C, D, F. C con intervención de A.

[2] Apartado 33 de la sentencia TJUE, de 6 de octubre de 2020, asuntos acumulados C-245/19 B v État luxembourgeois  y C-256/19 luxembourgeois y B, C, D, F. C con intervención de A.

[3] Apartado 33 de la sentencia TJUE, de 6 de octubre de 2020, asuntos acumulados C-245/19 B v État luxembourgeois  y C-256/19 luxembourgeois y B, C, D, F. C con intervención de A.

[4] Apartado 54 de la sentencia TJUE, de 6 de octubre de 2020, asuntos acumulados C-245/19 B v État luxembourgeois  y C-256/19 luxembourgeois y B, C, D, F. C con intervención de A.

[5] Jiménez Lopez, A., “De lo pertinente en el intercambio de información tributaria, Análisis de la STJUE de 6 de octubre de 2020, asuntos acumulados C-245/19 y C-246/19”, Revista de Contabilidad y Tributación. CEF, 456 (marzo 2021), p.148.  

[6] Ver apartados 71 y 72 de STJUE C‑682/15,de 16 de mayo de 2017, Berlioz Investment Fund.

[7] Apartados 67 a 69 de la sentencia TJUE, de 6 de octubre de 2020, asuntos acumulados C-245/19 B v État luxembourgeois  

[8] EL TJUE se ha pronunciado en numerosas ocasiones sobre la naturaleza del derecho a la tutela judicial efectiva (véase las STJUE, de 17 de abril de 2018, Egenberger, C‑414/16, apartado 78 y STJUE, de 29 de julio de 2019, Torubarov, C‑556/17) y reconoce el Derecho  acceder a los órganos de justicia tanto por parte de personas físicas como jurídicas en tal que titulares de derechos (véase STJUE, de 6 de noviembre de 2012, Otis y otros, C‑199/11 o STJUE, de 12 de diciembre de 2019, Aktiva Finants, C‑433/18).

[9] Véase apartado 95 de Conclusiones de la Abogada General Kokott, presentadas el 2 de julio de 2020, Asuntos acumulados C‑245/19 y C‑246/19.

[10] Apartado 99 de la sentencia TJUE, de 6 de octubre de 2020, asuntos acumulados C-245/19 B v État luxembourgeois  

[11] En este sentido la Abogada General Kokott pone de manifiesto que posiblemente, en caso que la Administración tributaria obligue a otra persona a facilitar información sobre cuentas bancarias y activos de terceros, vulnera probablemente los derechos que el artículo 7 de la Carta confiere a esos terceros (apartado 98 apartado 95 de Conclusiones de la Abogada General Kokott, presentadas el 2 de julio de 2020, Asuntos acumulados C‑245/19 y C‑246/19).

[12] Apartado 80 de la sentencia TJUE, de 6 de octubre de 2020, asuntos acumulados C-245/19 B v État luxembourgeois  

[13] “De ello se deduce que el respeto del derecho de defensa del contribuyente no exige que éste participe en la solicitud de información dirigida por el Estado miembro requirente al Estado miembro requerido. Tampoco exige que el contribuyente sea oído en el momento en que en el Estado miembro requerido se lleven a cabo actuaciones inspectoras que puedan incluir el examen de testigos ni que sea oído antes de que dicho Estado miembro transmita información al Estado miembro requirente.” (Apartado 44, STJUE, de 22 de octubre de 2013, C-276/12 Sabou)

[14] Apartado 81 de la sentencia TJUE, de 6 de octubre de 2020, asuntos acumulados C-245/19 B v État luxembourgeois.

[15] Brito Bastos, F., “Luxembourg v B: How far shoould jurisdictional limits be eroded in the name of effective judicial protection?”, EULAWLIVE, nº 41, December 12, 2020, pp. 12-13

[16] Ambos casos cuestionan dicha normativa en la que su artículo 6 establece que “No cabe recurso alguno contra la solicitud de intercambio de información ni contra la decisión de requerimiento indicadas en el artículo 3, apartados 1 y 3.”. Artículos que se refieren a las decisiones de requerimiento que, por una parte, la Administración competente deberá comprobar para cerciorarse de su regularidad formal. Indicando que son formalmente válidas aquellas solicitudes de intercambio de información en tanto en cuanto indiquen “su base jurídica y la autoridad competente de la que emana y las demás indicaciones establecidas en los convenios y en las leyes”. (Véanse apartados 18 a 20 de STJUE C‑682/15, de 16 de mayo de 2017, Berlioz Investment Fund y 18 a 20 de STJUE C-245/19 y C-246/19, de 6 de noviembre de 2020)

[17] Apartado 67 de la sentencia TJUE, de 6 de octubre de 2020, asuntos acumulados C-245/19 B v État luxembourgeois  

[18] Apartados 69 a 71 de la sentencia TJUE, de 6 de octubre de 2020, asuntos acumulados C-245/19 B v État luxembourgeois  

[19] Apartado 79 Sentencia TJUE C‑682/15, de 16 de mayo de 2017, Berlioz Investment Fund.

[20] Apartados de la sentencia TJUE, de 6 de octubre de 2020, asuntos acumulados C-245/19 B v État luxembourgeois  

[21] Apartado 120 a 122 de la sentencia TJUE, de 6 de octubre de 2020, asuntos acumulados C-245/19 B v État luxembourgeois.

[22] Apartado 124 de la sentencia TJUE, de 6 de octubre de 2020, asuntos acumulados C-245/19 B v État luxembourgeois.  

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