J.A. ROZAS: EL TJUE SE PRONUNCIA SOBRE EL IMPUESTO ESPECIAL ALEMÁN SOBRE ENERGÍA NUCLEAR

EL TJUE SE PRONUNCIA SOBRE EL IMPUESTO ESPECIAL ALEMÁN SOBRE ENERGÍA NUCLEAR

José A. Rozas

Catedrático acreditado de Universidad

 

El TJUE en su Sentencia de 4 de junio de 2015 Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH y Hamptzollamt Osnabrück (Asunto C-5/14) se ha pronunciado sobre las cuestiones prejudiciales que, en enero de 2014, planteó el Finanzgericht Hamburg en relación con la adecuación al Derecho comunitario del impuesto estatal alemán sobre el uso de combustibles nucleares en la producción de energía eléctrica, German Kernbrennstoffsteuergesetz. A las tres cuestiones formuladas por el Tribunal alemán el TJUE ha respondido que no se advierte incompatibilidad del mismo con el Derecho comunitario y que resultaba oportuno su planteamiento.

 

La primera de ellas era de orden procesal y se refería a la posibilidad, o no, de plantear una cuestión prejudicial cuando sobre el mismo objeto procesal está pendiente de resolución otro proceso iniciado ante el Tribunal Constitucional del Estado miembro. Cuestión que se enmarca en el vidrioso ámbito de lo que se está dando en llamar el “diálogo judicial o jurisdiccional” entre las Cortes constitucionales nacionales y los Tribunales de Luxemburgo y Estrasburgo. El particular ha tenido un reciente episodio verdaderamente sugestivo al resolver el TJUE, en su sentencia de 16 de junio de 2015, la primera cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Constitucional alemán, que versaba sobre la adecuación al Derecho comunitario de los actos del Banco Central Europeo de adquisición de deuda soberana de los Estados miembros en cuanto que constitutivos no ya de políticas monetarias sino económicas y respecto de la que el Tribunal de Luxemburgo ha considerado su compatibilidad con el Derecho comunitario, sin perjuicio de lo que al respecto resuelva ahora la Corte constitucional alemana en cuanto a la constitucionalidad de tales actuaciones.

 

Pues bien, de nuevo el Tribunal de Luxemburgo se manifiesta sobre la posibilidad de que simultáneamente se tramiten respecto del mismo objeto dos procesos, uno relativo a su compatibilidad con el Derecho comunitario y otro atinente a su adecuación constitucional, por entender que la pendencia de un caso ante la Corte constitucional de un Estado miembro no implica que el Tribunal que la planteó quede por ello “ni privado de la facultad ni, en su caso, exento de la obligación” (§ 35) de residenciar ante el Tribunal de Luxemburgo una cuestión prejudicial sobre el particular por dos razones: i) en aras de una resolución de los procesos en un plazo de enjuiciamiento razonable (§ 27); y ii) por cuanto “los órganos jurisdiccionales tienen una amplísima libertad al respecto en cualquier fase del procedimiento e incluso una vez finalizado un procedimiento incidental de control de constitucionalidad” (§ 31).

 

En cuanto al fondo del asunto, no advierte el Tribunal incompatibilidad del impuesto estatal alemán en cuestión -sobre el uso de combustibles nucleares en la producción de energía eléctrica- ni con la normativa relativa a los productos energéticos y la electricidad (Directiva 2003/96/CE), ni con la que se refiere al régimen general de los impuestos especiales (Directiva 2008/118/CE), ni con las disposiciones relativas a la proscripción de ayudas de Estado (art. 107 TFUE), ni, por último, con el articulado del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (arts. 91 y 93 EA).

 

En lo relativo a la tributación de los productos energéticos y la electricidad resalta el Tribunal, en primer lugar, que el combustible nuclear no es un producto energético exento a los efectos de la Directiva 2003/96/CE, apuntando, por otra parte, que del texto de dicha Directiva no se deduce un principio que se oponga a la percepción simultánea de un impuesto sobre el consumo de energía eléctrica y de un impuesto que grave las fuentes de producción de esa energía” (§ 51).

 

En cuanto a su compatibilidad con el régimen general de impuestos especiales, se advierte en primer lugar que nada impide el establecimiento de otros impuestos indirectos que persigan una finalidad específica (§ 58) –no digamos ya si son directos- siempre que se perciban del productor sin repercusión al consumidor (§ 64), lo que no se produce en este caso, más allá de que la carga tributaria del mismo se traslade económicamente al usuario final a través del mecanismo de formación del precio de la energía eléctrica vigente en Alemania (§ 64).

 

En materia de ayudas de Estado el Tribunal no examina la cuestión en términos de proporcionalidad al considerar que a tales efectos no se puede considerar que otras fuentes de energía se encuentren en relación a la nuclear en situación fáctica y jurídica comparable afirmando obiter dicta que nada impide que se sujete a tributación específica la producción de electricidad mediante procedimientos que contribuyan a reducir las emisiones de CO2 (§ 76).

 

Tampoco se considera, por último, que comporte una exacción de efecto equivalente a un derecho aduanero desde el momento que constituye un sistema general que grava distintos productos según criterios objetivos que no discriminan en razón del origen (§ 90).

 

En definitiva, una sentencia dictada en un plazo razonable -un año y medio desde que se planteó la cuestión- y que con toda claridad resuelve la integridad de las cuestiones planteadas en un sentido que resulta de enorme trascendencia desde el punto de vista del Derecho español en el que la fiscalidad energética ha sido objeto de un desarrollo más que considerable en las leyes estatales 15/2012 –impuestos sobre la producción de la energía eléctrica, la hidroeléctrica y la producción y almacenamiento de residuos nucleares- 16/2013 –Impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero– y 8/2015 por la que se crea unImpuesto sobre el Valor de la Extracción de Gas, Petróleo y Condensados”, así como en una panoplia de impuestos autonómicos sobre emisiones de gases contaminantes e instalaciones con incidencia ambiental que gravitan, también, sobre la energía eléctrica. No obstante en cada uno de dichos impuestos se pueden advertir matices específicos, esta sentencia del TJUE se sitúa en la línea de que puedan considerarse los mismos acordes con el Derecho comunitario.

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