J.A. Rozas Valdés: sobre la declaración de inconstitucionalidad de una discriminación valenciana en el Impuesto sobre Sucesiones

DECLARADA INCONSTITUCIONAL UNA DISCRIMINACIÓN VALENCIANA EN EL IMPUESTO SOBRE SUCESIONES

José Andrés Rózas Valdés

Catedrático Acreditado de Derecho Financiero y Tributario (Universidad de Barcelona

El pasado 18 de marzo (STC 60/2015), el pleno del TC ha expulsado del ordenamiento jurídico –en resolución de una cuestión de constitucionalidad presentada por la sala 3ª, secc. 7ª, del TS, por San Fernando del 2013- el art. 12 bis de la Ley valenciana 13/1997 sobre normativa en tributos cedidos, en la redacción dada a la misma por el art. 16 de la Ley valenciana 10/2006, por vulneración de los arts. 14, 31.1 y 139.1 de la Constitución, siendo su ponente el Magistrado Antonio Narváez Rodríguez.

El caso “Reig Roig” (más valenciano imposible) se había planteado en 2010 cuando tres hermanos y su madre descubren, con una natural sensación de vértigo y pavor, que el varón, “Don Gaspar jr”, por no residir en la Comunidad valenciana, a diferencia de sus dilectas hermanas y madre –más apegadas a la tierra- ha de pagar una cuota por la herencia recibida de “Don Gaspar sr” nada menos que noventa y nueve veces mayor que la que correspondía a sus co-herederos. Extrañamente, esta diferencia de trato le resulta injusta y recurre su primorosa autoliquidación, no sin antes haber solicitado su oportuna rectificación, respondida –como procede- por la autoridad competente con un merecido silencio. ¡Qué funesta manía la de los contribuyentes de recurrir, con el consiguiente incremento de la malhadada litigiosidad!

El primer detalle procesal sugestivo de este caso es que el justiciable se echa en brazos, directamente, de la jurisdicción contencioso-administrativa por el procedimiento especial de protección de los derechos fundamentales. La respuesta del TSJ valenciano no tiene, francamente, desperdicio. Le manda a paseo, por San Antonio del 2011, con número de registro 03/2162/2010, bajo el lema de que “la medida normativa combatida ni es arbitraria, ni está ayuna de fundamento legal” pues “responde a una finalidad constitucionalmente amparada que es la protección de la familia (sic)”. ¡Toma del frasco, Carrasco!

Don Gaspar jr se va derechito a las Salesas y allí tienen a bien, oído el ministerio fiscal y la representación procesal del justiciable, plantear la correspondiente cuestión de inconstitucionalidad, por cuanto algo les hace sospechar a los magistrados que esto de que un hermano pague noventa y nueve veces más de cuota por ISD que sus coherederos igual no tiene nada que ver con la protección de la familia y hasta, ¡quién sabe!, hasta resulte contrario a Derecho.

Claro está que si el bien asesorado contribuyente hubiera elegido la vía natural de recurso tributario, acudiendo primero al Tribunal económico-administrativo regional de Valencia y, después –o antes, per saltum (¡ali-hop!)- ante el TEAC, tras un paciente peregrinaje –por el consabido atasco de las trochas contencioso y económico administrativas saturadas de litigantes contribuyentes- no habría llegado nunca al Supremo –cerrado para quienes reclamen menos de 600.000 € por hecho imponible, en aras de la “agilización procesal” y reducción de la conflictividad- y difícilmente habría llegado al Constitucional –que rechaza sistemáticamente los amparos en materia tributaria porque la igualdad formal (art. 31 Ce) no tiene nada que ver con la igualdad material (art. 14 Ce) [¿o es la objetiva la que no es igual, valga la redundancia, que la subjetiva?]- salvo que hubiera convencido a los magistrados de la AN que hubiesen presentado la susodicha cuestión de inconstitucionalidad por estimar que algo olía a podrido en La Albufera.

El cuco contribuyente, su pérfido asesor, eligió, por el contrario y arteramente, la sinuosa vía de la protección de los derechos fundamentales, se coló en las Salesas, logró que se plantease la cuestión y -¡éxito sin precedentes!- tras sólo cinco años ha conseguido ver reconocido su derecho a no ser flagrantemente discriminado y maltratado por haber abandonado, imprudentemente, su residencia en la fértil tierra valenciana. Eso sí, repitan conmigo y con nuestras autoridades tributarias: “en España no existe ningún problema de justicia tributaria ni en lo relativo a su ordenación, ni en lo atinente a su administración: todo es perfecto sin mancha de defecto alguno”. A la vista de la propuesta de contrarreforma de la LGT en marcha, lo único que procede es darle algún retoque al económico-administrativo y, eso sí, si no fuera por las objeciones del Consejo de Estado, se querría poner freno a la posibilidad de que los díscolos contribuyentes saquen partido de la responsabilidad patrimonial del legislador cuando, sistemáticamente, el TJUE y, ahora también, el TC, le pasan la garlopa a nuestro impoluto ordenamiento tributario.

Para evaluar si está en cuestión el respeto del principio de igualdad los magistrados utilizan la STC 96/2002, de 25 de abril, analizando si la residencia puede operar como elemento de discriminación, si se aplica en razón de un fin constitucional, si el grupo sobre el que la misma se aplica es homogéneo y si la diferenciación es adecuada y proporcionada al fin:

a) el grupo es homogéneo, herederos con idéntico parentesco;

b) el fin constitucionalmente protegido con la diferenciación no se identifica, ni en el preámbulo de la ley, ni en su tramitación parlamentaria arguyendo al respecto los abogados de la Generalitat una supuesta “protección de políticas sectoriales” que no se detallan y que los magistrados no entienden;

c) pese a ello –pues no identificado el fin constitucional protegido la discriminación sería de suyo inaceptable- el Tribunal hace notar en su cuestionamiento del particular que no hay razón alguna que justifique la residencia como elemento de discriminación entre herederos de igual parentesco;

d) por último, en la misma línea, se incide en que no se trata de que se apliquen leyes autonómicas diversas por razón de la residencia sino de que la misma ley autonómica aplicada a un residente en la Comunidad y a otro que no reside en la misma –por lo demás en idénticas circunstancias- discrimina –ferozmente apuntaría yo, de forma “atroz” apunta la fiscalía- al segundo respecto del primero.

El cuestionamiento se admite por el TC y cita a personarse, como procede, al lucero del alba. Con el detalle, sintomático, de que el abogado del Estado hace mutis por el foro y no dice esta boca es mía. Lógicamente la Abogacía de la Generalitat y los letrados de Las Cortes valencianas sí dicen la suya que presenta como plato fuerte, tras los habituales cuartos a espadas de la autonomía financiera y la corresponsabilidad fiscal, algo verdaderamente ingenioso: tiene sentido limitar la generosa bonificación fiscal a los residentes en las tierras levantinas porque sólo respecto de ellos es previsible que la misma pueda “revertir por otras vías en el mismo territorio”. O sea, que el Tesoro público nunca ha de perder y una bonificación sólo estará justificada si es de ida y vuelta porque, claro está, lo suyo es tributar y únicamente de forma restrictiva, rígida y cicatera es admisible que alguien pueda disfrutar de “beneficios” fiscales… salvo que sea previsible, naturalmente, que vaya a “devolver”, por otra vía, lo inicialmente disfrutado.

El legislativo valenciano tuvo ya sus dudas al respecto y, de hecho, entre el 2003 y el 2006 se suprimió semejante discriminación, en una primera fase, para resultar definitivamente abrogada en 2014. La tajante decisión del Constitucional (con una poco habitual -¡y encomiable!- economía procesal de 28 páginas) con todo, conserva su virtualidad para eventuales nuevos procedimientos en los que pudiera ser de aplicación la normativa ahora derogada, y para aquellos sobre los que –en las mismas circunstancias- aún no se haya decidido en fase administrativa o judicial.

En un mismo curso académico el TJUE en septiembre y el TC en marzo le ha pegado un considerable meneo a la normativa del ISD, por resultar discriminatoria respecto de los no residentes, en el primer caso, y en razón de la vecindad autonómica en este segundo pronunciamiento. Tal vez fuera esta la ocasión de comenzar a poner un poco de orden en esta materia; sin embargo, a juzgar por la notoria cicatería y carencia de un elemental sentido de justicia que ha presidido la urgente reforma operada en lo relativo a los no residentes –dejando al albur de la flagrante (“de tal evidencia que no necesita pruebas” reza el diccionario de la RAE) discriminación a los que no lo sean en la UE o en el EEE- no hay motivos para la esperanza.

3 thoughts on “J.A. Rozas Valdés: sobre la declaración de inconstitucionalidad de una discriminación valenciana en el Impuesto sobre Sucesiones

  1. Estupendo comentario José Andrés. Además del asunto concreto del ISD, lo aderezas con muy interesantes comentarios y denuncias sobre el estado actual, en España, de los mecanismos para la defensa de los intereses de los contribuyentes. Y los “recortes” que se nos vienen encima.
    Hoy, llegar a “Las Salesas” resulta casi imposible, a no ser que seas rico o del Ibex 35.
    Un abrazo, Isaac Ibáñez

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