Álvaro del Blanco: Conflictos jurídicos en el Catastro Inmobiliario

Conflictos jurídicos en el Catastro Inmobiliario

Álvaro del Blanco García

Instituto de Estudios Fiscales, Doctor en Derecho por la UNED

En la última década, el Catastro Inmobiliario está siendo objeto de múltiples recursos en la vía judicial. El principal acto administrativo que se recurre por parte de los contribuyentes es la denominada ponencia de valores. La ponencia de valores es el acto administrativo de carácter general que recoge un mapa de valores para la determinación individualizada de los valores catastrales.
 

La conexión existente, por un lado, entre el planeamiento urbanístico y la ponencia de valores y, por otro lado, entre la ponencia de valores y los valores catastrales individualizados ha provocado un importante número de litigios que tienen por finalidad trasladar los efectos de nulidad del planeamiento urbanístico a la ponencia de valores, así como la nulidad de la ponencia de valores a los valores catastrales individualizados. La diversa naturaleza jurídica del planeamiento urbanístico y de la ponencia de valores hace que los efectos de la declaración de nulidad de ambas figuras jurídicas sean diferentes.

En primer lugar, la nulidad del planeamiento urbanístico implica que la ponencia de valores sea un acto administrativo anulable, en atención a la doctrina del Tribunal Constitucional (STC 54/2002, de 27 de febrero y SSTS de 16 de mayo de 2001 y 28 de septiembre de 2001). En este sentido, si la ponencia de valores ha adquirido firmeza quedaría convalidada. A su vez, sería de aplicación el principio de conservación de los actos administrativos regulado en el artículo 66 de la LRJPAC. Lo anterior se entiende sin perjuicio de la posibilidad de impugnación de la misma a través de los supuestos de nulidad regulados en el artículo 217 de la LGT.

En segundo lugar, la nulidad de una ponencia de valores afectaría únicamente a aquellos valores catastrales individualizados que no fuesen firmes (ya que estamos en presencia de actos administrativos). Respecto a éstos últimos, no sería de aplicación el principio de intransmisibilidad de los actos administrativos regulado en el artículo 64.1 de la LRJPAC, dada la dependencia existente entre la ponencia de valores y los valores catastrales individualizados.

Por otra parte, algunos Tribunales Superiores de Justicia (por ejemplo, véase la sentencia del TSJ de Madrid de 18 de julio de 2014) están permitiendo la impugnación indirecta de las ponencias de valores a través de los valores catastrales individualizados. En mi opinión, estas sentencias contradicen de manera manifiesta la jurisprudencia del Tribunal Supremo (SSTS 10 de febrero de 2011 y 11 de julio de 2013) así como el artículo 27 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa que sólo admite el recurso indirecto frente a disposiciones de carácter general.

Por último, la sentencia del Tribunal Supremo de 30 de mayo de 2014, establece que para la calificación catastral de suelo urbano no es suficiente con que el terreno esté incluido en un sector o ámbito delimitado para ser urbanizado sino que es necesario que se haya aprobado el instrumento urbanístico que establezca las determinaciones para su desarrollo o que dicho instrumento no sea necesario porque el planeamiento urbanístico general establezca su ordenación detallada.

En nuestra opinión, el argumento de mayor peso jurídico de la sentencia y el que compartimos plenamente, va referido al límite establecido en el TRLCI a la hora de determinar el valor catastral que no es otro, que el valor de mercado. Por otro lado, la determinación del justiprecio en un procedimiento de expropiación forzosa, así como las indemnizaciones por responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas deben atender al valor real del bien en el mercado.

Tomando en cuenta ambas regulaciones, el valor catastral no debería ser mayor, en ningún caso, que el justiprecio establecido en un procedimiento de expropiación forzosa o la indemnización establecida por responsabilidad patrimonial.

Sin embargo, la distinta calificación jurídica del suelo establecida en la normativa catastral y en el TR de la Ley de Suelo provoca este tipo de situaciones. Es decir, que a efectos de expropiación forzosa o de responsabilidad patrimonial un terreno tenga la consideración de suelo rústico, con la consiguiente merma en la determinación del justiprecio o la indemnización y, a efectos catastrales, tenga la calificación de suelo urbano, con el consiguiente incremento en el pago de las cuotas del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, sujeción a la plusvalía municipal y a la imputación de rentas inmobiliarias del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Existen multitud de ponencias de valores que han calificado como suelo urbano terrenos sectorizados pero en los que no se ha aprobado un plan parcial que concrete el planeamiento urbanístico general, lo cual contradice la doctrina legal sentada por el Tribunal Supremo. Esto obliga al Catastro a elaborar las nuevas ponencias de valores con arreglo a la interpretación establecida por el Tribunal Supremo. A su vez, debería modificar todas aquellas ponencias de valores que no fuesen firmes y no cumplan con los criterios establecidos por el Tribunal Supremo, ya que, de lo contrario, es previsible que las sentencias posteriores se dicten en sentido desfavorable para la Administración.

En relación a las ponencias de valores firmes, la naturaleza administrativa del documento impide que puedan recurrirse de manera indirecta por lo que únicamente sería recurrible por el procedimiento de revisión de actos nulos de pleno derecho, regulado en el artículo 217 de la LGT. El Tribunal Supremo hace una velada suposición de incumplimiento del principio de capacidad económica en el criterio mantenido por la Administración por lo que podría fundamentarse el recurso de nulidad en la lesión de los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.

Todo lo anterior nos obliga a concluir que el Catastro debe avanzar de manera decidida hacia modelos de valoración masiva automatizada. De esta manera, se objetivará y se tendrá actualizada y coordinada a nivel nacional la valoración catastral mediante técnicas estadísticas y matemáticas avanzadas como son las técnicas de minería de datos, entre otras.

3 thoughts on “Álvaro del Blanco: Conflictos jurídicos en el Catastro Inmobiliario

  1. Estimado Álvaro del Blanco,

    desde luego estoy muy de acuerdo con tus conclusiones. Enhorabuena.

    Muchas gracias y gracias también al Profesor Herrera por facilitar la publicación del texto.

    Ann

  2. Excelente artículo, Álvaro. Si conectamos el mismo con el post de José Andrés Rozas del 27 de mayo, podemos decir lo de Dante, lasciate ogni speranza. Me refiero al estado de indefensión en que se encuentra el contribuyente español.
    Me parece obvio que no puede defenderse jurídicamente que las Ponencias de Valores sean eternas y que si no se recurrieron en su día son inatacables. El caso de la sentencia del TSJ de Extremadura y de la posterior sentencia del Tribunal Supremo sobre la exigencia de que el suelo urbanizable pueda calificarse a efectos catastrales como urbano si tiene una ordenación detallada, es patente.
    En base a esta jurisprudencia es perfectamente defendible que puede solicitarse de la Administración Catastral la recalificación del suelo a efectos catastrales. Es decir, no se trata de impugnar actos administrativos firmes y consentidos, sino de provocar –a solicitud del contribuyente- un nuevo acto administrativo (la reclasificación del suelo a efectos catastrales), en base a una jurisprudencia que pone de manifiesto lo erróneo de actos administrativos anteriores que tienen efectos temporales indefinidos.
    Pues bien, la Administración entiende (y por desgracia la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Extremadura, en solicitudes de extensión de efectos de su sentencia, lo ha ratificado), que las resoluciones que notifican los nuevos valores catastrales resultado de un procedimiento de valoración colectiva causaron estado en la vía administrativa, al no haber sido recurridas en tiempo y forma, por lo que devinieron firmes y consentidas. Es decir, que, sine die, puede seguir sangrándose al contribuyente, a sabiendas de que la exacción no es lícita.

    http://cincodias.com/cincodias/2014/08/29/economia/1409313648_745845.html

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