Cristina Pariente: Crónica del Seminario ECJ Leading Cases – “Procedimiento de inspección y delito fiscal en el Anteproyecto de Ley General Tributaria”

[Post núm. 678, de 29 de enero de 2015]

Crónica del Seminario ECJ Leading Cases – “Procedimiento de inspección y delito fiscal en el Anteproyecto de Ley General Tributaria”

Cristina Pariente Araque
PwC

El seminario fue impartido por el Profesor Juan Martín Queralt el 17 de diciembre de 2014 en la Facultad de Derecho de la UNED (el audio completo puede escucharse aquí).

Durante el seminario se trataron algunas de las novedades introducidas por el Anteproyecto de LGT reflexionando el Profesor Martín Queralt sobre las mismas:

Basó el Ponente su exposición en tres puntos principales:
1. Prescripción
2. Pagar y regularizar.
3. Deseo de acabar con la litigiosidad

1. PRESCRIPCIÓN: Considera el Prof. Martín Queralt que la reforma, en lo relativo a la prescripción, tiene su origen en la vigente Ley 7/2012, de 29 de octubre, que declaraba imprescriptibles los bienes y derechos no declarados en su momento.

Con el Anteproyecto, se introduce la “Imprescriptibilidad del derecho a comprobar e investigar” (nuevo artículo 66,bis). Apunta el ponente la ausencia de necesidad de declarar dicha imprescriptibilidad, apoyándose en una reciente sentencia del Tribunal Supremo (STS 4 de julio de 2014. Rec. 581/2013. Ponente: Juan Gonzalo Martínez Micó) que consideró la imposibilidad de declarar en fraude de ley ciertas operaciones realizadas en el ejercicio 1998, en el seno de una comprobación relativa a los ejercicios 2002-2004, aun cuando dichas operaciones proyectases sus efectos en ejercicios no prescritos (objeto de comprobación-BINS), para argumentar que el propio Tribunal Supremo, en ningún caso abogaba por dicha imprescriptibilidad.

2. REGULARIZACIÓN: Con la Reforma de la LGT se exige el pago íntegro.

Invoca el profesor Martín Queralt la “Circular 2/2009 sobre la interpretación del término regularizar en las excusas absolutorias previstas en los apartados 4 del art. 305 y 3 del art. 307 del Código Penal” que recoge las consideraciones de la Sala 2ª del Tribunal Supremo que, en esa materia, se inclina por una concepción estricta del término regularización. El Anteproyecto sigue la línea de lo expuesto en la citada Circular (la adjunto al presente correo electrónico por si te resultase de interés).

Pues bien, siguiendo dicha concepción estricta, se plantea el ponente que todo delito requiere de la concurrencia de (i) un elemento defraudatorio y (ii) de un resultado lesivo para la Hacienda Pública. De forma tal que, si se considera que únicamente puede identificarse la regularización con el pago, ¿Cuál sería el elemento defraudatorio de quien regulariza de forma espontánea pero no puede pagar y pide un fraccionamiento/aplazamiento?. No resuelve dicho interrogante pero si insiste en que, con el Anteproyecto, regularizar es pagar, y no “decir verdad”.

3. ACABAR CON LA LITIGIOSIDAD: Insiste el Prof. Martín Queralt en que el deseo de poner fin a la litigiosidad, no pude suponer poner trabas al derecho a la tutela judicial efectiva tal y como, en su consideración, se está llevando a cabo al incrementar las tasas judiciales, imponer elevadas costas (sin limitación), obligando a garantizar la deuda tributaria cuya suspensión se solicita, etc.

Además de lo anterior, el Profesor Martín Queralt, a lo largo de su exposición, identificó varios problemas de la reforma llevada a cabo, denunciando que, en contra de lo que ha ocurrido con la reforma de la Ley del IRPF, IS, etc, para la reforma de la LGT no se ha formado comisión alguna de expertos para el análisis del Anteproyecto, algo que en su consideración justificaría que dicho Anteproyecto no se hubiera modificado en algunos aspectos relevantes.

Algunos problemas identificados:
En el anteproyecto (art. 251) se introduce la posibilidad de que se remita al juez instructor un procedimiento sin que se haya determinado ni el importe ni el obligado tributario, sorprende al ponente que se haya eliminado la exigencia de que la Administración, cuando aprecie indicios de delito, se lo envíe al juez debidamente justificado.
El artículo 253.3 del Anteproyecto, indica que, cuando haya indicios de delito, se emitirán dos liquidaciones, una no afectada por dichos indicios y otra, que el Profesor Martín Queralt denominaba “contaminada”, si afectada por dichos indicios de delito, para a continuación, ofrecer al contribuyente la opción de calcular las cuotas de cada una de las liquidaciones de forma diferente. Considera el ponente que la posibilidad que ofrece este artículo al contribuyente para optar por un sistema de cálculo de ambas cuotas basado en la aplicación proporcional de las partidas a compensar/deducir en la base o en la cuota supone una vulneración de nuestro ordenamiento jurídico por cuanto que el hecho imponible es uno, y no se puede pactar con el contribuyente.
En relación con el artículo 254 del Anteproyecto, se plantea el Prof. Martín Queralt, dónde queda el derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de acceso a los recursos por cuanto que, frente a la liquidación administrativa denominada “contaminada”, no procederá recurso/reclamación alguno. De esta forma, si en dicha liquidación “contaminada” hubiere defectos formales o procedimentales, ello sería, conforme a la nueva redacción del Anteproyecto, jurídicamente irrelevante.
Introducción de un nuevo supuesto de revisión de oficio (art. 129.bis) pudiéndose determinar la responsabilidad patrimonial del Estado legislador en materia tributaria cuando se derivase de la inconstitucionalidad, ilegalidad o no adecuación a Derecho de la Unión Europea de las normas tributarias. Consideró el Ponente que la introducción de este nuevo procedimiento de revisión no era necesario puesto que el mismo ya se estaba llevando a cabo, poniendo el ejemplo del Céntimo Sanitario.

Señala además este nuevo artículo que para determinar los efectos retroactivos (cuando la sentencia no diga nada al respecto) se atenderá a la doctrina de los tribunales en materia de inconstitucionalidad, ilegalidad o no adecuación de la norma al Derecho de la Unión Europea. Desconoce el Ponente a qué doctrina se está haciendo referencia el Anteproyecto, por cuanto que en su consideración dicha doctrina es muy diversa y se pronuncia en todos los sentidos. Anticipa por tanto problemas derivados de esta amplia referencia a la Doctrina de los Tribunales.

[Muchas gracias, Cristina, por elaborar este interesante resumen. Pedro Herrrera]

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