José A. Rozas Valdés: el Impuesto Valenciano sobre la Producción Eléctrica

[Post núm. 642, de 24 de noviembre de 2014]

EL IMPUESTO VALENCIANO SOBRE LA PRODUCCIÓN ELÉCTRICA

José A. Rozas Valdés

Catedrático acreditado de Universidad

Universitat de Barcelona

La Ley 10/2012, de 21 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat (DOCV de 27 de diciembre) tuvo a bien crear dos nuevos impuestos ambientales en la Comunidad valenciana. La Ley 5/2013, de 23 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat (DOCV de 27 de diciembre) vino a modificar ciertos aspectos de los mismos. El primero de ellos –el único que interesa a los efectos de este comentario- se denomina “impuesto sobre las actividades que inciden en el medio ambiente” y el segundo “impuesto sobre eliminación de residuos en vertederos”.

Si he de ser sincero, he tenido conocimiento de los mismos leyendo la Ley de la Generalitat catalana por la que se aprueban otros tres impuestos propios en Cataluña, que no serán los últimos, ¡pues hay otros dos en tramitación parlamentaria! Y es que cerca del 30% de la recaudación total derivada de la aplicación de impuestos propios autonómicos se concentra en Cataluña. Lo que no quiere necesariamente decir que la Generalitat catalana esté a la cabeza de ingresos tributarios per capita ni, mucho menos, en lo que a provisión de servicios públicos afecta. En EE.UU. los estudios realizados al respecto [Laffer, A.B. et al., An inquiry into the nature and causes of the Wealth os States: How taxes, energy and orker freedom change everything, Wiley, 2014, 341 pp.] demuestran que los Estados en los que la tributación es más elevada, sistemáticamente han visto reducida su población, su crecimiento económico y con ello -lo que es su correlato lógico- sus ingresos tributarios y sus niveles de provisión de servicios públicos. Desconozco si en España se han elaborado estudios similares que comparen los sistemas fiscales autonómicos y la evolución de sus variables macroeconómicas; serían, ciertamente, interesantes y, quizás, vendrían a corroborar los realizados al otro lado del atlántico: a mayores impuestos, mayor despoblación, menor crecimiento y menores ingresos públicos. Una delicia, vaya.

En cualquier caso, no es mi propósito con estas líneas divagar sobre políticas fiscales autonómicas, sino dar razón de uno de sus resultados normativos: el llamado impuesto valenciano sobre actividades que inciden en el medio ambiente, en cuanto a uno de sus hechos imponibles, la producción de energía eléctrica.

Lo primero que llama verdaderamente la atención al respecto es que no parece que sea yo el único para quien haya pasado desapercibida la existencia de estos nuevos impuestos autonómicos de la Comunidad Valenciana. En el documento sobre impuestos propios autonómicos que figura en la página web del Ministerio de Hacienda, actualizado en febrero de 2013, no se menciona su existencia (http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/PortalVarios/FinanciacionTerritorial/Autonomica/Cap%C3%ADtulo%20III%20Tributación%20Autonómica%202012.pdf). Aunque, también es verdad, que en la misma página web del susodicho Ministerio se puede encontrar un documento que recoge su normativa (http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/PortalVarios/FinanciacionTerritorial/Autonomica/TributosPropios/Normativa/2014/Impuesto%20sobre%20actividades%20que%20inciden%20en%20el%20medio%20ambiente%20VALENCIA%202014.pdf).

La delimitación de su hecho imponible es verdaderamente compleja. Uno de sus presupuestos de hecho de nacimiento de la obligación tributaria, “la producción de energía eléctrica”, excluye el devengo de su segunda modalidad, “producción, depósito y almacenamiento de sustancias consideradas peligrosas”, en tanto que resulten concurrentes, aunque son ambos compatibles con la tercera modalidad de hecho imponible, “la emisión a la atmósfera de óxidos de nitrógeno (NO) o dióxido de azufre (SO2).

Estamos, pues, ante un híbrido entre el impuesto estatal sobre la producción de energía eléctrica, el inveterado gravamen catalán sobre las actividades de riesgo y los impuestos autonómicos sobre emisiones de gases contaminantes, cuyo elenco inauguró Galicia el ya lejano 1995.

Cuando se examinan los elementos de cuantificación de la modalidad del hecho imponible referida a la producción de energía eléctrica –kilowatios hora producidos por euros- su paralelismo con el impuesto estatal con parejo presupuesto de hecho -creado sólo unos días más tarde que el valenciano- se hace evidente. En el caso estatal se sujeta a gravamen la producción de energía eléctrica y la base imponible es la cifra de negocios, siendo su tipo de gravamen del 7%. Si en el primer caso se llega a la cuota a través de un parámetro físico que se multiplica por un tipo impositivo específico y en el segundo se hace a través de una base imponible monetaria a la que se aplica una alícuota, el resultado y el eje de la cuantificación de ambos impuestos es idéntico: se está calculando la cuota a partir de la cifra de negocios, de los ingresos brutos por las ventas de la electricidad producida.

En el impuesto valenciano, con buen criterio, se declara exenta la producción de energía eléctrica de fuentes renovables. Pero en todo lo demás su solapamiento con el estatal es bastante claro. Lo lógico, pues, sería que los productores de energía eléctrica de origen no renovable en la Comunidad Valenciana debieran de satisfacer uno u otro, pero no ambos.

La disposición adicional primera de la Ley 15/2012 establece al respecto que el Estado tendrá obligación de compensar a las CC.AA. por la pérdida de ingresos que les pudiera provocar la aprobación de los impuestos energéticos aprobados en la misma –tal y como se establece en el art. 6.2 de la LOFCA- tan solo respecto de aquellos impuestos autonómicos con hechos imponibles coincidentes que estuvieran vigentes en septiembre de 2012, al publicarse el proyecto de ley estatal. Lo que no es el caso del impuesto valenciano.

Por otra parte, los elementos de cuantificación del impuesto, por lo que a la producción de energía eléctrica atañe, recuerdan extraordinariamente a su homónimo balear, declarado ya hace tiempo inconstitucional por superponerse materialmente con el Impuesto sobre Sociedades.

Aparentemente, pues, no da la impresión de que este impuesto autonómico pueda tener mucho recorrido. Hay motivos sobrados para impugnar las liquidaciones derivadas de su aplicación.

De hecho, recientemente el Tribunal Constitucional ha expulsado del ordenamiento jurídico, mediante su Sentencia 110/2014, comentada en este mismo blog por el Prof. Barberena, el impuesto navarro homónimo al estatal, entendiendo que al no estar convenido con carácter previo le resulta de aplicación lo establecido en la LOFCA en cuanto a los límites de las potestades tributarias autonómicos. La consecuencia de todo ello ha resultado ser que se les está exigiendo a los productores de energía eléctrica ubicados en Navarra el impuesto estatal instándoles a exigir la devolución del foral. En el caso valenciano, por el contrario, la situación no sería la misma, pues desde la casilla de salida se supone que han debido de estar pagando ambos.

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