J.I. Gomar: Desindexación de la Economía y Cuantía de las Tasas Locales

[Post núm. 627, de 3 de noviembre de 2014]

Desindexación de la Economía y Cuantía de las Tasas Locales

Juan Ignacio Gomar Sánchez

Llega el otoño. Como todos los años es tiempo de caída de hojas y bajada de temperaturas. También de modificación de ordenanzas fiscales. Entre estas modificaciones, cuyo acuerdo inicial debe adoptarse por estas fechas, se encuentran las destinadas a la actualización de los importes de las tasas locales. Procede aquí detenerse en los acuerdos que tienen por único objeto la mera aplicación a tales cantidades de índices como el IPC, lo que viene en denominarse indexación.

Aunque la Ley de Haciendas locales y los tribunales exigen categóricamente que todo expediente de aprobación o modificación de una ordenanza fiscal reguladora de una tasa municipal deba ir acompañado de la correspondiente memoria económico financiera la jurisprudencia ha afirmado que no es precisa la misma cuando lo único que se acuerda es la mera actualización de su importe con arreglo a índices estadísticos de valor generalmente admitido como el de precios al consumo. Así por ejemplo se manifiestan las sentencias del Tribunal Supremo de 10 mayo (RJ 2012\6637) y 14 de mayo de 2012 (RJ 2012\8052). Como precedentes pueden citarse los representados por sentencias como las del TSJ de Andalucía de 3 y 24 de marzo de 1997(JT 1997,263 y JT 1997, 338), 4 de mayo de 1999 (JT 1999, 993) o 15 de octubre de 2001, y la del TSJ de Cantabria de 20 de septiembre de 2001 (JT/2001,1371).

En tal situación el legislador aprueba la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, General de Presupuestos del Estado para 2014 y establece en su disposición adicional octogésima octava, bajo la rúbrica “desindexación respecto a índices generales de contratos del sector público” que “el régimen de revisión de los contratos del sector público cuyo expediente se haya iniciado con posterioridad a la entrada en vigor de esta Ley no podrá referenciarse, en lo atinente a precios o cualquier otro valor monetario susceptible de revisión, a ningún tipo de índice general de precios o fórmula que lo contenga y, en caso de que proceda dicha revisión, deberá reflejar la evolución de los costes”. Este precepto también es aplicable a las entidades locales como se deduce del párrafo tres de la misma disposición adicional.

El mandato contenido en la Ley 22/2013 apunta en el mismo sentido que la exposición de motivos del borrador del proyecto de ley de desindexación de la economía española, en trámite de aprobación parlamentaria[1], cuando afirma que “la indexación es una práctica que permite modificar los valores monetarios de las variables económicas, de acuerdo con la variación de un índice de precios a lo largo de un período. La indexación con base en índices generales, como el Índice de Precios de Consumo (IPC), aunque es una convención ampliamente extendida, no necesariamente está justificada, ni produce beneficios para el conjunto de una economía desarrollada como la española”

Hasta este punto nos encontramos en presencia de una disposición que afecta a la contratación pública. Sin embargo el legislador, siempre pendiente de que los tributaristas no se aburran, indica a continuación en la citada adicional que “el régimen descrito en el párrafo anterior, a partir de la entrada en vigor de esta Ley, resultará de aplicación a la aprobación de sistemas de revisión de tarifas o valores monetarios aplicables a la gestión de servicios públicos cualquiera que sea la modalidad de prestación, directa o indirecta, por la que se haya optado”.

De este modo, citándose expresamente la gestión de servicios públicos y apuntándose a “cualquiera que sea su modalidad de prestación”, se incide directamente sobre el criterio jurisprudencial al que se ha hecho referencia y por tanto sobre el proceder habitual de numerosos municipios de actualizar tasas con arreglo a índices como el IPC. También se verían afectadas las posibles previsiones automáticas de incremento que en este sentido pudieran estar ya contenidas en el texto de las ordenanzas. La reiterada mención a “cualquier modalidad de prestación, directa o indirecta” extendería también la aplicación de esta regla a precios públicos y tarifas, cualquiera que sea la naturaleza que se predique de estas últimas.

Como la Ley 22/2013 entró en vigor a principios de 2014 no afectó a las ordenanzas fiscales, precios y tarifas municipales aprobadas a finales de 2013, sin embargo, incidirá en las que se pretendan aprobar ahora.

La Ley 22/2013 afirma en la misma disposición adicional que a efectos de lo dispuesto en los párrafos anteriores se entiende por índice general de precios cualquier índice de precios directamente disponible al público que esté construido a partir de otros índices disponibles al público pero que no tendrán esta consideración los índices de precios referidos a agrupaciones de bienes o servicios suficientemente homogéneos que sean habitualmente asimilables entre sí en su utilización en las actividades productivas, cuando no se encuentren disponibles para su utilización pública precios específicos o subíndices más detallados. De este modo, aunque niega la utilización de índices generales autoriza el uso de índices concretos.

Así pues, parece abrirse paso en aras del control de precios y la inflación la necesidad de que en toda modificación de una tasa local con la que se pretenda su actualización se efectúe, si no un estudio económico financiero nuevo, sí al menos un análisis específico de la evolución de los costes que integran el de cada servicio público, aplicando formulas concretas propias de cada sector de actividad para determinar la actualización aplicable a cada tasa o precio, en caso de que proceda. Es decir, no se exige en estos casos una nueva memoria económico financiera de la financiación del servicio pero si un estudio que justifique y acredite que la actualización se debe a un autentico incremento de costes y no a la aplicación de un puro automatismo injustificado. Se acabaron pues las actualizaciones automáticas o semiautomáticas de tasas y precios locales.

Sería razonable que la ley de desindexación de la economía española contuviera alguna mención expresa a esta cuestión, no contenida al menos en el proyecto que fue publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de 17 de enero de 2014, aunque dado el desconocimiento y desinterés que el legislador estatal suele manifestar en materia local a lo mejor es preferible que guarde silencio y simplemente deduzcamos su aplicación.

Juan Ignacio Gomar Sánchez

30/10/2014

[1] http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-74-1.PDF

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