Un desdichado ejemplo de eficacia en la “lucha contra el fraude fiscal”: embargo y enajenación de una finca que no pertenecía al deudor tributario

[ECJ Leading Cases, n. 620, 23-10-2014]

El Diario La Ley (núm. 8404, Sección Práctica Forense, 22 de Octubre de 2014) ofrece el análisis de Susana Perales sobre una interesante Sentencia de la Audiencia Nacional, de 30 de abril de 2013 que establece el  derecho de los recurrentes a percibir una indemnización por responsabilidad patrimonial de la AEAT, más el interés legal devengado desde la fecha de la reclamación administrativa, a consecuencia de la venta en subasta pública de una finca indebidamente embargada, puesto que el obligado tributario la había transmitido a un tercero hacía más de treinta años.

Pese a que el obligado tributario manifestó que la finca ya no era de su propiedad, la Administración no realizó la más mínima indagación (ni siquiera la consulta de los datos catastrales). Posteriormente, la Unidad de subastas sí tiene noticia de que el obligado tributario -que niega ser el propietario- no coincide con el titular que figura en el catastro, sin realizar gestión alguna para clarificar la situación ni siquiera dio traslado de estos datos al Servicio Jurídico.

Cuando los dueños de la finca tienen noticia de que la finca ha sido adjudicada a un tercero intentan acceder al expediente del procedimiento de apremio y se les deniega, primero por la dependencia de recaudación y después en vía económico-administrativa. Finalmente, la Audiencia Nacional dicta sentencia reconociendo el derecho de los recurrentes a percibir una indemnización por responsabilidad patrimonial de la AEAT, más el interés legal devengado desde la fecha de la reclamación administrativa.

La sentencia ofrece múltiples cuestiones de gran interés, que se analizan en el interesante estudio de Susana Perales mencionado al principio del post. En estas líneas sólo quería indicar que, pese a la importancia económica del asunto (la Audiencia reconoce una indemnización de 160.758,41 euros, más el interés legal desde la fecha de la reclamación inicial), la Administración no realizó la más mínima indagación -constatar la identidad del titular catastral y notificarle el procedimiento- para constatar si la finca no era propiedad del obligado tributario. Además, cuando el titular intenta reaccionar se le deniega en dos instancias (por la dependencia de recaudación y por el Tribunal Económico Administrativo) el acceso al expediente.

Este modo de proceder hace dudar de la exactitud de las informaciones facilitadas por la Agencia Tributaria en sus Memorias sobre su eficacia en la lucha contra el “fraude fiscal”. Como ha señalado el profesor Rozas Valdés en otro post, las memorias deberían detallar las liquidaciones anuladas por los tribunales y los procedimientos de recaudación que han resultado fallidos. Eso sí, en el supuesto que analizamos los gastos del procedimiento de apremio y los intereses de demora recaerán sobre el conjunto de los contribuyentes. Por este motivo resulta especialmente preocupante que el Anteproyecto de Reforma de la Ley General Tributaria aplique una nueva vuelta de tuerca a los derechos y garantías de los contribuyentes en aras de una supuesta mejora en la lucha contra el fraude.

Muchas gracias a Federico Garau (Conflicuts legum) por facilitarme esta valiosa información.

Pedro Herrera

6 thoughts on “Un desdichado ejemplo de eficacia en la “lucha contra el fraude fiscal”: embargo y enajenación de una finca que no pertenecía al deudor tributario

  1. En Derecho tributario norteamericano la responsabilidad patrimonial por actuaciones indebidas de embargo -no digamos ya de subasta y enajenación- se trasladan al funcionario que firma los actos administrativos… con el límite de un millón de dólares. Así consta en el Internal Revenue Code. No estaría de más que, ante un supuesto tan demencial como el que se describe en este post, alguien en la AEAT se plantease considerar la posibilidad de que alguno de los funcionarios que intervino en todo este disparate -tanto en recaudación como en el económico-administrativo- tal vez no hizo bien su trabajo y debiera de responder de alguna manera por ello. Me temo que no será así.

  2. Estimado Profesor Herrera,

    gracias por la referencia y el comentario. Sin duda las cuentas sobre la actuación en la actividad defraudatoria, si no refleja estos errores, son cuanto menos sesgadas. Por otro lado la “eficiencia” y la “eficiencia” brillan por su ausencia pero, además, existe una culpa grave más que evidente. Como argumenta el Profesor Rozas, parece que la voluntad legislativa de cargar el coste de la indemnización al funcionario negligente es nula.

    Cierto es que otros Estados lo regulan de modo claro. Por ejemplo el artículo 25 de la Constitución de la República Oriental del Uruguay establece: “Cuando el daño haya sido causado por sus funcionarios, en el ejercicio de sus funciones o en ocasión de ese ejercicio, en caso de haber obrado con culpa grave o dolo, el órgano público correspondiente podrá repetir contra ellos, lo que hubiere pagado en reparación”.

    No parece tan difícil de escribir, la verdad.

    Saludos y gracias por la reflexión,

    Ann

    • Muchas gracias, Ann. En realidad nosotros también lo tenemos “escrito”.

      Según el art. artículo 19 del Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial

      “Los particulares exigirán directamente a la Administración pública correspondiente las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados por las autoridades y el personal a su servicio, de conformidad con lo previsto en el artículo 145 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

      Satisfecha la indemnización, la Administración correspondiente podrá exigir de sus autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, culpa o negligencia grave, previa la instrucción del procedimiento regulado en el artículo 21 de este Reglamento”.

      Otra cuestión es que el modo en que estos preceptos se apliquen en la práctica. Resulta interesante que, tanto en Derecho uruguayo como en el ordenamiento español se establezca que la Administración “podrá” repetir frente a los funcionarios, sin que, aparentemente, se establezca la obligación de hacerlo así.

      Muchas gracias por la interesante reflexión y la cita de Derecho comparado.

      Pedro Herrera

      • Estimado Profesor,

        efectivamente el “podrá” parece dar la opción a aplicarlo o no. Por ello empiezo a creer que si la norma no está en nuestra Carta Magna (y limpia de la palabra mágica “podrá”) seguirá con la misma rigurosa aplicación de que ha gozado hasta el momento. Conste que en Uruguay la cuestión tampoco es nada pacífica. No sé si cabe aquí, pero es siempre curioso traer reflexiones sobre un mismo hecho, de otros Estados. Adjunto un link que sin duda hasta inquieta por el parecido razonable en cuanto a la inaplicación (si no es el lugar adecuado discúlpeme)

        http://www.onsc.gub.uy/onsc1/images/stories/Publicaciones/RevistaONSC/r33/33-5.pdf

        En fin, verdaderamente el derecho comparado es, en multitud de ocasiones, una buena luz con la cual ver una nueva y reveladora perspectiva. Por eso este blog importa y mucho.

        Saludos,

        Ann

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