Juan Ignacio Gomar Sánchez: Ayudas de Estado en el IBI (STJUE 9.10.2014, C-522/13, Navantia)

[ECJ Leading Cases, n. 619, 22-10-2014]

El pasado 9 de octubre de 2014 (Sociedad Navantia, C-522/13) el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó sentencia , declarando que “el artículo 107 TFUE, apartado 1, debe interpretarse en el sentido de que puede constituir una ayuda de Estado, prohibida con arreglo a dicha disposición, la exención del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de una parcela de terreno perteneciente al Estado y puesta a disposición de una empresa de la que éste posee la totalidad del capital y que, en esa parcela, produce bienes y presta servicios que pueden ser objeto de intercambios comerciales entre los Estados miembros en mercados abiertos a la competencia”.

Esta resolución, breve y de ágil lectura, debería tener gran trascendencia en materia de tributos municipales pues el Texto Refundido 2/2004 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales contempla otras exenciones y bonificaciones que a la luz del criterio jurisprudencial europeo pueden también representar ayudas de Estado. La sentencia abre además la puerta a los órganos judiciales nacionales para que así lo declaren.

Recuerda la sentencia de 9 de octubre en su punto veinte los requisitos ya conocidos para considerar que existe ayuda de Estado. En primer lugar, “tratarse de una intervención del Estado o mediante fondos estatales; en segundo lugar, esta intervención debe poder afectar a los intercambios comerciales entre los Estados miembros; en tercer lugar, debe conferir una ventaja selectiva a su beneficiario y, en cuarto lugar, es preciso que falsee o amenace falsear la competencia”.

En el caso enjuiciado, el Estado había puesto a disposición de una empresa privada un terreno a precio simbólico pero como indica la sentencia en su punto 17 no es esta la cuestión en torno a la que se plantea la duda si no la propia exención del impuesto de bienes inmuebles. Por eso cobra todo su relieve la afirmación efectuada por el Tribunal en el punto 23 cuando indica que “una medida mediante la cual las autoridades públicas conceden a determinadas empresas un trato fiscal ventajoso que, aunque no implique una transferencia de fondos estatales, coloca a los beneficiarios en una situación financiera más favorable que la de los demás contribuyentes constituye una ayuda de Estado en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1. En cambio, las ventajas fiscales resultantes de una medida general aplicable sin distinción a todos los operadores económicos no constituyen ayudas de Estado en el sentido del artículo 107 TFUE (sentencia P, C-6/12, EU:C:2013:525, apartado 18 y jurisprudencia citada)”.

Que esta cuestión habría de suscitaría antes o después ya fue afirmado por algunos autores (véase por ejemplo Teresa Calvo Sales, en “El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. La mayoría de edad del ICIO”, El Consultor de los Ayuntamientos, 2007, pagina 534 y siguientes) sin embargo, como tantas veces en derecho, cuando un Tribunal recoge el argumento es cuando el panorama cambia. De esta forma, algunas exenciones y bonificaciones locales quedan ahora bajo sospecha. Una rápida y ligera aproximación a esta delicada materia, en la que todavía queda mucho por escribir, así lo muestra.

Por ejemplo, en cuanto a la exención de la que gozan algunas entidades no lucrativas en el IBI, es preciso recordar que la Ley de Fundaciones 50/2002, de 26 de diciembre, establece en su artículo 24.1 que tales sujetos podrán desarrollar actividades económicas cuyo objeto esté relacionado con los fines fundacionales o sean complementarias o accesorias de las mismas, con sometimiento a las normas reguladoras de la defensa de la competencia, indicando que además podrán intervenir en cualesquiera actividades económicas a través de su participación en sociedades. Por tanto, la regla contenida en el artículo 15 de la Ley 49/2002, de Régimen Fiscal de Entidades Sin Fines Lucrativos e Incentivos Fiscales al Mecenazgo, en cuya virtud se otorgan beneficios fiscales a estas entidades en materia de IBI, IAE e impuesto municipal de plusvalía habrían de ser atemperadas en función no tanto de la ausencia de finalidad lucrativa o de que la posible actividad de explotación económica este exenta del impuesto de sociedades si no de  que tales actividades interfieran, en detrimento de la competencia, con la de otras personas que ejerzan la misma actividad bajo una forma jurídica distinta a la fundacional.

También podrían representar ayudas de Estado algunas de las bonificaciones que pueden establecer los ayuntamientos a tenor del artículo 74.2 del texto refundido, como la que puede alcanzar hasta el 95 por ciento de la cuota íntegra del impuesto a favor de inmuebles en los que se desarrollen actividades económicas que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo que a criterio municipal lo justifiquen (74.2, quater) o la del 74.3, en beneficio de algunos bienes inmuebles de características especiales. Si bien las ordenanzas fiscales han de tratar por igual a los sujetos iguales que se encuentren en su territorio de aplicación, y por tanto difícilmente estos van a quejarse de una bonificación que les puede beneficiar ¿Qué ocurre en el marco de un mercado que tiende a la unicidad si el beneficio fiscal de un municipio crea una clara ayuda a favor de una empresa de su territorio que comercializa sus productos fuera del mismo en perjuicio de otra empresa que, situada en otro municipio, ha de soportar ese impuesto?¿No puede así plantearse un conflicto entre autonomía local y libre mercado que recuerda sospechosamente a algunos millonarios pleitos comunitarios sobre las ayudas de Estado que algunos gobiernos han otorgado a sus sectores económicos nacionales? Tal vez la sentencia esté también poniendo el dedo en la llaga sobre la problemática que representa la falta de uniformidad fiscal que en diversos tributos atenaza el proyecto europeo.

En cuanto al impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras la resolución del Tribunal de la Unión Europea incide directamente en una cuestión que ha reabierto la también reciente sentencia de la Audiencia Nacional de 9 de diciembre de 2013 por la que se anula la Orden Ministerial interpretativa del Acuerdo Económico con la Santa Sede 2814/2009. Esta sentencia extiende la exención del ICIO a todas las obras de la Iglesia Católica y no solo a las destinadas a edificios de culto o directamente relacionados. Que las obras de estos últimos se encuentren exentos, al igual que los de otras confesiones, parece muy razonable pues son razones espirituales y no de otro orden las que las motivan, pero que también las obras de los afectos a actividades económicas lo estén podría constituir una ayuda de Estado en los términos de la sentencia de 9 de octubre de 2014. Por ejemplo, los inmuebles destinados a centros de enseñanza que compiten con otros ofreciendo sus servicios o las residencias de la tercera edad en las que se desarrolla una actividad económica cuantificable obtienen un beneficio competitivo en la reducción de los gastos fiscales de las obras que acometen si se considera que tienen derecho a una exención, lo que puede ponerles en una clara situación de ventaja frente a sus competidores (fácilmente cuantificable en el 4% del presupuesto liquidable de la obra).

Consciente de la gran variedad de supuestos que se pueden plantear y de los matices que han de ser objeto de consideración, el Tribunal de la Unión europea finaliza su sentencia afirmando que incumbe al órgano jurisdiccional nacional el comprobar si, tomando en consideración todos los elementos pertinentes del litigio del que conoce, apreciados a la luz de los criterios interpretativos aportados por el propio Tribunal, tal exención debe calificarse de ayuda de Estado.

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión de 9 de octubre de 2014, Sociedad Navantia, C-522/13 se antoja así de gran relevancia. Su trascendencia va a depender de en que medida acojan los tribunales españoles los criterios a los que se refiere, pero pone de relieve que, como es lógico en un proceso de convergencia como el que la Unión Europea representa, el derecho comunitario termina antes o después por alcanzar los más insospechados rincones.

Indudablemente la sentencia referida puede también revolucionar algunas cuestiones que se daban jurisprudencialmente por resueltas, y en al ámbito organizativo local suscita la pícara pregunta de cual será el primer tribunal económico administrativo municipal que se atreverá a hacerse eco de la misma.

Juan Ignacio Gomar Sánchez 

17/10/214

[Muchas gracias, querido Juan Ignacio, por este valioso comentario. Parece que se avecina una verdadera tormenta sobre los beneficios tributarios de carácter local].

6 thoughts on “Juan Ignacio Gomar Sánchez: Ayudas de Estado en el IBI (STJUE 9.10.2014, C-522/13, Navantia)

  1. Don Pedro, la verdad es que tu blog es estupendo, estáis al tanto de todo. Un abrazo

    > El 21/10/2014, a las 06:05, “ECJ Leading Cases” escribió:
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  2. Estimado Profesor Herrera,

    felicitaciones al autor del escrito, Juan Ignacio Gomar Sánchez. Es esperanzador cuanto se está desplegando respecto al hecho de controlar efectivamente las ayudas de Estado y, verdaderamente, a efectos de lo que a los Estados de la Unión incumbe, la necesidad de que sus tribunales se impliquen en la detección de estas ayudas encubiertas, a la luz de los criterios estabecidos por el Tribunal. En total acuerdo, la sentencia pone el dedo en la llaga acusando la falta de esta uniformidad fiscal que ya gran parte de la doctrina ha señalado con acierto.

    Muy interesante la reflexión y el análisis,

    Ann

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