2 + 1 = un grave error en la composición de tribunales de tesis doctorales

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Cabeza reducida

Desde hace algún tiempo asistimos a un debate sobre la conveniencia de transformar grados y masters universitarios pasando del actual sistema de 4 + 1 al de 3 + 2 (tres años de grado y dos de máster) previstos en otros países de la Unión Europea.

Mientras la reforma de grados y masters aún no se ha plasmado en concretos textos normativos, los estudios de doctorado sí se han encontrado ya con otra reforma adoptada por los órganos de gobierno de muchas universidades: la composición de los tribunales que han de juzgar las tesis doctorales está pasando de 3 + 2 (tres de otras universidades y dos de la propia) a 2 + 1 (dos de otras universidades y uno de la propia).

Hasta donde tengo conocimiento, esta modificación no se ha sido objeto de debate por la comunidad universitaria ni se debe a una reciente reforma legal. Es cierto que el RD 99/2011, por el que se regulan [a mi juicio, de modo desafortunado] las enseñanzas universitarias de doctorado no indica el número de miembros que han de constituir el tribunal, dejándolo a discreción de las universidades, pero no limita su número a tres. Lo único que indica es que “en todo caso …  estará formado por una mayoría de miembros externos a la Universidad y a las instituciones colaboradoras en la Escuela o programa”. El RD 534/2013 mantiene esta regulación.

En mi universidad, la Coordinadora del Programa de Doctorado en Derecho y Ciencias Sociales (la profesora Remedios Morán), así como el equipo de la Escuela de Doctorado están realizando una labor extraordinaria. Y ello a pesar de una normativa que, en mi humilde opinión, se orienta hacia la producción industrial de tesis doctorales y se basa, cada vez más, en los principios de irracionalidad, burocracia y retórica de la excelencia.

Los primeros dos principios son bien conocidos. El tercero, más novedoso, podría explicarse así: lo importante no es defender tesis doctorales excelentes sino defender, en breve plazo, muchas tesis doctorales cuyo proceso de elaboración genere indicios documentales de excelencia. Por eso no parece importante que cinco expertos dispongan de tiempo suficiente para leer la tesis, escuchar la exposición del doctorando y debatir con él en sesión pública. En cambio, resulta imprescindible -según las normas aplicables en algunas universidades- que una parte de la tesis se haya publicado en una revista indexada sometida a peer review. Si el evaluador externo a la revista (cuya identidad y formación muchas veces se desconoce) ha leído ya treinta páginas de la tesis doctoral en forma de artículo, ¿qué sentido tiene que dos miembros más del tribunal lean la totalidad de la tesis y debatan con el doctorando? Desde la perspectiva de los indicios de calidad la previa publicación en la revista indexada es mucho más “vistosa” (pues genera indicios documentales de excelencia).

Con todo esto se priva de solemnidad al acto más relevante de la vida académica y se refuerza el carácter industrial de los nuevos doctorados. Desde luego, no quiero decir que nuestro sistema sea perfecto y no necesite reformas: como me ha comentado en alguna ocasión la profesora Marina Vargas Gómez-Urrutia, quizá sería oportuno inspirarse en algunos elementos del modelo norteamericano adaptándolos a nuestra realidad: en particular, el tribunal podría nombrarse con antelación y someter inicialmente a examen una versión provisional de la tesis. Coincido en que una reforma de este tipo resultaría adecuada. En cambio, a mi entender, el paso de 3 + 2 a 2 + 1 resulta tan pernicioso como inútil.

En efecto, si la jibarización de los tribunales (de sus cabezas, como puede verse en la foto) de 5 a 3 produce los inconvenientes mencionados ¿cuáles son sus ventajas? Prescindiendo, por el momento, de ironías, la única que se me alcanza es el ahorro de costes. Ahora bien, los miembros del tribunal que pertenecen a la propia universidad (dos hasta ahora) no perciben retribución alguna. Los demás tan sólo generarán gastos de viaje y alojamiento (y ni siquiera esto si proceden de la misma población) ¿Estamos, de verdad, ante un gasto que convenga eliminar?

El Diccionario de la Real Academia define el término “tribunal colegiado” como el que “se forma con tres o más individuos, por contraposición al tribunal unipersonal”. Dado que las normas han de interpretarse según la realidad social de su tiempo (y corren malos tiempos) propongo interpretar que los tribunales podrían estar formados por un sólo miembro (tribunal unipersonal) ajeno -eso sí- a la Universidad en que se defiende la tesis. Este ventajoso sistema de 1 + 0 permitiría que el acto de defensa de la tesis fuese mucho más breve, con el consiguiente ahorro en luz, megafonía y botellas de agua. Si se quiere optimizar aún más el mecanismo industrial, el miembro del tribunal unipersonal podría juzgar en una sola tanda todas las tesis que se presentaran durante el curso en un mismo programa de doctorado.

¿Será posible que los profesores universitarios reaccionemos a estas medidas como quien oye llover? Cuando queramos darnos cuenta estaremos calados y las tesis pasadas por agua.

Pedro Herrera

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