Sobre la proyectada reforma del procedimiento de acreditación para acceder a los cuerpos de profesores universitarios

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A mediados de julio la prensa se hizo eco de una proyectada reforma del procedimiento de acreditación para el acceso a los cuerpos docentes universitarios.

El supuesto borrador de proyecto se encuentra disponible en diversas páginas web de asociaciones privadas, aunque no en la página del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (al menos, no he sido capaz de encontrarlo).

En primer término, cabe preguntarse si una reforma del procedimiento de acreditación (regulado por real decreto) es necesaria y conveniente en el momento actual. Pues bien, dado que la crisis económica llevó a paralizar hace años la convocatoria de plazas de profesores universitarios y que, actualmente contamos con un gran número de acreditados (a titulares y catedráticos de Universidad) que no pueden concurrir a ninguna plaza ¿no sería más urgente resolver este problema que modificar el procedimiento de acreditación?

Por otra parte, nos encontramos con una amenaza aún mayor, que resultará dramática dentro de pocos años: con poquísimas excepciones, resulta imposible que personas jóvenes comiencen la carrera universitaria. Esto conduce a una envejecimiento del profesorado universitario y a una falta de reemplazo. Un profesor universitario no se improvisa ni puede formarse en un par de años. Se trata de un proceso lento y artesanal. Cuando, dentro poco, se produzcan jubilaciones masivas (y así sucederá en la UNED) no existirán personas formadas que puedan asumir las plazas de profesorado y deberá improvisarse nombrado como profesores a personas sin experiencia docente ni investigadora. Pues bien, en lugar de fomentarse la formación de jóvenes las autoridades han optado por establecer unos nuevos programas de doctorado en los que se prima la burocracia, la retórica y la complejidad administrativa (esto daría para otro post).

Ante esta situación, ¿resulta realmente adecuado reformar el procedimiento de acreditación universitaria? Desde luego, el mecanismo actual tiene muchos defectos, pero para superarlos no son tanto necesarios cambios normativos como mejoras en la aplicación del procedimiento. La acreditación se ha convertido en un largo proceso de adquisición de méritos (y, más aún, de acumulación de documentación que acredite tales méritos). Un cambio de normativa puede resultar muy pernicioso para aquellos que se encuentran a mitad del camino. Una reforma sólo tendría sentido si se planificara a varios años vista y entrara en vigor en un momento en que existieran perspectivas reales de obtener nuevas plazas.

Es cierto que la reforma tendría cierto “sentido” (difícilmente confesable) si lo que se pretendiera es limitar drásticamente el número de acreditaciones para “frenar” la acumulación de acreditados sin plaza. El borrador de Real Decreto no aporta ningún dato que permita adivinar esta intención en la reforma, si bien, al incrementar notablemente la discrecionalidad de las comisiones de acreditación ofrece un instrumento que podría resultar muy “útil” para conseguir tal objetivo.

En efecto, la exposición de motivos afirma que “con el nuevo baremo, se configuran unas horquillas que consiguen una evaluación más cualitativa del solicitante y permite unavaloración más justa y ponderada de la docencia e investigación del profesorado universitario”. La primacía de lo “cuantitativo” sobre lo “cuantitativo” consiste en lo siguiente: el baremo actual se basa en una puntuación numérica (es más “cuantitativo”), y existen ciertos criterios -más o menos laxos- para determinar los puntos que corresponden a los diversos méritos. El futuro baremo se basará en “letras”: A, excepcional; B, bueno; C, compensable; D, insuficiente; E, muy bajo o inexistente. ¿Por qué se afirma que las letras son más cualitativas que los números? ¿Son acaso los números romanos más cualitativos que los arábigos? En realidad, la calificación por letras no es más “cualitativa”, sino más abierta: al candidato le resultará mucho más difícil probar que reúne los méritos para resultar acreditado y, para las comisiones, resultará mucho más fácil sostener que los méritos son “buenos” o “insuficientes” según convenga sin tener que enfrentarse a un control numérico que permita prosperar fácilmente una impugnación en caso de decisiones arbitrarias. En otras palabras, el nuevo sistema corre el riesgo de no ser “más cualitativo” sino más subjetivo y arbitrario.

“La segunda novedad -prosigue la exposición de motivos del borrador- se refiere al número y composición de las comisiones de acreditación. Se pretende establecer comisiones mucho más cercanas al ámbito científico y académico de los solicitantes, siguiendo en este punto la práctica que ya existe en países de nuestro entorno, como Francia e Italia”.

No conozco la experiencia francesa, pero la “práctica italiana” no resulta, probablemente, recomendable: al menos la prensa recoge con cierta frecuencia denuncias de arbitrariedad por parte de las comisiones. En apariencia, el hecho de que los profesores que integran la comisión pertenezcan a la misma área de conocimiento (o a áreas afines) que el candidato, parece situarles en una posición ventajosa para juzgarle (y así me lo comentaba una prestigiosa profesora de mi asignatura). Al mismo tiempo, sitúa a las comisiones en un campo cerrado en que las influencia de las “escuelas” (por llamarlas de algún modo) y de las simpatías y antipatías -personales o heredadas- pueden desenvolverse más ágilmente. Al fin y al cabo el nombramiento de los miembros de las comisiones no está sometido a un especial control y transparencia (aunque se se les exijan unos méritos objetivos).

En definitiva, quizá no sea un buen momento para modificar el procedimiento de acreditación y deberá afrontarse, en cambio, la formación de jóvenes profesores y la dotación de nuevas plazas. Desde luego, bloquear el nombramiento de nuevos acreditados con un procedimiento más “discrecional” no es una buena idea. Ya que los actuales docentes no pueden aspirar a una auténtica promoción profesional (la convocatoria de plazas está prácticamente congelada) conviene dejar al menos la puerta abierta al reconocimiento científico que supone una acreditación.

Una última cuestión. Si las noticias sobre el proyecto de reforma responden a la realidad (y el Ministerio no las ha desmentido) ¿no sería conveniente que el borrador de real decreto se encontrara publicado en la página del Ministerio y se iniciara el correspondiente trámite de información pública?

Pedro Herrera

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