STC 10-4-2014: no hay plazo alguno para recurrir las decisiones desestimatorias adoptadas por silencio administrativo

Desde una perspectiva teórica, suele considerarse que el silencio administrativo es una institución configurada para proteger a los interesados frente a la inactividad de la Administración. Por consiguiente, la desestimación por silencio no debería iniciar el cómputo del plazo para recurrir.

Sin embargo, el art. 46.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa establece que

“1. El plazo para interponer el recurso contencioso administrativo será de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación de la disposición impugnada o al de la notificación o publicación del acto que ponga fin a la vía administrativa, si fuera expreso. Si no lo fuera, el plazo será de seis meses y se contará, para el solicitante y otros posibles interesados, a partir del día siguiente a aquél en que, de acuerdo con su normativa especifica, se produzca el acto presunto”.

Por su parte, el art. 115 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas dispone que:

“El plazo para la interposición del recurso de alzada será de un mes, si el acto fuera expreso. Si no lo fuera, el plazo será de tres meses y se contará, para el solicitante y otros posibles interesados, a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzcan los efectos del silencio administrativo. Transcurridos dichos plazos sin haberse interpuesto el recurso, la resolución será firme a todos los efectos”.

El régimen en el ámbito tributario es aún más severo, pues prevé el mismo plazo para recurrir en el caso de resolución expresa que en el de desestimación presunta. En efecto, el art. 235 de la Ley General Tributaria establece que:

“1. La reclamación económico-administrativa en única o primera instancia se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado, desde el día siguiente a aquél en que se produzcan los efectos del silencio administrativo”.

Parece claro que, si el inicio del cómputo del plazo para recurrir se inicia como consecuencia del silencio presunto, se produce la indefensión del interesado y en este sentido se ha venido pronunciando el Tribunal Constitucional en multitud de sentencias que han resuelto recursos de amparo. El mismo argumento es trasladable a la vía administrativa (o económico-administrativa) previa, dado que ésta resulta preceptiva para poder acceder a la jurisdicción contenciosa.

Hubiera sido deseable que, con motivo de alguno de los citados recursos de amparo, la Sala correspondiente hubiera planteado al pleno una autocuestión de constitucionalidad. Sin embargo, el Tribunal no ha procedido de este modo. Finalmente, se ha planteado una cuestión de constitucionalidad frente al art. 46.1 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa por parte de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.

Pues bien, el Tribunal Constitucional, en lugar de declarar la inconstitucionalidad del citado precepto, interpreta que “a la luz de la reforma de 1999 de la Ley 30/1992, la impugnación jurisdiccional de las desestimaciones por silencio no está sujeta al plazo de caducidad previsto en el art. 46.1 LJCA”. En otras palabras, interpreta que el artículo dice lo contrario de lo que dice (y lo contrario de la interpretación que vienen realizando los tribunales contenciosos). Así lo pone de manifiesto el voto particular de la Magistrada doña Adela Asua Batarrita

 

La sentencia requeriría un análisis más detallado del que puede realizarse en estas breves líneas, pero podría decirse que su lectura produce una notable desazón. Por una parte, las ediciones oficiales de las leyes deberían incluir notas a pie de página (también oficiales) en las que se mencionaran los cada vez más numerosos fundamentos de las sentencias constitucionales según los cuales, diversos preceptos han de interpretarse en sentido contrario a la letra de la ley. Además, dado que el Tribunal basa su curiosa interpretación en una reforma de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, y que dicha ley no es aplicable -ni siquiera con carácter supletorio- a la revisión en  materia tributaria (DA 5ª.2 de la Ley 30/1992) puede afirmarse que, en el ámbito tributario, hemos retornado a la casilla de salida.

Pedro Herrera

 

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