STJUE 30 abril 2014, C-209/13, Cooperación reforzada en el Impuesto sobre Transacciones Financieras

La STJUE de 30 de abril de 2014, Reino Unido c. Consejo de la UE examina la conformidad con el Derecho de la Unión de la Decisión 2013/52/UE del Consejo, de 22 de enero del 2013, por el que se autoriza una cooperación reforzada en el ámbito del Impuesto sobre Transacciones Financieras.

El posible establecimiento de un Impuesto sobre Transacciones Financieras tiene su origen en la Propuesta de la Comisión Europea COM(2011) 594 final. Ante la imposibilidad de su aprobación unánime, once Estados hicieron saber a la Comisión que deseaban establecer una cooperación reforzada en el ámbito del citado impuesto. Con posterioridad a la Decisión del Consejo, el 14 de febrero de 2013, la Comisión adoptó una propuesta de Directiva del Consejo por la que se establece una cooperación reforzada en el ámbito del ITF (propuesta de 14 de febrero de 2013).

El Reino Unido impugna la Decisión del Consejo basándose en dos motivos:

a) El Impuesto sobre Transacciones Financieras, tal y como se configura en la propuesta de la Directiva, producirá efectos más allá del territorio de los Estados que lo establezcan. Tal extraterritorialidad, derivada del “principio de la contraparte” y del “principio del lugar de emisión” quebrantaría el art. 327 TFUE (“las cooperaciones reforzadas respetarán las competencias, los derechos y las obligaciones de los Estados miembros que no participen en ellas. Éstos no impedirán que las apliquen los Estados miembros que participen en ellas” así como el Derecho internacional consuetudinario.

b) Además, se quebrantaría el art. 332 TFUE en la medida en que el establecimiento del nuevo impuesto, combinado con las vigentes directivas sobre asistencia mutua ocasionarían gastos a Estados miembros que no participan en mecanismo de cooperación reforzada. El citado precepto establece que “los gastos resultantes de la aplicación de una cooperación reforzada que no sean los gastos administrativos ocasionados a las instituciones serán sufragados por los Estados miembros participantes, a menos que el Consejo, por unanimidad de todos sus miembros y previa consulta al Parlamento Europeo, decida otra cosa”.

El Tribunal se plantea si el carácter cautelar del recurso determina su inadmisibilidad. En efecto, las alegaciones del Reino Unido no se basan en el texto de la Decisión del Consejo impugnada, sino de las propuestas de Directiva de la Comisión (que aún no han sido objeto de aprobación).

La sentencia opta por una solución que, a mi juicio, peca de formalista: entiende que el recurso debe admitirse, puesto que el escrito de interposición es “claro y preciso” y ha permitido a todas las partes contestar a las alegaciones del Reino Unido.

Ahora bien, aunque se admite el recurso, la sentencia lo desestima, por entender que las alegaciones tienen un carácter meramente hipotético, dado que no se refieren a la autorización para utilizar la cooperación reforzada, sino al hipotético resultado que resultaría de dicha autorización atendiendo a la propuesta de Directiva elaborada por la Comisión. Ahora bien, para llegar a este resultado, el Tribunal podría haber optado por la inadmisión del recurso por carácter meramente hipotético.

En todo caso, la sentencia no supone un gran avance, pues queda abierta la cuestión principal: si la extraterritorialidad prevista en la actual propuesta de directiva será o no compatible con el Derecho de la Unión.

Agradezco mucho a Federico Garau que me haya dado noticia de la sentencia.

Pedro M. Herrera

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