Comentario a la obra de Juan Ramón Rallo: Una revolución liberal para España

En el post de hoy comentaré la obra de Juan Ramón Rallo Una revolución liberal para España: Anatomía de un país libre y próspero: ¿cómo sería y qué beneficios obtendríamos?, Deusto, Bilbao, 2014. Quiero agradecer de modoScreenshot Apr 29 10.25.03 especial a mi buen amigo Alberto Cornejo Pérez que me haya dado noticia de este interesante libro y también el que me haya aportado valiosas ideas que intercalo en la recensión. También quiero agradeceré las interesantes consideraciones que me ha transmitido la profesora Belén Alonso-Olea sobre la crítica de Rallo a la regulación del mercado de trabajo. Los límites de esta recensión no me han permitido incluirlas aquí, pero espero desarrollarlas en otro post.

I. El autor y la obra

El autor, destacado representante español de la Escuela austriaca de economía, se propone demostrar en este libro la conveniencia de reducir el sector público Español a una mínima expresión. Rallo justifica su planteamiento y describe cuáles serían los ingresos y gastos de ese Estado mínimo. A continuación, analiza cada uno de los sectores en los se desarrolla la actividad del Estado, y se propone demostrar cómo se produciría una espectacular mejora en el caso de eliminarse (o reducirse a la mínima expresión) la actuación pública (Estado de Derecho, servicios municipales, medio ambiente, infraestructuras, moneda y banca, promoción de empresas, mercado de trabajo, mercado eléctrico, investigación y desarrollo, educación, cultura y arte, pensiones, sanidad, asistencia social). El autor concluye mostrando los pasos que deberían darse para llevar a la práctica su proyecto (la transición desde la situación actual hasta el Estado mínimo).

II. Presupuestos ideológicos

La obra parte de dos consideraciones, que podríamos denominar “ideológicas” (en el sentido de ideas que marcan una determinada visión del mundo):

a) El ejercicio de la autoridad pública supone una manifestación de violencia rechazable en sí misma.

En palabras de Rallo: “El Estado es coacción, violencia. La inmensa mayoría de la gente se opone de manera instintiva al ejercicio de la violencia pero, paradójicamente, aprueba sin reservas la existencia del Estado. Todo el mundo rechaza los trabajos forzados pero, en varios países occidentales, la mayoría de la población sigue aceptando el servicio militar obligatorio; todo el mundo rechaza el robo con intimidación, pero la mayoría de la gente sigue aceptando la legitimidad de los impuestos y la amenaza del uso de la fuerza contra aquellos que se nieguen a abonarlos” (…) “Claramente, demasiadas personas emplean una doble vara de medir: repudian la violencia empleada por particulares y, sin embargo, la aceptan a pies juntillas cuando la ejerce el Estado (Huemer, 2012a). Tal vez sea porque tiende a definirse y a caracterizarse al Estado como el monopolio territorial de la violencia legítima. Pero ¿acaso lo rechazable del uso de la violencia es quien la ejerce y no, simplemente, el hecho de que se ejerza?” (p. 9 [las referencias a las páginas están tomadas de la versión electrónica, por lo que podrían ser inexactas])

b) Existen dos concepciones radicalmente opuestas sobre la justicia: “el principio socialista «de cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades» y el principio liberal «a cada uno lo suyo (suum cuique)»” (p. 10). Rallo precisa esta idea: “¿Qué es «lo suyo» que le corresponde controlar a cada uno? Básicamente su propiedad. El ideal de justicia liberal parte de la base de que los recursos externos son «apropiables»: el dueño se reserva un derecho de control absoluto y prioritario sobre su propiedad, pudiendo evitar que el resto de individuos la utilicen. Ahora bien, ¿cómo se convierte alguien en propietario? El principio general es el de finders, keepers (quien lo encuentra se lo queda)” (p 10). Dado que los recursos son escasos, el principio “socialista” (que pretender dar a cada uno según sus capacidades y necesidades) conduce a permanentes conflictos, mientras que el principio “liberal” asigna legítimamente los bienes e incentiva la cooperación entre los seres humanos.

En mi humilde opinión, estos presupuestos están sesgados y se basan en una concepción antropológica que no responde totalmente a la realidad.  Como ha escrito el Papa Francisco, “ya no podemos confiar en las fuerzas ciegas y en la mano invisible del mercado. El crecimiento en equidad exige algo más que el crecimiento económico, aunque lo supone, requiere decisiones, programas, mecanismos y procesos específicamente orientados a una mejor distribución del ingreso, a una creación de fuentes de trabajo, a una promoción integral de los pobres que supere el mero asistencialismo” (Evangelii Gaudium, n. 204).

a) En primer lugar , el uso del término “violencia” me parece inexacto: el ejercicio de la autoridad pública no puede calificarse sin más de “violencia” aunque esté respaldado por un aparato coactivo. Además, en ocasiones, la coacción puede resultar legítima. El propio Rallo lo admite así -con unos matices que no comparto- cuando indica que la propiedad supone un “control absoluto y prioritario” sobre los bienes “pudiendo evitar que el resto de individuos la utilicen”. Rallo también admite la coacción para obligar a cumplir lo pactado: “pacta sunt servanda, esto es, los contratos voluntarios obligan a las partes. Precisamente porque los contratos permiten modular derechos y obligaciones individuales, se convierten en los instrumentos apropiados para transferir títulos de propiedad y también para asumir obligaciones personales; es decir, para reordenar la disponibilidad social sobre los recursos escasos, incluyendo los servicios prestados por terceros” (p. 11).

Alberto Cornejo me hace notar que “el elemento diferenciador entre esos dos tipos de coacción está en su origen: la que deriva de los contratos o de la protección de la propiedad privada es una reacción contra una agresión previa, en forma de incumplimiento del contrato o de sustracción de la propiedad, mientras que la ejercida por el Estado se inicia sin mediar provocación previa de nadie”. Aunque puedo equivocarme, a mi entender, esta diferencia no resulta tan relevante como parece sostener Juan Ramón Rallo, pues la coacción derivada del legítimo ejercicio de la autoridad pública es una exigencia de la propia naturaleza humana (desarrollaré esta idea en el siguiente párrafo).

b) Además, me parece que no existe una contradicción radical entre los principios de “a cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades” y el principio de “a cada uno lo suyo”. Y es que “lo de cada uno” no puede venir determinado únicamente por el criterio finders keepers (quien lo encuentra se lo queda) sino también por las capacidades y necesidades de cada uno. El ser humano tiene una naturaleza social y sólo puede desarrollarse con la ayuda de los demás (esto Rallo no lo pone en duda). Como consecuencia, existe un deber natural de ayudar a los demás. Por este motivo, aunque el derecho a la propiedad privada sea esencial, no constituye una facultad “absoluta y prioritaria”, sino tan sólo un instrumento para estructurar de modo ordenado el disfrute universal de los bienes. Por este motivo, la propiedad privada tiene como límite la función social de la riqueza, que legitima -entre otras manifestaciones- la exigencia de impuestos. Como ha escrito Lisa Herzog en su apasionante obra La libertad no es sólo para ricos: alegato por un liberalismo adecuado a los tiempos, debe rechazarse “la visión de un enfrentamiento entre el Mercado y el Estado, con arreglo a la cual el mercado es el único imperio de la libertad y el Estado representa exclusivamente el imperio de la coacción y la sumisión” (L. Herzog, Freiheit gehört nicht nur den Reichen, Plädoyer für einen zeitgemässen Liberalismus, C.H. Beck, Munich, 2014, cap. I)

Como corolario de sus dos presupuestos ideológicos Rallo concluye que las personas actúan de manera ignorante y egoísta cuando obran a través de las instituciones democráticas, mientras que su proceder resulta racional e informado cuando operan a través del mercado.

Veamos dos ejemplos de esta argumentación. Rallo considera “un error pensar que el Estado va a ser, en última instancia, controlado por los votantes, quienes evitarán su corrupción y sus abusos de poder a través de los recurrentes comicios electorales. Por supuesto, existen entramados institucionales más proclives que otros a limitar la arbitrariedad del poder político, pero ninguno acaba con los muy perversos incentivos que caracterizan a todo Estado: por lo general, el votante suele ser presa de la propaganda electoral e ideológica de las grandes formaciones partidistas, ya que sus incentivos para informarse sobre la realidad política son ínfimos; es lo que se conoce como el principio de «ignorancia racional» de los votantes: el coste de acceder, indagar y procesar todo el volumen de información asociada a la actualidad política es gigantesco en comparación con la influencia que posee el votante individual sobre el resultado de unas elecciones. Pero es que, además, ni siquiera un votante formado e informado suele ser garantía de un juicio ponderado, imparcial y acertado; es lo que se conoce como el «mito del votante racional»” (p. 12).

En cambio, Rallo rechaza -por ejemplo- que exista un problema de falta de información (o de información asimétrica) por parte del consumidor de servicios sanitarios que justifique algún tipo de supervisión estatal: “la información asimétrica -dice Rallo- es un problema bastante menos serio de lo que en principio podría parecer, pues el propio mercado tiende a desarrollar las instituciones o los productos necesarios para solventarla” (…) “la reputación de los proveedores sanitarios es el resultado de un dilatado proceso de interacciones contractuales, sociales e institucionales previas, en las que no sólo intervienen los pacientes, sino el conjunto de la sociedad civil. Es ésta reputación la que posteriormente permite labrar una relación de confianza entre el facultativo y el paciente que sí puede convertir a este último en un «paciente informado», esto es, en un paciente al que, tras proporcionársele la suficiente orientación e información confiable, sea capaz de escoger entre los distintos posibles tratamientos” (p. 183).

A mi entender Rallo olvida que el ser humano -junto a una gran capacidad de heroísmo y sacrificio- también está herido por el pecado original. Esta tendencia -superable- al egoísmo y la maldad no sólo afecta a los políticos, sino también a los operadores económicos y al funcionamiento del mercado.

Alberto Cornejo coincide conmigo en esta última idea, pero apunta que “precisamente por ese motivo, por ser seres igualmente humanos los que tienen acceso a la maquinaria coactiva que los que no lo tienen, hay que evitar en lo posible esa coacción. La información asimétrica se da en casi todas las situaciones, la diferencia esencial está en que cuando las relaciones son privadas, ninguna parte tiene el derecho a imponer a los demás sus decisiones. En cuanto a la eficacia, lo que es determinante para conseguirla es la capacidad del consumidor para elegir, y casi siempre es mayor cuando es él el que financia el servicio, pero no siempre: en Finlandia el sistema educativo es de financiación pública casi al 100% y sin embargo hay una competencia muy grande arbitrada por los Ayuntamientos, que contratan con mucha libertad a los maestros y la financiación de los centros depende del número de padres que elijan llevar allí a sus hijos, entre varios centros que compiten. El que sea el Estado el que intermedie en esa transacción comercial no le resta prácticamente nada de libertad al sistema”.

III. Análisis sectorial

Los capítulos dedicados a “la revolución liberal caso por caso” constituyen, a mi juicio, la parte más interesante de la obra. Rallo analiza, sector por sector, las deficiencias de la actuación pública y describe cómo podría funcionar con ventaja un “Estado mínimo”.

Todos los capítulos resultan muy sugerentes y en todos ellos se aportan ideas muy valiosas. Suscribo íntegramente, por ejemplo, la crítica que Rallo realiza al funcionamiento del mercado eléctrico (supuestamente privatizado, pero con grandes interferencias estatales que generan tremendas distorsiones). También resulta convincente su crítica al actual sistema de pensiones y cotizaciones sociales, que resulta claramente insostenible [y, a juicio de Alberto Cornejo, inmoral]. Además, Rallo analiza temas sumamente complejos con una pluma ágil y una claridad extraordinaria, apoyándose en numerosos ejemplos y sin eludir las diversas objeciones que podrían oponerse a sus tesis.

A mi entender, Rallo demuestra que la sociedad civil debería adoptar una actitud mucho más activa y que sería ventajoso reducir el tamaño del Estado y de su intervención normativa. Sin embargo, los presupuestos ideológicos de los que parte conducen –en mi humilde opinión- a posturas equivocadas.

Por ejemplo, coincido con Rallo en que los padres son los principales responsables de la educación de los hijos, y en que debería existir mucha mayor libertad en el ámbito educativo. Ahora bien, mayor libertad no significa una completa ausencia de normas generales, como parece proponer el autor. Ciertamente, como me hace notar Alberto Cornejo, el autor no se opone a cualquier regla de actuación, pero sí “propone la ausencia de normas que se impongan coactivamente a los padres”. En cambio, acepta la “existencia de normas o contratos que cuenten con la aprobación voluntaria de esos padres y que, desde el momento que las aprueben/acepten/firmen, les vincularán tanto como una Ley”.  A mi entender, una mayor responsabilidad de los padres no es incompatible con ciertas normas mínimas de ius cogens en el ámbito de la educación.

Tampoco me resulta convincente la idea de que el libro mercado garantizaría una mejor educación de las personas más pobres (según Rallo, si el Estado no realizara ningún gasto en educación, bajarían los salarios de los profesores de modo que las personas más necesitadas podrían acceder a una educación de calidad, tal y como sucede -según un estudio de James Tooley que cita el autor- en la India, Nigeria, Ghana y Kenia).

Es importante tener en cuenta este estudio y –como me hace notar Alberto Cornejo “son experiencias en las zonas más profundamente miserables del mundo en las que se ve lo bien que funcionan pequeñas escuelas creadas espontáneamente al margen de cualquier control estatal”. Ahora bien, según los datos del CIA World Factbook (2012) la tasa de alfabetización en la India es del 61 por 100 (y del 47,8 por 100 entre las mujeres); en Nigeria del 68 por 100 (y del 60, 6 por 100 entre las mujeres); en Ghana del 57,9 (y del 49,8 por 100 entre las mujeres); y en Kenia del 85,1 por 100 (y del 79,7 entre las mujeres).

IV. Un gobierno descentralizado y basado en la propiedad

A juicio de Rallo, el gobierno ha de descentralizarse todo lo posible y la toma de decisiones ha de basarse en la propiedad y la libre negociación: “La propiedad privada no existe sólo en su forma individual, sino también en su forma comunal: si un grupo humano crea un asentamiento, parece razonable que cada uno de ellos sea propietario individual de su vivienda y, a su vez, copropietario de los espacios o bienes comunes (calles, alumbrado, alcantarillado…). Uno de esos bienes comunes es el gobierno de la ciudad: el órgano encargado de establecer normas privadas de convivencia así como de determinar qué servicios comunes deben prestarse y cómo debe pagarse por ellos (cuota por propietario, cuota por residente, cuota por metro cuadrado de propiedad individual, cuota por valor catastral, etc.). En el fondo, pues, en ausencia de Estado emergerían ciudades (en un sentido amplio: incluyendo urbanizaciones o comunidades de vecinos de tamaño y ordenación muy diferentes a las actuales ciudades estatalizadas) regidas por órganos de gobierno privados (Beito et alii, 2002) con cierta semejanza a los actuales ayuntamientos pero con una crucial diferencia: esas ciudades serían fruto del libre y voluntario pacto entre las partes y no de la imposición unilateral de algunas de ellas sobre el conjunto” (p. 43).

A mi entender, un  gobierno basado exclusivamente en la propiedad y la libre negociación supone un riesgo de que se imponga el poder económico sin adecuados instrumentos de control político. A juicio de Rallo tales controles no son necesarios, pues la racionalidad del mercado y la ausencia de coacción funcionarían de manera mucho más eficiente que cualquier tipo de representación política (necesariamente desinformada y tendencialmente corrupta). No suscribo esta idea ni me parece suficientemente probada en el libro de Rallo.

A juicio de Alberto Cornejo, “el concepto de poder económico es recurrente en el imaginario colectivo pero tiene como rasgo esencial que es un poder totalmente subordinado a los deseos de los consumidores: desde el momento en que aparezca una “innovación disruptiva” que haga perder el favor de estos a las empresas supuestamente más “poderosas”, estas desaparecen (¿dónde está el poder de empresas tan supuestamente poderosas hace tan pocos años como Nokia?). El momento en que ese poder económico se vuelve verdaderamente peligroso es cuando se aproxima al Estado para que éste emplee la coacción estatal en su beneficio, estableciendo barreras para la entrada de nuevos competidores, so pretexto de proteger los derechos de los consumidores, la salud pública, el medio ambiente o cualquier otro subterfugio”.

A mi entender –aunque puedo equivocarme- la riqueza es una fuente de poder que operará aun en el caso de que el aparato del Estado sea tan reducido que no resulte posible su manipulación. Por esto resulta conveniente establecer contrapesos de carácter democrático al poder derivado de la propiedad.

V. Rechazo a las patentes y a los derechos de autor

Aunque Rallo sea un ferviente defensor de la propiedad privada, se muestra contrario a las patentes y a los derechos de autor. A su juicio, tales instituciones constituyen una manifestación coactiva por parte del Estado y no son necesarias para impulsar la investigación ni la creación intelectual. Según Rallo, “aunque es habitual agrupar a las patentes dentro de la categoría de «propiedad intelectual», se trata de un abuso del término «propiedad»: el objetivo de la patente no es el de permitir que el inventor use y disfrute de su invención, sino el de evitar coactivamente que otros agentes disfruten de la misma haciendo uso de sus propiedades” (p. 102).

“Imaginemos -añade el autor- que dos empresas invierten altas sumas de dinero en desarrollar el mismo producto de manera separada, pero una de ellas lo desarrolla un día antes que la otra y logra patentarlo. ¿Cuál es la razón de que la primera deba obtener todas las ganancias derivadas de la misma? Ninguna” (p. 106). El argumento me parece convincente, pero -a mi juicio- se contradice con la defensa radical del principio finders keepers (quien lo encuentra se lo queda”) que realiza el autor al principio de su obra.

Rallo aplica un razonamiento semejante al copyright: “suele creerse que éste es imprescindible para que el autor pueda rentabilizar su obra y, por tanto, posea suficientes incentivos para desarrollarla; pero, al igual que sucedía con las patentes, el monopolio intelectual es innecesario para estimular la estructura de libros o la composición musical, tal como exhaustivamente ponen de manifiesto Boldrin y Levine (2010). Existen numerosas alternativas para que el autor pueda explotar su obra sin necesidad de prohibir su edición por terceros: venta por fascículos, sello de aprobación del autor sobre una editorial, venta de ejemplares firmados, acuerdos de exclusividad con distribuidores, conciertos, conferencias, etc.”

Coincido con esta argumentación y estoy persuadido de que existen mecanismos alternativos al copyright que permitirían compatibilizar la retribución al autor con un libre acceso al pensamiento y a la cultura.

Ahora bien, creo que para ser completamente coherente con este planteamiento, Rallo podría haber renunciado al derecho al copyright sobre su libro, cosa que no ha hecho. Desde luego, la obra vale sobradamente los 9,49 euros (en la versión electrónica que he adquirido) o los 17,05 de la versión en papel. Además, seguramente existirán circunstancias personales o de relación con la editorial que justifiquen la falta de renuncia al copyright en este caso concreto. Con todo, pienso que el objetivo de Rallo –difundir sus ideas entre la población- se conseguiría en mayor medida y con más fuerza de convicción si lo hubiera difundido en formato digital con una licencia Creative Commons.

V. Conclusión

El libro ofrece otras muchas ideas de gran interés, como las consideraciones sobre la propiedad privada comunal, el modo de solventar las distorsiones del mercado (externalidades), de proteger el medio ambiente o de resolver los problemas del mercado de trabajo y la asistencia social basada en sociedades de ayuda mutua y entidades privadas de asistencia a los necesitados. También resultan muy sugerentes las consideraciones sobre como conseguir la transición desde el Estado actual al “micro-Estado”.

Aunque discrepo en puntos esenciales, creo que el libro de Rallo ofrece un material muy valioso para fomentar la reflexión y el debate y espero que sea posible organizar desde ECJ Leading Cases uno o varios seminarios sobre la materia.

Pedro M. Herrera

 

 

8 thoughts on “Comentario a la obra de Juan Ramón Rallo: Una revolución liberal para España

  1. Fantastica tu recension. Lo hablamos este finde. Te va bien el sabado por la tarde? Un abrazo, Jose A. Pd. Isabel se va a Castellon. ________________________________

  2. Estimado Prof. Herrera,
    sinceramente credo que le hace Ud. demasiado honor a semejante personaje, dedicándole todo un artículo para recensir semejante sarta de barbaridades – ya que llamar “ideología” algo así me parece ofensivo con respecto a lo que es una idea como producto del intelecto humano. Ya que lo que preconiza este señor no es nada más que la “ley de la jungla”, y un ser humano debería ser tal también por tener capacidad y razocinio para pensar y actuar de manera algo diferente y mejor que la ley de la jungla, del más fuerte, del primero llega – primero gana y cosas así. Pienso desde luego que no se trate de “material valioso para la reflexión” sino pura y llanamente de una provocación – en la cual, desgraciadamente come ve, he caído yo también – y desde luego no es éste el tiempo de las provocaciones, sobre todo cuando la violencia de un sistema cada vez más injusto y desequilibrado – que no del “Estado”, sino precisamente de la aplicación de ideologías cada vez más “liberales” en el peor sentido de la palabra – encumbra un riesgo cada vez más elevado de generar aun más violencia.
    Un saludo

    • Estimado don Mario: como indico en la recensión, estoy persuadido de que el legítimo ejercicio de la autoridad por parte de un Estado democrático no puede calificarse de violencia, sino que resulta completamente necesario. Además, estoy radicalmente en contra de la “ley de la jungla”. El autor del libro considera precisamente que reducir el Estado a una mínima expresión no supondría implantar la ley de la jungla. Desde luego, no comparto este planteamiento, pero me parece que abrir un diálogo sereno basado en la fuerza de la razón y no en las razones de la fuerza es el mejor modo de aproximarnos a la verdad y resolver los problemas. Al menos, creo que, como profesor universitario, debo intentar actuar así.

      Le agradezco mucho su participación en el blog y espero poder conocerle y saludarle personalmente,

      Pedro Herrera

  3. Buenos días, le agradezco su comentario.
    Siento de todos modos discrepar de su planteamiento, dado que la “ley de la jungla” a la que se alude a menudo para descalificar la forma de organización social que se propone desde planteamientos liberales opera, a mi juicio, de modo completamente distinto. El temor que se suele expresar con esa expresión se conoce también como la “ley del más fuerte”, que impone sus deseos al más débil. Y esa imposición, esa violencia, en definitiva, es precisamente la antítesis de la libertad.
    Muy al contrario, en una sociedad liberal, la codicia que pueda tener el más fuerte de cosas que no le pertenecen sólo puede satisfacerse por la vía de producir otras cosas (para cuya fabricación esté mejor dotado o sea más habilidoso que los demás) e intercambiarlas pacíficamente por las cosas codiciadas. Es un sistema basado en la libertad, entendida precisamente como ausencia de coacción para obligar a los demás a intercambiar nada que no quieran intercambiar.
    Por oposición a esta organización social está la que se basa en que un estado, utilizando el poder coactivo que le es inherente, imponga “intercambios” que no han sido voluntariamente elegidos por los ciudadanos (un sistema de previsión para la jubilación, un sistema público de sanidad, de enseñanza, etc., a cambio de impuestos).
    Reconozco que planteamientos así son muy rompedores con la visión que se suele tener pero le invito a que sigamos esta discusión porque tengo la impresión de que es un razonamiento correcto y si estoy equivocado quisiera averiguar en qué.
    Un saludo cordial,
    Alberto Cornejo

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