¿Puede iniciarse una inspección mediante la entrada en el domicilio de un contribuyente mediante autorización judicial? (a propósito de la resolución del Tribunal Constitucional Alemán de 26 de marzo de 2014)

El art. 87 del Reglamento General de Aplicación de los Tributos (RD 1065/2007, de 27 de julio) establece quego-home “la iniciación del procedimiento [tributario] se realizará mediante comunicación que deberá ser notificada al obligado tributario o mediante personación“.

Por su parte, el art. 113 LGT señala que “cuando en los procedimientos de aplicación de los tributos sea necesario entrar en el domicilio constitucionalmente protegido de un obligado tributario o efectuar registros en el mismo, la Administración tributaria deberá obtener el consentimiento de aquel o la oportuna autorización judicial”.

A la vista de estos preceptos ¿es posible que las actuaciones inspectoras se inicien, sin previa comunicación, personándose la inspección en el domicilio del interesado, para proceder a su registro, con la oportuna autorización judicial?

Con la normativa vigente, esta opción debe descartarse si la Inspección hubiera encontrado indicios de delito, pues en tal caso -al menos mientras no se reforme la LGT para adaptarla a la nueva regulación del delito fiscal- deberá paralizar las actuaciones y remitir el tanto de culpa a la jurisdicción penal o presentar la denuncia al Ministerio Fiscal (según la terminología de los arts. 68.7 y 180.1 LGT).

Ahora bien, si la Inspección carece de indicios de delito, ¿puede acceder al domicilio del inspeccionado y registrarlo? Podría parecer que sí, siempre que cuente con autorización judicial. Sin embargo, como -por definición- el inicio del procedimiento inspector no vendrá determinado por indicios de delito, ¿qué otras circunstancias deberían acreditarse ante el juez de lo contencioso para que conceda la autorización? ¿Serán suficientes los indicios de que el contribuyente no ha cumplido correctamente sus obligaciones tributarias y de que podrían encontrarse las correspondientes pruebas en el domicilio particular?

A nuestro entender, esta interpretación quebrantaría el principio de proporcionalidad (o, dicho de otro modo, supondría una restricción desproporcionada de la inviolabilidad del domicilio). Pensemos que, incluso en el ámbito del procedimiento de recaudación, la entrada y registro del domicilio es el último recurso (con arreglo al art. 169.4 LGT “se embargarán en último lugar aquellos [bienes] para cuya traba se necesaria la entrada en el domicilio del obligado tributario”. Entonces, ¿cómo es posible justificar que el procedimiento inspector se inicie mediante una entrada y registro en domicilio, por la mera sospecha de que en él se encuentran pruebas que demostrarían la comisión de una infracción tributaria?

Cabe concluir, por tanto, que el procedimiento inspector no puede iniciarse nunca mediante la entrada y registro en el domicilio del obligado tributario. En esta línea, cabe mencionar la resolución del Tribunal Constitucional alemán de 26 de marzo de 2014 (2 BvR 974/12) según la cual la entrada en el domicilio sólo se justifica cuando exista la sospecha de que se ha cometido un delito, siempre que tal sospecha se funde “en hechos concretos y no en meros indicios y suposiciones”. En cambio, según el Tribunal, no cabe utilizar la entrada para obtener las pruebas que confirmen los meros indicios preexistentes.

Isabel Espejo y Pedro Herrera

6 thoughts on “¿Puede iniciarse una inspección mediante la entrada en el domicilio de un contribuyente mediante autorización judicial? (a propósito de la resolución del Tribunal Constitucional Alemán de 26 de marzo de 2014)

  1. Interesante, muy interesante, información que podría ser tema casi de una Tesis Doctoral o, al menos, de un artículo monográfico para adecuar con su actualización las normas legales que garanticen a los ciudadanos sus derechos, no resquebrajados por meros indicios y sí ante fundamentadas pruebas de transgresión de la norma.

  2. Coincido con Fernando,

    Muy interesante. Leyendo el texto que nos ofrecen supongo que diferente sería afirmar que una inspección puede iniciarse “a causa” de la entrada y registro en el domicilio de un obligado tributario. El “mediante” la entrada, crea cierta inquietud porque parece una acción azarosa. Sin embargo, vaya por delante mi desconocimiento sobre posibles casos acaecidos, dudo que esa acción sea la que inicia en sí una inspección pues la misma ha de venir de la mano de una actividad administrativa de los inspectores resultado de la cual se considere necesaria la entrada y registro.

    De no ser así estaríamos ante una réplica de la “Ley Corcuera” o “Ley de la patada en la puerta” que el Tribunal Constitucional ya se encargó de matizar declarando nulo apartado segundo de su artículo 21,3 el cual (para que estas cuestiones nunca se olviden) reza:

    “A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, será causa legítima para la entrada y registro en domicilio por delito flagrante el conocimiento fundado por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que les lleve a la constancia de que se está cometiendo o se acaba de cometer alguno de los delitos que, en materia de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, castiga el Código Penal, siempre que la urgente intervención de los agentes sea necesaria para impedir la consumación del delito, la huida del delincuente o la desaparición de los efectos o instrumentos del delito”.

    Saludos y gracias por sus siempre estimulantes reflexiones,

    Ann

    • Estimada Ann:

      Muchas gracias por esta valiosa reflexión.

      La diferencia con la “Ley Corcuera” está en que -en el caso que comentamos en el blog- la Administración sí cuenta con una autorización judicial (del Juzgado de lo Contencioso) que autoriza la entrada en domicilio. El problema radica en que los jueces de lo contencioso parecen conceder la autorización para la entrada a partir de meras sospechas de que la Administración puede encontrar pruebas en el domicilio que -aunque no constituyan delito- permitan descubrir rentas o elementos patrimoniales no declarados.

  3. Estimado Profesor,

    mil gracias por su matización. Cierto es que se establece una diferencia procesal entre una opción y la otra. Lo que viene a cuestionar esta que aquí escribe es justamente lalegalidad de estas autorizaciones que atentan contra la no indefensión y la presunción de inocencia que el Profesor Garcia Enterría tuvo muy presente una y otra y otra vez.

    A tenor de la cual se han pronunciado ya tanto el TS como el Tribunal Constitucional dejando claro que las decisiones administrativan no gozan de “bula” alguna respecto al deber de actuar de acuerdo a la legalidad (donde la doctria jurisprudencial es parte).

    En este sentido la STS de 19 de julio de 1999 (Ar. 6316), en su Fundamento Jurídico Cuarto establece que:

    “Esta Sala, a la vista de las actuaciones que obran en el expediente, comparte plenamente el criterio del Tribunal «a quo» y estima que, en el presente caso, la decretada nulidad de actuaciones, con retroacción del expediente, no sólo es procedente, sino obligada e ineludible. Porque, en efecto, no se trata de que se hayan omitido tales o cuales trámites, más o menos importantes, o se hayan advertido defectos de forma, más o menos subsanables. Es que hay una falta total y absoluta de los requisitos esenciales que definen un procedimiento sancionador. La imposición de las sanciones se ha producido sin más actuaciones previas que el acuerdo de incoación y un pliego de cargos, a todas luces defectuoso, que ni siquiera determina los hechos en que pretende basarse. Ni una sola diligencia de instrucción o de prueba, y por si fuera poco, ausencia total de una propuesta de resolución, mínimamente razonada y notificada en debida forma. La indefensión es de toda evidencia.”

    Incluso antes de la LRJAP el Tribunal Constitucional había proscrito la posibilidad de sanción sin previo procedimiento, de manera que se privara al sancionado de toda posibilidad de defensa. Así la STC 18/1981, de 8 de junio, establecía que los valores esenciales que se encuentran en la base del art. 24 CE “no quedarían salvaguardados si se admitiera que la Administración … pueda incidir en la esfera jurídica de los ciudadanos imponiéndoles una sanción sin observar procedimiento alguno y, por tanto, sin posibilidad de defensa previa a la toma de decisión”, pues “la garantía del orden constitucional exige que el acuerdo se adopte a través de un procedimiento en el que el presunto implicado tenga oportunidad de aportar y proponer las pruebas que estime pertinentes y alegar lo que a su derecho convenga” (FJ 3).

    Son solo ejemplos que nos ubicarían en la ilegalidad de la decisión que “autoriza” tales entradas, motivo por el cual, las mismas (y todo resultado derivado de las mismas), a efectos de prueba en un procedimiento o en un proceso, serían absoluta y radicalmente nulas dejando sin efecto los elemmentos probatorios obtenidos. Cuestión esta que se hizo patente en la citada “Ley Corcuera”.

    Es mi opinión, vaya. Siempre es interesante alimentar conversaciones ricas.

    Saludos,

    Ann

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