¿Deben someterse a la “plusvalía municipal” los inmuebles que han disminuido de valor? (Crítica a la Resolución DGT de 23.1.2014)

La Resolución de la Dirección General de Tributos de 23 de enero de 2014 (V0153-14) contesta a una consulta tributaria sobre el sometimiento al Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (plusvalía municipal) de un inmueble que se ha enajenado por un importe inferior al valor de adquisición.

Para comprender mejor la consulta conviene tener en cuenta dos circunstancias: el hundimiento del mercado inmobiliario y la existencia de algunas resoluciones judiciales que rechazan el gravamen por la plusvalía municipal en el caso de pérdidas de valor (Sentencia núm. 366/10, de 21 de Septiembre del Juzgado de lo contencioso- administrativo número 1 de Cuenca y Sentencia 85/2012, de 17 de abril del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha).

Saliendo al paso de estas sentencias la Dirección General de Tributos considera que la Ley de Haciendas Locales determina la exigencia de la plusvalía municipal aunque no se haya producido un incremento de valor:

“De este modo la cuantía del impuesto aumenta en función del número de años transcurridos entre la adquisición y la transmisión del terreno (con un máximo de 20 años), con total independencia de la ganancia real obtenida con la transmisión del terreno”.

“La regla de determinación de la base imponible del IIVTNU establecida por el TRLRHL       -prosigue la Dirección General- no es una presunción ni una regla probatoria, sino una regla de valoración que permite cuantificar la base imponible a través de un método objetivo. El impuesto no somete a tributación una plusvalía real, sino una plusvalía cuantificada de forma objetiva. Así, el porcentaje de incremento máximo anual del 3% para los períodos de 15 a 20 años, es una regla objetiva disociada de la realidad, que puede ser inferior o superior al incremento real del terreno. Del mismo modo, la ley utiliza el valor catastral del suelo en el momento del devengo, con independencia de cuando fue determinado el mismo (salvo que resulte de aplicación la reducción regulada en el apartado 3 del artículo 107)”.

Hasta aquí la postura de la Dirección General de Tributos, es correcta, puesto que se limita a interpretar la ley. Sin embargo, el centro directivo da un paso más y afirma que:

“el fundamento de este impuesto no es tanto gravar el incremento “real” provocado por el titular del terreno por diferencia entre unos precios de venta y compra, sino que trata de gravar el incremento de valor del terreno como consecuencia de la acción urbanística del propio municipio donde se encuentra (instalación o mejora de alumbrado público, aceras, mobiliario urbano, etc.). Con este impuesto, por tanto, se pretende que el sujeto pasivo devuelva a la colectividad parte del beneficio por él obtenido. La participación de la comunidad en las plusvalías urbanísticas tiene su apoyo en la propia Constitución Española. Su artículo 47 dispone que la comunidad participará en las plusvalías que genera la acción urbanística de los entes públicos. La capacidad económica que sirve de fundamento a este impuesto se inscribe en el campo de las plusvalías inmerecidas o no ganadas de naturaleza inmobiliaria, es decir, aquellas plusvalías de los terrenos no debidas a la actividad de los particulares, sino a causas extrañas a la misma, tales como el simple crecimiento de los núcleos urbanos”.

Con todo respeto a la opinión del centro directivo -cuya competencia técnica está fuera de toda duda- pienso que la resolución debía haberse limitado a interpretar  la ley y no haberse extendido en consideraciones sobre la justificación constitucional del impuesto. Es cierto que, cuando el Tribunal Constitucional se ha ocupado de algunas cuestiones colaterales relativas a la plusvalía municipal no ha puesto en duda su constitucionalidad (vgr., la STC 233/1999, de 16 de diciembre). Ahora bien, si -como dice la Dirección General- el fundamento del impuesto es “gravar el incremento de valor del terreno como consecuencia de la acción urbanística” debería establecerse algún mecanismo para determinar dicho incremento con arreglo a la realidad de los hechos. Pues bien, parece claro que la aplicación de un porcentaje anual sobre el valor catastral no guarda relación alguna con la acción urbanística y puede dar lugar al gravamen de plusvalías ficticias. Por otra parte, desde el punto de vista de la mera política legislativa, el impuesto es difícilmente compatible con la postura de los organismos e informes internacionales (OCDE, Comisión Europea, Fondo Monetario Internacional, Informe Mirrlees) que recomiendan reducir la tributación sobre la transmisión de la propiedad inmobiliaria.

Pedro Herrera

 

2 thoughts on “¿Deben someterse a la “plusvalía municipal” los inmuebles que han disminuido de valor? (Crítica a la Resolución DGT de 23.1.2014)

  1. Sorprendente contestación a una Consulta y muy conveniente el comentario de Pedro Herrera. Leyéndola a la par con el Informe de expertos sobre la Reforma Tributaria definitivamente descubro que, como Alicía en el País de las Maravillas, hemos caido sin querer en el mundo al revés…Es todo realmente sorprendente…

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