Voto particular a algunos aspectos del Informe de la Comisión para la Reforma del Sistema Tributario (Gravamen de la vivienda y tratamiento de los rendimientos del trabajo)

Ofrezco a los lectores el Voto particular a algunos aspectos del Informe de la Comisión para la Reforma del Sistema Tributario (Gravamen de la vivienda y tratamiento de los rendimientos del trabajo).

El Informe completo puede consultarse en la página web del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Voto particular a algunos aspectos del Informe de la Comisión para la Reforma del Sistema Tributario

(Gravamen de la vivienda y tratamiento de los rendimientos del trabajo)

Pedro M. Herrera Molina

(Catedrático de Derecho Financiero y Tributario

Universidad Nacional de Educación a Distancia)

 

I. Planteamiento

El Informe de la Comisión de Expertos para la Reforma Tributaria, presidida por el Profesor Doctor don Manuel Lagares aporta elementos muy valiosos para orientar la próxima reforma fiscal. Entre ellos destaca la idea de ampliar las bases imponibles y reducir los tipos de gravamen de la imposición directa, consideración general que suscribo plenamente. También me parece adecuada la propuesta de incrementar la imposición indirecta –en particular los tributos ambientales, basados en el principio quien contamina paga– para disminuir las cargas fiscales sobre el factor trabajo (IRPF y contribuciones sociales).

Sin embargo, y muy a mi pesar, he de formular un voto particular sobre dos cuestiones concretas y sus diversas implicaciones a lo largo del Informe: el tratamiento de las rentas imputadas a la vivienda habitual y la el tratamiento de los rendimientos de trabajo. En estos dos puntos, con el mayor respeto a la opinión mayoritaria, discrepo del modo en que el Informe delimita las exenciones o beneficios fiscales que deben suprimirse a fin de obtener una recaudación adicional que permita compensar la reducción de los tipos de gravamen y conseguir la neutralidad fiscal[1].

II. Rentas imputadas a la vivienda habitual

El informe de la Comisión otorga especial relevancia a las observaciones de los organismos internacionales, que recomiendan incrementar la imposición sobre la propiedad inmobiliaria -por constituir un recurso que goza de una gran estabilidad- y disminuir el gravamen de las transmisiones patrimoniales (cuya recaudación se ha hundido con el estallido de la burbuja inmobiliaria).

La Comisión propone, como medida inmediata, el sometimiento a tributación del rendimiento en especie derivado del disfrute de la propia vivienda. No se trata de una completa novedad, pues el gravamen de dichas rentas imputadas ya estuvo presente en nuestro sistema fiscal desde su introducción por la Ley 44/1978[2] hasta su supresión por la Ley 40/1998 (que restringió la imputación a los inmuebles no arrendados distintos de la vivienda habitual). En el ámbito del Derecho comparado, el gravamen de las rentas imputadas a la vivienda constituye un fenómeno poco frecuente y en claro retroceso[3].

En apariencia, existen algunas razones que podrían tomarse en consideración para formular esta propuesta: el uso de una vivienda en propiedad supone una utilidad en especie para el contribuyente y su familia y le evita incurrir en un gasto por el pago de alquileres. Por tanto, podría pensarse que el régimen actual resulta injusto (no se grava la capacidad económica derivada de dicho disfrute), constituye un incentivo perverso (a invertir en la propia vivienda en lugar de hacerlo en otros activos alternativos), quiebra la neutralidad fiscal (entre el alquiler y la compra de la vivienda) y supone una pérdida de recaudación (lo que obliga a mantener unos tipos de gravamen más elevados para el conjunto de los contribuyentes).

Debe reconocerse que todos estos argumentos tienen un valor teórico, pero estoy persuadido de que su peso se desvanece al contrastarlos con tres factores concretos: a) la dificultad de valoración de una renta en especie desvinculada de una contraprestación; b) la diferente tributación de que ha sido objeto cada vivienda; y c) la estructura de la propiedad sobre la propia vivienda en España (incluyendo el elevado endeudamiento de muchos propietarios para financiar la compra). Estos tres factores se encuentran íntimamente relacionados entre sí.

Comencemos con los problemas de valoración. ¿Cómo calcular la utilidad derivada de la propiedad de la propia vivienda? Podría pensarse que tal utilidad equivale al precio de mercado que supondría el alquiler de una vivienda idéntica. Sin embargo, esta pretendida solución tendría dos graves inconvenientes: a) resulta impracticable y b) es falsa.

Resulta impracticable porque no es posible determinar el valor de mercado del alquiler en cada caso con un mínimo de certeza y posibilidades reales de impugnación para los contribuyentes. Es cierto que el Tribunal Constitucional acepta el gravamen de rendimientos “potenciales”  de los inmuebles no arrendados distintos de la vivienda habitual (SSTC 295/2006, de 11 de octubre y 91/2007, de 7 de mayo), pero tal afirmación se limita a una medida extrafiscal dirigida a fomentar el alquiler de viviendas desocupadas y no a la valoración de una utilidad actual en especie. Además, es bien conocida la laxitud del Tribunal al interpretar los principios constitucionales de justicia tributaria, de modo que la mera constitucionalidad de una  medida no implica que sea justa, ni mucho menos conveniente.

Pero es que, aunque fuera posible determinar en cada caso el precio de mercado del alquiler (el rendimiento “potencial”), tal magnitud no sería representativa de la utilidad que supone al contribuyente el uso de su propia vivienda, por múltiples circunstancias que resulta imposible tipificar en la ley, debido a la diversidad de situaciones individuales. No me estoy refiriendo a circunstancias excepcionales, puesto que, en esta materia, la regla general es la diversidad.

Por otra parte, ¿supone verdaderamente un ahorro para el contribuyente el residir en una vivienda de su propiedad en lugar de hacerlo en una vivienda alquilada? Este puede ser el caso si el contribuyente ha heredado la vivienda de sus padres disfrutando de un tratamiento favorable en el Impuesto sobre Sucesiones. Si la ha heredado de parientes más lejanos habrá tenido que pagar una cantidad muy elevada por el citado impuesto. Si ha adquirido una vivienda habrá pagado el Impuesto sobre el Valor Añadido (actualmente el 10 por 100 o el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas, que podemos fijar en torno al 6 por 100 y que muchas Comunidades aplican, en la práctica, sobre valores superiores al precio de mercado)[4] y probablemente esté pagando las cuotas e intereses del préstamo que tuvo que solicitar para adquirir la vivienda. En unos momentos en que la morosidad de las hipotecas bancarias es muy elevada, establecer un gravamen adicional por el “disfrute” de la propia vivienda generará notables injusticias y puede darse el caso de que el contribuyente no disponga de la necesaria liquidez para hacer frente al pago del impuesto.

Pero volvamos a la propuesta de la Comisión: intentar gravar la “utilidad” real derivada del disfrute de la vivienda resulta impracticable, por eso el Informe propone someter a tributación un porcentaje del valor catastral, (tal y como sucede ahora con los inmuebles no arrendados distintos de la vivienda habitual). Al tratarse de un porcentaje reducido, se establecería la ficción de que tal cuantía ya equivale al rendimiento “neto” derivado de la propia vivienda, de modo que no serán deducibles los gastos que comporta su utilización (entre ellos, los intereses que se satisfagan por el préstamo obtenido para su adquisición, o su amortización)[5].

En otras palabras, para conseguir la neutralidad entre vivienda propia y vivienda alquilada se imputa un rendimiento que no guarda relación alguna con la utilidad real derivada de la vivienda, ni tampoco con la carga tributaria que se haya soportado al adquirir la vivienda, ni tan siquiera con los gastos que de ella derivan. En este sentido, la cuantía específica de las rentas imputadas al contribuyente resulta, en puridad, una renta ficticia.

Además, como la propia Comisión señala, la situación actual de los valores catastrales presenta una enorme dispersión según el momento en que se hayan actualizado (antes, durante o después del boom inmobiliario). Esta circunstancia ocasionaría una desigualdad adicional que sólo podría corregirse de forma muy burda mediante el establecimiento de diversos porcentajes de imputación (tal como sucede en la actualidad con las rentas imputadas a segundas y ulteriores viviendas).

En cuanto a la estructura de la propiedad inmobiliaria en España, los datos muestran que unos 13 millones de contribuyentes son propietarios de su vivienda. De este modo, los efectos erráticos -por su imprecisión- del gravamen sobre la propia vivienda se proyectarían sobre un inmenso número de contribuyentes que -dada la magnitud del número- serán perceptores de rentas modestas en muchos casos. Es cierto que la Comisión propone establecer unos mínimos exentos específicos para las rentas imputadas (20.000 euros de renta y 90.000 euros de valor catastral), pero no considero demostrado que dicho mecanismo sea suficiente para paliar los injustos efectos de la medida. El gravamen afectará a muchos perceptores de rentas medias y también podría aceptar a ciertos grupos de perceptores de rentas bajas (pensemos en pensionistas o en parados de larga duración)[6].

Por otra parte, la propuesta de la Comisión debe valorarse conjuntamente con las demás medidas previstas en el Informe. Pues bien, siguiendo las recomendaciones de los organismos internacionales, la Comisión propone una futura eliminación del régimen transitorio correspondiente a la deducción por vivienda. Aunque la Comisión no propone la eliminación inmediata de dicho régimen, la implementación de esta medida incrementará notablemente el gravamen de muchos propietarios de viviendas (especialmente de aquellos que aún tengan por amortizar la mayor parte del préstamo).

Desde la perspectiva de la eficiencia económica, se argumenta que el régimen transitorio supone un pernicioso incentivo para que los préstamos no se amorticen inmediatamente. Sin embargo, no me consta que existan datos concretos que demuestren esta afirmación. A mi entender, en una situación de aguda crisis económica y de notable morosidad en el pago de las hipotecas, el número de contribuyentes que podrían amortizar anticipadamente los préstamos hipotecarios será, probablemente, muy reducido.

Por otra parte, debe tenerse en cuenta que los organismos internacionales sólo recomiendan incrementar la tributación sobre la propiedad inmobiliaria en España a cambio de reducir la tributación sobre las transmisiones patrimoniales[7]. Es cierto que la Comisión propone ambos tipos de medidas. Ahora bien, mientras que el gravamen de las rentas imputadas es una decisión fácil de adoptar inmediatamente (en el sentido de que depende unilateralmente del Estado), la reducción del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados resultará mucho más difícil de llevar a la práctica, pues exigirá una negociación política con las Comunidades Autónomas, que sin duda reclamarán alguna compensación.

Además de estas razones de fondo, quisiera apuntar algunos argumentos técnicos que me llevan a apartarme del planteamiento mayoritario del Informe. En efecto, según la Comisión, el régimen actual -inexistencia de rentas imputadas a la propia vivienda- constituye una “exención” que debe ser eliminada al objeto de cubrir un boquete en la base del impuesto.

En mi opinión, en el Derecho vigente, la ausencia de gravamen de la utilidad en especie correspondiente a la renta habitual no constituye ninguna “exención” sino un supuesto situado extramuros del hecho imponible del IRPF. El concepto de renta diseñado por el legislador no abarca las utilidades en especie, salvo en el caso de que estas deriven de una contraprestación. Por este motivo no se somete a gravamen el propio trabajo en el hogar (aunque supone un ahorro del coste del servicio doméstico), ni la utilidad derivada del ajuar doméstico (que en algunos casos puede tener un elevado valor), ni la de los automóviles, embarcaciones o aeronaves privadas (que pueden constituir una manifestación de lujo), ni la del capital mobiliario (que, junto a la totalidad del patrimonio, genera también utilidades en especie en cuanto abre las puertas a la obtención de crédito)[8].

La única excepción está en las rentas imputadas a los inmuebles no arrendados distintos de la vivienda habitual. Ahora bien, en este supuesto el gravamen tampoco se justifica en la obtención de utilidades en especie, sino en una medida extrafiscal para incentivar que tales inmuebles sean objeto de arrendamiento o explotación económica (el Tribunal Constitucional considera que este gravamen se justifica por la renta “potencial” es decir, la que hubiera podido obtenerse en el caso de que el inmueble estuviese alquilado).

Como argumento adicional puede señalarse que los informes de las dos anteriores Comisiones para la reforma del IRPF proponían la completa supresión de las rentas inmobiliarias imputadas por entender que no respondían al concepto de renta diseñado en nuestro IRPF[9].

Es cierto que, a medio plazo, el Informe de la actual Comisión sugiere la completa supresión de las rentas imputadas, sustituyéndolas por un incremento del Impuesto sobre Bienes Inmuebles u otro impuesto similar. Tal incremento derivaría de un nuevo sistema de valoración catastral que, teóricamente, permitiría actualizaciones anuales (al alza o a la baja según las fluctuaciones del mercado) con un alto grado de precisión.

Pues bien, no considero conveniente que la carga tributaria del IBI deba diseñarse atendiendo al objetivo de reducir los tipos de gravamen del Impuesto sobre la Renta (a través de una participación del Estado en dicho impuesto). En efecto, el Impuesto sobre Bienes Inmuebles se justifica por su relación indirecta con los servicios prestados por los ayuntamientos. La participación del Estado puede resultar razonable en la medida en que colabora a la financiación de las entidades locales, pero la justificación del IBI quedaría dañada si su importe quedara condicionado por las decisiones sobre la cuantía del Impuesto sobre la Renta.

III. Restricción de las reducciones por rendimientos del trabajo

La Comisión también propone que se reduzcan las actuales reducciones por rendimientos del trabajo, sustituyéndolas por una cuantía fija notablemente inferior a los máximos actuales. Como medida complementaria se modificaría la actual deducción en la cuota “por obtención de rendimientos del trabajo o de actividades económicas” de modo que quedase limitada a los rendimientos de trabajo y garantizar la no tributación de tales rendimientos en el caso de que tuvieran una escasa cuantía.

Existe un argumento teórico a favor de convertir la actual reducción por rendimientos del trabajo en una cantidad fija y más reducida: si la única justificación de la reducción estuviera en compensar la limitación de gastos deducibles que tienen las rentas del trabajo (a diferencia de lo que sucede con los rendimientos de actividades económicas) tendría sentido que se estableciera una cantidad a tanto alzado para todos los contribuyentes y no, como sucede en la actualidad, unas cantidades mayores para las personas con menores rendimientos.

Lo que sucede a mi entender -y así se deduce de la vigente Ley[10]– es que la reducción busca, en realidad, compensar a los perceptores de rendimientos del trabajo de las desventajas que la ley establece frente a las rentas del ahorro (cuyo régimen se justifica por la movilidad del capital) y a los rendimientos de actividades económicas (por el reconocimiento de gastos deducibles, por la existencia de diversos beneficios fiscales, por las menores posibilidades de control y por la posibilidad de estructurar el negocio mediante fórmulas societarias). En otras palabras, la reducción no constituye un beneficio fiscal que deba suprimirse, sino una medida destinada a garantizar la justicia del impuesto y una mayor neutralidad entre las diversas categorías de renta.

Por otra parte, este tipo de reducción es uno de los pocos “gastos fiscales” que la Unión Europea parece valorar positivamente en los impuestos sobre la renta de los distintos Estados miembros, en cuanto reduce las cargas fiscales sobre el factor trabajo[11].

Dado que los contribuyentes con rentas más bajas tienen menores posibilidades de ahorro (y, por tanto, menos posibilidades de obtener rendimientos de capital) resulta razonable que la ventaja derivada de la reducción sea superior para ellos.

En todo caso, parece claro que si la reducción disminuye y se fija en una cantidad uniforme (como se propone en el Informe) esto perjudicará a las personas que obtienen rendimientos de trabajo y, especialmente, a las personas con bajos ingresos derivados de rendimientos del trabajo.

La Comisión es consciente de este problema y por ello propone complementar la medida con otro tipo de reformas:

–                    Por una parte, la mencionada modificación de la deducción prevista en el actual artículo 80 bis LIRPF para garantizar la exoneración de las rentas del trabajo de “modesta cuantía”.

–                    Por otra a través de la llamada calibración del impuesto: “sin duda –señala el Informe- la calibración final del impuesto debería tomar en consideración todos los tipos impositivos y todos los parámetros que lo configuran. Pero en un planteamiento más realista, el ajuste final de la carga podría lograrse razonablemente bien utilizando de forma conjunta solo cuatro variables: la primera, los tipos de la tarifa; la segunda, el ámbito de sus tramos; la tercera, la deducción de gastos no justificables en los rendimientos del trabajo y la cuarta y última, la deducción en la cuota para evitar el pago del impuesto a los contribuyentes con reducidos rendimientos del trabajo. Un ajuste cuidadoso de esas cuatro variables podría neutralizar cualquier distribución no deseada de la carga que pudiera aparecer como consecuencia de una reforma tan extensa, profunda y compleja como la que aquí se ha expuesto”.

Desde luego, la actual reducción por percepción de rendimientos del trabajo no es la única solución técnica posible para compensar las desventajas de las rentas del trabajo frente a otro tipo de rendimientos (particularmente en el caso de las rentas bajas y medias, con menor capacidad de ahorro). Es posible que una deducción de la cuota combinada con la adecuada calibración del impuesto consiga efectos adecuados.

Sin embargo –y en esto discrepo de la perspectiva adoptada por la mayoría- la “calibración” me parece una fórmula ambigua y que presentará notable complejidad técnica. Por eso debo llamar la atención sobre la necesidad de estructurar la reforma de modo que siga otorgándose la necesaria protección a los rendimientos del trabajo (incluyendo a los perceptores de rentas bajas y medias, que constituyen la inmensa mayoría de los contribuyentes).

Además, la “calibración” de la reforma debe realizarse teniendo en cuenta que el Informe propone un tratamiento claramente más favorable para las rentas del ahorro. Pues bien, ante tales medidas creo que es necesario insistir, aún más de lo que ya hace el informe, en la necesidad de “equilibrar” el tratamiento de las rentas del trabajo (particularmente los de modesta y media cuantía).

Pedro Manuel Herrera Molina

18 de febrero de 2014


[1] Se trata de una discrepancia que encuentra ecos en otros detalles técnico-jurídicos presentes a lo largo del informe, aunque no me detendré en ellos por no tener mayor relevancia práctica.

[2] Cfr. una incisiva crítica a la tributación de rendimientos imputados a la vivienda en la obra de Jesús Ramos Prieto, La imputación de rentas inmobiliarias en la imposición sobre la renta de las personas físicas, CEF, Madrid, 2008, págs. 158 y ss. El autor se basa en consideraciones de justicia tributaria y respalda su opinión en la de otros prestigiosos profesores, desde Fernando Sainz de Bujanda hasta Cristóbal Montoro Romero (F. Sainz de Bujanda, considera que estamos ante un “rendimiento ficticio”, La Contribución Urbana. Meditación en la víspera de un nuevo sistema de financiación local, Consejo General de Cámaras de la Propiedad Urbana de la Comunidad Valenciana, Valencia, 1987, pág. 297. Cristóbal Montoro Romero y Francisco Utrera Mora criticaron la tributación de las rentas inmobiliarias imputadas en la antigua regulación, considerando que violentaban la naturaleza del IRPF (“La reforma del Impuesto sobre la Renta de las Personas Física, en La Reforma del Sistema Tributario Español, Monográfico de la Revista del Instituto de Estudios Económicos, núm. 1/1990, pág. 27). 

[3] En este sentido se pronuncia Jesús Ramos Prieto, op. cit., pág. 178. Por otra parte, una búsqueda en la base de datos Country Surveys del International Bureau for Fiscal Documentation, actualizada a 2013-2014, sólo me ha permitido encontrar este tipo de “rendimientos” de la vivienda habitual en los impuestos sobre la renta de Italia, Bélgica, Holanda, Luxemburgo y Suiza, por lo que se refiere al ámbito de la OCDE.

 

[4] El Informe de la Comisión propone una solución a los problemas de valoración del ITP-AJD que consistiría en limitar los medios de comprobación previstos en el art. 57.1 LGT, pero, con todo respeto a la opinión mayoritaria, dicha solución no me parece suficientemente estructurada desde un punto de vista técnico. En la misma línea, tampoco me parece adecuada la referencia que el Informe realiza al cierre del libro diario (artículo 251 de la Ley Hipotecaria) en un contexto relativo al análisis del cierre registral (artículos 254 y 255 en relación al art. 17 de la Ley Hipotecaria).

[5]  En realidad, la inexactitud de los valores catastrales y el burdo cálculo del”rendimiento imputado” no permiten calcular un “rendimiento neto” ajustado a lacapacidad económica.

[6] Salvo que los perceptores de rentas inferiores a 20.000 euros quedaran exonerados del gravamen por rendimientos imputados con independencia del valor catastral de su vivienda habitual

[7] International Monetary Fund, “Spain: Financial Sector Reform. Third Progress Report”, IMF Country Report, 205, 2013, p. 4; European Commission, Directorate General for Taxation and Customs Union, “Tax reforms in EU Member States 2013”, European Economy, 5, 2013, p. 66. El “Informe Mirrlees” llega a proponer, como ideal, que el establecimiento de un impuesto periódico sobre las utilidades derivadas de la vivienda suponga la supresión del IVA y el Impuesto sobre Transmisiones correspondientes a estos inmuebles (James Mirrlees, Diseño de un sistema tributario óptimo, trad. española de Julio Viñuela Díaz, Editorial Universitaria Ramón Areces, Madrid, 2013, pág. 428).

[8] Por eso, aunque el gravamen de las rentas imputadas a la propia vivienda pueda resultar coherente con un concepto omnicomprensivo de renta, no se acomoda al concepto genérico de renta previsto en la ley (oculto en la definición de las ganancias patrimoniales del art. 33) ni resulta coherente con la falta de sujeción del disfrute de otros bienes por parte de su propietario.

[9] Así, en el Informe para la Reforma del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, IEF, Madrid, 1998, se dice que “la imputación de rendimientos presuntos por bienes inmuebles no arrendados o subarrendados rompe con el criterio de la renta realizada que debe inspirar este impuesto en su nueva configuración, consistente en que únicamente se sujeten a tributación los ingresos y rendimientos de mercado, monetarios o en especie, efectivamente obtenidos” (pág. 126). En el Informe para la Reforma del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, IEF, Madrid, 2002 se indica lo siguiente: “La anterior Comisión consideró que la imputación de rendimientos presuntos por bienes inmuebles no arrendados o subarrendados rompía con el criterio de la renta realizada que debía inspirar al IRPF en su nueva configuración, consistente en que únicamente se sujetasen a tributación los ingresos y rendimientos de mercado, monetarios o en especie, efectivamente obtenidos. Y por ello propuso que no se computasen como ingresos más que los que obtuviesen efectivamente en el mercado, bien fueran monetarios o en especie, pero no los meramente imputados por la utilización de bienes de consumo duradero. Atendiendo parcialmente tal recomendación, la Ley 40/1998 excluyó de la imputación de rentas inmobiliarias a la vivienda habitual y al suelo no edificado, pero mantuvo el régimen de imputación para los restantes bienes inmuebles no arrendados o subarrendados. Ahora la Comisión opina de nuevo que la imputación de rentas inmobiliarias que perdura en la Ley 40/1998 no se aviene adecuadamente al principio de la renta realizada que inspira el actual IRPF y por ello propone la supresión definitiva de tal régimen” (págs. 151-152, subrayado mío).

[10] El Preámbulo de la Ley 35/2006 de 28 de noviembre señala una multiplicidad de objetivos basados en una finalidad de justicia: “para la mejora de la equidad, se disminuye la carga tributaria soportada por las rentas del trabajo, elevando sustancialmente la reducción establecida para las mismas, especialmente para las rentas más bajas. Se trata de dispensar un tratamiento especial a este tipo de rentas por los siguientes motivos: compensar, mediante una cantidad a tanto alzado, los gastos generales en los que incurre un trabajador; reconocer la aportación que esta fuente de renta hace al conjunto de la base imponible; su facilidad de control y el que se trata de una renta no fundada o sin respaldo patrimonial”.

[11] European Commission, Directorate General for Taxation and Customs Union, “Tax reforms in EU Member States…”, cit., p. 59.

9 thoughts on “Voto particular a algunos aspectos del Informe de la Comisión para la Reforma del Sistema Tributario (Gravamen de la vivienda y tratamiento de los rendimientos del trabajo)

  1. Enhorabuena, Pedro, por el Informe y también por tu valiente e interesante voto particular.

    Totalmente de acuerdo con tu observación a la extraña mención del cierre registral del libro diario en el contexto del informe.

    Un abrazo

  2. Muchas gracias por la información completa y detallada sobre la cuestión, bastante mejor que la “general” que se suele encontrar en los “medios de comunicación” más interesados a los aspectos “políticos” (y no precisamente de alto nivel) que a los técnicos.
    Sin embargo me sigue dejando bastante perplejo la idea general de “reducir los tipos de gravamen de la imposición directa” e “incrementar la imposición indirecta”, consideraciones en las cuales se muestra ud. de acuerdo – aunque con los matices de la referencia a los aspectos medioambientales y de los votos particulares. Me parecen éstas unas medidas claramente regresivas, por no decir profundamente injustas y antitéticas respecto a los preceptos constitucionales, y que representan como una “rendición” frente a la objetiva dificultad de la recaudación directa – sobre todo de las rentas más elevadas, con sus trucos consentidos (véanse SICAV p.ej.) y sus “paraísos fiscales” más que tolerados – y un más cómodo repliegue hacia la recaudación indirecta a todos los ciudadanos independientemente de su capacidad económica, sobre todo a través del IVA. Y ahí sí que veo un sesgo de tipo más político-ideológico que técnico, desgraciadamente: se quiere seguir, y cada vez más, “esquilmando” a la masa, y proteger a los grandes capitales y grandes patrimonios. Lo cual no podrá que ampliar aun más el ya enorme barranco de diferencias entre una clase social cada vez más rica y poderosa, y las demás, con todas las consecuencias no solamente “éticas” (por lo que puedan valer) sino sobre todo de sostenibilidad del sistema (véase al respecto el reciente informe de Oxfam sobre las desigualdades).
    En todo caso enhorabuena por su trabajo y sus contribuciones a la teoría y la práctica del Derecho Financiero y Tributario en España.

    • Muchas gracias por el interesante comentario, Mario. Con mucho gusto reflexionaré sobre él. Creo sinceramente que en España existe un déficit de fiscalidad ambiental (y muchos de los impuestos vigentes están mal diseñados y no respetan el principio quien contamina paga). Por otra parte, tras un intenso debate, la Comisión ha propuesto mantener los tipos superreducidos del IVA, y no incrementar los tipos reducidos de la vivienda ni del transporte público, que son los que afectan principalmente a las personas con menos recursos. La solución del informe es fruto de un consenso en el que se ha cedido por ambas partes, salvo en lo referente a la fiscalidad de la vivienda y a los rendimientos del trabajo.

  3. Gracias por compartir el voto particular al informe final de la comisin. Muy interesantes los argumentos relativos a la falta de jusitficacin de gravar ms la vivienda habitual y que comparto plenamente. Un abrazo, Jos M

  4. Enhorabuena, Pedro, por el informe en general, y, en concreto, por tu voto particular sobre sendas cuestiones tan relevantes. Debo decir que comparto tus reflexiones y felicitarte nuevamente por la valentía de haberte desmarcado de la opinión mayoritaria, en tal de buscar mayor “Justicia Tributaria”.

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