Respeto al “derecho de defensa” en el ámbito aduanero (Conclusiones del Abogado General Melchior Wathelet en los as. acumulados C-129/13 y C-130/13, Kamino International

Las conclusiones del Abogado General Melchior Wathelet presentadas el 25 de febrero de 2014 en los acumulados C-129/13 y C-130/13, Kamino International y Datema Hellmann resultan extraordinariamente interesantes.

En ellas se analiza la compatibilidad del “derecho de toda persona a ser oída antes de que se tome en contras suya una medida individual que la afecte desfavorablemente” (art. 41.2.a) de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE con una normativa nacional que sólo permite realizar alegaciones en vía de recurso en el ámbito aduanero.

Al tratarse de una normativa holandesa que desarrolla el Código Aduanero Comunitario, queda sometida al texto de la Carta (recordemos que la Carta solo se aplica a “las instituciones, órganos y organismos de la Unión … así como a los Estados miembros únicamente cuando apliquen el Derecho de la Unión (art. 51 de la Carta).
Pues bien, el Abogado General considera que la normativa holandesa restringe el “derecho a una buena administración” en su modalidad de derecho a la audiencia previa. Añade que tal restricción podría estar justificada si se cumplen tres requisitos (apartados 71 y ss. de las Conclusiones):
a) Que existan razones de interés general que lo justifiquen (por ejemplo, la imposibilidad de cumplir los plazos previstos en el Código Aduanero Comunitario para dictar el acto administrativo).
b) Que el destinatario sea oído en el marco del procedimiento de reclamación.
y c) Que el recurso suponga la suspensión automática del acto impugnado.
A juicio del Abogado General, en el supuesto litigioso concurre el segundo requisito (posibilidad de realizar alegaciones en vía de recurso), pero no existen razones de interés general que justifiquen la restricción, ni se garantiza la suspensión automática (aunque en la práctica de la Administración holandesa sí se concede esto sucede en virtud de una mera circular administrativa).
Sin embargo, el Abogado General entiende -siguiendo la STJUE G y R- que “una vulneración del derecho de defensa, en particular del derecho a ser oído, sólo da lugar a la anulación de la decisión adoptada al término del procedimiento administrativo del que se trata si éste hubiera podido llevar a un resultado diferente de no concurrir tal irregularidad” (apartado 80 de las Conclusiones).
Las Conclusiones parecen sólidamente fundadas en la jurisprudencia del TJUE. Sin embargo, desde el punto de vista material dejan muy debilitado el derecho a la audiencia previa en el ámbito administrativo: por una parte, su restricción puede estar justificada en el cumplimiento de los plazos impuestos por una norma de Derecho Europeo (cuando, a mi entender serían tales plazos los que deberían adaptarse a las exigencias del derecho a la audiencia). Por otra, la violación del derecho sólo tendrá consecuencias cuando, de no haberse violado, se hubiera llegado a una consecuencia distinta sobre el fondo del asunto. Ahora bien, en la práctica esto sólo sucederá cuando las alegaciones en una recurso posterior desvirtúen la decisión tomada inicialmente por la Administración, de modo que el derecho a alegar en el procedimiento inicial pierde toda relevancia práctica.
Tendremos que esperar a la Sentencia para ver si el Tribunal sigue una línea coherente con su jurisprudencia anterior -en la que se apoya el Abogado General- u opta por una línea más garantista.
Pedro M. Herrera

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