Hugo López: obligación de informar sobre bienes en el extranjero ¿es incompatible con la Constitución y el Derecho comunitario?

Retomamos la serie de posts dirigidos a analizar artículos científicos de especial relevancia para el imagebotDerecho de la Unión Europea.

En esta ocasión, he seleccionado el trabajo de Hugo López López (Profesor Contratado Doctor de la Universidad Pública de Navarra) titulado “Nueva obligación de información sobre bienes y derechos situados en el extranjero y consecuencias de su incumplimiento en la imposición sobre la renta: un estudio a la luz del Derecho de la Unión Europea y la Constitución”, Revista de Contabilidad y Tributación (CEF), núm. 368 (noviembre 2013) – págs. 5-48.

Quienes no dispongan de acceso a la revista y estén interesados en la lectura de este trabajo, pueden adquirirlo on-line a través de la página web de CEF Legal.

Como recordará el lector, la amnistía fiscal fue acompañada de la obligación periódica de declarar determinados bienes y valores en el extranjero (cuentas bancarias, valores, inmuebles). El incumplimiento -o cumplimiento inexacto- de esta obligación implica sanciones muy elevadas y la imprescriptibilidad de las ganancias de patrimonio no justificadas derivadas de los bienes no declarados. Se trataba de enviar el siguiente mensaje a los defraudadores: la amnistía fiscal constituye la última oportunidad de regularizar la situación tributaria y las dedadas de quienes no regularicen sus bienes en el extranjero jamás prescribirán (véase el post “La Ley de Prevención del Fraude quebranta la libre circulación de capitales”).

En su trabajo, Hugo López considera que se trata de “una medida loable en cuanto a la finalidad o propósito que persigue, combatir el fraude fiscal y en concreto el que se pone de manifiesto con el patrimonio oculto en el extranjero del obligado tributario”. Sin embargo, “los términos en que se ha articulado la normativa provocan unos efectos expansivos extraordinarios y una restricción de los derechos y garantías tributarias, tanto en el plano estrictamente tributario, como en el sancionador, de tal magnitud que difícilmente resultarán compatibles con las exigencias derivadas del Derecho de la Unión Europea y de la propia Constitución Española” (pág. 44).

A juicio del autor -que suscribo plenamente- la norma constituye una restricción desproporcionada de la libre circulación de capitales (desproporcionada en cuanto el plazo de prescripción no sólo se amplía, sino que se suprime en la práctica).

Además, según Hugo López, la norma presenta serios problemas de constitucionalidad. Por una parte, “modifica el plazo de prescripción previsto para situaciones previas a su entrada en vigor y lo que resulta aún más alarmante resucita, si se nos permite la expresión- obligaciones tributarias que ya se habían extinguido de conformidad con el artículo 59.1 de la LGT. Todo ello en abierta contradicción con las exigencias más elementales derivadas del art. 9.3 de la CE” (pág. 45).

Por otra parte -prosigue el autor- la norma, al establecer una auténtica ficción jurídica, lleva a gravar rentas ficticias, con la  consiguiente lesión del principio de capacidad económica. Además, tal ficción supone, a su juicio, una inversión de la carga de la prueba y una responsabilidad objetiva contrarias al art. 24.2 de la Constitución. Por último “la concurrencia de sanciones por incumplimiento del deber de informar sobre los bienes ubicados en el extranjero y por aplicación de de los artículos 39.2 de la LIRPF y 134.6 del TRLIs plantea serias dudas de compatibilidad con la regla non bis in idem (…) en la medida en que la primera conducta es medio necesario para cometer el segundo ilícito, lo que determina una situación de concurso ideal o medial en la que la primera conducta quedaría subsumida en la segunda; resultando improcedente sancionar ambos ilícitos, so pena de violentar la referida regla” (pág. 46).

Se trata, en definitiva, de un trabajo que pone de relieve la utilidad de la dogmática jurídica -interpretada a la luz de los principios de justicia- para resolver problemas de gran relevancia práctica. Además, este estudio manifiesta la estrecha relación entre el ordenamiento de la Unión Europea y nuestro Derecho constitucional y destaca como el objetivo de lucha contra el fraude -no sólo legítimo, sino ineludible- no puede perseguirse a cualquier precio. Por usar una fórmula clásica, el fin no justifica los medios (y unos medios injustos no sólo deslegitiman, sino que terminan por arruinar el fin perseguido).

Pedro M. Herrera

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