José Manuel Tejerizo: El Régimen Jurídico de la AEAT

El profesor José Manuel Tejerizo, Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la UNED y colaborador habitual de este blog ha elaborado un valioso post sobre la posible reforma de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.

Muchas gracias profesor Tejerizo por esta valiosa aportación.

Pedro M. Herrera

“En los últimos días se ha planteado una polémica en torno a ciertos acontecimientos ocurridos en la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). No pretendo, en modo alguno entrar en ellos, que no me corresponde. Pero si deseo decir algo sobre una cuestión que tiene relación directa con tales acontecimientos y sobre la que, por otro lado, ya me he pronunciado de palabra y por escrito en varias ocasiones. Se trata del régimen jurídico de la AEAT.

Como es sabido, la AEAT se rige por el artículo 103 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos generales del Estado para 1991, que establece sus funciones y competencias. Como era de prever, este precepto ha sido modificado en numerosas ocasiones, por lo que su redacción vigente tiene poco que ver con el original. Además, la estructura actual de la AEAT se encuentra establecida en una cantidad inabarcable de disposiciones de todo rango y condición (Reales Decretos, Órdenes ministeriales, Resoluciones del Presidente y del Director General de la Agencia, etc.). Es posible que tal organización sea clara para los responsables de la aplicación de los tributos, pero desde luego esa no es la impresión que tienen los ciudadanos, y me atrevería a decir que tampoco la de quienes nos dedicamos al estudio del Derecho tributario.

Todo ello conforma una maraña normativa que es muy complicada de desentrañar, lo que, como ya he escrito en alguna ocasión, no favorece la seguridad jurídica, principio que es esencial en un Estado de Derecho, y la calificación no es mía sino del Tribunal Constitucional.

Por ello, me atrevo a sugerir, como ya he hecho en otras ocasiones, que se ordene cuanto antes, y atendiendo a criterios estrictamente jurídicos, el régimen de la AEAT, que sin lugar a dudas es uno de los organismos esenciales de nuestra Administración estatal. Con este fin, me parece necesario acometer las siguientes tareas:

1) Es necesario que se dicte una Ley reguladora de la AEAT que sustituya y derogue definitivamente el artículo 103 de la Ley de presupuestos para 1991. En ella se debe establecerse con toda claridad sus funciones, sus órganos directivos y las competencias de cada uno de ellos perfectamente deslindadas. También debería contener las normas esenciales del régimen jurídico de sus miembros, aunque sea por remisión a las normas generales que regulan la función pública. En mi opinión, no basta con una norma reglamentaria, sino que, repito, debe dictarse una norma con rango legal.

2) Parece aconsejable dictar además una norma reglamentaria con rango de Real Decreto (si se quiere puede llamársela Estatuto, aunque el nombre me parece lo de menos) que organice la AEAT con criterios racionales. Evidentemente, la regulación debe referirse tanto a los órganos centrales como a los periféricos (cualquiera que sea la denominación que se adopte), y tiene que fijar con claridad los sistemas de nombramiento de los titulares de cada uno de ellos. La determinación de qué órganos deben ser cubiertos mediante un procedimiento reglado (concurso u oposición) y cuáles mediante decisiones discrecionales de los responsables políticos es algo que corresponde fijar a los poderes públicos, pero, en mí opinión, el primer sistema (procedimiento reglado) debería constituir la norma general.

Es cierto que una regulación de este tipo supone introducir un cierto grado de rigidez en la organización de la AEAT, lo que contrasta con la flexibilidad que ha existido y existe ahora, cuando basta una Resolución del Director General para alterar la denominación, el número y el ámbito material y territorial de las competencias de casi todos los órganos de la Agencia.

Por ello, puede ser aceptable que la fijación de los órganos de inferior categoría y sus competencias pueda encomendarse a la dirección de la Agencia (entendiendo por tal hasta el Director General como máximo), pero no lo es que se mantenga la situación actual, ya que se compadece mal con los principios de seguridad jurídica y protección de los derechos de los ciudadanos que, por otra parte, están expresamente reconocidos en las propias leyes tributarias (artículo 34 LGT). Entre otros extremos que no procede examinar, dada la intención de estas líneas, con ello se evitaría que, como sucede ahora, en más ocasiones de las deseables resulte muy difícil precisar el órgano competente para llevar a cabo una determinada actuación, lo que, entre otras consecuencias, convierte en inaplicable el supuesto de nulidad de pleno derecho por incompetencia manifiesta del órgano que la hubiera adoptado a que alude el artículo 217, 1 b)  LGT”.

José Manuel Tejerizo López

Catedrático de Derecho Financiero y Tributario.

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