¿Debe devolver Hacienda 13.000 millones de euros? Conclusiones del Abogado General Wahl en el caso TJB (Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos)

Las Conclusiones del Abogado General Wahl en el asunto C-82/12 (Transportes Jordi Besora, S.L.) tienen una importancia capital. En ellas se analiza la compatibilidad con la Directiva sobre los Impuestos Especiales del Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos (IVMDH).

Dicho impuesto, completamente cedido a las Comunidades Autónomas (incluyendo competencias normativas para establecer un tipo de gravamen suplementario), entró en vigor el 1 de enero de 2002 como recurso destinado a financiar las nuevas competencias autonómicas en materia de sanidad.

Se trataba de una decisión arriesgada -y así lo señaló, en su momento un sector de la doctrina- pues la Directiva sobre los Impuestos Especiales sólo permitía establecer otros impuestos sobre los productos ya gravados por el impuesto armonizado cuando concurrieran dos circunstancias de dudosa presencia en el IVMDH:

a) Que el nuevo impuesto tuviera una finalidad específica.

b) Que respetara las normas aplicables a los impuestos especiales o al IVA para la determinación de la base imponible, la liquidación, el devengo y el control del impuesto.

La Comisión Europea consideró que no se cumplían estos requisitos e inició un procedimiento de infracción contra nuestro país. Tras un largo forcejeo, España suprimió el IVMDH y lo sustituyó por un tipo autonómico adicional en el Impuesto sobre Hidrocarburos al tiempo que conseguía introducir que dicha posibilidad se admitiera en la Propuesta de Directiva sobre Fiscalidad de los Productos Energéticos (aún en tramitación).

Aunque esto sirvió para tranquilizar a la Comisión Europea, el impuesto dio lugar a numerosos recursos ante los Tribunales Contenciosos y a una cuestión prejudicial en el caso Transportes Jordi Besora, S.L.

Pues bien, según el Abogado General, el IVMDT no tiene finalidad específica (no puede considerarse como tal la genérica afectación a finalidades sanitarias y ambientales) y no respeta la estructura de los impuestos especiales (el devengo se produce en el momento de la venta minorista del carburante al consumidor final, a diferencia del impuesto armonizado).

El Estado Español había solicitado al Tribunal de Justicia, que, en el caso de que el Impuesto se considerase incompatible con la Directiva se limitaran sus efectos en el tiempo. De lo contrario tendrían que devolverse 13.000 millones de euros (el 1,25 % del producto interior bruto español en 2011) lo cual pondría seriamente en peligro la financiación del sistema de sanidad pública en el territorio de las Comunidades Autónomas. Para que el lector se haga una idea más exacta de lo que supone esta cifra puede indicarse que la recaudación total del IRPF (estatal y autonómico) presupuestada para 2014 es de 73.196 millones de euros.

Además, el Gobierno español considera que la Comisión ha contribuido con su comportamiento al incumplimiento de que se trata.

A diferencia de lo que sucede en las sentencias de nuestro Tribunal Constitucional, el Tribunal de Justicia sólo admite la limitación de sus efectos en el tiempo cuando concurren dos requisitos:

a) El riesgo de repercusiones económicas graves.

b) Una incertidumbre objetiva e importante en cuanto a la interpretación y el alcance de las disposiciones pertinentes del Derecho de la Unión. Esta circunstancia concurre, de modo especial, cuando la propia conducta de la Comisión ha dado lugar a la interpretación errónea.

En el caso concreto, el Abogado General considera que concurre el primer requisito, aunque considera excesiva la cifra de 13.000 millones, dado el juego de la prescripción y la existencia de muchos consumidores particulares que no podrán acreditar la repercusión el impuesto. Sin embargo, a su juicio, España no puede alegar que actuó de buena fe, pues el Tribunal de justicia se había pronunciado ya en contra de otro impuesto de estructura similar, y la Comisión -al menos así lo interpreta el Abogado General- había expuesto a España sus criterios en un informe previo a la implantación del impuesto.

A la vista de la Sentencia de 9 de marzo de 2000, EKW y Wein & Co (C‑437/97) todo parece indicar que el Tribunal de Justicia aceptará las conclusiones del Abogado General en lo que se refiere a la incompatibilidad del IVMDT con la Directiva. En cuanto a la limitación de los efectos en el tiempo, el Tribunal suele ser muy restrictivo, aunque el Abogado General le ofrece -con reticencia- una línea de razonamiento novedosa: “no creo que pueda descartarse categóricamente que en determinadas circunstancias completamente excepcionales en las que la repercusión económica de la retroactividad sería especialmente grave, el Tribunal de Justicia pudiera considerar limitar los efectos en el tiempo de su sentencia, aun cuando no concurra el segundo requisito, relativo a la buena fe. Así ocurriría, en particular, cuando las repercusiones económicas se consideren manifiestamente desproporcionadas con respecto al grado de negligencia en que se haya incurrido”.

Pedro M. Herrera

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