STJUE Welte: ¿el fin de las reducciones y beneficios fiscales autonómicos en el impuesto sobre sucesiones?

En virtud del art. 32 de la Ley 22/2009 del Sistema de Financiación de las Comunidades Autónomas (combinado con otros preceptos) los no residentes en España no pueden disfrutar de las reducciones establecidas por las Comunidades Autónomas en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Esto ha dado lugar a un procedimiento de infracción por parte de la Comisión Europea y a un proceso ante el Tribunal de Justicia que está pendiente de resolución. Además, el Tribunal Supremo ha planteado una  cuestión de constitucionalidad sobre la normativa valenciana del Impuesto de Sucesiones y Donaciones basada en la diferencia de trato en función de la residencia.

En este contexto, resulta especialmente interesante la STJUE  (Sala Tercera) de 17 de octubre de 2013, en el Asunto C‑181/12 (Welte):

Según el fallo del Tribunal “Los artículos 56 CE y 58 CE deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa de un Estado miembro relativa al cálculo del impuesto sobre sucesiones que establece, en caso de adquisición mortis causa de un inmueble situado en el territorio de dicho Estado, que la reducción de la base imponible en el supuesto –como sucede en el litigio principal– de que el causante y el causahabiente residan, en el momento del fallecimiento, en un tercer país como la Confederación Suiza, es inferior a la reducción que se habría aplicado si al menos uno de ellos hubiera residido, en ese mismo momento, en dicho Estado miembro.”

El Tribunal ya se había pronunciado en un sentido similar en otras ocasiones (sentencia Mattner) y su jurisprudencia ha sido analizada detalladamente por el profesor Andrés García en uno de los Seminarios del ECJ. Sin embargo, esta nueva sentencia es de especial importancia para España, pues precisa que los sujetos pasivos residentes y no residentes del Impuesto sobre Sucesiones se encuentran en situaciones plenamente comparables aunque el primero esté obligado a tributar por la totalidad de los bienes heredados, mientras que el segundo sólo lo hace por los bienes situados en el Estado que establece el gravamen. En efecto, según el Tribunal:

“…es preciso admitir que, como alegan los Gobiernos alemán y belga, la base imponible de la sucesión de un heredero no residente, cuando está sujeto al impuesto por obligación real en Alemania, es «en principio», según los propios términos utilizados por dichos Gobiernos, inferior a la de un heredero, residente o no residente, que está sujeto por obligación personal a dicho impuesto en el referido Estado miembro” (FJ 52).

“Sin embargo, esta circunstancia no puede cuestionar las declaraciones precedentes, desde el momento en que el importe de la reducción sobre la base imponible establecida en la normativa de que se trata en el litigio principal no varía en absoluto en función del importe de la base imponible de la sucesión, sino que sigue siendo la misma cualquiera que sea este último importe” (FJ 53).

También resulta destacable que la sentencia proteja la libre circulación de capitales de un residente en un país tercero (Suiza) y que no considere justificada la restricción de dicha libertad en el principio de coherencia ni en la necesidad de preservar los controles fiscales.

Las consecuencias para España parecen evidentes, aunque quepan varias opciones: la supresión de los beneficios fiscales autonómicos o su extensión a los no residentes.

Adjuntamos una presentación en PDF destacando los principales aspectos de la sentencia.

Muchas gracias a Federico Garau (Conflictus Legum) y a Antonio Puentes por facilitarme la noticia.

Pedro M. Herrera

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