Conclusiones del AG Wathelet en el asunto C-362/12: seguridad jurídica y devolución de ingresos tribarios contrarios al Derecho de la UE

Reproducimos los apartados 68 a 72 de las Conclusiones del Abogado General Melchior Wathelet presentadas el 5 de septiembre de 2013 en el asunto C-362/12, Test Claimants in the FII Group Litigation.
68.      El Derecho inglés, al menos desde el momento en que se dictó la sentencia DMG, el 18 de julio de 2003, reconocía la disponibilidad del recurso Kleinwort Benson para reclamar la devolución de impuestos pagados indebidamente, con el plazo de prescripción previsto en el artículo 32, apartado 1, letra c), de la Limitation Act 1980.
69.      En la vista, el Gobierno del Reino Unido insistió en el hecho de que, cuando fue pronunciada la sentencia DMG, el 18 de julio de 2003, no existía la certeza de que sería confirmada en apelación y que, por consiguiente, las sociedades del grupo Aegis no podían contar en aquel momento con el éxito de su recurso Kleinwort Benson.
70.      Para las sociedades del grupo Aegis no es esa la cuestión clave. Alegan que cuando presentaron su recurso, el 8 de septiembre de 2003, podían esperar legítimamente que los órganos jurisdiccionales ingleses lo resolvieran sobre la base del Derecho vigente en la fecha en que presentaron dicho recurso.
71.      En este punto comparto la opinión de Lord Hope y de Lord Reed, según la cual las sociedades del grupo Aegis tenían derecho a esperar, con arreglo a los principios de seguridad jurídica y protección de la confianza legítima, no verse privados de dicho derecho por una ley que, varios meses después de la interposición del recurso, modificó su plazo de prescripción, sin previo aviso y con efecto retroactivo. (35)
72.      En su solicitud de celebración de vista el Gobierno del Reino Unido aludió a las cantidades en juego en el presente asunto. Estima que la reclamación de devolución de las sociedades del grupo Aegis asciende al menos a dos mil millones de libras esterlinas, y que las consecuencias financieras para el fisco británico, en relación con otros demandantes, ascenderían a varios miles de millones de libras esterlinas. Por tanto, para dicho Gobierno se plantea la cuestión de la protección del interés general en evitar una interrupción del funcionamiento de las finanzas públicas.
73.      A riesgo de tratar de modo distinto la devolución de impuestos pagados indebidamente en función de la importancia de la cantidad en juego, no se puede acoger este argumento, dado que, al declarar que los impuestos controvertidos eran incompatibles con el Derecho de la Unión, el Tribunal de Justicia no estableció un límite temporal para los efectos de su jurisprudencia.
74.      Con arreglo a reiterada jurisprudencia, el derecho a obtener la devolución de los impuestos recaudados por un Estado miembro en contra de las disposiciones del Derecho de la Unión es la consecuencia y el complemento de los derechos que reconocen a los particulares las disposiciones de la Unión que prohíben dichos impuestos. (36) Existe una única excepción a dicha obligación, a saber, cuando se haya repercutido sobre un tercero la totalidad de la carga impositiva, y su devolución pueda producir un enriquecimiento sin causa del sujeto pasivo. (37) No es así en el presente litigio.
75.      Además, en las recientes sentencias Irimie y Littlewoods Retail y otros, antes citadas, el Tribunal de Justicia, basándose en las citadas sentencias Metallgesellschaft y otros y de 12 de diciembre de 2006, Test Claimants in the FII Group Litigation, declaró que los Estados miembros están obligados a reembolsar con intereses las cuotas de los impuestos recaudados infringiendo el Derecho de la Unión. (38)
76.      Por consiguiente, procede responder a la primera cuestión prejudicial en el sentido de que si la legislación de un Estado miembro permite a los contribuyentes optar entre dos acciones alternativas para reclamar la devolución de impuestos recaudados vulnerando los artículos 49 TFUE y 63 TFUE, y una de dichas acciones goza de un plazo de prescripción más prolongado, los principios de efectividad, seguridad jurídica y protección de la confianza legítima se oponen a disposiciones legislativas de dicho Estado miembro, adoptadas con posterioridad a la interposición de dicho recurso, que reduzcan dicho plazo de prescripción más prolongado, sin previo aviso y con carácter retroactivo.
Muchas gracias a Antonio Puentes por facilitarme la información.

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