M. Ruiz Garijo: el Auto AN de 6.9.2013: UN NOVEDOSO PLANTEAMIENTO DE INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS TASAS JUDICIALES

El auto de seis de septiembre de 2013, de la Audiencia Nacional constituye una buena noticia respecto al debate sobre la constitucionalidad de las tasas judiciales en nuestro país ya que se admite una nueva cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, que se suma a las ya existentes con anterioridad (dos recursos de inconstitucionalidad n.º 973-2013 y n.º 1628-2013 y una cuestión de inconstitucionalidad solicitada por el Juzgado de lo Social número 1 de Tarragona).  Y  es una buena nueva porque la Audiencia Nacional había rechazado con anterioridad la medida cautelar consistente en la suspensión de la aplicación de la Orden HAP 2662/2012, de 13 de diciembre, por la que se aprobaban algunos modelos de las tasas judiciales (en un recurso contencioso-administrativo tramitado en la Sección Séptima de su  Sala de lo Contencioso Administrativo, recurso nº 560-2012).

En este caso la situación es bien diferente: se trata de un recurso contencioso-administrativo sustanciado por el procedimiento de derechos fundamentales de la persona regulados en la Ley 29/1998 contra la Orden HAP 490/2013, de 27 de marzo que modificaba la Orden HAP 2662/2012/, de 13 de diciembre. Con motivo de dicho recurso, la Audiencia plantea sus dudas sobre la constitucionalidad de las tasas judiciales aprobadas por la Ley 10/2012 en la medida en que contraviene lo dispuesto en el artículo 24 de la Constitución Española, que consagra el derecho a la tutela judicial efectiva. No obstante, el dato negativo es que su planteamiento solamente se refiere a las tasas exigibles en el procedimiento contencioso-administrativo.

Dos son, básicamente, los argumentos que utiliza la Audiencia y que le llevan a plantear dicha vulneración constitucional. El primero se refiere al efecto preclusivo del pago de las tasas. El segundo, a su cuantía. En relación con el primer aspecto, es sabido que el pago de la tasa es un requisito inexcusable, tal y como dispone el artículo 8.2 de la Ley 10/2012 desarrollado por la Orden recurrida, en la medida en que si el escrito procesal no se acompaña del modelo con el ingreso debidamente validado o el justificante del pago de la tasa, la Secretaría Judicial requerirá para que se aporte dicha documentación en el plazo de diez días. En el caso de que no se atienda dicho requerimiento, se acordará la pérdida del trámite o la terminación del procedimiento.

Siguiendo lo afirmado por el Tribunal Constitucional en las Sentencias 20/2012, de 16 de febrero, 79/2012 de 17 abril y 85/2012 de 18 abril, la Audiencia considera que aunque “la exigencia de una tasa, dentro de ciertos límites y procedimientos y circunstancias, es perfectamente constitucional”, sin embargo puede producirse una vulneración del artículo 24.1 de la Constitución Española. En efecto, este precepto puede verse conculcado por aquellas disposiciones legales que impongan requisitos impeditivos u obstaculizadores del acceso a la jurisdicción si tales trabas resultan innecesarias, excesivas y carecen de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador.  Para la Audiencia Nacional, el artículo 8.2 de la Ley 10/2012, que como hemos visto establece los efectos preclusivos del pago de las tasas, puede ser considerado como un requisito impeditivo u obstaculizador que no puede ser constitucional en la medida en que condiciona, primero, la posibilidad de acceder a la jurisdicción y “segundo la posibilidad de obtener la tutela judicial; y son estas dos consecuencias inevitables, si no se pagan las tasas, las que se pueden considerar inconstitucionales” (Fundamento Jurídico 6º).

Además, y entrando ya en el segundo de los argumentos utilizados por la Audiencia Nacional, se considera que el hecho de condicionar el acceso a la jurisdicción al pago de la tasa constituye una traba que resulta innecesaria y excesiva porque no tiene en cuenta la proporcionalidad que debe regir entre el fin perseguido por la tasa judicial (financiar el servicio público de la Administración de Justicia con cargo a los justificables que más se benefician de la actividad jurisdiccional, disminuyendo correlativamente la financiación procedente de los impuestos a cargo de todos los ciudadanos) y los principios de capacidad económica, igualdad, equidad y justicia que deben presidir todo sistema tributario según el artículo 31 de la Constitución Española (Fundamento Jurídico 6º). En relación con este argumento, que la cuantía de las tasas puede vulnerar, en algunos casos, el derecho a la tutela judicial efectiva regulada en el artículo 24 de la Constitución Española, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya se ha pronunciado, en relación con el artículo 6.1 del Convenio de Roma. Al respecto ha afirmado que la cuantía de las tasas no puede ser tan elevada que impida en la práctica el acceso a la jurisdicción o la obstaculicen en un caso concreto en términos irrazonables. Así, declaró contrario al Convenio el establecimiento de unas tasas judiciales porque las cantidades exigidas  a los recurrentes eran excesivas teniendo en cuenta la capacidad económica de los mismos.  En concreto, la cuantía de la tasa, para personas físicas, superaba el salario medio anual en Polonia (SS. de 19 de junio de 2001, asunto Kreuz versus Polonia, 26 de julio de 2005, Kniat versus Polonia, As. 71731/01). En nuestro país tendremos que esperar a que se pruebe dicha desproporción en un caso particular si bien, tal y como recoge la Audiencia Nacional en el Auto que comentamos, ya podemos utilizar algunos datos contenidos en el Informe del Consejo General del Poder Judicial de 11 de junio de 2013 en el que se llega a la conclusión de que desde la entrada en vigor de las tasas judiciales, se ha reducido de manera notable, llamativa y preocupante el número de recursos interpuestos por la ciudadanía frente al número de recursos interpuestos en el ámbito de lo mercantil, que ha sufrido un incremento en el último año, a pesar de la tasa. Esto demuestra, además, que la pretendida finalidad disuasoria de las tasas, que fue argumentada en el momento de su establecimiento, perjudica sobremanera a las personas físicas, frente a las personas jurídicas que, en todo caso, cuentan con mecanismos contables y fiscales para amortiguar el impacto económico de dichas tasas lo que, en definitiva, no se traduce en una contención de los recursos interpuestos, ni necesariamente en una mayor recaudación en la medida en que la deducción fiscal de una tasa se traduce en una minoración de la base imponible de los impuestos a pagar por las personas físicas o jurídicas que realizan una actividad empresarial o profesional, especialmente la del Impuesto sobre Sociedades.

Con independencia de lo discutible del fundamento de las tasas (aspecto sobre el que ya he reflexionado en mi trabajo sobre “La banalidad de las tasas judiciales: una nueva Fractura del estado de bienestar”, Nueva Fiscalidad, número 4, 2013 en el que afirmaba que no se puede afirmar de forma categórica que de la Administración de Justicia en todos los casos se derivan intereses particulares y por tanto pueda financiarse siempre a través de tasas) coincido en que la desproporcionalidad de las tasas judiciales se produce en la medida en que no se tiene en cuenta la capacidad económica de lo contribuyentes y sí solamente el coste del servicio. En este sentido, la limitación de acceso al recurso puede ser desproporcionada para las personas físicas que no cuentan con suficientes recursos económicos para litigar. Esta limitación ni siquiera se ve salvada por el derecho a una asistencia jurídica gratuita porque su Ley reguladora establece restricciones importantísimas hasta el punto de que no solamente la renta es un parámetro de control sino también la existencia de otros bienes patrimoniales o la existencia de “signos externos que manifiestan su real capacidad económica” de tal forma que a una persona aunque se encuentre por debajo de los umbrales del mínimo de renta, puede negársele el derecho a la asistencia jurídica gratuita si existen signos que revelan que dispone de medios económicos. Igualmente, como recoge la Audiencia Nacional en su Auto, pueden darse situaciones en las que una persona tenga unos ingresos que superen los mínimos legales pero con unos gastos corrientes que absorban sus ingresos que deberá hacer un desembolso personal para el pago de las tasas, no deducible en otros impuestos como sucede con las personas jurídicas.

Por último, también quiero poner de relieve cómo ni siquiera el legislador, a la hora de establecer las tasas judiciales, ha partido del coste del servicio lo cual va a impedir que la exigencia de tasas judiciales se traduzca en una mejora en los recursos materiales y humanos de la Administración de Justicia. Tal y como puso de manifiesto el Consejo de Estado en su Dictamen al Anteproyecto, la Memoria sobre su impacto normativo y económico (que, debo advertir, no es una memoria económica financiera en puridad y, por tanto, no cumple con lo dispuesto en el art. 20 LTPP) contiene una serie de omisiones y de irregularidades (por ejemplo, no se realiza ningún análisis sobre el coste económico de cada procedimiento y solamente se parte del coste del servicio del Ministerio de Justicia para el año 2011, en lugar del 2012) que hace que las cuantías establecidas en la Ley sean totalmente arbitrarias y desproporcionadas.

Mercedes Ruiz Garijo

Profesora Titular de Derecho Financiero y Tributario

Universidad Rey Juan Carlos

3 thoughts on “M. Ruiz Garijo: el Auto AN de 6.9.2013: UN NOVEDOSO PLANTEAMIENTO DE INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS TASAS JUDICIALES

  1. Estimada profesora. Excelente comentario pues expresa y fundamenta en términos técnicos lo que la inmensa ciudadanía opina sobre estas nuevas tasas, que no son más que otra medida injusta de este gobierno que perjudica de nuevo a los más débiles.

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