Boedeker c. Schlecker (C-64/12): ECJ Rules on Law Applicable to Employment Contracts (Rome Convention 1980, art. 6.2). Opinion of Advocate General Wahl / Ley aplicable al contrato de trabajo (art. 6.2 Convenio Roma 1980)

ley aplicable al contrato de trabajoPetición de decisión prejudicial planteada por el Hoge Raad der Nederlanden (Países Bajos / Request for a preliminary ruling from the Hoge Raad der Nederlanden (Netherlands)

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL SR. NILS WAHL, presentadas el 16 de abril de 2013, en el Asunto C‑64/12 (Schlecker) / OPINION OF ADVOCATE GENERAL WAHL, delivered on 16 April 2013 Case C‑64/12 Anton Schlecker, trading under the name ‘Firma Anton Schlecker’ v Melitta Josefa Boedeker.

ley aplicableTopics: Convenio de Roma relativo a la ley aplicable a las obligaciones contractuales – Contrato de trabajo – Ley aplicable a falta de elección por las partes – Ley del país en el que se realiza habitualmente el trabajo – Posibilidad de descartar dicha ley por la existencia de lazos más estrechos con otro país – Alcance / Rome Convention on the law applicable to contractual obligations –Contract of employment – Applicable law in the absence of a choice made by the parties – Law of the country in which the work is habitually carried out – Possibility of disregarding that law on account of the existence of closer connections with another country – Implications

Opinion. The Advocate General propose that the questions referred by the Hoge Raad der Nederlanden (Netherlands) be answered as follows: (1)Article 6(2) of the Convention on the law applicable to contractual obligations opened for signature in Rome on 19 June 1980 must be interpreted as meaning that, even where an employee carries out the work in performance of the contract not only habitually but also for a lengthy period and without interruption in the same country, the national court may, under the second part of that provision, disregard the law applicable in that country where it is clear from the circumstances as a whole that there is a closer connection between that contract and another country. (2) It is possible to take into account, for the purposes of applying the law of the country where the work is habitually carried out, specific evidence showing that, when concluding the contract of employment, or at least at the commencement of the work, the employer and the employee intended – or were at least aware of the fact – that the work would be carried out over a long period and without interruption in the same country.

Opinión. El Abogado General propone al Tribunal que conteste las cuestiones planteadas en el siguiente sentido: (1) Lo dispuesto en el artículo 6, apartado 2, del Convenio de Roma debe interpretarse en el sentido de que, aunque el trabajador desempeñe el trabajo en ejecución del contrato de trabajo no sólo habitualmente sino también de manera duradera y sin interrupción en el mismo país, el juez nacional puede descartar, en virtud del párrafo segundo de dicha disposición, la ley aplicable en ese país cuando del conjunto de las circunstancias resulte que el contrato presenta lazos más estrechos con otro país. (2) Para aplicar la ley del país del lugar habitual de ejecución del trabajo, pueden tenerse en cuenta elementos concretos que acrediten que el empresario y el trabajador, al celebrar el contrato laboral, o por lo menos en el momento en que el trabajador comenzó a prestar servicios, pretendían que el trabajo se desempeñaría de manera duradera y sin interrupción en el mismo país, o cuando menos eran conscientes de ello.

Comentario.  En el presente asunto, el Tribunal de Justicia debe interpretar el artículo 6.2 del Convenio sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales abierto a la firma en Roma el 19 de junio de 1980. El mencionado precepto rige la determinación de de la ley aplicable al contrato de trabajo a falta de elección por las partes. Las cuestiones prejudiciales que en el presente asunto plantea el Hoge Raad der Nederlanden (Países Bajos) se enmarcan en un litigio, derivado de una modificación unilateral del lugar de trabajo, entre la Sra. Boedeker, nacional y residente en Alemania, que ha desarrollado su actividad profesional de forma ininterrumpida y exclusiva en los Países Bajos durante más de once años, y su empresario, la sociedad Anton Schlecker que está establecida en Alemania.

Más concretamente, se solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre el alcance de la cláusula que figura en la parte final de dicha disposición, que permite descartar la aplicación de la ley designada en virtud de los criterios de conexión expresamente previstos en las letras a) y b) de dicha norma, en caso de que «del conjunto de circunstancias, resulte que el contrato de trabajo tenga lazos más estrechos con otro país», y, por consiguiente, que complete la jurisprudencia derivada de las sentencias Koelzsch y Voogsgeerd (ambas de 15 de marzo de 2011, asuntos C‑29/10 y C‑384/10, respectivamente).

En efecto, aunque el Tribunal de Justicia ya se pronunció en su sentencia ICF (de 6 de octubre de 2009 en el C‑133/08) sobre las condiciones de aplicación de la cláusula denominada «de excepción» de alcance general, prevista en el artículo 4, apartado 5, segunda frase, del Convenio de Roma, y aunque también ha tenido la ocasión de realizar precisiones importantes sobre la jerarquía de los criterios de conexión previstos en el artículo 6, apartado 2, letras a) y b), en las sentencias Koelzsch y Voogsgeerd, es la primera vez que se le interroga sobre el alcance de la cláusula llamada «de escape» («escape clause»)  específica para los contratos de trabajo individuales.

La importancia de la cuestión es indudable dado que está vinculada, en un contexto de movilidad internacional de los trabajadores, a un problema que se plantea en múltiples litigios relativos a relaciones laborales individuales.

En opinión del Abogado General, este interés subsiste a pesar de la entrada en vigor del Reglamento Roma I. Dicho Reglamento sólo se aplica a los contratos celebrados después del 17 de diciembre de 2009, y las normas de conflicto de leyes aplicables a los contratos de trabajo individual que contiene (art. 8) son, en esencia, las mismas. A este respecto, el Tribunal de Justicia ha establecido un vínculo entre ambos instrumentos (ap. 46, STJUE C-29/10, asunto Koelzsch). Por otra parte, los órganos jurisdiccionales nacionales no mantienen una opinión unánime a este respecto. Todo ello pone de relieve que el tratamiento del problema debe abordarse con cuidado.

Para el Abogado General, el planteamiento a adoptar debe tener en cuenta, como no puede ser menos, de una parte, las exigencias de previsibilidad de las soluciones y de seguridad jurídica, que presidieron la adopción de las normas sobre la materia (sobre los objetivos del Convenio de Roma, véase la Sentencia ICF, antes citada, apartados 22 y 23); y de otra parte, los imperativos de proximidad y de protección del trabajador, a los que, con arreglo a la voluntad manifestada por los autores del Convenio de Roma, debe ofrecerse una protección más adecuada por ser, desde el punto de vista económico, la parte más débil de la relación contractual (Informe Guiliano/Lagrade al Convenio); así como, la doctrina del Tribunal de Justicia.

Los internacionalprivatistas conocen que la orientación material de las normas de conflicto en esta materia se dirigen a la protección a la parte más débil en la relación contractual. Todos los textos de DIPr contienen este tipo de normas y la jurisprudencia del TJUE, tanto en interpretación de las normas de competencia judicial internacional como en las de ley aplicable, mantienen esta idea. En efecto, desde el Convenio de Bruselas de 27 de septiembre de 1968, relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, y su heredero, el Reglamento 44/2001, refundido por el Reglamento 1215/2012, de 20 de diciembre, la protección de la parte considerada débil en la relación jurídico laboral orienta las conexiones o criterios de atribución para la determinación del foro del contrato de trabajo (sentencias de 26 de mayo de 1982, Ivenel, 133/81; de 13 de julio de 1993, Mulox IBC, C‑125/92; de 9 de enero de 1997, Rutten, C‑383/95; de 27 de febrero de 2002, Weber, C‑37/00, y de 10 de abril de 2003, Pugliese, C‑437/00; y, en particular, la sentencia de 19 de julio de 2012, Mahamdia, C‑154/11).

Además, no debe desconocerse que, de conformidad con el artículo 1, del Primer Protocolo de 19 de diciembre de 1988, relativo a la interpretación por el Tribunal de Justicia del Convenio de 1980, que entró en vigor el 1 de agosto de 2004, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas será competente para pronunciarse sobre las peticiones de decisión prejudicial que versen sobre la interpretación del citado Convenio. En virtud de dicho Protocolo, el Hoge Raad der Nederlanden puede solicitar al Tribunal de Justicia que se pronuncie con carácter prejudicial sobre una cuestión planteada.  En cuanto a la aplicación ratione temporis del Convenio de Roma, baste recordar que el Reglamento 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (R. Roma I), que sustituyó al Convenio de Roma, sólo se aplica a los contratos celebrados a partir del 17 de diciembre de 2009 (art. 28). Pues bien, de la resolución de remisión se desprende claramente que el contrato de trabajo de que se trata en el litigio principal se celebró en una fecha muy anterior a ésa, a saber, el 30 de noviembre de 1994.

En relación a los hechos y litigio principal, el problema se plantea entre Schlecker, una sociedad de Derecho alemán dedicada a la venta de productos de droguería. Aunque tiene su domicilio social en Alemania, cuenta con numerosas sucursales en varios Estados miembros de la Unión Europea y  la Sra. Boedeker, nacional y residente en Alemania, que estuvo contratada por Schlecker y ejerció sus funciones en Alemania desde el 1 de diciembre de 1979 hasta el 1 de enero de 1994, en virtud de un primer contrato de trabajo. En virtud de un nuevo contrato, celebrado el 30 de noviembre de 1994, la Sra. Boedeker fue contratada por Schlecker como responsable de distribución («Geschäftsführerin/Vertrieb») para todo el territorio neerlandés, cargo que ejerció a partir del 1 de marzo de 1995 y hasta el verano de 2006 y en cuya condición ejerció sus funciones efectivamente en los Países Bajos. Mediante escrito de 19 de junio de 2006, Schlecker informó a la Sra. Boedeker, en particular, que su puesto de responsable para los Países Bajos iba a ser suprimido a partir del 30 de junio de 2006 y la invitó a que asumiera, en las mismas condiciones contractuales, el cargo de jefe del sector de revisión («Bereichsleiterin Revision») en Dortmund (Alemania), a partir del 1 de julio de 2006. Pese a haber presentado el 4 de julio de 2006 una reclamación contra esa modificación unilateral de su lugar de trabajo («Änderungskündigung»), la Sra. Boedeker se incorporó a su puesto de responsable regional en Dortmund. El 5 de julio de 2006, se dio de baja por enfermedad. Desde el 16 de agosto de 2006 percibió una prestación de la Krankenkasse (caja del seguro de enfermedad alemán).

A partir de entonces, las partes iniciaron diversos procedimientos. En el marco de uno de ellos, el Kantonrechter te Tiel, pronunciándose sobre el fondo, acogió la pretensión de la Sra. Boedeker de que se declarase que el Derecho neerlandés era aplicable al contrato de trabajo celebrado entre ella y Schlecker, rescindió el citado contrato con efectos a partir del 15 de diciembre de 2007 y reconoció a la Sra. Boedeker el derecho a obtener una indemnización por un importe bruto de 557.651,52 euros. Mediante sentencia de 15 de diciembre de 2009, el Gerechtshof te Arnhem, que conoció del litigio en virtud del recurso de apelación interpuesto por Schlecker, confirmó la sentencia del Kantonrechter te Tiel en cuanto a la determinación del Derecho aplicable al contrato.

En particular, señaló que las partes no eran conscientes o, por lo menos, no lo suficiente, en el momento de celebrar el contrato, del posible aspecto transfronterizo que el contrato de trabajo adquiría y que no se podía interpretar los hechos a posteriori como una indicación de la elección tácita del Derecho alemán. Asimismo consideró que, en virtud del artículo 6, apartado 2, letra a), del Convenio de Roma, era el Derecho neerlandés el que debía aplicarse en principio al contrato de trabajo celebrado entre Schlecker y la Sra. Boedeker y que los distintos elementos invocados por Schlecker no constituían circunstancias que permitieran establecer que el contrato de trabajo presentaba lazos más estrechos con Alemania que con los Países Bajos.

El Hoge Raad der Nederlanden, en su sentencia al recurso de casación, señaló que albergaba dudas sobre la interpretación del alcance de la cláusula prevista en el artículo 6, apartado 2, in fine, del Convenio de Roma, que permite descartar la aplicación de la ley designada en aplicación de los criterios de conexión expresamente establecidos en el artículo 6, apartado 2, letras a) y b), de dicho Convenio cuando resulte del conjunto de circunstancias que el contrato presenta lazos más estrechos con otro país.

En estas circunstancias, el Hoge Raad der Nederlanden decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes: 1) ¿Debe interpretarse lo dispuesto en el artículo 6, apartado 2, del Convenio de Roma en el sentido de que cuando un trabajador desempeñe el trabajo en ejecución del contrato no sólo habitualmente sino también de manera duradera y sin interrupción en el mismo país, ha de aplicarse en todos los casos el Derecho de éste, aunque todas las demás circunstancias indiquen la existencia de una vinculación estrecha del contrato laboral con otro país? Y, 2)  ¿Se exige para proporcionar una respuesta afirmativa a la primera cuestión que el empresario y el trabajador, al celebrar el contrato laboral, o por lo menos al iniciarse el trabajo, hayan pretendido, o por lo menos hayan sido conscientes, de que el trabajo se desempeñaría de manera duradera y sin interrupción en el mismo país?

El Abogado General realiza un exhaustivo análisis de la ley aplicable al contrato de trabajo y la excepción prevista en el apartado 6.2 del Convenio de Roma de 1980. Parte para ello del mecanismo de determinación de la ley aplicable a los contratos de trabajo individuales previsto en el Convenio de Roma (Considerandos 21 a 39). En este ejercicio, indica la función de la excepción del artículo 6.2 para concluir, dando respuesta fundamentada a las cuestiones prejudiciales planteadas, que el mencionado precepto -que establece vínculos de conexión específicos, a falta de elección por las partes-, permite que el juez determine el lugar que constituye el centro de gravedad de la relación contractual, recurriendo a los criterios de vinculación establecidos en el mencionado artículo: (a) lugar de realización habitual del trabajo, y (b) lugar de contratación. De mayor calado son las consideraciones que el Abogado General realiza para indicar, de entre el conjunto de los elementos objetivos sometidos a consideración del juez, a cuáles ha de atribuirse una menor importancia frente a otros, con el fin de establecer los vínculos más estrechos.

Unas conclusiones que, en nuestra opinión, van a ser analizadas con detenimiento por el TJUE y, sin duda, generarán gran interés en la doctrina internacionalprivatista.

Por Marina Vargas (para ecjleadingcases.wordpress.com)

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