ECJ C-175/11: HID and BA v Refugee Applications Commissioner (Ireland) and others- Possibility of prioritising the processing of asylum applications / Procedimiento de asilo común europeo

ECJECJ C-175/11 (HID y BA): Posibilidad de seguir un procedimiento de tramitación prioritaria de las solicitudes de asilo formuladas por personas pertenecientes a una determinada categoría establecida sobre el criterio de la nacionalidad o del país de origen / National procedure applying a prioritised procedure for the examination of applications by persons belonging to a certain category defined on the basis of nationality or country of origin

Trending topics: Directiva 2005/85/CE – Derecho a un recurso judicial efectivo – Concepto de “órgano jurisdiccional” en el sentido del artículo 39 / Right to an effective judicial remedy – Article 39 of Directive 2005/85 – Concept of ‘court or tribunal’ within the meaning of that article).

Hechos y cuestiones prejudiciales: El asunto HID versa sobre una niña de diez años de edad en el momento de los hechos del asunto principal, que llegó a Irlanda con su madre en 2008. Ambas ostentan la nacionalidad nigeriana. La madre presentó, en nombre de su hija menor de edad, una solicitud de asilo ante la ORAC, ante las amenazas de ablación genital y de muerte de las que había sido objeto procedentes de la familia de su padre. Se había dado muerte a otra hija del matrimonio en 2007 como consecuencia de haber sido objeto de dicha práctica.  El Refugee Applications Commissioner, en un informe de 15 de agosto de 2008, consideró que procedía desestimar la solicitud de la menor, porque las declaraciones de la madre eran poco creíbles y la policía local constituía una protección suficiente. La madre de la menor interpuso un recurso contra dicho informe ante el Refugee Appeals Tribunal. Dicho recurso ha sido suspendido hasta que el órgano jurisdiccional remitente dicte sentencia en el caso de autos.

El asunto BA también versa sobre un nacional nigeriano que llegó en agosto de 2008 a territorio irlandés y que presentó una solicitud de asilo ante la ORAC porque había sido objeto de malos tratos en su país de origen por razón de su orientación sexual. En su informe de 25 de agosto de 2008, el Refugee Applications Commissioner emitió dictamen desfavorable sobre la solicitud de dicho nacional, al considerar que sus declaraciones carecían de credibilidad. BA interpuso un recurso contra dicho dictamen ante el Refugee Appeals Tribunal. Mediante resolución de 25 de noviembre de 2008, dicho órgano jurisdiccional desestimó el recurso por considerar que los elementos aportados por el solicitante no eran creíbles.

HID y BA interpusieron respectivamente un recurso ante la High Court para que se anularan los informes del Refugee Applications Commissioner, de 15 y de 25 de agosto de 2008, respectivamente, así como la instrucción cursada por el Minister for Justice, Equality and Law Reform el 11 de diciembre de 2003 con arreglo a la cual debe darse prioridad a las solicitudes de asilo presentadas por nacionales nigerianos. En su sentencia de 9 de febrero de 2011, la High Court desestimó el recurso y denegó las pretensiones de los recurrentes. La High Court debe pronunciarse sobre la solicitud de los recurrentes cuyo objetivo es la presentación de un recurso ante la Supreme Court. De conformidad con el artículo 5 de la Illegal Immigrants (Trafficking) Act 2000, dicho recurso sólo puede interponerse si la High Court dicta, al respecto, una resolución por la que lo autorice y certifica que su decisión implica una cuestión jurídica de interés general excepcional y que es conveniente, en aras del interés general, que se interponga un recurso («certificate of leave to appeal»).

Por albergar dudas sobre la interpretación de determinadas disposiciones de la Directiva 2005/85 y considerar necesario obtener una decisión prejudicial del Tribunal de Justicia para determinar si debe emitirse el certificado de autorización para recurrir ante la Supreme Court, la High Court suspendió el procedimiento y planteó al Tribunal de Justicia básicamente dos cuestiones. La primera, si el examen prioritario o acelerado de ciertas solicitudes de asilo clasificadas como tales sobre la base de la nacionalidad del solicitante es una práctica compatible con el equilibrio que exige la Directiva 2005/85. La segunda, que se dilucide, en esencia, si el sistema establecido por la normativa irlandesa en relación con el procedimiento para conceder o retirar la condición de refugiado respeta la garantía de un recurso efectivo como el previsto en el artículo 39 de la Directiva 2005/85 y el artículo 47 de la Carta.

Fallo: el Tribunal de Justicia (Sala Segunda) declara: (1)  El artículo 23, apartados 3 y 4, de la Directiva 2005/85/CE del Consejo, de 1 de diciembre de 2005, sobre normas mínimas para los procedimientos que deben aplicar los Estados miembros para conceder o retirar la condición de refugiado, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que, respetando los principios de base y las garantías fundamentales previstos en el capítulo II de la misma Directiva, un Estado miembro someta a un procedimiento prioritario o acelerado el examen de solicitudes de asilo pertenecientes a determinados tipos definidos sobre la base del criterio de la nacionalidad o del país de origen del solicitante. (2) El artículo 39 de la Directiva 2005/85 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional, como la controvertida en el procedimiento principal, que permite a un solicitante de asilo ya sea promover un recurso contra la resolución de la autoridad decisoria ante un órgano jurisdiccional como el Refugee Appeals Tribunal (Irlanda), y recurrir la resolución de éste ante un órgano jurisdiccional superior jerárquico, como la High Court (Irlanda), ya sea impugnar la validez de la decisión de esa misma autoridad ante la High Court, cuyas sentencias pueden ser objeto de un recurso de casación ante la Supreme Court (Irlanda).

Comentario.- En el presente asunto, la High Court (Irlanda) insta al Tribunal de Justicia a que interprete dos disposiciones de la Directiva 2005/85/CE  que establece el marco regulador mínimo del procedimiento para conceder o retirar la condición de refugiado. La primera de dichas disposiciones, el artículo 23, apartados 3 y 4, ofrece a los Estados miembros la posibilidad de examinar una solicitud de asilo a través del procedimiento prioritario o acelerado. La segunda disposición, el artículo 39, obliga a los Estados miembros a garantizar a los solicitantes de asilo el derecho a un recurso efectivo ante un órgano jurisdiccional contra, en particular, la resolución adoptada sobre su solicitud de asilo.  Los recurrentes en el litigio principal, nacionales nigerianos, consideran que ambas disposiciones se oponen al sistema de concesión y retirada de la condición de refugiado establecido en Irlanda, en la medida en que dicho sistema prevé que el Minister for Justice, Equality and Law Reform puede decidir que determinadas solicitudes de asilo, definidas sobre la base de la nacionalidad del solicitante, sean objeto de un procedimiento prioritario o acelerado. Además, consideran que la posibilidad de promover un recurso ante el Refugee Appeals Tribunal (Irlanda) no les garantiza el derecho a un recurso efectivo. En consecuencia, el órgano jurisdiccional remitente plantea un interrogante al Tribunal de Justicia sobre estos dos extremos.  En sus Conclusiones, el Abogado General, Sr. Yves Bot, justifica la interpretación del artículo 23, apartados 3 y 4, de la Directiva 2005/85 en el sentido de que “no se opone a que un Estado miembro someta a un procedimiento acelerado o prioritario el examen de solicitudes de asilo de determinado tipo, definidas sobre la base de la nacionalidad o país de origen del solicitante”. Por otra parte, considera que de la interpretación del artículo 39 de dicha Directiva y del artículo 47 de la Carta de los Derechos  Fundamentales de la Unión Europea no puede deducirse que una normativa como la del litigio en cuestión se opone a dichos preceptos.

En su Sentencia de 31 de enero de 2013 el TJUE sigue la interpretación del Abogado General, si bien recalca que la conformidad del sistema irlandés con el Derecho de la Unión lo es siempre y cuando en su aplicación se respeten los principios de base y las garantías fundamentales previstos en el capítulo II de la  citada Directiva

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In Case C-175/11.- The Court of Justice of the European Union so held on a preliminary ruling under article 267FEU of the FEU Treaty from the High Court, Ireland concerning the interpretation of articles 23 and 39 of Directive 2005/85.

THE COURT (Second Chamber) ruled as follows. The establishment of a prioritised procedure, such as that in the main proceedings, had to allow in full the exercise of the rights that Directive 2005/85 conferred upon applicants for asylum who were Nigerian nationals. In particular, the latter must enjoy a sufficient period of time within which to gather and present the necessary material in support of their application, thus allowing the determining authority to carry out a fair and comprehensive examination of those applications and to ensure that the applicants were not exposed to any dangers in their country of origin. It followed that article 23(3) and (4) of Directive 2005/85 did not preclude a member state from examining by way of prioritised or accelerated procedure, in compliance with the basic principles and guarantees set out in Chapter II of the Directive, certain categories of asylum applications defined on the basis of the criterion of the nationality or country of origin of the applicant. Furthermore, article 39 of the Directive did not preclude national legislation which allowed an applicant for asylum either to lodge an appeal against the decision of the determining authority before a court or tribunal such as the Refugee Appeals Tribunal, and to bring an appeal against the decision of that tribunal before a higher court such as the High Court, or to contest the validity of that determining authority’s decision before the High Court, the judgments of which might be the subject of an appeal to the Supreme Court.

Opinion Advocate General (Bot) delivered on 6.9.2012

Ruling: Article 23(3) and (4) of Council Directive 2005/85/EC of 1 December 2005 on minimum standards on procedures in member states for granting and withdrawing refugee status (OJ 2005 L326, p 13) did not preclude a member state from examining by way of prioritised or accelerated procedure, in compliance with the basic principles and guarantees set out in Chapter II of that Directive, certain categories of asylum applications defined on the basis of the criterion of the nationality or country of origin of the applicant. Article 39 did not preclude national legislation which allowed an applicant for asylum either to lodge an appeal against the decision of the determining authority before a court or tribunal such as the Refugee Appeals Tribunal (Ireland), and to bring an appeal against the decision of that tribunal before a higher court such as the High Court (Ireland), or to contest the validity of that determining authority’s decision before the High Court, the judgments of which might be the subject of an appeal to the Supreme Court (Ireland).

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