Spanish Parliamentary Act to Prevent Tax Evasion clashes against free movement of capital – La Ley de Prevención del Fraude quebranta la libre circulación de capitales de la UE

Spanish parliamentary Act to Prevent Tax Evasion restricts free movement of capital within the EU – La Ley de Prevención del Fraude restringe la libre circulación de capitales de la UE

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The Spanish Parliamentary Act to Prevent Tax Evasion suppresses the statute of limitations for tax debts derived of assets located abroad when those are not specifically declared through a special tax statement.

In our view that means a restriction of the free movement of capital, which is disproportionate with respects to those assets and income covered by the automatic exchange of information provided by Directive 2011/16 EU (see EJC judgments Halley (C-132/10) and X and Passenheim-van Shoot (joined cases C-155 and C-157/2008).

El pasado sábado 24 de noviembre se publicó el Reglamento que desarrolla la Ley de Prevención del Fraude en lo que se refiere a la obligación de informar sobre cuentas, valores y bienes inmuebles situados en el extranjero. Lo más destacado es que tal obligación tiene carácter anual, y el establecimiento de un límite exonerado de declarar de 50.000 euros.

El incumplimiento de dicha obligación supondrá -dicho de modo sintético- que los bienes no declarados darán lugar a ganancias no justificadas de patrimonio de carácter imprescriptible. En efecto, aunque la ley no modifica los plazos generales de prescripción previstos en la Ley General Tributaria, ordena la imputación temporal de dichas ganancias al último período no prescrito, sin permitir la prueba de que los elementos patrimoniales se han financiado con rentas obtenidas en períodos no prescritos, cuando concurran dos requisitos (art. 3.2 de La Ley 7/2012):

a) Que bienes se encuentren en el extranjero.

b) y no se haya cumplido la obligación específica de declarar establecida por la Ley de Prevención del Fraude y su desarrollo reglamentario.

Como ha puesto de relieve la doctrina, la citada Ley de Prevención tiene poco que ver con la lucha contra el fraude (más bien se trata de un instrumento para facilitar la recaudación) y presenta muchos aspectos sumamente criticables desde el punto de vista técnico (por ejemlo la disposición adicional segunda resulta ininteligible) y alguna duda de constitucionalidad (se produce una clara desproporción en la cuantía de las sanciones). En cuanto al análisis de dichas deficiencias nos remitimos a dos trabajos, de próxima publicación, elaborados respectivamente por el profesor José Manuel Tejerizo y por la inspectora de Hacienda Isabel Espejo, de los que daremos noticia en este blog.

Nos centraremos ahora en un problema de Derecho comunitario: mientras que las ganancias de patrimonio no justificadas manifestadas en bienes situados en territorio español prescriben a los cuatro años (sin que la prescripción quede subordinada al cumplimiento de un específico deber de declarar), aquellas derivadas de bienes situados en el extranjero, resultan imprescriptibles, siempre que no se haya cumplido el específico deber de declarar (distinto del deber establecido por la normativa de la imposición sobre la renta).

Parece evidente que esta diferencia de trato restringe la libre circulación de capitales establecida por el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Esta restricción no sólo tendrá relevancia cuando los bienes se encuentren en un Estado miembro de la UE, sino también –con ciertos matices- cuando radiquen en un país tercero con el que España haya firmado un convenio que contemple el intercambio de información.

La STJUE Halley (C-132/10), de 15 de septiembre de 2010 (comentada por A. Martín Jiménez en REDF, 153, 2012, p. 213 y ss.), pone de manifiesto que el establecimiento de diversos plazos de prescripción en el ámbito interno y en el de la UE supone una restricción a dicha libertad. Tal restricción sólo resultará conforme con el Tratado si se encuentra justificada y resulta proporcionada (párrafo 25).

Por tanto, debemos preguntarnos si la restricción de la libertad podría estar justificada por la necesidad de luchar contra el fraude (los bienes ocultados en otros Estados miembros pueden ser más difíciles de descubrir para la Hacienda española) y si -en el supuesto de existir tal justificación- la medida es proporcionada. Sobre estas cuestiones se ha pronunciado la STJUE X y Passenheim-van Shoot (asuntos acumulados C-155 y C-157/2008).

Pues bien, en este caso el Tribunal consideró -sintetizamos sus argumentos- que los plazos de prescripción más amplios relativos a bienes situados en el extranjero sólo estaban justificados si la Administración tributaria nacional carecía de indicios que le hubieran permitido iniciar una investigación (párrafo 71). En concreto, se indica que tales plazos ampliados no están justificados cuando los activos y rendimientos no sean objeto de un intercambio automático de información (párrafo 72).

De la jurisprudencia del tribunal cabe deducir tres observaciones relevantes para la Ley de Prevención del Fraude:

a) Desde un punto de vista genérico, la “imprescriptibilidad” de las ganancias patrimoniales establecida por la Ley de Prevención del Fraude no queda restringida a los casos en que la Administración española carezca de cualquier indicio sobre la existencia de bienes en el extranjero. La ley se limita a exigir que tales bienes no se hayan declarado a través del mecanismo especial previsto en la Ley de Prevención y en su desarrollo reglamentario.

b) La justificación de que se establezcan plazos de prescripción más largos a que se refiere la sentencia Passenheim-van Shoot se basa en las limitaciones de la Directiva 77/799. Sin embargo, en la actualidad, la Directiva 2011/16 UE establece mecanismos de intercambio de información automática y previa solicitud mucho más potentes. Así, se contempla la obligación de intercambio automático de la información disponible a partir del 1 de enero de 2014 relativa a rendimientos del trabajo dependiente, honorarios de director, productos de seguro de vida, pensiones, propiedad de bienes inmuebles y rendimientos inmobiliarios” (art. 8.1). Por tanto, en el ámbito cubierto por estas categorías, la regla de imprescriptibilidad prevista por la Ley del Fraude restringe desproporcionadamente la libre circulación de capitales.

c) Además, la Ley de no se limita a establecer plazos de prescripción más amplios que los previstos en el ámbito puramente interno, sino que excluye definitivamente la posibilidad de prescripción e impone sanciones especialmente severas -y esto respecto de una figura que presenta elementos propios de una ficción, como ha demostrado Pablo Chico (El delito de defraudación tributaria, Thompson-Aranzadi, 2012-). Por consiguiente, la diferencia de trato es claramente desproporcionada en relación al fin que persigue. La explicación es la siguiente: la ley pretende lanzar una amenaza (imprescriptibilidad de las ganancias de patrimonio no justificadas que se manifiesten en bienes en el extranjero) que anime a acogerse a la amnistía fiscal. Ahora bien, aunque la reducción del déficit público venga impulsada por el Derecho comunitario, los motivos puramente recaudatorios nunca justifican, por sí mismos, una restricción de las libertades fundamentales.

One thought on “Spanish Parliamentary Act to Prevent Tax Evasion clashes against free movement of capital – La Ley de Prevención del Fraude quebranta la libre circulación de capitales de la UE

  1. […] Como recordará el lector, la amnistía fiscal fue acompañada de la obligación periódica de declarar determinados bienes y valores en el extranjero (cuentas bancarias, valores, inmuebles). El incumplimiento -o cumplimiento inexacto- de esta obligación implica sanciones muy elevadas y la imprescriptibilidad de las ganancias de patrimonio no justificadas derivadas de los bienes no declarados. Se trataba de enviar el siguiente mensaje a los defraudadores: la amnistía fiscal constituye la última oportunidad de regularizar la situación tributaria y las dedadas de quienes no regularicen sus bienes en el extranjero jamás prescribirán (véase el post “La Ley de Prevención del Fraude quebranta la libre circulación de capitales&…). […]

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