J.A. Sanz Díaz-Palacios: EcHR Chambaz v. Switzerland, the right not to incriminate oneself – El derecho de los contribuyentes a no autoinculparse en el asunto Cambaz v. Suiza

Trending topic: European Convention of Human Rights, right to not incriminate oneself regarding tax matters – derecho a no autoincriminarse en el ámbito fiscal

The Judgment of the European Court of Human Rights on the case Chambaz vs. Switzerland (April the 5th 2012, French only) highlights once more that the right to not incriminate oneself may be applicable to tax matters. José Alberto Sanz Díaz- Palacios has sent us a relevant comment on this judgement. A longer comment by the same author has been just published in the Spanish Review “Tribuna Fiscal”, 263, 2012, p. 25.

La Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 5 de abril de 2012 (sólo en francés) dictada en el asunto Chambaz contra Suiza (demanda núm. 11663/04) incide en la aplicación al ámbito fiscal del art. 6.1 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. Según ese precepto, «toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa, públicamente y dentro de un plazo razonable, por un Tribunal independiente e imparcial, establecido por ley, que decidirá los litigios sobre sus derechos y obligaciones de carácter civil o sobre el fundamento de cualquier acusación en materia penal dirigida contra ella…». El derecho a no autoinculparse está implícito en la noción de proceso equitativo que esta norma consagra.

Efectivamente, el referido pronunciamiento de la Corte de Estrasburgo vuelve a confirmar la virtualidad del derecho a no autoinculparse en el ámbito tributario, y destacamos que la Sentencia contemplaría un amplio campo de aplicación de este derecho fundamental.

De acuerdo con la doctrina del Tribunal, la imposición de sanciones tributarias en el caso Chambaz se analiza bajo la perspectiva del art. 6.1, al tener lugar en el marco de un procedimiento de carácter penal (en el sentido autónomo de ese término dentro del Convenio). Recordemos que para determinar si una controversia concreta corresponde al ámbito de la represión de infracciones administrativas o reviste carácter penal, se atiende, por supuesto, a la clasificación del ilícito en el ordenamiento interno del Estado de que se trate. Sin embargo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha otorgado a esa clasificación un valor meramente formal y relativo, para evitar que los Estados, catalogando una infracción como administrativa en lugar de penal, puedan evitar la aplicación de las garantías consagradas en el art. 6.1 del Convenio. En principio, las sanciones tributarias previstas en el ordenamiento jurídico español tienen un alcance general y una finalidad preventiva y, al mismo tiempo, represiva que revelarían el carácter penal de dichas sanciones y de los ilícitos a los que se refieren, de cara a la aplicación del citado art. 6.1.

La Sentencia Chambaz declara la aplicabilidad del mencionado precepto a todos los supuestos procedimentales en los que exista riesgo de sanción (penal) al obligado tributario, aunque finalmente ésta no llegue a imponerse. En definitiva, cuando un procedimiento se dirija a la determinación de eventuales importes tributarios debidos, sin que pueda excluirse por completo la imposición de sanciones, el art. 6.1 resultaría aplicable («même si, en fin de compte, les autorités renoncent à infliger toute sanction financière au requérant», § 40).

El Tribunal afirma que procede aplicar el art. 6.1 del Convenio ante actos o fragmentos procedimentales que en principio queden al margen de dicho art., cuando se combinen diferentes elementos o fases de tramitación, de modo que resulte imposible distinguir cuáles serían o no determinantes de una acusación en materia penal (§ 42). Por tanto, bajo ciertas condiciones el Tribunal puede verse abocado a examinar globalmente, desde la perspectiva del art. 6.1, un conjunto de procedimientos que estén suficientemente relacionados entre sí en función de los hechos sobre los que versen o del modo en que sean tramitados por las autoridades nacionales (§ 43).

Muchas gracias a José Alberto Sanz-Palacios, Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad de Castilla-La Mancha, por este interesante comentario. La revista Tribunal Fiscal, 263, 2012, p. 25 acaba de publicar un estudio más detallado de este autor sobre dicha sentencia.

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