ECJ, 5 july 2012, Case C-527/10, ERSTE Bank Hungary Nyrt / Insolvency proceedings – Applicable law: lex fori concursus vs. lex rei sitae. Procedimientos de insolvencia – Ley aplicable / R-1346/2000 (art. 5.1).

STJUE 5 julio 2012 Asunto C-527/10 de 5 de Julio de 2012

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Judicial cooperation in civil matters – Actions deriving directly from insolvency proceedings and closely connected to them – Applicable law – Third parties’ rights in rem.

Cooperación judicial en materia civil – Acción real ejercitada en un Estado que no es miembro de la Unión Europea –  Procedimiento de insolvencia abierto contra el deudor en otro Estado miembro — Ley aplicable- Primer Estado pasa a ser miembro de la Unión Europea.

The present reference for a preliminary ruling, made by the Legfelsőbb Bíróság (Supreme Court) (Hungary), concerns the interpretation of Council Regulation (EC) No 1346/2000 of 29 May 2000 on insolvency proceedings (‘the Regulation’). (2) In essence, the question to be determined is whether Article 5(1) of the Regulation, concerning third parties’ rights in rem over the assets of a debtor located in a Member State other than that in which the insolvency proceedings were opened, is also applicable in the case where the debtor’s relevant asset is situated within the territory of a State which became a Member State of the European Union only after the insolvency proceedings had been opened (OPINION OF ADVOCATE GENERAL MAZÁK delivered on 26 January 2012).

…the Court (First Chamber) hereby rules:

Article 5(1) of Council Regulation (EC) No 1346/2000 of 29 May 2000 on insolvency proceedings must be interpreted as meaning that that provision is applicable, in circumstances such as those in the main proceedings, even to insolvency proceedings opened before the accession of the Republic of Hungary to the European Union where, on 1 May 2004, the debtor’s assets on which the right in rem concerned was based were situated in that State, which is for the referring court to ascertain.

 La presente petición de decisión prejudicial planteada por el Legfelsőbb Bíróság (Hungría), tiene por objeto la interpretación del Reglamento (CE) nº 1346/2000 del Consejo, de 29 de mayo de 2000, sobre procedimientos de insolvencia. Se trata, en esencia, de determinar si el artículo 5, apartado 1, de dicho Reglamento, relativo a los derechos reales de terceros sobre los bienes del deudor que se encuentren en el territorio de otro Estado miembro que aquel en el que se abrió el procedimiento de insolvencia, resulta aplicable igualmente en el supuesto de que el bien de que se trate del deudor se encuentre en el territorio de un Estado que se convirtió en miembro de la Unión Europea con posterioridad a la apertura del procedimiento de insolvencia (Conclusiones Abogado General, Sr. Ján Mazák de 26 de enero de 2012)

(…) el Tribunal de Justicia (Sala Primera) declara: “El artículo 5, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 1346/2000 del Consejo, de 29 de mayo de 2000, sobre procedimientos de insolvencia, debe interpretarse en el sentido de que, en circunstancias como las del litigio principal, esta disposición también resulta aplicable a los procedimientos de insolvencia abiertos antes de la adhesión de la República de Hungría a la Unión Europea si, a 1 de mayo de 2004, los bienes del deudor sobre los que recaía el derecho real controvertido se hallaban en el territorio de dicho Estado, extremo que corresponde verificar al órgano jurisdiccional remitente”.

Comentario.- Se plantea una interpretación del ámbito temporal del Reglamento de insolvencia en el marco del reconocimiento de efectos de una sentencia dictada por un Estado miembro en un procedimiento abierto antes de la adhesión de otro Estado miembro siendo que los bienes del deudor (bienes inmuebles) se hallaban en el territorio de dicho Estado. Varias cuestiones debe dilucidar el Tribunal. Solo nos detendremos en dos de ellas: la aplicación ratione temporis del Reglamento de insolvencia (1); y la aplicación de la regla de ley aplicable y sus excepciones (2)

(1) El Reglamento es aplicable ratione temporis. Con arreglo al artículo 43, que regula su ámbito temporal de aplicación, el Reglamento se aplicará únicamente a los procedimientos de insolvencia que se abran después de la fecha de su entrada en vigor, que, según precisa su artículo 47, se fijó en el 31 de mayo de 2002. Como la resolución de remisión indica que el procedimiento de insolvencia contra BCL Trading se abrió en Austria el 5 de diciembre de 2003, este es aplicable.

En cuanto al litigio principal, de acuerdo con el artículo 2 del Acta de adhesión, las disposiciones del Reglamento son aplicables en Hungría desde la fecha de adhesión de este Estado a la Unión, a saber, desde el 1 de mayo de 2004. Por consiguiente, a partir de esta fecha, los órganos jurisdiccionales húngaros están obligados a reconocer toda resolución de apertura de un procedimiento de insolvencia adoptada por el tribunal competente de un Estado miembro en virtud del artículo 3 de este Reglamento (art. 16). Además, toda resolución de apertura de un procedimiento de insolvencia adoptada por un órgano jurisdiccional de un Estado miembro produce, en principio, desde el 1 de mayo de 2004 en Hungría, sin ningún otro trámite, los efectos que le atribuya la ley del Estado de apertura (art. 17.1).

(2) En relación a las cuestiones de competencia judicial internacional y ley aplicable, el artículo 4.1 del Reglamento establece la concurrencia fórum-ius (la determinación del tribunal competente lleva consigo la de la ley aplicable). Con arreglo a esta disposición, y siguiendo la jurisprudencia en las sentencias Eurofood IFSC (C-341/04), Probud Gdynia (C-444/07) y Rastelli Davide (C- C‑191/10)-, la ley aplicable al procedimiento de insolvencia y a sus efectos será la del Estado miembro en cuyo territorio se abra dicho procedimiento (lex concursus). De donde resulta que esta ley se aplica tanto al procedimiento principal de insolvencia como al procedimiento secundario o territorial.

El ámbito de aplicación de dicha ley se establece en el Considerando 23 del Reglamento: dicha ley regulará todas las condiciones para la apertura, desarrollo y terminación del procedimiento de insolvencia. Ahora bien, la regla admite excepciones que el Reglamento establece en los artículos 5 a 15. Su razón de ser es preservar la confianza legítima y la seguridad jurídica de las operaciones mercantiles en otros Estados miembros distintos de aquel en que se haya abierto el procedimiento de insolvencia, y solo afecta a algunos derechos y relaciones jurídicas que se consideran especialmente importantes. Tratándose de derechos reales, el artículo 5.1 dispone que la apertura del procedimiento de insolvencia no afectará al derecho real de un acreedor o de un tercero sobre los bienes que pertenezcan al deudor y que, en el momento de apertura del procedimiento, se encuentren en el territorio de otro Estado miembro. Se trata de una excepción a las lex fori concursus. De acuerdo con los Considerandos 11º y 25º del Reglamento, “ hay necesidad de una referencia especial «divergente de la Ley del Estado en [el] que se abre [el] procedimiento» para los derechos reales, puesto que éstos son de considerable importancia para la concesión de créditos. Así, con arreglo al vigésimo quinto considerando, el fundamento, la validez y el alcance de dichos derechos reales deben determinarse normalmente con arreglo a la ley del lugar en que se encuentre el bien objeto de tal derecho (lex rei sitae) y no deben verse afectados por la incoación del procedimiento de insolvencia.

Interpretación del artículo 5.1: “… ha de entenderse como una disposición que, estableciendo una excepción a la regla de la ley del Estado de apertura, permite aplicar al derecho real de un acreedor o de un tercero sobre algunos de los bienes pertenecientes al deudor la ley del Estado miembro en cuyo territorio se encuentra el bien en cuestión”.

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