J.M. Tejerizo López: Right to a fair trial in the Spanish constitutional case-law El Derecho a la tutela judicial efectiva y su aplicación al ámbito tributario

Right to a fair trial in the Spanish constitutional case-law

José Manuel Tejerizo López: El Derecho a la tutela judicial efectiva y su aplicación al ámbito tributario (versión completa del artículo ).

According to the Treaty of the European Union “Fundamental  rights,  as  guaranteed  by  the  European  Convention  for  the  Protection  of  Human Rights  and  Fundamental  Freedoms  and  as  they  result  from  the  constitutional  traditions  common  to the  Member  States,  shall  constitute  general  principles  of  the  Union’s  law” [Article 6(3)]. Therefore, in order to interpret the Charter of Fundamental Rights of the European Union it is is relevant  to analyze the national constitutional traditions. This idea has been highlighted by Advocate General Cruz Villalón in his opinion to EU v Otis’ case. Taking into account this approach, today’s post, by professor J.M. Tejerizo deals with the right to a fair trial on tax matters, according to the Spanish Constitutional Court.

The judgments of the Constitutional Court on the right to a fair trial on tax matter are scarce. This is surprising because half of the judgments of the Spanish administrative jurisdiction deal with tax cases.

 A possible explanation is that tax obligations are based on article 31.1 of the Spanish Constitution, which cannot be directly invoked by taxpayer before the Constitutional Court thorough “application for amparo”. However the Court holds that the taxpayer does not need to make submissions in a formal way if his arguments are included in his appeal. However, it is disappointing that the Court considers that the taxpayer must first exhaust administrative remedies to have the possibility to access justice via the judicial system. The current system delays the judicial remedy in an unjustified way.

Many thanks to professor Tejerizo for this relevant post and for publishing his full paper in our blog.

Según el artículo 6.3 del Tratado de la Unión Europea, “Los derechos fundamentales que garantiza el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y los que son fruto de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros formarán parte del Derecho de la Unión como principios generales”. Por consiguiente, para interpretar la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, resulta relevante conocer las tradiciones constitucionales de los Estados miembros. Así lo ha destacado el Abogado General Cruz Villalón en sus conclusiones al caso EU v Otis.

De acuerdo con este planteamiento, ofrecemos hoy un “post” en el que el profesor José Manuel Tejerizo López analiza el derecho a la tutela judicial efectiva en la jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional.

A pesar de la importancia que tiene la materia tributaria, y la cantidad de recursos que versan sobre ella (se ha llegado a decir que la mitad de los recursos contencioso-administrativos tiene por objeto una cuestión tributaria), lo cierto es que existen pocos pronunciamientos del TC sobre el respeto al principio de tutela judicial efectiva en nuestro ámbito de estudio.

Posiblemente la razón de todo ello debe buscarse en el hecho de que las obligaciones y deberes tributarios derivan de lo dispuesto en el artículo 31.1 CE, precepto como se sabe está fuera de aquellos cuya vulneración es susceptible de amparo. Por ello, los asuntos de los que hemos dado noticias se refieren más a la actuación de la Administración y de los Tribunales, que es similar a la que realizan en otros ámbitos del quehacer público.

Aun así, hay algunas decisiones del TC que son importantes porque desautorizan ciertas posturas que, sobre todo la Administración tributaria, han mantenido sobre ellas. Por ejemplo, me han parecido muy interesantes los pronunciamientos en los que se ha considerado irrelevante el hecho de que el interesado no hubiera efectuado alegaciones en los recursos, siempre que del expediente administrativo se pudieran deducir sus pretensiones. O su postura sobre la limitación de la cognitio en el recurso de nulidad en la vía económico-administrativa, limitación que se ha negado a extender a los recursos subsiguientes.

Por el contrario, resulta descorazonador que sobre ciertas materias el TC siga manteniendo las posturas que podríamos denominar clásicas. Hemos visto varias, pero de entre todas, yo quiero destacar la necesidad, avalada por el Alto Tribunal, de agotar la vía administrativa para discutir los actos administrativos ante los Tribunales de justicia. Me he ocupado de ello en otros momentos, por lo que no tiene sentido que insista sobre ello, puesto que mi opinión no ha variado un ápice. Lo que lamento es que el TC, ni siquiera a través de algún pronunciamiento obiter dicta al que es tan aficionado, haya criticado o puesto en cuestión el complicado sistema de recursos administrativos en materia tributaria existente en nuestro ordenamiento, que más que una garantía para los interesados, se ha convertido en una carrera de obstáculos que retrasa durante años, e incluso decenios, la resolución final sobre el asunto que en cada caso se plantea. Todos conocemos ejemplos de lo que acabo de decir ¿Por qué entonces el TC no ha dicho nada sobre el derecho a obtener una decisión judicial sin dilaciones, también en el ámbito tributario? Quizá porque quien conculca más veces de lo admisible este derecho sea el TC mismo.

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