European arrest warrant and surrender procedures between Member States – Ejecución orden de detención europea (C-42/11-Lopes da Silva)

JUDGMENT OF THE COURT (Grand Chamber)-5 September 2012SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala) de 5 de septiembre de 2012.

Trending topic:  Police and judicial cooperation in criminal matters; Framework Decision2002/584/JHA; Ground for optional non-execution of the European arrest warrant; Implementation in national law / Cooperación policial y judicial en materia penal; procedimientos de entrega entre Estados miembros; aplicación en Derecho nacional.

…the cour d’appel d’Amiens decidedto refer the following questions to the Court of Justice for a preliminary ruling: (1)  Does the principle of non-discrimination laid down by Article [18 TFEU] preclude national legislation such as Article 695-24 of the [French] Code of Criminal Procedure which restricts the power to refuse to execute a European arrest warrant issued for the purposes of enforcing a penalty involving deprivation of liberty to cases where the person whose extradition is sought is of French nationality and the competent French authorities undertake to proceed with such enforcement?  (2) Is the principle of the implementation in domestic law of the grounds for non-enforcement provided for in Article 4(6) of [Framework Decision 2002/584] a matter for the discretion of the Member States or is it compulsory, and in particular may a Member State adopt a measure involving discrimination based on nationality?’

Judgement: Article 4(6) of Council Framework Decision 2002/584/JHA of 13 June 2002 on the European arrest warrant and the surrender procedures between Member States and Article 18 TFEU must be interpreted as meaning that, although a Member State may, in transposing Article 4(6), decide to limit the situations in which an executing judicial authority may refuse to surrender a person who falls within the scope of that provision, it cannot automatically and absolutely exclude from its scope the nationals of other Member States staying or resident in its territory irrespective of their connections with it. The national court is required, taking into consideration the whole body of domestic law and applying the interpretative methods recognised by it, to interpret that law, so far as possible, in the light of the wording and the purpose of Framework Decision 2002/584, with a view to ensuring that that framework decision is fully effective and to achieving an outcome consistent with the objective pursued by it.

Cuestiones prejudiciales: 1) ¿Se opone el principio de no discriminación establecido en el artículo [18 TFUE] a una normativa nacional como el artículo 695-24 del code de procédure pénale, que reserva la facultad de denegar la ejecución de una orden de detención europea dictada a efectos de la ejecución de una pena privativa de libertad al supuesto de que la persona buscada tenga la nacionalidad francesa y de que las autoridades francesas competentes se comprometan a proceder a dicha ejecución? 2) ¿El principio de la aplicación en el Derecho interno del motivo de no ejecución previsto por el artículo 4, número 6, de la Decisión marco 2002/584[…], se deja a la discreción de los Estados miembros o tiene carácter obligatorio y, en particular, puede un Estado miembro adoptar una medida que implica una discriminación basada en la nacionalidad?»

Sentencia: El artículo 4, número 6, de la Decisión marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros, y el artículo 18 TFUE deben interpretarse en el sentido de que, si bien un Estado miembro puede, en el marco de la transposición de dicho artículo 4, número 6, optar por limitar las situaciones en las que la autoridad judicial de ejecución nacional puede denegar la entrega de una persona comprendida en el ámbito de aplicación de esa disposición, no puede excluir de manera absoluta y automática de ese ámbito de aplicación a los nacionales de otros Estados miembros que habiten o residan en su territorio sin tener en cuenta los vínculos que éstos tengan con el mismo.

Comentario: La presente remisión prejudicial, procedente de la cour d’appel de Amiens (Francia), ofrece nuevamente al Tribunal de Justicia la ocasión de pronunciarse sobre la interpretación del artículo 4, número 6, de la Decisión marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros. En particular, se insta al Tribunal de Justicia a precisar su jurisprudencia y a proceder a una ponderación entre el margen de apreciación que debe reconocerse a los Estados miembros en la aplicación de dicha Decisión marco y el alcance de las garantías que deben ofrecerse a los ciudadanos de la Unión Europea cuando son objeto de una orden de detención europea a efectos de la ejecución de una pena privativa de libertad (Conclusiones Abogado Mengozzi).

La Decisión marco 2002/584/JAI relativa a la orden de detención europea establece que los Estados miembros están obligados, en principio, a ejecutar tal orden. Así, la autoridad judicial nacional (autoridad judicial de ejecución) admite, con controles mínimos, la solicitud de entrega de una persona formulada por la autoridad judicial de otro Estado miembro (autoridad judicial emisora) a fin de permitir el ejercicio de acciones penales o la ejecución de una pena o medida privativa de libertad. No obstante, en determinados casos, la autoridad judicial de ejecución puede denegar la entrega de la persona reclamada. Así sucede cuando se ha emitido una orden de detención europea a efectos de la ejecución de una pena de prisión respecto de una persona que es nacional del Estado miembro de ejecución, o que reside o habita en él, y dicho Estado se compromete a ejecutar la pena en su territorio. El TJUE en su sentencia ha comentado que los Estados miembros no pueden establecer que ese motivo de no ejecución sólo sea aplicable a sus nacionales, excluyendo de manera absoluta y automática a los nacionales de los otros Estados miembros que residan allí, sin tener en cuenta los vínculos que estos tengan con el mismo. Esto no implica que tal Estado deba necesariamente denegar la ejecución de una orden emitida contra toda persona que resida o habite en su territorio. Asimismo, el TJUE declara que la circunstancia alegada por Francia de que, con arreglo a su Derecho interno actual, sólo puede comprometerse a ejecutar la pena de una persona condenada en otro Estado miembro cuando ésta posee la nacionalidad francesa, no puede justificar un trato diferente entre un nacional de otro Estado miembro y un nacional francés (EuropaEnBreve.pdf)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s