Reference for a preliminary ruling: Portugese thin-cap clause, free movement of capital and third Countries – Cuestión prejudicial: clásula anti-subcapitalización portuguesa, libre circulación de capitales y terceros países

Case C-282/12: Reference for a preliminary ruling from the Tribunal
Central Administrativo Sul (Portugal) lodged on 6 June
2012 — Fazenda Pública v ITELCAR — Automóveis de
Aluguer, Lda

Asunto C-282/12 : Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Central Administrativo Sul (Portugal) el 6 de junio de 2012 — Fazenda Pública/ITELCAR — Automóveis de Aluguer, Lda.

Trending topic – Tendencias: thin-cap, free movement of capital and third Countries, subcapitalización, libre circulación de capitales y países terceros.

Question referred: “Do Articles 63 TFEU and 65 TFEU (Articles 56 EC and 58 EC) preclude legislation of a Member State, such as that contained in Paragraph 61 CIRC (Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas) in the wording resulting from [Decree-Law No] 198/2001 of [3 July 2001], as amended by [Law No]  60 A/2005 of 30 [December 2005] (State Budget Act for 2006), which, in connection with the indebtedness of a taxable person residing in Portugal to an entity of a non- member country with which it maintains special relations within the meaning of Paragraph 58(4) CIRC, does not allow the setting off against tax of interest relating to the part of its indebtedness regarded as excessive under Paragraph 61(3) CIRC, borne and paid by a taxable person residing within national territory on the same basis as interest borne and paid by a taxable person residing in Portugal who is found to be
excessively indebted to an entity residing in Portugal with which it maintains special relations?”

Comment: this case is related to a Portuguese thin capitalisation clause which applies to disproportionate loans granted by a related company resident in a third country. In our view the Court could conclude that the free movement of capital (the only freedom applicable to third countries) is not relevant, becase granting a loan is an exercise of the freedom to provide services (see the Fidium finanz case).

The Spanish thin capitalisation clause does not apply to loans granted by companies resident in other member States, but this kind of abusive arrangements have been tackled by the tax Administration through t general anti-abuse clause (Article 15 of the General Tax Code) and more recently through a specific clause which, under certain circumstances, reverses the burden of proof on the taxpayer.

Many thanks to Federico Garau for the piece of information.

Cuestiones planteadas :
“¿Se oponen los artículos 63 TFUE y 65 TFUE [artículos 56 (CE) y 58 (CE)] a la normativa de un Estado miembro –como la contenida en el artículo 61 del CIRC (Código do imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas), en el texto resultante del (Decreto-ley) 198/2001, de (3 de julio), en su versión modificada por la (Ley) 60-A/2005, de 30 (de diciembre) (Presupuestos Generales del Estado para 2006)– que, en una situación de endeudamiento de un sujeto pasivo residente en Portugal con una entidad de un país tercero con la que esté vinculada en el sentido del artículo 58, apartado 4, del CIRC, excluye la deducción como gastos fiscales de los intereses correspondientes a la parte del endeudamiento considerado excesivo, a efectos del artículo 61, apartado 3, del CIRC, que hayan sido soportados y abonados por el sujeto pasivo residente en territorio nacional en las mismas circunstancias (en que se permite para) los intereses soportados y abonados por un sujeto pasivo residente en Portugal cuyo exceso de endeudamiento se verifique con una entidad residente en Portugal con la que esté vinculado?”

Comentario: la legislación portuguesa cuya compatibilidad con el Derecho comunitario se cuestiona contempla una “cláusula de subcapitalización”. Es decir, trata de reaccionar frente a las operaciones de endeudamiento excesivo (desproporcionado en relación con el capital social) entre sociedades vinculadas. Este tipo de operaciones buscan desplazar la base imponible mediante el pago a de intereses a una entidad vinculada situada en otro Estado miembro (en el que la tributación puede ser menor). La norma no se contempla para el caso de operaciones entre dos sociedades residentes, puesto que, en tal caso, el riesgo de que se minore la tributación en Portugal es mínimo (en principio, ambas sociedades estarán sometidas al mismo tipo de gravamen y tributarán en Portugal).

La jurisprudencia comunitaria viene considerando que este tipo de discriminación entre sociedades residentes y no residentes constituye una restricción (en este caso, a la libre circulación de capitales) que sólo estrá justificada cuando resulte proporcionada; es decir, cuando se permita demostrar al contribuyente que existen motivos económicos válidos para la operación.

En este caso la cuestión es algo más compleja, pues se trata de un préstamo concedido por una entidad en un país tercero, de modo que sólo cabe alegar la libre circulación de capitales (única libertad que se aplica respecto de relaciones con terceros Estados). Es posible que el tribunal considere (como en el caso Fidium Finanz), que la concesión de un préstamo constituye el ejercicio de la libre prestación de servicios, de modo que quedaría excluido el juego de la libre circulación de capitales (por ser menos específica). En todo caso, si el Tribunal estimara aplicable la libre circulación de capitales, esta podría restringirse legítimamente siempre que no exista un convenio internacional que garantice el intercambio de información con dicho estado.

En España, tras la sentencia Lankhorst-Hohorst, se modificó la cláusula de subcapitalización para excluir los préstamos concedidos por una entidad residente en otro Estado miembro. Ante esta “laguna” se hicieron frecuentes operaciones de endeudamiento intragrupo destinadas a financiar la adquisición de participaciones en otras sociedades del grupo (reestructuraciones empresariales) sin que existieran fines empresariales que justificaran la operación. La Administración reaccionó utilizando la cláusula general antiabuso (art. 15 LGT) y tal proceder fue confirmado por el Tribunal Económico-Administrativo Central (RTEAC 25.6.2009, entre otras). Sin embargo, esto exigía una incómoda actividad probatoria por parte de la Administración. Por ello el Decreto-Ley 12/2012 introdujo una cláusula antiabuso específica invirtiendo la carga de la prueba sobre el contribuyente (art. 14.1 h TR-LIS).

Muchas gracias a Federico garau por facilitarnos la información.

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