On the submission for a preliminary ruling regarding Article 108 of the Spanish stock Exchange Act – Sobre la cuestión prejudicial relativa al artículo 108 de la Ley del Mercado de Valores

By Marina Serrat, Lawyer, has studied at the Executive Academy of the Vienna University of Economics and Business.

Trending Topic – Tendencia: Diproportionate anti-abuse clause and non-discriminatory restriction of economic freedoms. Clásula anti-abuso desproporcionada y restricción no discriminatoria de las libertades económicas

English: the recent submission for a preliminary ruling to the ECJ (case La Caixa) calls into question the controversial Article 108 of the Spanish Stock Exchange Act (Ley del Mercado de Valores) of July 28th of 1988. This provision taxes in a disproportionate way the acquisition of shares of entities -irrespective of their residence– which equity is comprended in more than a 50% for real estate located in Spanish territory when shares are transmitted. The lawmaker intends to prevent the circumvention of the transfer tax on real estate, but the provision goes much further, because no proof of sound economic motives is admitted. So, apparently, this Article does not discriminate for nationality reasons, as it applies the same tax for
both domestic and cross-border situations. However this provision is a non-discrimininatory burden for the European fundamental freedoms.

The situation worsens when it is observed, as mentioned before, that the wording of this Article does not contemplate the possibility of analysing the intentionality of these companies. It is not possible to prove whether there are real economic activities behind the companies or whether there are wholly artificial arrangements, which main objective is to evade taxes or to fraud the Tax Authorities.

Español: La reciente cuestión prejudicial planteada ante el Tribunal de Justicia en el caso La Caixa pone en tela de juicio el controvertido artículo 108 de la Ley del Mercado de Valores española (LMV, en adelante) de 28 de julio de 1988. Aunque dicho recurso ya fue analizado y discutido en este blog el pasado 29 de julio, es interesante profundizar en la cuestión prejudicial tercera. El análisis de los interrogantes que plantea invitan al debate respecto de dos puntos concretos: su compatibilidad con las libertades fundamentales europeas y su eficacia frente al fraude y la evasión fiscales.

Respecto de la compatibilidad con las libertades fundamentales europeas, el polémico artículo 108 grava, mediante el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPAJD, en adelante) la adquisición de participaciones en sociedades, tanto nacionales como extranjeras, cuyo capital esté constituido en más de un 50% por inmuebles situados en territorio español, siempre que se cumplan determinados requisitos. En teoría el precepto pretende evitar maniobras abusivas para eludir el Impuesto sobre Transmisiones correspondiente a la adquisición de inmuebles, pero, en la práctica, va mucho más allá.

En apariencia este artículo no supone una discriminación para las sociedades extranjeras, puesto que se aplica la misma norma tanto a residentes como a no residentes. No obstante, resulta claro que el citado precepto supone una limitación a la libertad de establecimiento (ejercitada mediante la compra de participaciones significativas de la sociedad titular de los inmuebles) y, subsidiariamente, de la libre circulación de capitales, aun cuando esta no sea discriminatoria

No obstante, aún y estar delante de tales circunstancias, existe el peligro de que el TJUE aplique la tendencia que ha ido siguiendo recientemente respecto de la normativa nacional. Se ha visto como en varias de sus sentencias recientes el Tribunal justifica la restricción de las libertades fundamentales con la finalidad de prevenir situaciones capaces de poner en peligro el derecho de los Estados Miembros de ejercer su soberanía fiscal [véase los casos Oy AA (C-231/05), Marks & Spencer (C-309/06), SGI (C-311/08) o National Grid Indus (C-371/10)]. Suponiendo que, efectivamente, existiera una restricción de las libertades fundamentales por parte del art. 108 LMV, y la decisión del TJUE se inclinara por aplicar el “principio de territorialidad fiscal” de forma que quedara justificada la restricción de tales libertades por la normativa española, las consecuencias que se derivarían de tal decisión supondrían uno más de los obstáculos a salvar para la plena consecución de los objetivos del mercado interior.

Además, en la redacción del precepto no se contempla la posibilidad de analizar/examinar estas sociedades a fin de comprobar si existe una actividad económica real detrás de las mismas, o bien si se trata de meros montajes artificiales, aunque la intencionalidad de dichas sociedades sea perceptible a simple vista. La implementación de la norma es automática, de tal forma que se aplica independientemente de la intencionalidad del contribuyente. El hecho de que no se analice la existencia de una actividad económica real detrás de las sociedades transmitentes de los valores o participaciones pone de manifiesto la peligrosidad de la disposición legislativa ante el fraude fiscal, porque cuando una entidad efectúe operaciones sin motivos económicos válidos, puede constituir presunción de que su objetivo sea la evasión o el fraude fiscal [véase los casos (C-255/02) Halifax, (C- 196/04) Cadbury Schweppes, (C- 425/06) Part Services o (C- 126/10) Foggia].

Teniendo en cuanta la grave situación de crisis económica que está atravesando el viejo continente, esto no sería más que una demostración de hipocresía frente al discurso europeísta de lucha encarnizada contra la evasión y el fraude fiscales que se ha ensalzado durante los últimos años.

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